Tanto para nada

Varios días seguidos, antes de la aprobación del paquete fiscal, el presidente Calderón despotricó contra los empresarios más poderosos. Los acusó de evadir impuestos, mencionó porcentajes ominosos aunque jamás precisó nombres, habló de evasiones multimillonarias y contrastó el incumplimiento de esos acaudalados personajes con el pago puntual que tienen que hacer los contribuyentes cautivos.

Esos cuestionamientos respecto del gran capital parecían indicar un viraje. Los ardides de las corporaciones más poderosas para pagar menos impuestos y que con frecuencia aprovechan lagunas o privilegios expresos en las normas fiscales, han sido bien conocidos. Pero que el presidente de la República hiciera suyas esas denuncias, informando que los corporativos más relevantes únicamente trasladan al fisco el 1.7% de sus ganancias, lo colocaba en un terreno políticamente equidistante respecto de los jeques patronales.

Habiendo reconocido –al fin– que la pobreza constituye el problema de mayor gravedad entre la constelación de dificultades que le ha tocado enfrentar, el presidente tropezó con el dique de la intransigencia empresarial cuando propuso leves incrementos a diversos impuestos y nuevas reglas para atemperar la consolidación fiscal –esa práctica de las corporaciones que trasladan a algunas de sus empresas débiles las ganancias de los negocios prósperos de tal manera que, compensando ingresos y egresos, terminan casi por no pagar impuestos–.

Tal constatación del egoísmo empresarial, más dolida que indignada, se asemejaba a los distanciamientos que han tenido otros presidentes que se han dicho traicionados por el poder patronal después de haber contemporizado con él.

Luis Echeverría sorprendió al país expropiando latifundios en el norte del país, para luego padecer una campaña de desestabilización que incluyó rumores de un golpe de Estado. José López Portillo constató, también en las postrimerías de su gobierno, que la especulación había mermado unas finanzas nacionales por añadidura lastimadas por el dispendio y la falta de política industrial durante su gobierno. Miguel de la Madrid no pudo ocultar desencuentros con los empresarios más notorios cuando estableció los Pactos de Estabilidad con los que pretendía normalizar las aflicciones de la economía.

Con Carlos Salinas hubo una tensa calma, asegurada en parte gracias al respaldo gubernamental a Carlos Slim y algún otro empresario, pero los programas sociales como Solidaridad suscitaron frecuentes inconformidades en ese gremio. A Ernesto Zedillo le tocó paliar con una crisis que primero contuvo pero luego, con instrumentos como el Fobaproa, se desató la ambición de algunos de los empresarios más voraces.

De alguna manera, todos esos presidentes de la era del PRI compartieron la irritación del general Lázaro Cárdenas cuando, en 1936, les dijo a los industriales que mantenían un paro patronal en Monterrey que quienes se sintieran fatigados podían entregarle sus empresas al gobierno.

El presidente Calderón no comparte la matriz ideológica de aquellos gobernantes priistas pero tampoco podía decirse, hasta hace unas cuantas semanas, que estuviera gobernando de manera expresamente favorable a los intereses empresariales.

Los reproches que manifestó en los últimos días de octubre tendrían que haberse traducido en la construcción de nuevas alianzas con otros sectores de la sociedad. Pero un par de días más tarde, Calderón dio reversa cuando aclaró que casi todos los empresarios pagan impuestos y que no es momento de confrontaciones: no ofreció disculpas simplemente porque los destinatarios de  ese discurso de reconciliación no se lo exigieron.

De esos nuevos dichos, pasó a los hechos con una diligencia que no ha tenido con otros interlocutores sociales. Cuando el Senado discutió la exención fiscal por 5700 millones de pesos a las empresas que obtendrán nuevas concesiones de telefonía celular el presidente Calderón promovió, personalmente, el voto de los legisladores de su partido para asegurar ese privilegio –que beneficiará especialmente al consorcio televisivo de Emilio Azcárraga­–.

Esa exención no fue propuesta por el gobierno, sino por el PRI. La oposición del PAN y el PRD habría permitido atajarla en el Senado. Pero de repente, el presidente Calderón se convirtió en cabildero de Televisa. Tanto para nada.

Publicado en emeequis

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