Acoso en Cananea

Después de frecuentes intimidaciones, un desalojo policiaco, el perseverante acoso por parte de la Secretaría del Trabajo y el desgaste vital y político que experimentan al cabo de dos años y medio de huelga, los mineros de Cananea tendrían que estar fatigados. Pero han sobrellevado tantas vicisitudes que, a juzgar por los testimonios que aparecen en la prensa, la reciente decisión de un Tribunal Colegiado para que la huelga termine no los ha amilanado.

Políticamente discutible pero jurídicamente amenazante, la sentencia del  Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Distrito Federal notificada el 11 de febrero, confirma la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que la mina sea reabierta de inmediato. El argumento que promovió esa autoridad administrativa y que fue ratificado por los magistrados, señala que después de la prolongada huelga las instalaciones de Cananea se encuentran tan deterioradas que la reanudación de labores resulta imposible. Ese dictamen, que promovió la empresa, fue respaldado por inspectores federales.

Los mineros, así como diversos reporteros que han entrado a la mina, sostienen lo contrario. La semana pasada los huelguistas encendieron los hornos de Cananea y echaron a andar los motores de los enormes camiones de volteo que transportan el cobre para demostrar que las instalaciones han recibido mantenimiento y pueden operar. Varios medios de información dieron cuenta del funcionamiento de la mina.

Incluso el secretario del Trabajo, que ha promovido de manera notoriamente activa las acciones legales contra la huelga, consideró que Cananea “podría iniciar operaciones de inmediato”. La contradicción en la que incurre Javier Lozano Alarcón es flagrante, pero al secretario del Trabajo no le ha importado el cumplimiento de la ley, ni la defensa de los derechos laborales en este litigio.

Lozano, y con él la administración del presidente Felipe Calderón, decidieron hacer suyo el encono que cultivó el gobierno de Vicente Fox contra la dirección del Sindicato de Trabajadores Minero Metalúrgicos. Esos funcionarios quizá estuvieron persuadidos de que Napoleón Gómez Urrutia había lucrado ilegalmente con recursos de los trabajadores.  Pero la ofensiva contra el sindicato indudablemente ha sido acicateada por Germán Larrea, el dueño de Industrial Minera México que hace años hizo personal su antagonismo con ese líder sindical.

La disputa dentro del sindicato, así como entre sus líderes y el propietario de Minera México, ha sido tortuosa y compleja. Gómez Urrutia puede suscitar amplias desconfianzas pero es evidente que, cada vez que ha sido necesario, los trabajadores le han ratificado su respaldo. El gobierno federal, en lugar de respetar las decisiones de los minero metalúrgicos sobre asuntos de su vida sindical, se ha entremetido constante y flagrantemente. En pocos conflictos en la historia de las relaciones obrero patronales en este país ha sido tan clara la parcialidad de la secretaría del Trabajo. Si, como confirmó recientemente, Javier Lozano tiene aspiraciones presidenciales, su desempeño en la disputa por Cananea manifiesta un favoritismo por la causa patronal que resulta muy distante de las habilidades conciliadoras que se requieren para gobernar este país.

La huelga en Cananea, cuyos trabajadores conforman la sección 65 del Minero Metalúrgico, comenzó el 30 de julio de 2007, de manera simultánea con otras huelgas en Taxco, Guerrero, y Sombrerete en Zacatecas. Los trabajadores de esas minas reclamaron violaciones a sus contratos colectivos, especialmente en las garantías que debieran tener para trabajar con mínimas condiciones de seguridad. Un año y medio antes había ocurrido la tragedia en Pasta de Conchos, la mina coahuilense donde murieron 65 trabajadores.

Junto con esas causas formales, y más que atendibles, parece claro que la huelga también fue propiciada por la animosidad de la empresa contra el dirigente nacional del Sindicato Minero. Gómez Urrutia ha ganado sucesivos recursos legales pero el gobierno federal, presionado por el dueño de Industrial Minera México, ha insistido en las amenazas que mantienen a ese líder exiliado en Canadá.

También la huelga de Cananea ha experimentado un abrupto proceso legal. El empeño de la Junta Federal de Conciliación para declarar inexistente la huelga, tropezó con varias resoluciones judiciales. En enero de 2008, 700 policías judiciales rompieron la huelga pero los trabajadores recuperaron la mina y obtuvieron el amparo de la ley.

Durante más de dos años y medio, los intentos de la empresa y de la Secretaría del Trabajo para encontrar resquicios legales contra la huelga fueron infructuosos. La reciente decisión del Tribunal Colegiado considera que las instalaciones se encuentran en tal deterioro que la materia de trabajo ya se perdió, pero los mineros han acreditado lo contrario.

Los huelguistas temen ser desalojados, ahora de manera definitiva. Varios sindicatos nacionales, cuyos dirigentes se reunieron en Cananea el fin de semana, han ofrecido la mayor solidaridad posible. Por lo pronto, el fallo del Tribunal ha revitalizado la inquietud social y política acerca de la ya demasiado prolongada huelga.

La semana pasada el Senado de la República, con la aprobación del PRI y el PRD, solicitó al gobierno federal que revoque la concesión de Minera de Cananea. Mañana martes los diputados de esos partidos presentarán una iniciativa similar en San Lázaro. Si esos esfuerzos no evitan el desalojo por la fuerza de los huelguistas, en Cananea puede estallar un conflicto social y político de muy considerables dimensiones.

Publicado en eje central

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2 comentarios en “Acoso en Cananea

  1. La Secretaría del Trabajo actuó parcialmente. Sin embargo, me parece que tu análisis sobre el papel de Gómez Urrutia y de su “apoyo” de parte de los mineros es supremamente ingenuo o incluso peor, engañoso.

    Gómez Urrutia tiene órdenes de aprensión porque no pudo justificar a dónde fueron los 55 millones de dólares con los fueron indemnizados. Legalmente no tenía derecho a ser líder sindical puesto que no fue ni minero.

  2. Gracias por su comentario. No hay nada “engañoso” en mi texto. Lo que digo, lo digo con claridad. Gómez Urrutia hace un manejo discrecional, a su antojo, del dinero del Sindicato Minero. Pero eso no es ilegal. Peor aún, los trabajadores están de acuerdo con esa utilización discrecional de sus recursos. Así lo han expresado en asambleas que no han sido invalidadas por las autoridades laborales.

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