Paliar la crisis, requiere de ideas y decisión. Las primeras, pueden encontrarse en documentos como el que elaboró un grupo de especialistas convocados por la Rectoría de la UNAM y cuyo diagnóstico sintetizamos en esta columna el lunes pasado. La capacidad para poner en práctica iniciativas como las que allí se esbozan, requiere de una voluntad compartida por fuerzas políticas y sociales muy variadas. La disposición del presidente Felipe Calderón, anunciada el 2 de septiembre, para resolver el estancamiento nacional en diez áreas de la economía, la sociedad y la política, tiene puntos de encuentro con el documento “México frente a la crisis. Hacia un nuevo curso de desarrollo”.
Si desde las cúpulas gubernamentales donde se han expresado elogios a la autocrítica y el talante propositivo del presidente Calderón hubiera ánimo receptivo para atender y entender la reflexión de los autores del mencionado documento, podrían construirse puentes a partir de ideas que serían útiles en la definición de acuerdos para la rehabilitación económica y social del país.
Una de las propuestas de los especialistas reunidos por la Universidad Nacional, es la creación de un Consejo Económico y Social cuya opinión sea atendida de manera obligatoria tanto por el Poder Legislativo como en la ejecución de las políticas públicas.
La reforma fiscal es reconocida como la más urgente y podría dar paso a iniciativas de auténtico dividendo social. Esa reforma tendría que incluir la decisión para que las utilidades de Petróleos Mexicanos se reinviertan en esa industria y solamente “en un segundo término en inversiones productivas, sociales y de infraestructura”.
Esa reforma fiscal tendría que buscar recursos de manera urgente y no habría de circunscribirse a cambios en un solo impuesto. “El ISR no debe ser sustituido, sino acentuarse su carácter progresivo e integral; ampliar los tramos de ingreso y elevar las tasas sobre los niveles existentes”. Los autores de la propuesta que glosamos aquí consideran que no es el momento adecuado para incrementar el IVA aunque sí para terminar con casos especiales relacionados con ese impuesto.
Sobre todo, se apunta allí, “una reforma fiscal integral debe examinar la oportunidad de introducir gravámenes a las ganancias de capital, establecer un impuesto patrimonial y gravar las transacciones financieras”.
El análisis difundido por la UNAM no hace explícitas las tasas que resultarían pertinentes para el Impuesto Sobre la Renta, ni los niveles a partir de los cuales tendría que ser más alto para que paguen más quienes más dinero tienen o reciben. Esa ausencia ofrece márgenes para la discusión, pero también constituye una omisión que aleja al documento del debate actual sobre los cambios específicos para reactivar la economía mexicana.
La contraparte de las políticas tributarias se encuentra, desde luego, en un ejercicio distinto del gasto público. A ese respecto, se proponen medidas como las siguientes: aumentar transparencia y reducir discrecionalidad del gasto, incrementar la inversión para infraestructura y “programas sociales de alto impacto, en especial salud, educación y ciencia y tecnología”, fortalecer las atribuciones del Poder Legislativo para auditar el gasto público, moderar sueldos de funcionarios públicos, “eliminar secretarías de Estado y programas redundantes” tanto en el gobierno federal como en otras áreas y niveles del Estado mexicano.
También se considera: “Debe reducirse de manera sustancial la contratación de tiempos y espacios de publicidad por parte de las diferentes instancias del sector público en los medios de comunicación”. Sin duda se trata de una sugerencia atendible. El gasto para la promoción de los funcionarios públicos no solamente está prohibido por la reforma constitucional de hace casi dos años sino, además, es una fuente de agravios cotidianos para los mexicanos más desprotegidos en materia de política social. Sin embargo, en ese tema los autores del documento se quedan cortos. ¿Por qué no pensar, si se trata de cambios en serio, en cancelar todo el gasto de cualquier instancia del Estado para la contratación de espacios y tiempos de propaganda oficial?
Algunas de esas medidas, como se sabe, fueron anunciadas por el presidente Calderón de manera casi simultánea a la presentación, la semana pasada, del documento de los especialistas reunidos en la UNAM. Tales coincidencias ratifican la necesidad de que haya disposiciones no solamente simbólicas sino con efectos prácticos, e inmediatos, en las condiciones de vida de los mexicanos. Hacia allá apuntan otras propuestas del señalado documento.
La banca debería estar al servicio del desarrollo y no de la acumulación financiera en manos privadas. El Banco de México podría estar sujeto a un mandato “que lo obligue a considerar objetivos de crecimiento y empleo, y no solamente de inflación en la determinación de la política monetaria”.
Los autores de esa ambiciosa propuesta consideran que la nación debe recuperar “el control del sistema financiero para que responda a los objetivos del desarrollo nacional, así como fomentar la expansión de la banca mexicana”. Y hacen una denuncia, o un recordatorio, que tendría que ser imposible de soslayar: “debe atenderse la situación actual de Banamex que se encuentra en una situación de ilegalidad porque un gobierno extranjero es dueño de parte de sus acciones ordinarias”.
Una banca comercial dispuesta a otorgar crédito oportuno, suficiente y con intereses decorosos; los recursos de Afores y Sofoles canalizados a la inversión productiva; una banca de desarrollo en donde Nacional Financiera apuntale el crecimiento industrial, Financiera Rural en el campo, Banobras la infraestructura, Bancomext el comercio exterior y Federal Hipotecaria la vivienda, son elementos de esa propuesta para el sistema financiero.
También son puntuales los señalamientos en el campo de la política social. El documento en cuya elaboración participaron economistas como Carlos Tello Macías, Rolando Cordera, Jesús Silva Herzog y Ciro Murayama, considera que se debe y se puede crear un “sistema de seguridad social integrado, con un servicio único en salud”. Y explican: “La universalización de la salud y la seguridad social es una de las grandes reformas estructurales fundamentales para un nuevo curso de desarrollo económico con equidad”.
La propuesta para emprender una amplia reforma educativa y la creación de un seguro de desempleo, forman parte de los ejes para esa transformación profunda y posible de las políticas sociales. Se trataría de “un seguro, como el que ya cuentan países de desarrollo similar al nuestro, que otorgara, en promedio, dos salarios mínimos mensuales durante seis meses a un millón de mexicanos que podrían perder su empleo en una situación de crisis, costaría alrededor de 18 mil millones de pesos en un año. Esto representa menos del 0.2% del PIB y menos del 1% del gasto federal anual”.
De otra manera, tendremos más pobres, crecientemente pobres, en un país cruzado por desigualdades riesgosa e inicuamente contrastantes. Tomemos nota de realidades como la que significa el aumento de la desnutrición y el hambre en México, documentada a partir de estimaciones oficiales:
“Los mexicanos en pobreza alimentaria pasaron de 14.4 millones a 19.5 millones de personas entre 2006 y 2008 (de 13.8% a 18.2%), esto es, se han generado más de 5 millones de pobres extremos en sólo dos años. México se hace un país más desigual y también más pobre. En sentido estricto no hay una auténtica política social, sino un conjunto de programas superpuestos e inconexos».
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Sociedad y poder 