Televisión Azteca, ¿por sus pistolas?

No hay motivos de sorpresa en el comportamiento sinvergüenza e ilegal de Televisión Azteca. La misma empresa que envió una partida de pistoleros para asaltar y ocupar la antena del Canal 40 y luego quiso sobornar a los trabajadores de aquella emisora, la misma que junto con Televisa organizó una campaña de intimidación contra los inversionistas que pretendían crear una nueva cadena de televisión comercial, la mismísima que escamoteó los mensajes de los partidos políticos para que no fueran enviados a la retransmisión de sus canales que hace la televisión satelital es precisamente la que ahora utiliza de manera ilegal sus frecuencias concesionadas para difundir, sin autorización, un nuevo servicio de programación codificada.

Si la desfachatez de Televisión Azteca no sorprende en absoluto, tampoco resulta novedosa la complacencia del gobierno federal con los abusos de esa empresa. Ricardo Salinas Pliego le tiene tomada la medida al gobierno del presidente Felipe Calderón de la misma forma que manejaba, casi a su antojo, las decisiones comunicacionales de Vicente Fox. Pero no deja de ser muy grave, además de ciertamente patética, la indolencia de la actual administración para hacer que la ley se cumpla en materia de radiodifusión y telecomunicaciones.

Azteca, igual que otras televisoras, recibió una frecuencia adicional por cada una de las que ya tenía para, en el nuevo canal, difundir señales de televisión digital de alta definición. El 2 de julio de 2004 el presidente Fox les concedió a las televisoras esa nueva prerrogativa, con la que hipotecó el desarrollo de la televisión mexicana al modelo de televisión digital que existe en Estados Unidos y que solamente ofrece más calidad de imagen pero con las mismas opciones televisivas que ya existen. En el mundo hay otros modelos de televisión digital. En América Latina todos los países están eligiendo otras opciones, especialmente el modelo europeo que propicia la apertura de nuevos canales y no solamente más de la misma televisión.

Aquella decisión de Fox les permitió a las televisoras contar con más frecuencias pero únicamente para transmitir en formato digital la misma programación que difunden los canales de tipo analógico. Como la digitalización de las señales hace posible que además en cada canal se puedan conducir otros servicios de telecomunicaciones, aquel Acuerdo de Fox estableció que, previa autorización del gobierno federal, los concesionarios podrían difundir otros servicios. El apartado 2 del Acuerdo sobre televisión digital terrestre (TDT) publicado el 2 de julio de 2004 en el Diario Oficial indica con toda precisión:

“la solicitud para la prestación de servicios de telecomunicaciones que, en su caso, sea factible prestar por el concesionario o permisionario, a través de los canales asignados a la TDT, sin que de manera alguna implique la interrupción total o parcial de la TDT, estará sujeta y se resolverá conforme a la Ley Federal de Telecomunicaciones y demás disposiciones legales y reglamentarias que sean aplicables. El Gobierno Federal podrá establecer una contraprestación económica y, en tal caso, el concesionario o permisionario estará obligado a cubrir la misma a favor del Gobierno Federal, en los términos de las disposiciones legales…”

A los dueños y operadores de las televisoras privadas esa restricción no les gustó porque ahora que con la digitalización de las telecomunicaciones es posible difundir servicios agregados a los de televisión o radio, han querido utilizar toda la capacidad de las frecuencias que tienen concesionadas para vender otros productos. Por eso a fines de 2005 promovieron las reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que, por sus implicaciones y autoría, fueron conocidas como “Ley Televisa”.

El aspecto más importante de la Ley Televisa era la cesión, a las televisoras privadas, de las frecuencias que hasta ahora han tenido concesionadas para que hicieran con ellas lo que mejor conviniera a sus intereses de negocios. El artículo 28 de aquellas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión les permitía a los concesionarios utilizar las frecuencias para prestar “servicios de telecomunicaciones adicionales a los de radiodifusión” pero siempre y cuando lo solicitasen a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esa dependencia podría determinar el pago de una cantidad de dinero por el servicio adicional.

Aquella disposición fue muy cuestionada porque les daba a las televisoras la posibilidad de aprovechar las frecuencias tan solo a partir de una autorización administrativa y sin que fuese obligatorio el pago por ese aprovechamiento suplementario. No en balde ese fue el artículo más debatido en la Ley Televisa. Cuando, en junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó buena parte de aquellas reformas, abrogó todo el artículo 28.

En el razonamiento de los ministros de la Corte prevaleció la convicción de que la explotación de las frecuencias concesionadas para usos distintos a la transmisión de televisión abierta debería ser motivo de licitación y del pago de derechos específicos. Y no se trata de montos pequeños. Las empresas de telefonía celular pagan decenas de millones de dólares por el derecho a utilizar pequeños segmentos del espectro radioeléctrico para transmitir las señales de ese servicio. Con las reformas que a la postre fueron abrogadas por la Corte las televisoras querían ahorrarse ese pago.

El Congreso ha dejado baldada la legislación de radiodifusión y telecomunicaciones porque después de las decisiones de la Corte, hace ya casi dos años, ni los senadores ni los diputados han querido ponerse de acuerdo para aprobar una nueva normatividad. Pero la ausencia de reglas precisas de ninguna manera disculpa el nuevo abuso de Televisión Azteca.

La empresa de Salinas Pliego ahora ofrece un servicio de televisión codificada que se transmite en un segmento de una de las frecuencias que tiene concesionadas. Para ver esos canales es preciso comprar un equipo sintonizador que se vende en las tiendas Elektra. Desde fines de enero pasado el investigador Gabriel Sosa Plata denunció esa ilegalidad de Televisión Azteca que promovía el nuevo servicio sin autorización de la Comisión Federal de Telecomunicaciones ni de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El lunes pasado ese mismo asunto fue difundido en la primera plana del diario Reforma.

A pesar de la negativa expresa de la Cofetel, a pesar de que el decreto de julio de 2002 requiere que haya autorización para cualquier uso adicional de las frecuencias concesionadas con motivo de la digitalización, a pesar incluso de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, Televisión Azteca anuncia y vende ese nuevo servicio. No por sus pistolas, sino por la negligencia y debilidad del gobierno federal.

Publicado en eje central

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