Sociedad y poder

Legitimidad

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Artículo publicado en emeequis

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Entre los descontentos con el resultado electoral se pone de moda una cómoda cantinela: Enrique Peña Nieto, dicen, podrá ser presidente legal pero no legítimo. En esa fórmula hay un avance respecto del desconocimiento tajante del proceso electoral que hace seis años dominaba entre los seguidores de Andrés Manuel López Obrador y que hoy en día sostienen únicamente los más fanáticos. Reconocer que la elección ha sido legal, o que sus resultados lo serán una vez que el Tribunal Federal Electoral termine la revisión de ese proceso, implica admitir que las reglas se cumplieron razonablemente y sobre todo que la mayoría (aunque a algunos no nos guste) prefirió al candidato del PRI. La democracia está articulada por métodos para tomar decisiones en una sociedad diversa. Por eso jamás deja satisfechos a todos.

Algunos de esos contrariados se embarcan, entonces, en el tema de la legitimidad. Es un término equívoco, no tanto por su significado estricto sino por el empleo discrecional que suele hacerse de él. En rigor, una elección legítima es aquella que ha sido legal. Ambos vocablos son sinónimos. Legítimo, del latín “legitimus”, es aquello que existe “conforme a las leyes”, dice con claridad el Diccionario. Pero en la discusión política se le añaden otras implicaciones.

A la legitimidad se la entiende, así, como la aceptación consciente que los ciudadanos le dispensan a un gobernante. Si el poder político implica el ejercicio de la fuerza, la legitimidad aprovisiona del consentimiento necesario para que el gobierno sea reconocido, y sus decisiones acatadas, más allá del temor a la coacción. 

La discusión acerca de la legitimidad es de las más añejas en el campo de la ciencia política. Igual que otros conceptos, se le percibe de acuerdo con diversas épocas y circunstancias. En nuestros días, por lo general se reconoce que la legitimidad en las sociedades civilizadas no puede derivarse sino del sufragio. Giovanni Sartori recuerda que cuando se dice que “el poder es del pueblo”, se vincula a la legitimidad con las fuentes originarias del poder: “Para este efecto, democracia quiere decir que el poder es legítimo sólo cuando su investidura viene de abajo, sólo si emana de la voluntad popular, lo cual significa, en concreto, si es y en cuanto libremente consentido” (¿Qué es la democracia?, Taurus).

La legitimidad del próximo presidente de la República no puede depender sino de los votos. Allí se encuentra la única vía para que se exprese la voluntad popular. Los aplausos en las calles, las deliberaciones en los cafés o los artículos en la prensa expresan puntos de vista diversos pero no son fuentes suficientes de legitimidad. Tampoco la adhesión de las televisoras o las reconvenciones en las redes sociales digitales.

En la elección del 1 de julio cada ciudadano decidió, con libertad, quién era merecedor de su voto. Hubo quienes recibieron despensas o vales de supermercado, como resultado de acciones muy cuestionables de todos o casi todos los partidos. Si algunos de tales partidos gastaron más de lo que permite la ley, el IFE tiene recursos suficientes para indagar y sancionar tal conducta aunque esa no es causa para modificar el resultado de la elección.

Otros ciudadanos definieron su voto influidos por la promoción que durante varios años las televisoras privadas hicieron a favor de Enrique Peña Nieto. Ese respaldo fue abominable, pero no ilegal. El problema no es que las televisoras hayan tenido preferencias políticas, sino que acaparen tanta capacidad de influencia mediática. Se trata de un asunto muy grave pero su solución no depende de las reglas ni de las autoridades electorales.

La televisión y otros medios pueden contribuir a forjar la popularidad de un personaje político. Pero la legitimidad de un gobernante depende de los votos. Por eso se equivocan quienes afirman que Peña Nieto ganó de manera legal pero sin legitimidad. Si no estuviéramos ante un triunfo legítimo, sería preciso impugnarlo por las transgresiones legales que lo hubiesen propiciado.

Por supuesto las imputaciones de ilegitimidad afectan la capacidad de Peña Nieto para gobernar (claro, en caso de que el TRIFE ratifique el resultado de la elección). De ahí que entre sus primeras acciones, antes aún de ser declarado presidente electo, esté una breve pero sugerente agenda de reformas que incluye medidas para que haya fiscalización ciudadana a la propaganda oficial. El PRD y sus aliados que impugnan la elección, e incluso el PAN que manifestó sospechas sobre ella, enfrentan el dilema de contribuir a tales reformas o quedar entrampados en una discusión sobre votos que saben legalmente válidos  y, por eso, legítimos.

