Acteal: justicia y verdad

La Suprema Corte hizo justicia para los 20 indígenas que estaban presos después de haber sido considerados culpables de la matanza de Acteal en un proceso repleto de irregularidades. Falta, todavía, que se haga justicia respecto de aquella masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997.

Los 20 tzotziles y otros 28 más cuyos procesos serán revisados a partir de la resolución de la Primera Sala de la Corte, estuvieron presos casi 12 años. La decisión que ahora los beneficia ha sido cuestionada con ofuscador maniqueísmo por quienes están convencidos de que esos indígenas no solamente fueron culpables del homicidio de 45 personas, en su mayoría mujeres y niños, sino de que esa matanza fue dispuesta por el gobierno mexicano como represalia contra las comunidades zapatistas en Chiapas. Por otro lado, quienes encuentran que las anomalías en el proceso penal llevaron a la cárcel a personas inocentes, reconocen ese esfuerzo de investigación y decisión de la Corte.

De esta manera, una decisión que en muchas otras circunstancias todos considerarían pertinente y plausible, ha quedado nublada por la ideologización que se mantiene en torno a los hechos de 1997 en Acteal.

Aquella matanza sigue sin ser judicialmente esclarecida. No en balde el ministro José Ramón Cossío, ponente de la resolución aprobada el miércoles 12 de agosto, explicó que la Corte no estaba determinando si las personas encarceladas por los acontecimientos en Acteal son culpables o no. Lo que hizo la primera sala fue reconocer que las pruebas presentadas en contra de esos indígenas no demuestran que hayan sido autores de la masacre.

Esa conclusión fue posible después de la extensa indagación que emprendió desde 2004 la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económica, que se encargó de la defensa de los encarcelados por los homicidios en Acteal cuando sus integrantes encontraron que había numerosas ilegalidades en ese litigio –declaraciones falseadas, testimonios inventados, contradicciones flagrantes, evidencias que no se tomaron en cuenta y otras más que no fueron preservadas, etcétera–. Por otra parte, un ejemplarmente documentado reportaje del escritor Héctor Aguilar Camín insistió hace dos años tanto en la crueldad extrema de aquella masacre como en las irregularidades que abundaron en el proceso judicial.

Ahora, la coincidencia de los abogados del CIDE y de ese escritor para subrayar que en los procesos de Acteal se cometieron injusticias graves, ha llevado a algunos críticos de la resolución de la Corte a enderezar una campaña de agravios e intimidaciones. En vez de exigir una nueva indagación y el castigo a los auténticos culpables de la matanza en Acteal, los simpatizantes neozapatistas (que todavía hay algunos) han inventado una extravagante especulación conspiratoria.

El diario La Jornada ha sido uno de los espacios, aunque no el único, en donde se expresan suspicacias y desacuerdos no tanto con la decisión de los ministros de la Corte, sino con los abogados y el escritor que tuvieron el mérito de denunciar los yerros del juicio contra varias docenas de indígenas.

El jueves 13 de agosto, ese diario comunicó la decisión de los ministros con una  nota del reportero Alfredo Méndez en donde, luego de reseñar las posturas de otros ministros de la primera sala, se dice: “Cossío, durante su alocución, pareció responder a la organización civil Las Abejas, que en días pasados responsabilizó –entre otros– a los ministros de la Corte y al historiador Héctor Aguilar Camín (que se ha erigido en una especie de vocero de los acusados de la matanza del 22 de diciembre de 1997) de cualquier rebrote de violencia en Chiapas derivado del otorgamiento de estos amparos”.

Antes de transcribir las palabras del ministro, el reportero Méndez despliega su personal subjetividad para decir que Cosío pareció responder a las imputaciones contra el mencionado historiador que, añade el periodista, se ha erigido en una especie de vocero. Esas son conclusiones que tendrían que dilucidar los lectores si se les diera oportunidad de conocer una información equilibrada, o que el reportero podría expresar sin contradicciones profesionales en un artículo de opinión. Solamente después de esas consideraciones, el reportero retorna a su tarea como informador: “Las consecuencias que deriven (de esta resolución) no pueden ser imputadas a esta Corte, sino a las autoridades que tienen competencia para la persecución e investigación de los delitos, y que están encargadas de preservar la paz social en el país, expuso Cossío”.

La Jornada abunda en la tesis de la conjura en  una nota del reportero Roberto Garduño publicada también el jueves 13 en La Jornada: “El revisionismo histórico de la matanza de Acteal, promovida desde las instituciones del Estado y los medios de comunicación afines al poder, por los asesores y apologistas de los regímenes del PRI y del PAN, condujo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a tomar una controvertida decisión: ordenar la puesta en libertad de los autores materiales de la muerte de 45 niños, mujeres y hombres indefensos”.

