La decisión de Leonardo Valdés

 El esfuerzo para cumplir una indicación del Tribunal Electoral llevó al presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, a dispensar las infracciones cometidas por las televisoras al difundir en cadena nacional spots del gobernador del Estado de México que solamente estaban autorizados para transmitirse en esa entidad.

Antier, miércoles 25, en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Valdés modificó su voto de manera repentina. Al inicio de la sesión, estaba de acuerdo con el proyecto presentado por el secretario ejecutivo del propio IFE para imponer multas que sumaban 16 millones de pesos a las televisoras que infringieron la ley electoral con los spots de Enrique Peña Nieto. La propuesta para multar era apoyada además por los consejeros Benito Nacif y Alfredo Figueroa.

En contra de la multa y con argumentos claramente parciales a favor de las televisoras, estaban Francisco Guerrero, Marco Baños y Macarita Elizondo.

Había tres votos por aplicar sanciones y otros tres por únicamente formular una amonestación pública.

El asunto había vuelto a la mesa del Consejo General por decisión del Tribunal Federal Electoral. Ese organismo desestimó el 4 de mayo las acusaciones del PAN contra el gobierno del Estado de México por la propaganda en televisión al informe, en septiembre anterior, de Peña Nieto. La identificación de los magistrados del TRIFE con los intereses de Peña Nieto, confirmada en un discutido convivio en casa de la presidenta de ese Tribunal, María del Carmen Alanís, determinó ese resultado. El TRIFE consideró que el gobierno mexiquense no tenía la culpa de que los spots se hayan difundido en todo el país y no solamente en esa entidad. Y como alguien debía ser responsabilizado de esa transgresión a la ley, el propio Tribunal decidió que las empresas de televisión que habían transmitido tales mensajes deberían ser multadas.

El expediente regresó entonces al IFE, con la indicación expresa de que esa autoridad tenía que sancionar a las televisoras. El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo, recomendó multas por varios millones de pesos. En su presentación ante el Consejo General explicó que las multas deberían ser altas para resultar ejemplares: “la sanción debía alcanzar un nivel tal, que cancelara cualquier beneficio por la violación de la legislación. Lo que conduce, necesariamente, a que la sanción guarde relación con el beneficio económico obtenido por los concesionarios. De otro modo, los sujetos regulados, encontrarían beneficioso cometer conductas infractoras” (el subrayado está en el documento del Secretario Ejecutivo).

De las multas sugeridas en ese proyecto de resolución, Televisa tendría que pagar 8 millones de pesos y Televisión Azteca 3.3 millones de pesos. Así que el cambio de opinión del consejero presidente significó un beneficio por esos montos para las empresas que constituyen (aunque Ricardo Salinas Pliego lo niegue) el duopolio de la televisión mexicana.

Leonardo Valdés Zurita dice que, si bien al comienzo respaldó las sanciones, cuando advirtió que las posiciones en el Consejo General estaban empatadas modificó su voto por “responsabilidad institucional”. En mensajes de Twitter, ayer por la tarde, el consejero presidente manifestó: “Por ningún motivo, puedo permitir que el IFE caiga en desacato de una sentencia (d)el TEPJF. Esa fue la razón de mi cambio de voto”.

La idea de “responsabilidad institucional” que tiene Leonardo Valdés es discutible. Si el empate en la votación por o contra las sanciones impedía que se cumpliera la instrucción del Tribunal, el IFE tenía varias opciones. En caso de un reclamo formal por no cumplir tal indicación, el Instituto podría haber respondido que las posiciones en el Consejo General quedaban empatadas debido a la negligencia de la Cámara de Diputados que lleva ¡siete meses! sin designar a los tres consejeros electorales que debieron haber tomado posesión a fines de octubre pasado.

El celo institucional de Valdés Zurita, les cubrió las espaldas a los diputados federales cuya irresponsabilidad (institucional, legal, política) es evidente. Pero al rectificar su voto para no desacatar al Tribunal Electoral, el presidente del IFE favoreció los intereses de las televisoras en detrimento del interés de la sociedad y evitó que se impusiera una sanción por violar la ley electoral.

Valdés y el IFE cumplieron. El TRIFE no tendrá reproches. La ausencia de sanción económica, de acuerdo con la advertencia del secretario ejecutivo que Valdés compartió, propiciará que las televisoras consideren que les resulta “beneficioso cometer conductas infractoras”.

Hay una posibilidad para que no sea así. La amonestación a las televisoras habitualmente se queda en un oficio que algún mensajero del IFE deja en las oficinas de Televisa y TV Azteca. Sin embargo nada le impide a la autoridad electoral difundirla esa amonestación, muy ampliamente,  en la sociedad. Enviar el texto de ese oficio a todos los medios, publicar desplegados, incluir ese tema en los anuncios que el IFE tiene derecho a propagar en televisión y radio, hacerles saber a los ciudadanos que las televisoras infringen la ley electoral y que no se vale transmitir en otros estados mensajes del gobernador de una entidad: esa sería otra expresión de responsabilidad institucional.

Difundir así la amonestación del IFE tendría resultados pedagógicos, a favor de la legalidad. De esa manera el consejero presidente demostraría que su voto del miércoles fue para atender las instrucciones del Tribunal y no por miedo a las televisoras.

***

    Con esta fecha suspendo mis colaboraciones en Eje Central, en donde he encontrado espacio y libertad desde febrero de 2009. Les deseo a Raymundo Riva Palacio y a todo el equipo de este acreditado sitio de reflexión e información el mejor de los éxitos.

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Un comentario en “La decisión de Leonardo Valdés

  1. Totalmente de acuerdo. Valdés antepone una miope definición de “responsabilidad institucional” al mensaje de imparcialidad y apego a la ley que debería mostrar el IFE. Creo que el Consejero Presidente -al igual que sus colegas Guerrero, Elizondo y Baños, por cierto presente en aquella reunión con los peñistas en casa de Alanís- debería responder a la siguiente pregunta: ¿Es una decisión “institucionalmente responsable” permitir que las televisoras lucren con el incumplimiento de la ley electoral y se dejen materialmente impunes las violaciones de la televisión y su candidato? Sería hora de una explicación coherente, y de que Valdés reflexionara muy bien sus prioridades. Ya ni hablar de los otros 3 consejeros que, sistemáticamente, se han dedicado a representar los intereses de las televisoras en el Consejo General.

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