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Written by Raúl Trejo Delarbre

julio 16, 2012 a 12:53 pm

8 comentarios

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  1. Efectivamente, la legitimidad no es sinónimo de popularidad.

    Asael Santos

    julio 20, 2012 at 12:32 am

  2. Legalizar no es legitimar.

    Dice usted bien, Señor Delarbre, que en sentido estricto una elección legítima es aquella que ha sido efectuada conforme a las leyes. No obstante, pasa por alto que la legitimidad también implica que la elección sea lícita, justa, además de cierta, genuina y verdadera en cualquier línea. La licitud (del latín licĭtus), que refiere a todo aquello que es justo y permitido según justicia y razón, es desde la época de los romanos la cualidad que idealmente debe constituir la esencia de las leyes. En este sentido, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos refleja muy bien en su texto el precepto romano de la justicia (dar a cada quien lo suyo), estableciendo que las elecciones federales son una función estatal que debe ejercerse siguiendo en todo momento los principios rectores de CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA, IMPARCIALIDAD Y OBJETIVIDAD (http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/42.htm). Cabe entonces preguntarse -y verificar- si la elección presidencial y los entes encargados de organizarla cumplieron cabalmente con estos principios rectores, que son los que originalmente legitiman al proceso electoral.

    En este contexto, la legitimidad democrática del próximo -y de cualquier- presidente de la República no puede depender solamente de los votos, sino de que su origen esté sustentando en la licitud que los principios rectores de la Constitución establecen para todo el ejercicio electoral.

    Así pues, el mismo Giovanni Sartori apunta que para ser funcional, a la democracia representativa le basta “que exista una opinión pública que sea verdaderamente del público. Pero (esto) cada vez es menos cierto, dado que la videocracia está fabricando una opinión sólidamente hetero-dirigida que aparentemente refuerza, pero que en sustancia vacía, la democracia como un gobierno de opinión. Porque la televisión se exhibe como portavoz de una opinión pública que en realidad es el eco de regreso de la propia voz.” (Homo Videns: La Sociedad Teledirigida, Ed. Punto de Lectura). De esta forma, un voto emitido como producto de una presión mediática a través de la promoción de comentarios favorables o sondeos de opinión a modo, con resultados copeteados por encargo a favor de un determinado candidato, no es lícito y mucho menos legal, al estar engendrado en la violación sistemática de los principios de independencia, imparcialidad y objetividad del artículo 41, que por si fuera poco, también menciona explícitamente que “NINGUNA OTRA PERSONA FISICA O MORAL (fuera de los partidos políticos), SEA A TITULO PROPIO O POR CUENTA DE TERCEROS, PODRA CONTRATAR PROPAGANDA EN RADIO Y TELEVISION DIRIGIDA A INFLUIR EN LAS PREFERENCIAS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, NI A FAVOR O EN CONTRA DE PARTIDOS POLITICOS O DE CANDIDATOS A CARGOS DE ELECCION POPULAR.” Por lo tanto, ese respaldo “que durante varios años las televisoras privadas hicieron a favor de Enrique Peña Nieto” no solo es abominable, sino también ilegal, Señor Delarbre, y cualquier ciudadano amante de la legalidad y de las instituciones debe por supuesto impugnar un resultado electoral proveniente de estas ilicitudes. Lo ha hecho ya por esas causas la coalición que apoyó a Andrés Manuel López Obrador, el principal perjudicado, pero mucho se teme que el TEPJF sea parcial al anticipar mucho antes de recibir las pruebas que no modificaría un resultado ilegítimo de suyo. (La falta de legitimidad que se deriva de esta génesis ilícita de votos se resume en la opinión de Herstgaard, citado por Sartori en la referencia mencionada previamente, de que un puñado de personas -ya sean los dueños de los medios de comunicación o el millar de entrevistados en una encuesta típica- nos dicen a los otros millones qué pensar y qué decidir, atentando contra el carácter libre y consciente de una elección democrática realmente representativa.)

