Denigrar

emeequis, 14 de julio de 2008

Los legisladores que aprobaron la reforma electoral del año pasado metieron al IFE en un berenjenal cuando quisieron prohibir las campañas negativas. El propósito de atajar las oleadas de insultos y descalificaciones que han permeado el discurso político en México se ha convertido en un camino que puede paralizar el debate entre los partidos aunque, eso sí, empedrado de buenas intenciones.

Esa reforma electoral incluyó medidas plausibles, como la cancelación a la compra de propaganda política en radio y televisión. Los partidos sólo podrán difundir spots en tiempos oficiales y ningún particular podrá adquirir espacios para hacer propaganda electoral.

Pero de esa reforma también forma parte la prohibición a las campañas negativas. Uno de los apartados adicionados en el artículo 41 Constitucional, establece: “En la propaganda política o electoral que difundan, los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. El Código Federal Electoral repite esa taxativa.

Cuando establecieron esa restricción, seguramente no pocos legisladores pensaban en los momentos más ásperos de las campañas en 2006. En un contexto de empobrecimiento creciente en el debate político, de sustitución de los proyectos por los spots y de fortísima polarización, a momentos parecía que más que opciones distintas de país disponíamos, para elegir entre ellos, de dos estentóreos mecanismos de propaganda. El denuesto y no la explicación, y mucho menos la propuesta, definieron a esas campañas.

El país merece una política de otro corte. Pero es difícil considerar que el mejoramiento de las campañas vaya depender de la prohibición al vituperio. El quehacer político siempre tiene una dosis de enfrentamiento. Mientras más competitivas sean las opciones dentro de un sistema político, más intensa resultará la pugna entre ellas. Por lo general, pero sobre todo en situaciones de polarización extrema, los partidos y sus candidatos, más que hablar bien de sí mismos, se dedican a hablar mal de sus rivales.

Por otra parte, para que tengamos campañas de ideas y no de dicterios lo más adecuado sería un esfuerzo conjunto de los partidos y sobre todo, la exigencia creativa de la sociedad. Discutir limitaciones y falsedades de los spots políticos, condicionar el voto a la existencia de proyectos, comparar qué dicen o dejan de decir los candidatos, serían medidas posiblemente eficaces para que los partidos dejaran de ensimismarse en escandalosos pero finalmente autocomplacientes diálogos de sordos. Todo eso requiere, claro, de una sociedad activa, de ciudadanos plenos, a la que pocas veces vemos en este país.

Ahora el IFE tiene que delimitar qué son las expresiones denigratorias. Los funcionarios de esa institución tendrán que comenzar por la acepción llana de ese término: “Del latín denigrare, poner negro, manchar. 1 Deslustrar, ofender la opinión o fama de alguien. 2. Injuriar (agraviar, ultrajar)”.

Si la autoridad electoral elige una implicación estricta de ese verbo tendría que considerar que cualquier alusión crítica a las capacidades, la personalidad, la trayectoria, las ideas o falta de ellas de un candidato, resultan denigratorias. Por ejemplo, decir que el candidato Fulano es limitado de entendederas, le cae mal a los electores, no acabó su licenciatura en Derecho y propone puras tonterías, serían formulaciones ilegales. Con ello no solo el debate sino cualquier exposición de opiniones no complacientes resultarían ilegales y el IFE se pasaría día tras día del proceso electoral censurando cada discurso, anuncio o visita de casa en casa que realizaran los candidatos.

En cambio si el IFE se orienta por una concepción flexible y considera que solamente hay denigración, para efectos de la legalidad electoral, cuando se dicen falsedades flagrantes acerca de una persona o de un partido, o cuando se profiere de ellos una calumnia (es decir una acusación falsa) quizá evitaría convertirse en interventor de ideas para seguir siendo la autoridad reguladora de las elecciones: ni más, ni menos que eso.

El problema radica en que, en una interpretación así de flexible, decir que alguien es un peligro para el país no constituye denigración alguna. Pero afirmar, sin pruebas, que el cuñado de un candidato hizo negocio con contratos gubernamentales ilegítimos, sería claramente denigratorio.

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