Presidencialismo y ciudadanos en la propuesta de Calderón

Más sociedad pero, paradójicamente, también más presidencialismo: allí se encuentran dos de los rasgos de la ambiciosa iniciativa de reformas constitucionales que ayer envió el presidente Felipe Calderón al Senado de la República.

Con la segunda vuelta electoral, se  pretende dar al Ejecutivo Federal el respaldo de una mayoría absoluta que ya no suele existir en las elecciones mexicanas, protagonizadas fundamentalmente por tres partidos competitivos. Se presume que el presidente electo en segunda vuelta dispondría de un respaldo social que de otra manera no tendría en el esquema actual. De ser así ese recurso para construir mayorías, que funciona en varios países del mundo, contribuiría a fortalecer al mandatario así electo y, junto con él, a la institución presidencial.

Las propuestas anunciadas ayer también facultan al Presidente para que algunas de sus iniciativas sean de resolución obligatoria en cada periodo de sesiones del Congreso y para hacer observaciones al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos. El procedimiento legislativo para la aprobación de esos documentos se mantiene, pero con la posibilidad del Presidente de la República para publicar solo parcialmente las leyes cuyas observaciones no hubieran sido resueltas por el Congreso.

El documento con las propuestas de reformas constitucionales comprende nueve cambios al “arreglo institucional actual” del sistema político mexicano. Tres de ellos –segunda vuelta, iniciativas presidenciales de trámite preferente y facultad para observar presupuesto e ingresos– consolidan la hegemonía del Ejecutivo Federal. Otras dos, impulsan una participación más directa de la sociedad en acciones y decisiones políticas. Dos más, acotan al Congreso. Y otras dos se refieren, respectivamente, a los partidos políticos y a la Suprema Corte.

Las propuestas que incentivan la participación de grupos de la sociedad son la creación de candidaturas independientes para todos los cargos de elección popular y la figura de iniciativa ciudadana para la presentación de iniciativas de ley,

Los ciudadanos interesados en ello, tendrían derecho a promover una candidatura al margen de los partidos políticos ya existentes si reúnen la adhesión al menos el uno por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la demarcación donde se realizará la elección. Si hoy tuviéramos elecciones en puerta, los promotores de un candidato independiente a la Presidencia de la República tendrían que recabar casi 800 mil firmas, ya que hoy en día el padrón nacional es de algo más de 79 millones de ciudadanos.

Los problemas prácticos que supone esa innovación pueden ser considerables. La propuesta presidencial deja a la ley secundaria (es decir, al Código Federal Electoral) el establecimiento de las normas para que los candidatos independientes pudieran acceder a respaldos financieros y a tiempos para propaganda en los medios, que son prerrogativas que reciben los partidos políticos. Allí podrían surgir dificultades porque los partidos están sujetos a un régimen de responsabilidades que incluyen la presentación y el cumplimiento de documentos básicos, la existencia de normas internas verificables y el acatamiento de reglas para la utilización de recursos y tiempos públicos, entre otras obligaciones. En cambio es posible que los candidatos independientes no tuvieran que observar todos esos requisitos. Y si los tuvieran que acatar, entonces estarían convirtiéndose en nuevos partidos políticos con estructura, programa y militantes que son los rasgos esenciales de una organización de esa índole.

La iniciativa ciudadana, sería posible con la adhesión de un número de ciudadanos superior al 0.1% del padrón electoral. Es decir, se requeriría la décima parte de los ciudadanos que se necesitarían para impulsar a un candidato independiente a la Presidencia de la República. Si el umbral para esa candidatura puede considerarse alto, el de la iniciativa ciudadana –con tan solo 80 mil firmas de acuerdo con el padrón actual– puede resultar bajo. La legislación reglamentaria tendría que ser muy clara para evitar prácticas clientelares y de compulsión sobre los ciudadanos como las que en años recientes han existido para recabar las adhesiones al registro de nuevos partidos políticos.

Las propuestas relacionadas con el Congreso establecen la reelección y disminuyen el número de integrantes de las Cámaras. La reelección sería tanto para legisladores federales como locales, pero además de integrantes de los ayuntamientos y jefes delegacionales. Sigue abierta la discusión sobre la capacidad de esa medida para que nuestros legisladores y gobernantes en niveles básicos de representación sean, gracias a la posibilidad de reelegirse, más responsables que ahora. La otra medida, reduce la Cámara de Diputados de 500 a 400 legisladores y, la de Senadores, de 128 a 96.

Hacia los partidos políticos, se establece una mayor exigencia al incrementar de 2% a 4% el porcentaje de votación requerida para que conserven su registro. Y a la Suprema Corte de Justicia se le otorga la posibilidad de presentar iniciativas de ley, que actualmente es privilegio de los legisladores y del Presidente de la República.

La propuesta del presidente Calderón es políticamente audaz y recupera sugerencias que han sido promovidas tanto por grupos de la sociedad como en los partidos, quizá incluso más en el PRI y el PRD que en el PAN. Presentada al último momento del periodo de sesiones que concluyó ayer, martes 15 de diciembre, habrá tiempo para que esa iniciativa sea discutida en el Congreso y en otros ámbitos. Habrá ocasión también para subrayar ausencias en la propuesta presidencial. Pero esas omisiones no debieran conducir a desdeñar los cambios que haría posibles.

Publicado en eje central

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