    Puede usted Señor Delarbre minimizar todo lo que quiera los ilícitos cometidos en una elección, como la compra de votos mediante vales de supermercado, o el rebasar los topes de campaña; ambas acciones violan los principios rectores electorales de la carta magna de nuestro país, y al no poder delimitar su afectación real para poder darle CERTEZA a la elección, entendida como la verdadera expresión en la votación de la voluntad popular ejercida de manera libre y soberana y no por inducción o conducción del sentido de su voto, la elección debe anularse y repetirse mediante condiciones que sí garanticen el cumplimiento de los principios rectores que establece la ley.

    Pretender legalizar, darle un estado de legal a algo que no lo tiene, no es legitimarlo: es sumergir a nuestro país en la abominable jurisprudencia de que la elección no la gana el que convenza mejor a su electorado mediante el razonamiento de su voto, sino el que consiga más dinero para comprar más votos. Y si esa es la democracia que usted busca, entiendo que no le moleste que el PRI, electoralmente corrupto desde el inicio de sus tiempos, despache en la silla presidencial a pesar de acceder a ella mediante conductas ilícitas.

    Deleznable, totalmente deleznable.

    Nokyare Reloaded

    julio 27, 2012 at 1:56 pm

  3. Quizá le vendría bien a usted, como a nosotros sus lectores, cotejar su punto de vista con este artículo de la revista en la que publica el propio, don Raúl:

    http://www.m-x.com.mx/2012-07-15/el-cartel-de-las-encuestadoras-2/

    Nokyare Reloaded

    julio 27, 2012 at 2:19 pm

  4. Definitivamente yo no me quiero perder la respuesta del Sr. Raúl Trejo, no veo como, después de esta espléndida cátedra, pueda siquiera intentar argüir nada.

    Solo espero que no sea el caso de siempre, donde el que escribe, al verse cercado y evidenciado, prefiere hacer mutis intentando que su desliz se guarde en los confines del olvido de una sociedad experta en las artes de la desmemoria.

    Por ética, exigimos su respuesta Sr, Trejo.

    Eliza Beth

    julio 27, 2012 at 6:25 pm

  5. También en este asunto el sr. “Nokyare” se enreda entre palabras que no entiende y un voluntarismo que se antepone a los razonamientos. El significado de legitimidad ya lo expliqué. Cualquier acepción que no se derive del cumplimiento de la ley será subjetiva. Por eso la ùnica interpretación al margen de perspectivas no objetivas es la de legitimidad como resultado del cumplimiento del orden jurídico.

    Lo mismo sucede con el desempeño de las autoridades electorales. Nos puede gustar o no (yo mismo con mucha frecuencia he cuestionado decisiones del IFE y el TRIFE) pero son legales mientras se ajusten, valga la perogrullada, a lo que indica la ley. Por supuesto podemos hacer una evaluación polìtica, incluso moral o ética, pero no bastarán para considerar si el proceso electoral ha sido legìtimo o no.

    “Homo Videns” ofrece una versión maniquea y mecànica de la influencia de la televisión. Me parece que es el peor libro de Sartori pero desde luego esta es una opinión discutible (y que he discutido en otros espacios). Suponer que la sociedad se encuentra teledirigida implica renunciar a la existencia de medios de comunicación diversos y con contenidos de calidad.

    Del artículo 41 Constitucional no se deriva que el respaldo de las televisoras privadas a Peña Nieto haya sido ilegal. Esa afirmación Mr. Nokyare se la saca de la manga, sin evidencia alguna. Lo que ese artículo hace es regular la propaganda electoral. El respaldo de Televisa y Azteca al candidato del PRI ocurrió años antes, como el propio Dr. Noky recuerda. Estoy de acuerdo en que puede haber sido “abominable”. Pero no hay sustento para considerarlo ilegal. Tanto así que los candidatos de otros partidos compitieron por la presidencia sin hacer un solo cuestionamiento a ese desempeño previo de las televisoras.

    Espero satisfacer así el apremio de la ingenua señorita Eliza Beth a quien los disparates de Mr. Noky le parecen cátedra espléndida. Ni ella ni nadie tiene derecho a exigir respuestas “por ética”. Si yo no hubiera contestado no habría cometido infracción ética alguna. Lo hago no para persuadir al farragoso Mr. Noky ni a su pequeño pero enjundioso club de fan (en singular) sino para dejar establecidos mis puntos de vista y porque a pesar del deterioro del debate público en estos espacios sigo teniendo cierta ilusión en la eficacia pedagógica de las ideas.

