Prudencia mínima, salarios máximos

A la torpeza con que se aumentaron el sueldo de 172 mil a 330 mil pesos, los consejeros del IFE añadieron ayer una patética morosidad para tomar decisiones. El retroceso respecto del escandaloso aumento había sido anticipado desde la noche del miércoles y fue confirmado en la prensa de ayer. Sin embargo durante toda la mañana del jueves los consejeros tuvieron esperando a docenas de reporteros que aguardaron a que concluyeran una seguramente tortuosa sesión privada. A eso de las 2 de la tarde el presidente del IFE confirmó la cancelación del aumento salarial.

Por mucho que discutieran, a los consejeros les iba a resultar imposible encontrar una salida elegante. El incremento en sus remuneraciones tuvo respaldo legal porque la Constitución Política, en su artículo 41, establece con claridad que los consejeros electorales deben tener una retribución idéntica a la de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así se dice en el cuarto párrafo de la base quinta de dicho artículo (y no, como erróneamente informó el IFE, en “el artículo 41, apartado D, párrafo cuarto”). Ese parámetro para la remuneración de los consejeros existe desde hace varias reformas electorales.

Pero el yerro de los consejeros del IFE no fue jurídico y ha sido la comidilla política en los días recientes. A la nula sensibilidad con que aprobaron ese aumento de salarios (al parecer con la reticencia de uno o dos de ellos) añadieron una preocupante candidez política. ¿Qué reacción pública esperaban, especialmente después de las fricciones entre esa institución y los medios electrónicos con motivo de la rebelión de las televisoras? Si algunos de ellos creyeron que después de la absolución que les regalaron a Televisa y TV Azteca los medios electrónicos los iban a cobijar, ahora pueden deplorar esa falta de previsión.

En descargo de los consejeros del IFE puede recordarse no sólo que su salario según la Constitución tendría que ser como el de los ministros de la Corte sino que, además, el Congreso de la Unión lo ratificó en la reforma constitucional promulgada en noviembre de 2007. En esa reforma, que entre otras cosas estableció el nuevo régimen de comunicación electoral y además les sirvió a los partidos para despedir a los anteriores consejeros, la equiparación de los salarios de quienes encabezan al IFE con la remuneración de los ministros de la Corte permaneció intocada.

También puede recordarse que la Cámara de Diputados tiene sin resolver, desde hace casi dos años, una iniciativa del Senado para establecer remuneraciones máximas a los servidores públicos.

El 13 de marzo de 2007, el Senado aprobó una iniciativa de reformas a cuatro artículos constitucionales. La propuesta de reforma al artículo 127 indica:

“Ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Ese sería el parámetro para todos los salarios en cualquier entidad del Estado mexicano. Además, para darle alguna lógica al desordenado y a menudo contradictorio tabulador de las instituciones oficiales, se propuso que ningún servidor público podría ganar más que su superior jerárquico. Habría una excepción para quienes tienen más de un empleo: “salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos y la suma de dichas retribuciones no exceda la mitad de la remuneración establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Esa iniciativa fue resultado de dos propuestas anteriores. Una, presentada por el senador Pablo Gómez el 9 de noviembre de 2006. Otra, enviada por el presidente Felipe Calderón el 24 de enero de 2007. Si, como es de suponerse, los partidos de ese legislador y del titular del Ejecutivo Federal –PRD y PAN– están de acuerdo en limitar los salarios de los funcionarios públicos, entonces no es aventurado suponer que el dique a la reforma constitucional se encuentra fundamentalmente en el PRI.

El pésimo o nulo sentido de la oportunidad de los consejeros electorales podría servir para desempolvar esa iniciativa, que la Cámara de Diputados turnó a comisiones desde hace casi dos años. Sólo así la indignación por los descomunales salarios en el IFE tendría algún sentido más allá de la algarabía mediática y política.

ALACENA: Niños torturados

La imagen del niño de seis años que fue encontrado amarrado y encerrado en la cisterna de una casa en Tlalpan ha suscitado comprensible indignación. Al pequeño y su hermanita de cuatro años los maniataban como castigo por parte de presuntos familiares suyos. Los culpables deberán ser ejemplarmente sancionados y ese caso tendría que ser motivo para reivindicar los derechos de los niños.

Junto con ello, no deja de ser inquietante la falta de información sobre la manera como fueron obtenidas esas fotografías. ¿Qué fotógrafo es capaz de aguardar a imprimir sus placas mientras el niño permanece atado y colgado prácticamente de cabeza? Los policías que llegaron a rescatarlos, ¿esperaron a las fotos antes de auxiliar a los niños?

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