Mediocre presupuesto

La crítica mediática se solazó durante el extendido fin de semana en la peculiar concepción del tiempo elástico que auspiciaban los diputados. Agotado el plazo constitucional, aunque el reloj del mundo real marcaba las 12, la una, las tres como en aquella celebrada y sabinesca interpretación, el cronómetro en San Lázaro quedó trabado en el 15 de noviembre. Nada hay de extraordinario en ese recurso parlamentario para, habiendo iniciado a tiempo la sesión, prorrogarla durante varios días para que pueda decirse que el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó en la asamblea del día 15. Lo extravagante es la facilidad con que esas prácticas se vuelven habituales. Los legisladores ofrecen al resto de la sociedad una lección de simulación reglamentaria, para que el marco jurídico sea solamente parapeto de sus decisiones.

A las manecillas del reloj de San Lázaro hubiera sido pertinente detenerlas a fin de que los diputados tomaran acuerdos con un sentido auténticamente nacional. Las grandes decisiones, a veces requieren de procedimientos infrecuentes. Si los legisladores que en los días anteriores forzaron los plazos constitucionales hubieran empleado ese tiempo extra para reorientar la economía del país, reconstruir de manera drástica los criterios que definen el empleo de los recursos fiscales y para trasladar dinero de una partida a otra con propósitos realmente trascendentes, a nadie le inquietarían minucias como la elasticidad de las horas en el Palacio Legislativo.

Motivos para un cambio contundente en la estructura del gasto público, no faltan en el panorama de estos días. Más pobres en peores condiciones, menos empleos en una economía estancada, exigencias mayúsculas por parte de un sistema de salud rezagado y de un entramado educacional anclado en el pasado… hay abundantes requerimientos para que los recursos fiscales sean eje de una política social extensa e intensa, así como de un desarrollo económico distinto. Pero la muy limitada reforma fiscal que ellos mismos aprobaron, junto con los senadores, conformó un contexto de auto restricciones para los diputados. Y además los grupos parlamentarios, especialmente el mayoritario, no quisieron tomar decisiones pensando en el país, ni en el futuro, sino únicamente en sus estrechos intereses políticos y de corto plazo.

Precisamente cuando la situación nacional y global les exigía elevar la mirada, los diputados del PRI apenas acertaron a contemplarse los cordones de los zapatos. El tema de discusión más relevante en los días recientes no fue de qué manera destinar recursos al combate a la pobreza, o a empujar el crecimiento, sino cómo transferir a los gobernadores dinero y decisiones que hasta ahora recaían en la presidencia de la República. Habrá quienes consideren que en esas reasignaciones hay una expresión de federalismo hacendario, pero antes que nada se trata de un cuantioso y ostentoso tráfico de recursos e intereses con propósitos de clientelismo político.

A los gobernadores, que movieron hilos e intereses de los diputados de sus estados para obtener ese triunfo, les interesa manejar directamente programas de asistencia social que hasta ahora podían ser administrados al margen de los intereses locales. Y no se trata únicamente de más dinero bajo el control de cada estado. Además, la fiscalización sobre esos recursos se debilita y crecen las posibilidades de que sean utilizados sin transparencia ni rendición de cuentas. El Presupuesto de Egresos para 2010 es un retroceso no solamente por la reducción de partidas importantes sino, antes que nada, por los criterios partidarios y clientelares que animaron su negociación.

No se aprobaron reducciones drásticas como las que se temían para la educación superior, pero tampoco hay un gasto público esencialmente distinto al que hasta ahora hemos tenido. Los diputados se dieron tiempo para repartir sanciones y premios: menos dinero al IFE porque pese a que los cambiaron recientemente allí todavía hay consejeros y funcionarios respondones, pero cero reducción al Tribunal Electoral que ha sido tan aquiescente con los intereses del PRI y de las televisoras. Como ese, hay otros casos del empleo politizado del presupuesto federal.

Los priistas encabezaron esos cambios, pero supieron incorporar a ellos a panistas y perredistas. La aprobación con 437 votos que amalgamó a diputados de todos los partidos (con 25 solitarios votos de algunos perredistas y del PT) expresa un importante consenso parlamentario… para que todo siga, fundamentalmente, igual. Es decir, peor.

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