Las televisoras tropiezan con el TRIFE

Publicado en eje central.

Inusitado e irregular, el convenio que los directivos de la televisión y la radio llegaron a proponerles a los consejeros electorales el miércoles 11 de febrero era parte de una estrategia para eludir las sanciones que el IFE estaba a punto de imponer en contra suya. La rebeldía de las televisoras que 10 días antes habían distorsionado los mensajes electorales al difundirlos encadenados uno tras otro, con anuncios que prevenían en contra de esos contenidos e interrumpiendo eventos deportivos para disgustar a los televidentes, había convencido a la mayor parte de los consejeros electorales sobre la necesidad de aplicar sanción.

Sin embargo unas horas antes de la sesión del viernes 13 de febrero casi todos los consejeros, uno a uno, fueron desdiciéndose del compromiso que tenían para respaldar las sanciones a Televisa y Televisión Azteca. El argumento que presentaron en esa sesión era bastante peregrino pero, sorprendentemente, fue aprobado por 6 de los 9 consejeros. Esos funcionarios electorales dijeron que las televisoras ya habían enmendado la falta cometida días antes. Y qué mejor prueba de ello, insistieron, que el acuerdo que llevaron al propio IFE comprometiéndose a respetar la legislación electoral.

Dejar de aplicar una sanción porque el infractor dice que ya no lo vuelve a hacer, constituyó una decisión insólita de esos 6 consejeros del Instituto Federal Electoral. Y entre otros motivos, dicha resolución era harto discutible porque estaba sustentada en un documento sin validez legal. Así lo ha reconocido ahora el Tribunal Federal Electoral, que instruyó al IFE para que ahora sí cumpla con el proceso sancionador que es el mecanismo establecido por la legislación actual para revisar y en su caso castigar infracciones a la normatividad electoral.

El que los radiodifusores llevaron al IFE dos días antes de esa fatídica sesión, el miércoles 11 de febrero, era un listado de intenciones parciales, insuficientes y en todo caso que ellos decidían presentarle a la autoridad electoral. Pero no era un convenio. Mucho menos era un compromiso explícito para difundir los spots políticos de acuerdo con las pautas establecidas por el propio IFE.

Aquel documento, denominado Bases de colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Para Promover las Mejores Condiciones en la Administración de los Tiempos Oficiales del Estado en Materia de Radio y Televisión, está repleto de expresiones redundantes porque, con o sin él, los radiodifusores tienen obligación de cumplir la ley. Sin embargo ofrecieron, como si se tratase de una solución providencial al litigio que ellos mismos habían creado en contra del IFE y los partidos, “respaldar, apoyar y acompañar (sic) al Instituto Federal Electoral en el cumplimiento de sus responsabilidades constitucionales y legales”, así como “promover las actividades y fines” del mismo IFE y los partidos.

Arrogándose facultades que la ley no les confiere, los directivos de la CIRT anunciaron que apoyarían al IFE “en la administración de los tiempos de radio y televisión destinados a procesos electorales locales”, tarea que corresponde exclusivamente a la autoridad electoral.

En ese documento se establecía el compromiso del IFE para ajustar las pautas de transmisión de los spots electorales a las peculiaridades de la programación de cada estación de televisión y radio. La autoridad electoral puede reglamentar los asuntos específicos de la difusión de tales espacios como, de hecho, ocurrió con las normas que expidió meses antes de la actual temporada de campañas. Pero no puede supeditar sus decisiones a pactos con los destinatarios de tales reglas, entre quienes se encuentran los concesionarios de los medios electrónicos.

Uno de los aspectos más impertinentes de aquel documento era el compromiso que supuestamente adquiría el IFE para establecer, “con la información y el apoyo técnico de la Cámara, los criterios de clasificación de contenidos de promocionales a efecto de que los partidos políticos estén en condiciones de orientar sus mensajes a los públicos correspondientes en cada horario de transmisión”.

Con el pretexto de “proteger los intereses del público infantil y juvenil”, los directivos de la CIRT querían establecer un mecanismo de censura a los mensajes de los partidos políticos y del IFE.

Quizá porque ese convenio parecía resolver el diferendo con las televisoras, tres consejeros y el secretario general del IFE lo firmaron la tarde del 11 de febrero. Menos de 48 horas después ese documento, que parecía haber sido presentado como prenda de buena fe y de responsabilidad de los radiodifusores, sería esgrimido por los consejeros que, mimetizándose con el interés de las televisoras, se negaron a multarlas por las omisiones e irregularidades que habían cometido.

La carencia de validez legal de ese documento fue el motivo para que, el pasado miércoles 11 de marzo, los ministros del Tribunal Federal Electoral resolvieran revocarlo. El PRD y el PT habían impugnado la carencia de atribuciones, para establecer compromisos como ese, de los funcionarios electorales que lo suscribieron. Por su parte, el Partido Socialdemócrata impugnó las restricciones que las “Bases de colaboración” implicaban para la libertad de expresión de los partidos. Con el mismo argumento –la carencia de atribuciones de quienes lo firmaron– el Tribunal le ordenó al IFE que vuelva a examinar las infracciones cometidas por las televisoras.

Por lo demás, el multicitado y conflictivo documento no fue presentado por las empresas televisoras sino por la Cámara Nacional de la que forman parte pero que representa a muchas otras firmas de radio y televisión. En el pasado reciente, algunos radiodifusores que no forman parte de los grandes consorcios mediáticos se han quejado de la utilización facciosa que Televisa y Televisión Azteca hacen de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Este episodio confirma que, igual que se comportan como si fuesen dueños y no concesionarios de las frecuencias de radiodifusión que usufructúan, los directivos de las televisoras actúan, sin serlo, como dueños de la CIRT.

ALACENA: La soledad de Calderón

En su primera plana de hoy viernes, el diario madrileño El País publica un trabajo de su reportero Pablo Ordaz que concluye refiriéndose a los errores recientes de varios de sus ministros y la destitución de Luis Téllez, que “han agrandado la imagen de soledad del presidente Calderón”. Explica: “Hasta sus colaboradores reconocen que desde la muerte trágica del anterior secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, su amigo íntimo y su delfín político, Felipe Calderón ha cambiado su forma de vivir la presidencia. Ahora lo hace encerrado en sí mismo y en su único discurso: ‘Son los narcotraficantes o nosotros, no hay vuelta atrás’. Cada día, el presidente dice la misma frase aquí o allá. Es su conjuro”.

Conjuro, coartada, testarudez o prioridad del presidente Calderón, el problema es que a fuerza de repetirlo obsesivamente ese discurso pierde eficacia.

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