Garrote y zanahoria en reformas para la radiodifusión

El PRI y el PRD se han aliado para impulsar una colección de reformas que rescatan viejas exigencias de los empresarios de la televisión y la radio, al mismo tiempo que reconocen algunos derechos de las radiodifusoras públicas y comunitarias. En un proyecto de dictamen que podría ser avalado hoy lunes por la Comisión de Radio y Televisión del Senado, esos legisladores adoptan los argumentos de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión a fin de que las concesiones, que han sido expedidas para uso comercial, puedan ser renovadas sin tener que pasar por una licitación.

Entre los senadores que impulsan esa propuesta destacan el priista Manlio Fabio Beltrones que coordina al grupo parlamentario del PRI, así como Carlos Sotelo, del PRD, que encabeza la Comisión de Radio y Televisión. Todavía no se conocen las opiniones del PAN, ni de otros senadores del PRD que antes han impugnado posturas como las que ahora comparten algunos de sus correligionarios.

El proyecto de dictamen que circula entre los legisladores, toma elementos de varias iniciativas presentadas en los meses recientes y propone que el gobierno prorrogue las concesiones de radio y televisión a cambio del pago de una contraprestación económica.

Está bien que quienes son agraciados con una concesión paguen por ella. Sin embargo los parámetros que el proyecto de ley establece para que la Secretaría de Hacienda determine el monto de ese pago son demasiado vagos y, sobre todo, la renovación del título de concesión ocurriría sin que las frecuencias en cuestión fuesen abiertas a concurso entre los interesados en transmitir en ellas.

En junio de 2007, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las concesiones de radio y televisión podrían ser refrendadas siempre y cuando hubiera una licitación. De otra manera, la adjudicación del título de concesión se volvería un privilegio prácticamente vitalicio para los empresarios que actualmente manejan estaciones de televisión y radio.

El de los refrendos, fue uno de los temas centrales en la discusión de la llamada Ley Televisa. Aquellas reformas a las leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión, que fueron notoriamente promovidas por Televisa y aprobadas por el Congreso entre diciembre de 2005 y marzo de 2006, establecían un procedimiento administrativo para renovar las concesiones. Ese refrendo automático fue, más tarde, uno de los asuntos que la Corte consideró inconstitucionales y lo suprimió de la ley.

En aquella decisión, los ministros de la Corte consideraron que el refrendo sin que hubiese licitación, establecido en el artículo 16 de aquellas reformas a la Ley de Radio y Televisión, era anticonstitucional, porque los concesionarios no tendrían exigencias para presentar planes financieros y de desarrollo tecnológico que resultasen competitivos y porque se anularía el derecho de terceros para acceder a la operación de tales concesiones. Ahora, la propuesta de priistas y perredistas soslaya los argumentos fundamentales de la Corte para suprimir el segmento esencial del Artículo 16.

Esos legisladores manifiestan, incluso, que el interés principal de la Corte al invalidar ese párrafo se debía a la preocupación de los ministros porque el Estado no recibiría un pago económico por la renovación de las concesiones. Pero no fue así. El dictamen de la SCJN es suficientemente explícito. Los ministros consideraron que debe haber concurso entre los interesados en manejar una frecuencia de radiodifusión fundamentalmente por tres causas: 1) para que haya equidad entre quienes ya tienen concesiones y aquellos que no disfrutan de esa prerrogativa, 2) para que de esa manera se propicie la competencia y así la diversidad de opciones en el campo de la radio y la televisión y 3) para que el Estado ejerza las potestades que tiene en la administración del espacio radioeléctrico sin las restricciones que le imponía la renovación sin condiciones de los títulos de concesión.

La propuesta que se discutirá esta semana en el Senado, establece algunas condiciones para la renovación de las concesiones, pero siempre en un procedimiento cerrado a cualquier otro participante que no sea el beneficiario del título de concesión. Para eludir las consecuencias jurídicas de la sentencia de la Corte, los autores de esa propuesta de reformas simplemente de denominan “prórroga” a lo que hasta ahora se ha conocido como refrendo.

A cambio de ese obsequio al afán patrimonialista de los consorcios de comunicación, los senadores que promueven tales reformas añadieron algunas más para los medios de carácter público, a los que se les autorizaría a recibir patrocinios (es decir, menciones de instituciones o empresas que los respaldan económicamente) pero no a difundir anuncios comerciales que ha sido la petición más reiterada de las radiodifusoras y televisoras culturales y de instituciones públicas.

A las radiodifusoras comunitarias, se les reconoce como medios “de uso social sin fines de lucro” y tampoco se les permitiría difundir mensajes pagados. Además, se les cancela la posibilidad de recibir aportaciones de organismos extranjeros interesados en la promoción de tales medios.

La iniciativa tiene aspectos plausibles, como la obligatoriedad del Estado para garantizar el financiamiento de los medios públicos y comunitarios, o la creación de consejos consultivos en las televisoras y radiodifusoras de instituciones estatales. Pero en contraste con esas disposiciones, a los medios públicos y sociales se les discrimina respecto de los medios de carácter comercial. Para la renovación de sus concesiones, como hemos señalado, los medios comerciales se someterían a evaluaciones cerradas a la concurrencia de otros interesados. Pero los medios sin fines de lucro (públicos o comunitarios) sí tendrían que concursar para mantener su frecuencia cada vez que caducara el permiso de transmisiones.

Otra innovación sería la modificación de los parámetros tecnológicos para que, en los cuadrantes radiofónicos, la separación entre una y otra estaciones sea de 400 khz y no de 800 khz como sucede hasta ahora. De esa manera cabrían más estaciones en el espectro radioeléctrico de cada localidad. Sin embargo no se precisan las reglas para que las nuevas frecuencias sirvieran a nuevos operadores y no a quienes ya disfrutan de concesiones de radio.

Esos reconocibles aunque insuficientes avances, son la zanahoria que los senadores del PRI, con la vergonzante complacencia de algunos legisladores del PRD, colocan delante de ese paquete de reformas para ganar la adhesión de los medios públicos y comunitarios, así como de quienes han simpatizado con el desarrollo de esas opciones de comunicación.

La alianza de los senadores Beltrones y Sotelo, priista y perredista respectivamente, es significativa tanto de la influencia que han afianzado los consorcios radiofónicos en segmentos destacados de la clase política, como de la necesidad que todos ellos advierten para edulcorar ante la sociedad el amargo obsequio que les quieren hacer a los radiodifusores.  Los cambios que proponen para la radiodifusión comunitaria y pública no están mal, pero son limitados. El refrendo sin licitación, es un tributo a los empresarios de ese ramo.

Publicado en eje central

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