Corte, SCT y gobierno, infructuoso galimatías

La Ley Televisa sigue ocasionando estropicios. Además de los inadmisibles privilegios que concedía a las empresas televisoras, aquella reforma a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión estaba tan mal escrita, plagada de tantas confusiones, que ahora suscitó un enfrentamiento entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo Federal. La Suprema Corte resolvió, ayer y antier, derogar varios artículos del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque consideró que le adjudican a esa dependencia facultades que ahora son de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.

Requeridos por la Cámara de Diputados que planteó una controversia constitucional contra ese Reglamento, los ministros de la Corte tuvieron que dedicar dos sesiones, los días 23 y 24 de noviembre, para desenredar el galimatías que crearon los diputados y que avalaron los senadores que entre diciembre de 2005 y marzo de 2006 aprobaron aquellas reformas conocidas como Ley Televisa.

Esas reformas aparentemente conferían más atribuciones a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para que se encargara de regular a la televisión y la radio. Pero lo hacían con tales titubeos y sin retirarle con toda claridad esas facultades a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que, en vez de crear una autoridad con jurisdicción plena, lo único que lograron fue establecer dos polos de poder respecto de la regulación para la radio y la televisión.

A través de sus 107 artículos, la Ley Federal de Radio y Televisión constantemente repite que la regulación para esos medios corre a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sin embargo, las reformas de 2006 transfirieron parte de esas tareas a la Cofetel pero no en esa Ley sino en la Ley Federal de Telecomunicaciones que en el apartado XVI de su artículo 9-A señala que, entre las atribuciones de esa Comisión se encuentran: “Las facultades que en materia de radio y televisión le confieren a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la Ley Federal de Radio y Televisión, los tratados y acuerdos internacionales, las demás leyes, reglamentos…”

En vez de modificar uno por uno los artículos de la Ley de Radio y Televisión en donde se menciona a la SCT para que en vez de esa Secretaría se especificara que tales atribuciones serían de la Cofetel, los legisladores o quienes hayan redactado la llamada Ley Televisa optaron por esa oblicua transferencia de facultades.

Pero no lo hicieron de manera absoluta. La confusión entre potestades de la SCT y la Cofetel se incrementó porque, en ambas leyes federales, varias de las atribuciones de la Comisión quedaron supeditadas a la decisión final que tomase la Secretaría.

Así, por ejemplo, el artículo 178-J de la Ley Federal de Radio y Televisión establece que para la asignación de una concesión, después de todo el proceso que debe organizar la Cofetel, “la resolución que declare al ganador de la licitación deberá ser presentada al Secretario de Comunicaciones y Transportes para la emisión del título de concesión”. Es decir, la última palabra es del titular de la Secretaría.

En otro caso, la Ley Federal de Telecomunicaciones en el ya mencionado artículo 9-A establece que entre las atribuciones de la Cofetel está la de “someter a la aprobación de la Secretaría, el programa sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico… así como coordinar los procesos de licitación correspondientes”.

Animado por esas disposiciones, que ampliaron las capacidades de la Cofetel pero que dejaban muchas de sus decisiones respecto de la radio y la televisión en manos de la SCT, a comienzos de 2009 el titular de esa secretaría, que en esa época todavía era Luis Téllez, logró que el presidente de la República expidiera un Reglamento Interior en donde se hacían explícitas tales facultades del Secretario de ese ramo.

Allí, entre las atribuciones del Secretario de Comunicaciones y Transportes, se incluía el otorgamiento y la prórroga, refrendo o revocación de concesiones y permisos de radiodifusión, la aprobación del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias y de los programas para utilizar frecuencias de radiodifusión.

Esas disposiciones del Reglamento Interior de la SCT fueron impugnadas por la Cámara de Diputados a propuesta del grupo parlamentario del PRI. El pleno de la Suprema Corte, por mayoría, resolvió que tales atribuciones que en el Reglamento se le reconocen al secretario de Comunicaciones, le corresponden a la Cofetel.

Sin embargo cada título de concesión expedido o refrendado, o el Cuadro Nacional de Frecuencias, tendrán que seguir siendo suscritos o aprobados por el mismo titular de la SCT.

Hace casi un año, al secretario Téllez le interesaba reafirmar su capacidad de decisión en esos asuntos porque, aunque formalmente subordinada a la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones estaba enfrentada con él debido a las diferencias de apreciación en varios casos relacionados con la regulación de la telefonía.

Posteriormente, los diputados del PRI aprovecharon las contradicciones entre el Reglamento y las dos leyes federales para crearle un nuevo frente de impugnaciones al presidente Felipe Calderón.

Ahora la decisión de la Corte, que en realidad no establece novedad alguna, ha sido presentada como una derrota del gobierno federal. Así lo indicaron varios encabezados de primera plana. El Universal proclamó “Ejecutivo no podrá decidir concesiones”. Milenio anunció “Quita la Corte a SCT concesiones en radiodifusión”. Reforma casi se vanaglorió: “Pierde Calderón frente a Cofetel”. La Crónica consideró: “Propina la Corte revés a FCH y al titular de SCT”.

Pero la derrota es relativa no solamente porque, dígase lo que se diga, la legislación actual sigue subordinando las decisiones de la Cofetel al arbitrio de la SCT. Y sobre todo, no hay disminución alguna de las facultades del Ejecutivo Federal porque la Comisión Federal de Telecomunicaciones está subordinada al Presidente de la República.

Tormenta en un vaso de agua o, para decirlo con más elegancia, escaramuza interburocrática, este episodio tiene más trascendencia política que jurídica. Seguramente si la imagen presidencial no estuviera tan alicaída en la percepción de los medios, los diarios que hemos mencionado no habrían destacado de manera tan notoria esa decisión de la Corte.

Los diputados que impugnaron el reglamento de la SCT, en vez de distraer a la Corte con disputas cicateras podrían haber reformado la legislación para darle plena autonomía a la Cofetel. O podrían haber esclarecido las muchas contradicciones y duplicidades que hay en las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, sustituyéndolas por una legislación integral, moderna y capaz no solamente de precisar reglas claras para la asignación y renovación de concesiones, sino para promover la diversidad y la calidad en los medios electrónicos. Pero, claro, la grilla y el escándalo son más atractivos, y requieren menos esfuerzo, que la construcción de auténticas opciones legislativas.

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