Impuesto del 4% a telecomunicaciones: ¿y por qué no?

Este mes, tuve que pagar 989 pesos por la cuenta del teléfono celular. Ese pago  subió algo más que de costumbre debido a las llamadas de larga distancia que hice en un viaje reciente. En casa, donde suelo trabajar y por eso el teléfono y la conexión a Internet que viene contratada junto con él me resultan indispensables, pagué 1926 pesos, IVA incluido. El servicio de televisión por cable me cuesta 869 pesos al mes. Además estoy suscrito a un paquete de mediano costo de la televisión satelital, gracias al cual puedo ver los partidos de futbol de la liga española, que cuesta 437 pesos.

En total, por esos cuatro servicios de telecomunicaciones este mes pagué 4221 pesos.

Si hoy existiera el impuesto del 4% a los servicios de esa índole que ha propuesto el gobierno federal y que escandaliza a personajes de adscripciones significativamente muy variadas, mi pago mensual no variaría de manera sustancial. El 4% por el teléfono celular que utilicé el mes pasado significaría un incremento de 34.48 pesos (calculados a partir del costo del servicio, antes del IVA que ya pago hoy en día). Los servicios telefónicos y de Internet que tengo en casa habrían costado 66.99 pesos más. La renta de Cablevisión, aumentaría 30.23 pesos. La de Sky, 15.32 pesos.

En total, en vez de 4221 pesos este mes tendría que estar pagando 4368. Se trataría de un incremento de 147 pesos que desde luego preferiría gastar en otra cosa pero que no son de tales dimensiones que desmantelen mi presupuesto. Ese aumento fiscal tampoco me llevaría a prescindir de alguno de tales servicios. Además, si existiera una rendición de cuentas clara y oportuna acerca del uso que se da a nuestros impuestos, posiblemente me daría gusto saber que ese pequeño incremento fiscal es útil para respaldar la política social del Estado, en caso que ese fuera el destino que tuvieran aumentos como los que ahora se están discutiendo.

Sin embargo, el aumento de 4% a las tarifas de los servicios de telecomunicaciones ha sido presentado por muchos de sus críticos como un atentado al desarrollo de la telefonía, la televisión e incluso al derecho de información de los mexicanos. Hay quien ha anticipado que ese aumento fiscal será el camino para “Matar el Internet”.

Algunas de las coaliciones empresariales relacionadas con ese ramo, han exclamado “No al impuesto a la comunicación” en un documento que considera ese gravamen como una “medida regresiva”. Entre otros problemas, esas organizaciones sostienen que el 4% de incremento fiscal “encarece la competitividad”, “retrasa la modernización tecnológica”, “amplía la brecha digital”, “desincentiva la inversión de nuevos oferentes (sic) del servicio en el país” y “complica la capacidad para generar y conservar los empleos”. Hay, incluso, quienes consideran que el nuevo impuesto provocaría un incremento de precios de los servicios de telecomunicaciones.

Detrás de todo ese bullicio hay mucha ideología, poca reflexión y escasos números. Cualquier aumento de impuestos significa una carga para quienes lo tienen que sufragar. En este caso, se trataría de los usuarios finales de los servicios de telecomunicaciones. Las empresas de telefonía, los proveedores de Internet o las compañías que conducen señales de televisión, no tendrían que pagar ese impuesto. Así que no hay asidero a suposiciones como las que señalan que los precios se elevarían, o que aumentaría el desempleo en el sector de las telecomunicaciones.

Desde luego, si algunas de esas empresas aprovechan la ocasión para aumentar sus precios con pretexto del incremento fiscal, entonces sí estaríamos ante una escalada de costos con perjuicios quizá impredecibles.

Resulta bastante peregrino preocuparse por la competitividad o por la brecha digital, porque las limitaciones en ese campo no se deben a las cargas fiscales sino al mantenimiento de preferencias monopólicas y a la ausencia de auténticos proyectos nacionales para desarrollar la telefonía, Internet o la cobertura de la televisión de paga. En esos tres servicios, como hemos subrayado en otras ocasiones, los mexicanos padecemos cuotas extraordinariamente altas en comparación con las que hay en otros países.

Si los ciudadanos y organizaciones que hoy se alarman ante el posible impuesto del 4% estuvieran preocupados por la cobertura de las telecomunicaciones en la sociedad mexicana, podrían interesarse en exigir una estructura de precios menos onerosa para los usuarios, un servicio de mejor calidad y sobre todo una competencia auténtica. La telefonía en México y desde hace poco la posibilidad de conectarse a Internet, se encuentran fundamentalmente acaparadas por Telmex. Hay que reconocer que sin la empresa de Carlos Slim varios millones de mexicanos carecerían de acceso a la Red de redes, porque el gobierno federal desde hace al menos una década se ha rehusado a promover la diversificación de ese servicio. Pero la Internet que tenemos es de velocidades muy bajas y de precios muy altos en comparación con los que hay en otras naciones.

La televisión de paga, por otra parte, se encuentra copada por empresas propiedad de Televisa o afines a ella. En el transcurso de los meses recientes, las firmas que manejan la mayor parte de los contratos de televisión por cable han sido adquiridas por Televisa. Y, como es sabido, ese consorcio monopolizó el mercado de la televisión satelital hasta que, muy recientemente, comenzó a funcionar el sistema Dish de la empresa Multivisión.

Apoyar el mejoramiento de las telecomunicaciones, significaría respaldar una diversidad auténtica, con actores capaces de ofrecer servicios competitivos y políticas de Estado para abatir la renta de esos servicios. Si yo viviera en algún país europeo, por ejemplo, los servicios de telefonía celular, residencial, Internet y televisión por los que ahora pago más de 4200 pesos al mes, me costarían menos de la cuarta o la quinta parte.

Me gustaría escuchar a quienes ahora se inquietan por el impuesto del 4%, levantar la voz contra las altas tarifas que padecemos los usuarios de los servicios de telecomunicaciones en México. Allí, y no en la propuesta fiscal, se encuentran los problemas de ese sector.

El frente contra el impuesto a las telecomunicaciones ha sido respaldado con recursos amplios, como los que financiaron el desplegado que apareció en varios periódicos el martes 15 de septiembre. No es de extrañar que esas voces, que comparten un discurso, intereses y una perspectiva ideológica proclive al control de las corporaciones privadas sobre la economía, compartan dicha campaña. Un despacho de la agencia Bloomberg explicaba la semana pasada que el cabildeo contra el impuesto ha sido promovido por firmas como la corporación NII Holdings, operadora de Nextel en América Latina.

Pero llama o debiera llamar la atención el rechazo al 4% que proviene de sectores identificados con las izquierdas. La semana pasada, cinco senadores del Partido de la Revolución Democrática propusieron un punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados rechace ese impuesto. Los senadores perredistas hacen suyas, una por una, las consideraciones de las empresas telefónicas, así como de los proveedores de televisión de paga.

No sé si las corporaciones telefónicas y televisivas que hoy claman contra el impuesto esperaban encontrar una adhesión tan incondicional y sorpresiva como la que les brindan esos senadores del PRD. Tampoco sé si esos legisladores entienden con qué intereses juegan cuando avalan de manera tan enfática las exigencias de tales consorcios. Lo que sí sé es que en otros sitios del mundo las izquierdas suelen favorecer los aumentos fiscales para respaldar la política social del Estado. Aquí, como en tantas otras cosas, marchamos al revés.

Publicado en eje central

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