“La Barbie”: En busca de reflectores

Apenas detuvo a La Barbie, la Policía Federal filtró la noticia a los medios. Más tardaron en esparcirse las versiones iniciales de ese éxito policiaco que en propagarse las primeras confusiones. Había dudas acerca del sitio de la aprehensión, la condición del detenido, los detalles de la operación.

En vez de informar de manera oficial e íntegra, el gobierno optó por deslizar informaciones para congraciarse con algunos periodistas. Al triunfo policiaco lo nubló el afán por la primicia. En esa competencia, el presidente Felipe Calderón se esforzó por adelantarse con un mensaje de Twitter a las 19.45 del martes 30 de agosto. A las 20.08 circulaba el boletín 449 de la Secretaría de Seguridad Pública con una escueta información. Al gobierno le interesaba ufanarse por ese logro que ofrecía un respiro, aunque fuese leve, en la imagen del combate a la delincuencia después del asesinato de 72 trabajadores indocumentados en Tamaulipas.

Nadie regateará el mérito que significa la aprehensión de Édgar Valdez Villarreal. Pero la prisa por dar a conocer esa operación policiaca pareció importar más que la detención misma. En otras circunstancias, posiblemente en otras épocas, la detención de un delincuente de importancia era publicitada cuando se le había sometido a los primeros interrogatorios. Quizá  algunos de sus cómplices hubieran podido ser perseguidos con más eficacia si las autoridades policiacas guardaban discreción sobre esa captura. Sin embargo las corporaciones encargadas del orden público parecen coladera. No hay acción o información relevantes que no se deslicen de inmediato a los medios, tanto para satisfacer el afán de renombre de algunos jefes policiacos como para satisfacer exigencias de los informadores.

Las ganas para favorecer a los medios antes que a la justicia condujeron, pocos días antes, a que fueran filtrados el nombre y la fotografía del trabajador ecuatoriano que sobrevivió a la matanza en San Fernando, Tamaulipas. A las autoridades no les preocupó resguardar la identidad de ese pobre muchacho, que después de librarse del salvajismo criminal de los Zetas tendrá que vivir temeroso de las represalias de ese grupo. En los medios de comunicación que propagaron la imagen y el nombre, a nadie le importó poner en riesgo a esa víctima.

Las atrocidades de la delincuencia organizada son suficientemente dramáticas para que a los medios les haga falta ilustrarlas con detalle. Pero en la búsqueda de imágenes que subrayen esas brutalidades se extravía cualquier consideración profesional, ética o humanitaria.

El gobierno, que con frecuencia se incomoda ante la cobertura mediática de los asuntos criminales, contribuye también a crear y mantener ese contexto de sensacionalismo. Todavía tiene consecuencias políticas y judiciales, y sus responsables quedaron sin ser castigados, aquel montaje preparado en diciembre de 2005 por la Agencia Federal de Investigación para escenificar la captura de una banda de secuestradores en una finca en la carretera a Cuernavaca. Los delincuentes habían sido detenidos horas antes pero las autoridades policiacas querían que la operación fuera transmitida en vivo por los noticieros de televisión.

El déficit de credibilidad del gobierno en el combate a la delincuencia nos perjudica a todos. Débil y desacreditada, la autoridad pierde recursos para enfrentar a los criminales. Pero su imagen solamente se fortalecerá cuando la inseguridad haya disminuido y no a fuerza de vistosos aunque efímeros golpes mediáticos.

Por eso resulta absurda la práctica de presentar a los criminales, cuando apenas han sido aprehendidos, para solaz de los medios y sus audiencias. A La Barbie lo mostraron a la mañana siguiente de su captura, tan sonriente que algunos medios invitaron a especialistas para dilucidar por qué un individuo de tan sanguinario expediente criminal se veía tan tranquilo.

En otras ocasiones las autoridades han exhibido ante la prensa a personas a las que acusan de delincuentes y luego resultan ser inocentes. Nadie debería ser expuesto ante el tribunal de la opinión pública sin antes haber sido sentenciado por la justicia.

En otros países está prohibido mostrar, como si fueran culpables, a quienes no han sido formalmente sentenciados como tales. Aquí en México –y esa es una práctica anterior a la avidez publicitaria del gobierno actual– primero exhiben y luego averiguan. Aparte de transgresiones legales y éticas, esa costumbre implica confundir el combate a la delincuencia con la búsqueda de notoriedad en los medios.

Publicado en emeequis

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