Nuevo procurador, maroma del PRI

El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

El PAN y el PRI coincidieron ayer en el Senado para aprobar la designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República. El desempeño ineficaz que tuvo como Procurador en Chihuahua cuando, a fines de la década pasada, aumentaron los homicidios contra mujeres particularmente en Ciudad Juárez, desató una oleada de inconformidades que no convencieron, ni conmovieron, a la mayoría senatorial que ratificó ayer el nombramiento realizado por el presidente Felipe Calderón.

Los senadores de Acción Nacional aprobaron esa designación en respaldo al presidente Calderón y en un ejercicio previsible de disciplina partidaria. Expresados por Alejandro Zapata, los argumentos de quienes representaron a ese partido en la discusión en Xicoténcatl fueron escasos y pobres. Insistieron en que Chávez cumple con los requisitos formales que se exigen para ese cargo. Menospreciaron las críticas que han sido presentadas acerca de su gestión en Chihuahua. Buscaron que la sesión fuera de trámite.

No ocurrió así gracias a la insistencia de los senadores del PRD, especialmente de Pablo Gómez Álvarez, para que el Senado tomara en cuenta no solamente los señalamientos acerca del paso de Chávez Chávez por la procuración de justicia en Chihuahua sino, además, sobre la responsabilidad que tiene el Senado en la designación del titular de la PGR.

La Constitución Política establece (artículo 102) que el Procurador General de la República será “designado por el Titular del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado” o, si se encuentra en receso, de la Comisión Permanente del Congreso. A diferencia de otros funcionarios cuyo encargo es resultado de la decisión del presidente, el consejero jurídico del gobierno tiene que ser avalado por la Cámara de Senadores.

Esa facultad, implica que el Senado comparte con el presidente de la República la designación del Procurador. Así lo amerita la importancia que tiene la impartición de justicia. Por eso, la persona que es designada para encabezar a la PGR se somete al interrogatorio que le hagan los senadores quienes, luego, toman una decisión al respecto.

Eso es lo que ocurrió ayer en la sede senatorial. Sin embargo, al justificar el voto de su partido en respaldo a la propuesta del presidente Calderón el senador priista Jesús Murillo Karam explicó: “Vamos a votar a favor porque vamos a dejar la responsabilidad penal en manos del ejecutivo”.

Ese fue el subterfugio de los senadores del PRI para tratar de justificar su aprobación a la propuesta del presidente Calderón. Si se tratara de conferirle el Ejecutivo toda la responsabilidad de una designación, los legisladores simplemente podrían abstenerse en la votación que deben efectuar. Pero si esa votación existe es, precisamente, porque el Senado tiene una participación de calidad en el nombramiento del Procurador General. Los legisladores revisan que el funcionario designado por el presidente cumpla los requisitos de ley, pero su tarea apenas comienza allí. El examen de cualidades y limitaciones del aspirante, tiene que incorporar una evaluación del área de la que se ha propuesto quede a cargo. Y esa es una decisión que, quiéranlo o no, compromete a los senadores.

Pablo Gómez tuvo razón cuando, al entrar en un desafiante diálogo con Murillo, le replicó: si se trata de que la responsabilidad por la designación del Procurador sea únicamente del presidente, entonces ¿para qué hay ratificación senatorial?

Los senadores del PRI no pudieron resolver esa contradicción. Al presentar un argumento desmañado y –literalmente– irresponsable para respaldar su voto a favor de Chávez Chávez, se comprometieron con él aunque lo hicieran de la peor manera. Decir que respaldan la propuesta del presidente como una manera de dejarlo solo en la administración de justicia, termina siendo descortés pero, además, contradictorio con el afán para que el Congreso asuma un papel cada vez más intenso en la conducción de los asuntos nacionales.

Ahora que se discuten opciones para una nueva reforma política entre las que podría estar la participación del Poder Legislativo en la aprobación del gabinete presidencial, la postura que ayer presentaron los senadores priistas es negligente y comodina. No saben construir alianzas con argumentos, sino únicamente a partir de conveniencias o rechazos coyunturales. Ese intencional descuido permitió que ayer fuera confirmado como Procurador General un funcionario de trayectoria y actitudes antagónicas a los intereses de un sector de los ciudadanos a cuyo servicio, presuntamente, deberá estar.

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