Cárcel por comunicar

Radio Diversidad, una emisora que dialogaba. Fotografía tomada de veracruzaldia.com

En 2008, cuando comenzó a manejar la emisora “Radio Diversidad” (inicialmente llamada “La Precisa”) en  el municipio de Paso del Macho, en Veracruz, el comunicador Juan José Hernández Andrade invitaba con frecuencia al presidente municipal para que conversara con los radioescuchas. La semana pasada, a Hernández Andrade lo metieron a la cárcel por haber fundado esa estación.

Radio Diversidad era una estación modesta, impulsada por la Asociación Civil Tu Voz en la Radio, integrada por varias docenas de jóvenes veracruzanos. La señal se difundía en el 94.5 de FM con un pequeño transmisor que les costó 50 mil pesos.

Enclavado en la sierra veracruzana, en Paso del Macho hay escasas opciones para los muchachos, tanto profesionales, como lúdicas. Por eso la radiodifusora les interesó tanto. En pocos meses realizaron varias campañas para limpiar las calles, recolectar víveres y tenían planes para difundir programas educativos.

En esa frecuencia también se hablaba de política. Las charlas con el presidente municipal en la emisora fueron a ser más intensas cuando los radioescuchas comenzaron a llamar por teléfono con comentarios críticos. Entonces el alcalde, Rafael Pacheco Molina, se incomodó tanto que quiso sabotear a Radio Diversidad. Consiguió su propio transmisor y trató de interceptar la señal que ocupaba esa estación comunitaria. Como no tuvo éxito, entonces le pidió al gobierno federal que interviniera para clausurar la emisora.

Radio Diversidad había emprendido gestiones para regularizar su situación legal, pero los trámites que deben cumplir las estaciones comunitarias en busca del permiso oficial suelen durar varios años. Por eso, cuando en 2008 y luego en marzo de 2009 intervinieron autoridades federales, los documentos de Radio Diversidad aún no estaban en orden y la estación fue clausurada.

En enero pasado uno de los fundadores de la emisora, José Maza, fue detenido por haber participado en Radio Diversidad. La semana pasada, el 1 de diciembre, el director de la estación, Juan José Hernández Andrade, fue encarcelado durante seis días. Ambos salieron libres con fianza pero se mantiene un proceso penal (que podría significar cárcel de varios años) por presuntas violaciones a la Ley General de Bienes Nacionales. Otra colaboradora de esa emisora, Paola Ochoa, sobrelleva la misma imputación. De ese delito también está acusado el profesor Héctor Camero, fundador de la emisora Tierra y Libertad en Monterrey, Nuevo León.

En Paso del Macho, la hostilidad contra la radio comunitaria fue suscitada por un alcalde incómodo con la libertad de expresión utilizada para cuestionar algunas de sus acciones. Ese alcalde (que terminó su gestión en 2010) era militante del Partido de la Revolución Democrática.

En otros casos, las impugnaciones a las radios comunitarias las han promovido los grupos empresariales que encabezan la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, CIRT, que no toleran la presencia de emisoras distintas a las suyas.

Sea como sea, la decisión para que la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y la Comisión Federal de Telecomunicaciones persigan a las pequeñas radios comunitarias, es del gobierno federal.

En vez de facilitar el funcionamiento y agilizar la regularización jurídica de esas emisoras que le dan voz a sus comunidades, el gobierno las acosa. Como si no hubiera auténticos delincuentes que perseguir.

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