Otro favorcito a las televisoras

Una jueza de Cholula, en Puebla, tomó una decisión que contradice la reforma constitucional en materia de medios y elecciones. Cobijada por la pragmática cuan debatible resolución de la Suprema Corte de Justicia que a fines de septiembre pasado les dio carta libre a los juzgados ordinarios para resolver solicitudes de amparo contra reformas constitucionales, la licenciada Florida López Hernández consideró que la prohibición a la compra de propaganda política en radio y televisión vulnera los derechos de la Asociación de Industriales y Empresarios de Morelos.

Esa agrupación, como parte de la acometida de la Coparmex contra la reforma constitucional, solicitó un amparo en un juzgado de Cuernavaca. El juez lo rechazó al considerarlo improcedente. Sin embargo, sin que en la sentencia se expliquen las causas de ese traslado, el Consejo de la Judicatura Federal envió el asunto a la jueza López Hernández.

La titular del Juzgado Séptimo de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región en San Andrés Cholula, atendió exclusivamente a cuestiones de forma y trámite para declarar improcedente (al menos en beneficio de los demandantes) una reforma constitucional que fue aprobada con sobrada mayoría por las cámaras de Senadores y Diputados y que luego sería ratificada por 31 congresos estatales.

Ahora, en virtud del amparo que le concedieron, la asociación empresarial morelense puede contratar anuncios políticos en televisión y radio en desacato al artículo 41 de la Constitución Política. Pero se trata de un logro pírrico de los grupos empresariales y los consorcios mediáticos que se oponen a esa reforma porque si bien esa organización puede comprar, las empresas de televisión y radio no están autorizadas a vender ni siquiera medio segundo de publicidad política.

Si hay empresas que están comercializando espacios de propaganda política, o que están obsequiando espacio para algunos candidatos, podrían recibir sanciones de la autoridad electoral. La aparición de Demetrio Sodi, candidato panista a titular de la delegación Miguel Hidalgo, en la transmisión del partido de futbol del sábado en Televisa, pudo haberse debido a un favor de dicha empresa. Aún así, el inusitado espacio que recibió Sodi podría ser una donación ilegal porque el precio comercial de esa aparición televisiva superaría los límites que el Código Electoral establece para las aportaciones a los partidos.

Mientras el IFE resuelve qué hacer con la repentina inquietud futbolística de Sodi, la Suprema Corte de Justicia encuentra incrementado el compromiso hasta ahora incumplido que tiene con la legislación acerca de los procesos electorales y los medios de comunicación. La inopinada decisión de la jueza Florida López y las reacciones que está suscitando confirman la necesidad de que la Corte ratifique los principios constitucionales aprobados en septiembre de 2007 y que tan palmariamente disgustaron a las televisoras.

Ayer por la tarde la Asociación Mexicana de Derecho a la Información dio a conocer su preocupación por la sentencia de la jueza de Cholula:

“A la jueza López Hernández le llamó la atención que en el Diario de los Debates del Senado no se precisara con claridad la hora en la que terminó la sesión del día cuando esa Cámara aprobó la reforma constitucional. También considera irregularidad grave el hecho de que en el decreto de esa Cámara no se diga textualmente que las reformas tuvieron la aprobación de dos tercios de los senadores, aunque sí se precisaba la votación que superaba esa cantidad. Además cuestiona la omisión en la declaratoria de la Cámara de Diputados del voto negativo a la reforma en una de las 31 legislaturas estatales, así como la ausencia de los nombres de esos estados en el Decreto que expidió el Poder Ejecutivo –aunque en los diarios de los Debates de ambas cámaras sí se mencionan las 30 resoluciones a favor de esos cambios constitucionales–. Y como en la declaratoria del Senado se dice que esa Cámara remitiría la resolución final al Ejecutivo para su promulgación y en el Diario Oficial de la Federación se indica que quien envió tal decisión fue el Congreso de la Unión, la jueza encuentra otra “irregularidad destacada”.

Suscrito por el Dr. Néstor García Canclini que coordina el consejo consultivo de la AMEDI y por el autor de esta columna, el comunicado puntualiza:

“Aunque el amparo fue solicitado contra modificaciones a nueve artículos constitucionales, la jueza únicamente lo otorgó respecto de un párrafo del 41 Constitucional. Se trata, precisamente, del enunciado que ha sido más impugnado, con diversas consideraciones políticas e ideológicas, por distintos críticos de la reforma constitucional y muy especialmente por las empresas que acaparan la televisión en México.

“En la sentencia de la jueza Florida López no hay una sola línea que tome en cuenta los argumentos centrales de los impugnadores de esas modificaciones constitucionales. Solamente atiende a presuntas e infundadas irregularidades de forma”.

El comunicado de la AMEDI está respaldado por una treintena de miembros de su consejo consultivo, entre ellos el ex senador Javier Corral Jurado, el ex presidente del IFE José Woldenberg y los ex consejeros Jesús Cantú y Jaime Cárdenas. También lo suscriben analistas políticos como Miguel Ángel Granados Chapa, Alberto Aziz, José Antonio Crespo, Denise Dresser, Ricardo Raphael y Francisco Paoli.

Los amparos de los grupos empresariales contra la reforma electoral coinciden con la animosidad de Televisa y Televisión Azteca respecto de esas disposiciones constitucionales. Los miembros de la AMEDI consideran: “Las televisoras quieren abrogar esa reforma para volver a disfrutar no solamente de las cuantiosas contrataciones de propaganda de las que eran beneficiarias, sino además para volver a disfrutar de manera plena la capacidad de presión y manipulación que han ejercido sobre los partidos políticos”.

Gente de los medios y la creación artística como Felipe Cazals, Loretta Ortiz, Carlos Padilla Ríos, Inna Payán, Elena Poniatowska y Ernesto Velázquez Briseño, forman parte de los adherentes de ese documento. Allí se concluye:

“Los partidos políticos, y sus legisladores, tienen la responsabilidad de preservar la reforma constitucional que auspiciaron y aprobaron en 2007. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la obligación de asumir plenamente su responsabilidad en este asunto y resolver de manera definitiva la ilegalidad de las impugnaciones contra la reforma constitucional en materia de propaganda política”.

Publicado en eje central

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s