Así que la decisión del 12 de agosto no se debió a la solicitud de amparo que presentaron los abogados de los indígenas presos, ni a la tarea de investigación que encomendaron los ministros y cuyas conclusiones fueron dictaminadas por Cosío. Convertida en polichinela de una alevosa coalición de fuerzas oscuras gracias a la intencionada imaginación de los redactores de La Jornada, la Suprema Corte fue el instrumento de esta inusitada colección de actores políticos:

“El 21 de diciembre de 2006, el CIDE y Alternativa Ciudadana 21, encabezada por Ricardo Raphael, y acompañados por Héctor Aguilar Camín, anunciaron que asumirían la defensa de los 75 detenidos por Acteal. Raphael, director del área de Estudios Jurídicos del CIDE, adujo que la determinación de asumir la defensa ocurrió porque las supuestas violaciones a los principios de debido proceso y presunción de inocencia eran tan graves que lo hacían un caso paradigmático. A su vez, Aguilar Camín publicó en la revista Nexos una descripción en tres entregas titulada El regreso de Acteal, fundada en los argumentos de Hugo Eric Flores” (uno de los profesores del CIDE que promovió la defensa de los tzotziles encarcelados).

La defensa de una causa que consideraron justa, y que nunca ocultó su preocupación para que sean identificados los verdaderos culpables del homicidio de 45 personas en Acteal, convirtió a esos ciudadanos en autores de una maquinación perversa. En palabras del ya citado Garduño:

“Al entorno, al de los promoventes del revisionismo y de la liberación de los homicidas, se sumaron instituciones públicas y privadas con objeto de generar una corriente de opinión pública apegada a la tesis del perdón institucional. Los arietes de la liberación –además de Flores Cervantes– Ricardo Raphael, Ana Laura Magaloni y Aguilar Camín utilizaron el CIDE y los medios de comunicación afines a su interés, como Canal 11, Televisa, Canal 22 y el periódico El Universal”.

Un análisis serio de las posiciones de cada una de esas instituciones, empresas y personas, demostraría que más allá del asunto de Acteal no suelen coincidir en numerosos asuntos de la agenda nacional. La Jornada y sus voluntariosos denunciadores de conjuras no explican por qué ciudadanos y medios tan diversos, además de una institución de comprobada seriedad como es el CIDE, querrían coincidir en la defensa de un grupo de homicidas. Y es que, obnubilados por las anteojeras ideológicas que cargan, el periódico y algunos de sus redactores parten de una suposición respecto de la cual no admiten cuestionamiento alguno: los culpables de los crímenes en Acteal fueron los que estuvieron presos independientemente de que hayan ocurrido injusticias en el proceso penal.

Al redactor de La Jornada le faltó decir que Aguilar Camín estudió con los jesuitas del Instituto Patria y que vive a pocas calles de la embajada de Rusia, circunstancias ambas que podrían acumularse como evidencia de una conspiración multi doctrinaria y globalizadora.

Ya en serio, lo grave de todo este incidente es, por una parte, la preeminencia de los prejuicios sobre los hechos. A muchos de los exasperados con la decisión de la Corte no les interesa la justicia sino el caparazón políticamente correcto.

En segundo término, el señalamiento de personas e instituciones específicas como promotores de una iniquidad –por añadidura vinculada a un hecho tan desgarrador y espeluznante como fue la matanza de Acteal– tiene consecuencias e implicaciones persecutorias que resultan inaceptables. Lo que hicieron los abogados del CIDE fue desbrozar, con paciencia inagotable y destreza jurídica, las aberraciones de un proceso irregular. Lo que hizo Héctor Aguilar Camín, con rigor y tenacidad, fue un trabajo de investigación que debiera considerado ejemplar en la prensa mexicana. Pero la decisión del miércoles 12 fue de los ministros de la primera sala, que además han considerado que la indagación de los crímenes en Acteal sigue siendo responsabilidad de las autoridades competentes.

Ya en la tercera parte de su reportaje, aparecida en Nexos de diciembre de 2007, Aguilar Camín consideraba:

“La revisión cuidadosa del expediente judicial y las versiones de los agresores confesos sobre lo sucedido el 22 de diciembre en el campamento Los Naranjos, echan nueva luz, en realidad nuevas preguntas, sobre la matanza de Acteal al menos en tres aspectos fundamentales, hasta hoy no esclarecidos:

1. No hubo sólo una masacre, hubo también una batalla.

2. Parte del horror ha sido explicado, pero parte del horror permanece en la sombra. Nadie ha explicado las doce muertes por machete y traumatismo craneal que registran las necropsias.
3. La investigación judicial no buscó ni encontró la verdad: buscó y fabricó culpables. Hay presos inocentes y culpables libres”.

Nadie, comprometido con la justicia, podría querer que hubiera presos inocentes. Nadie, comprometido con la verdad, podrá considerar que ya está todo dicho sobre los hechos de diciembre de 1997 en Acteal.

Publicasdo en eje central

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