Subsidio a Televisa, azarosa apuesta

La Licitación 21 que le entrega a Televisa y Nextel una considerable porción de espectro radioeléctrico con un ahorro de casi 5 mil millones de pesos, ha sido condenable por ese injustificable despilfarro de recursos de la nación, por las irregularidades con las que fue aprobada en la Cofetel y porque le da más poder comunicacional a Televisa.

Calderón y Azcárraga. Televisa no tiene aliados sino clientes.

Esa adjudicación de espectro radioeléctrico ratifica, además, el extravío que define a la política de telecomunicaciones del gobierno actual. Todavía no se cumple un año desde que, el 2 de septiembre de 2009 el presidente Calderón se comprometió a reformar las telecomunicaciones para que hubiera competencia, mayor cobertura y mejor calidad y ya conocemos las torcidas medidas de su gobierno que nos alejarán de esos propósitos.

En vez de competencia, el gobierno de Calderón ha resuelto fortalecer a uno de los actores dominantes en dicha área, el consorcio Televisa. En lugar de previsiones para la cobertura, deja el crecimiento de las nuevas redes al garete de los intereses de los grupos beneficiados por la licitación reciente. En contra del abatimiento en los precios, tendremos un mercado contrahecho por la ausencia de auténtica regulación.

El escándalo, que suscita indignación en más segmentos de la clase política de los que inicialmente ha parecido, además de una irritada estupefacción entre los ciudadanos cuando entienden las dimensiones de ese regalo, se origina en la adjudicación de 30 Megahertz para servicios de telefonía móvil por 180 millones de pesos a las empresas Televisa y Nextel. Por una cantidad idéntica de espectro radioeléctrico, como mucho se ha dicho, otras empresas –Telcel y Telefónica– han accedido pagar 5 mil 68 millones de pesos.

Ese es el dato duro. Los voceros de las compañías beneficiadas con el regalazo y los funcionarios de la Cofetel responsables de esa decisión insisten en que esas cantidades constituyen el enganche por utilizar tales frecuencias y recuerdan que al cabo de dos décadas Televisa y Nextel pagarán más de 18 mil millones de pesos por concepto de derechos por esa utilización de los 30 MHz.

Eso será cierto, siempre y cuando este gobierno o cualquier otro, o los partidos cuyos legisladores han sido, en su mayoría, notoriamente obsecuentes con los intereses de Televisa, no emprendan una nueva reforma legal para eximirla también de ese pago de derechos. Tal especulación no es descabellada. En octubre pasado la mayor parte de los senadores y diputados del PAN y el PRI, con la ayuda de algunos legisladores de los partidos considerados de izquierda, modificó la Ley Federal de Derechos a fin de que los grupos que ganasen la licitación del espectro radioeléctrico que ahora ha sido asignado no pagasen contribuciones durante dos años.

Desde entonces se sabía que esa licitación estaba diseñada para favorecer a Televisa. Desde aquellos meses, el gobierno del presidente Calderón se había comprometido con la expansión de ese consorcio con el argumento de que así se fortalecía a un actor de las telecomunicaciones capaz de enfrentar el predominio de la ciertamente abusiva Telmex y sus filiales.

Pero no son la competencia en ese mercado, ni la calidad de los servicios, ni la protección de los consumidores, las prioridades del gobierno al tomar esa decisión. Al presidente Calderón le interesa, fundamentalmente, ganar o conservar el respaldo de Televisa que considera indispensable tanto para propagandizar los logros de su combate a la delincuencia como para enfrentar al PRI en las elecciones federales de 2010. Por eso instruyó a los comisionados que le obedecen, en la Cofetel, para diseñar y aprobar la Licitación 21.

El presidente no ha querido entender que la mejor y a final de cuentas la única posibilidad para que tengamos medios de comunicación responsables radica en la diversificación de las opciones en ese campo. Pasan los meses y los años y la promesa para que existan nuevas cadenas de televisión quedó apabullada por las indecisiones de Calderón y las presiones de Televisa y Azteca, que actúan en contubernio cuando defienden el monopolio que ejercen en ese mercado. Y la también prometida cadena nacional de televisión pública quedó en una modesta ampliación en la cobertura del Canal Once que sigue siendo controlado por el gobierno federal.

La misma fórmula, sustentada en la concentración de muchos recursos en pocas manos, la promueve el gobierno para las telecomunicaciones. La decisión de fortalecer a Televisa con tal de enfrentar a Telmex es defendida por los funcionarios de esa área como si con ella hubieran descubierto un nuevo axioma de la economía contemporánea. Al engrosar el predominio de un consorcio que ya tiene mucho poder los estrategas de la política de telecomunicaciones, desde sus aisladas oficinas, diseñan un modelo que en vez de competencia significa más concentración y que propiciará, en lugar de monopolio, un duopolio en la telefonía.

Peor aún: el gobierno de Calderón, quién lo diría, al beneficiar con un tácito subsidio de 5 mil millones de pesos a Televisa–Nextel, practica una política que se creía ya superada en nuestro país. El paternalismo con dedicatoria, que favoreció negocios privados a costa del interés y los recursos públicos, era propio de una época de economía escasamente diversificada, sociedad fundamentalmente débil y presidencialismo totémico (como lo llamaba Ernesto Zedillo). Aquel presidencialismo, ejercido tanto por Cárdenas como por López Mateos, tuvo una versión desfigurada y aún más abusiva en varios momentos durante las administraciones de Echeverría y López Portillo. El fortalecimiento de grandes consorcios privados en aquellas décadas no se explica sin la deliberada intervención del Estado. Más tarde fue notoria, y de drásticas consecuencias, la decisión de Carlos Salinas para impulsar el crecimiento de Telmex y el enriquecimiento de Carlos Slim.

¿En qué se diferencian aquellas decisiones de los presidentes del PRI y el respaldo que otorga Calderón a Televisa? En muy poco, más allá de que nos encontramos en una circunstancia nacional diferente, en medio de procesos de globalización en donde los consorcios (especialmente en campos como las telecomunicaciones) encuentran nuevos equilibrios, en un contexto político nacional definido por una nueva aunque con frecuencia improductiva pluralidad y con una sociedad más exigente.

Por eso el regalazo a Televisa y Nextel encuentra, hoy, resistencias que no tuvo hace dos décadas la decisión del presidente Salinas para venderle Telmex a Slim. Hasta en eso, Calderón llega tarde. La utilización de recursos del Estado para auspiciar a un grupo privado no tiene justificación económica, técnica, ni social. Tampoco política porque, como ya le sucedió a él mismo en la campaña electoral, Calderón terminará por constatar que ese consorcio no tiene socios sino clientes. Y el actual presidente, dentro de poco tiempo, ya no tendrá con qué comprar las ambiciones de Televisa.

Publicado en eje central

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