Revistas en riesgo

Ha sido sorprendente, e incluso inexplicable, el silencio de las revistas ante la posibilidad de que sea cancelada la publicidad del gobierno federal para esos medios de comunicación. Pareciera que no lo quieren creer y que sus editores reaccionan negando un hecho tan avasallador que prefieren ignorar. O quizá muchos de ellos confían negociar, cada uno por su parte, condiciones de excepción que les permitan sortear el brete en el que las coloca la decisión de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

También podría ocurrir que esa decisión no sea del todo firme y que la versión publicada por la revista etcétera en su edición de octubre, no fuese más que un buscapiés de Los Pinos para evaluar la reacción de editores y lectores. Esa versión dio cuenta de las instrucciones recibidas por varios jefes de prensa, en al menos ocho secretarías de Estado, para cancelar la contratación de publicidad en revistas.

La suspensión de la presencia pagada del gobierno en las revistas se debe, aparentemente, a los apremios financieros de la administración pública. Sin embargo la Presidencia, desde donde se organiza el gasto publicitario de las dependencias gubernamentales, estaría emprendiendo ahorros en el extremo más débil, y financieramente menos significativo, del ciertamente cuantioso desembolso que hace en medios de comunicación de toda índole.

De acuerdo con datos de la misma etcétera, para 2009 el gobierno federal presupuestó una erogación publicitaria de 3 mil 704 millones de pesos. Solamente 89 de esos millones de pesos estaban previstos para ser gastados en revistas. Pero la mitad de esos más de 3700 millones de pesos, fue destinada a la televisión y la radio privadas, especialmente a Televisa y Televisión Azteca.

La contratación de publicidad ha sido un instrumento de doble filo en la perversa relación entre el gobierno y los medios en este país. Con las inserciones que paga en ellos, el poder político busca la complacencia de medios tanto impresos como electrónicos.

Centenares de diarios y revistas, en todo el país, dependen mucho más de la publicidad de origen estatal que de inserciones comerciales o de la venta de ejemplares. En muchos casos se trata de una prensa sin lectores, a la que no le interesa llegar al público porque su única motivación radica en facturar publicidad que será pagada con recursos fiscales.

El gobierno federal pero también los gobiernos de los estados, los municipios más importantes, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos como las comisiones de derechos humanos y las principales universidades públicas, gastan recursos anunciándose en medios de todo tipo. Los funcionarios a cargo de esas dependencias e instituciones, suelen dilapidar recursos públicos para comunicarle a la sociedad que están cumpliendo el trabajo para el cual fueron designados.

Pero la publicidad oficial también sirve para sostener publicaciones que de otra manera no existirían, o que lo harían en condiciones mucho más precarias. Prácticamente no hay revista de contenido político y/o cultural que pudiera subsistir si no fuese por la publicidad oficial.

Hace un par de semanas, el 63% de las inserciones publicitarias que aparecieron en Proceso era de origen estatal. En esa estimación incluimos anuncios de gobiernos federal, estatales y de diversos organismos e instituciones públicas.

En sus ediciones de octubre, la revista Nexos tenía un 70% de publicidad estatal y Letras Libres, el 49%.

Si el gobierno quiere ahorrar, podría comenzar por cancelar la publicidad en televisión y radio, medios en los cuales dispone de varios minutos al día para difundir sus mensajes. Y si quisiera modificar en serio el tráfico de intereses y la relación malévola con los medios propiciados por el gasto publicitario, podría cancelar toda compra de espacios de promoción oficial en todos los medios de comunicación.

Para que esa decisión no implicara la desaparición de medios social, periodística y culturalmente necesarios como las revistas mencionadas y otras más, podría haber una política de ayudas a la prensa similar a la que existe en varios países europeos. Una comisión independiente podría asignar recursos públicos no para comprar publicidad sino para que, apoyando al periodismo de calidad, el Estado cumpliera su responsabilidad de auspiciar la difusión de contenidos útiles a la información y la educación de la sociedad.

Publicado en emeequis

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