Radiodifusores y legisladores

El jueves próximo, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión realizará su encuentro anual con el presidente de la República. La reunión de los empresarios de un sector destacado de la economía y el titular del Ejecutivo Federal, no sería de especial relevancia. Pero en varias ocasiones durante los años recientes, los radiodifusores más prominentes en ese gremio han querido hacer de su semana anual un momento para presionar al gobierno –con declaraciones e incluso amagos retóricos a veces muy enfáticos– o conquistando medidas legales como hace siete años, cuando el presidente Fox expidió un decreto al contentillo de las televisoras para anular el 90% del tiempo fiscal del que hasta entonces disponía el Estado en los medios electrónicos.

La semana próxima se verá si, más allá de las frases de cortesía y los lugares comunes, el presidente Felipe Calderón está dispuesto a emprender algunos cambios en la relación de su gobierno con los consorcios de televisión y radio como pareció sugerir su discurso del 2 de septiembre pasado, cuando incluyó a esos medios entre los sectores de las telecomunicaciones en los que es preciso, según dijo, que haya competencia y calidad.

También se verá en qué medida los partidos y sus legisladores están dispuestos a emprender una reforma seria en la legislación para los medios, o de qué tamaño es la subordinación que habrían resuelto ofrecerle a Televisa y Televisión Azteca. El viernes de la semana próxima por la mañana, según la agenda de la CIRT, los directivos de esa Cámara recibirán a los líderes de las fracciones parlamentarias tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República.

Hace apenas dos años, las relaciones entre el Congreso y los jeques de la radiodifusión eran notoriamente ásperas. En el otoño de 2007, las fracciones parlamentarias más importantes desataron la furia de los poderes mediáticos cuando aprobaron la reforma constitucional en materia electoral que, entre otras cosas, inhibía la contratación de propaganda política en la radio y la televisión. Un año antes, durante el proceso electoral de 2006, la influencia de los consorcios mediáticos en las decisiones políticas e institucionales había sido tan intensa que no solamente cobijaron y en ocasiones amplificaron las campañas de encono promovidas por los principales partidos políticos. Además, como podemos recordar, aquella temporada electoral fue aprovechada por los medios para impulsar, con afrentoso éxito, las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que por su paternidad, por el cabildeo que las impulsó y los beneficiarios que tenían, pudieron ser calificadas como Ley Televisa.

Los rasgos más escabrosos de aquellas reformas fueron anulados por la Suprema Corte de Justicia en junio de 2007. En ese contexto de revisión crítica de los excesos del poder mediático, tres meses más tarde el Senado propuso y aprobó la creación de un nuevo régimen de comunicación electoral que tenía como eje la cancelación de las viejas prácticas de compra–venta de espacios en los medios electrónicos. El traslado de recursos públicos que por esa vía beneficiaba a los medios privados, no solamente encarecía las campañas políticas sino que llegó a propiciar formas de relación perversas entre los partidos y los consorcios comunicacionales.

Las quejas de las empresas mediáticas, preocupadas por el negocio que habían perdido y que en las campañas de 2006 ascendió a 2 mil millones de pesos pero sobre todo disgustadas porque sin la posibilidad de admitir y pautar la propaganda de los partidos se debilitaban sus capacidades de presión política, fueron ampliamente propagadas pero no convencieron a la sociedad mexicana.

En el transcurso de casi dos años, desde que la reforma constitucional fue  promulgada en noviembre de 2007, hemos asistido a infructuosos diálogos de sordos acerca de esas reglas. Las televisoras, estruendosas y en ocasiones calumniosas cuando desfiguran opiniones y trayectorias de quienes las cuestionan, se negaron a abrir espacios para la deliberación plural y abierta entre los puntos de vista que había sobre esa reforma.

Las nuevas reglas en materia de comunicación y elecciones han tenido su primera prueba en las recientes campañas políticas. Los partidos ya no dependen de la aquiescencia las corporaciones comunicacionales para colocar sus mensajes en tiempos preferentes, ni para obtener tarifas más bajas, porque ahora se difunden en tiempos estatales y en espacios gestionados por el IFE.

Sin embargo esas nuevas reglas han sido transgredidas de varias y en ocasiones desfachatadas modalidades. Por otra parte, las nuevas condiciones para la comunicación electoral no auspiciaron una competencia electoral más civilizada porque fueron utilizadas únicamente para incrementar los spots de los partidos hasta extremos de hartazgo para los televidentes y radioescuchas.

Tales exageraciones y distorsiones, no debieran empañar los rasgos esenciales de la reforma electoral: el uso de tiempo estatal para difundir contenidos de campañas y el impedimento a particulares y partidos para contratar espacios de propaganda política. Esos son los rasgos torales que es indispensable preservar y apuntalar, ajustando los hilos sueltos y las insuficiencias que ha confirmado este estreno de la reforma electoral.

El Congreso de la Unión tiene, en ese terreno, una responsabilidad que sus integrantes no han querido cumplir. Hay garantías y obligaciones establecidas en la reforma constitucional, como el derecho de réplica y la abolición de la propaganda personalizada que se financia con recursos públicos, que no se han puesto en práctica porque los diputados y los senadores no han aprobado sus leyes reglamentarias. Y se mantiene el enorme, ominoso y en varios sentidos costoso hueco jurídico y político que significa la inexistencia de una legislación integral, complementaria de la electoral, para la radiodifusión y las telecomunicaciones.

México necesita un régimen legal que atempere, pluralizándolo, el poder mediático, que estimule la competencia de opciones en el terreno de la comunicación como ha sucedido antes en el de la política, que garantice derechos de los ciudadanos frente a los medios, que promueva la existencia de auténticos medios públicos.

(La segunda mitad de este texto forma parte de la intervención que ofrecí a fines de agosto pasado, a nombre de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en la apertura del Seminario “Democracia y Reglas del Juego” organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas e inaugurado por el Rector de la UNAM en el Palacio de Minería).

Publicado en eje central

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