    Raúl Trejo Delarbre

    agosto 5, 2012 at 6:13 pm

  6. Lo que me queda claro es que la ilusión es su forma de vida ahora, se ilusiona creyendo en legitimidades que trata de vender a toda costa aún a pesar de la ética, que es algo que a usted ya no le encuentra sabor. Como sabor yo sí le encuentro a las tundas que el Sr Nokyare le propina en cada intervención…

    Eliza Beth

    agosto 5, 2012 at 11:50 pm

  7. A la señorita “Eliza Beth”, que es tan fantasiosa para encontrar tundas y tundidos, le he presentado este requerimiento: https://sociedad.wordpress.com/2012/07/29/vicisitudes-del-yosoy132/#comment-8913

    Raúl Trejo Delarbre

    agosto 7, 2012 at 9:49 pm

  8. ¿Qué le dirían los sinodales al Sr. Delarbre si en una tesis -del grado que sea- usara referencias de una persona a la que después descalifica porque otro de sus trabajos redarguye al suyo propio que desea sustentar con ellas?

    En “Homo Videns”, Sartori asume correctamente que la sociedad está teledirigida, no porque no existan (en Finlandia, no en México) “medios de comunicación diversos y con contenidos de calidad”, sino porque en el orbe pululan los que no lo son en un número que diluye a los que sí. En mi muy personal opinión, lo que lo hace no un mal libro, sino un ensayo parcialmente correcto, es la afirmación de que la televisión está modificando al ser humano en su fisiología neuronal, cuando en realidad es por ésta misma que el ser humano tiene propensión a ser dirigido y manipulado sin meter las manos de la razón a través de imágenes.

    Sea como fuere, si alguien llegara a suponer que en el contexto mexicano Televisa y Tv Azteca son medios plurales y diversos, y que sus contenidos son de calidad, no sólo sería ingenuo, sino hasta demente. Y México es lo que nos ocupa.

    Al igual que le ocurre con los textos de Sartori, el Sr. Delarbre lee e interpreta lo que conviene a su propia interpretación de la ley, y desecha lo demás (abundo al respecto en palabras que pueda comprender en https://sociedad.wordpress.com/2012/07/29/vicisitudes-del-yosoy132/). Para él, no importa que los votos se compren, se induzcan, se coaccionen o se introduzcan o retiren de forma espuria de las urnas: le basta conque “existan” para favorecer a un candidato y no a otro (pues si ocurriera al revés, habría que ver si no estarían sus textos en coincidencia con las tesis de los míos).

    Díganos, ilumínenos entonces con su sabiduría, Dr. Trejo: ¿por qué demonios se prohibe la compra de votos o la promoción a un solo candidato en la legislación electoral si conllevan como castigo un simple manasito sin consecuencias penales o en los resultados electorales? Tal vez pudiera decirnos por qué no importa el que dichas legislaciones hayan nacido para evitar que la aplanadora del PRI-gobierno usara los recursos estatales para echar a andar toda la maquinaria para manipular elecciones con la que contaba antes de 1994 (y después de 2009).

    Podrá pues aparecer explícitamente en la Constitución que no se haga proselitismo en los cementerios: si los muertos vuelven a votar como ocurría antaño, al Sr. Delarbre no le importará si la elección se define desde ultratumba, siempre que sea “legítima” y aprobada por el sacrosanto e infalible TEPJF. Tampoco importa que los rubros fundamentales de “Ciudadanos que Votaron”, “Boletas Depositadas” y “Votación total” no coincidan en la mitad de las actas de las casillas: total, ¿qué tanto es tantito, que no se arregle con un manasito?. ¿Para qué foliar las boletas? Si lo que importa es que en la urna existan de sobra en contra del candidato de nuestros odios. ¿Y la tinta indeleble y los crayones especiales? Sospechosismos de tintero: evitémonos gastos con una tinta que ni pinta y se cae a la primer lavada de manos, y usar lápices que se borran con la goma escolar del sobrino en la primaria.

    Letra muerta el artículo 41 entonces, que no garantiza a través de principios rectores claros elecciones imparciales, objetivas, certeras e independientes, si lo único que hace es limitarse a “regular la propaganda electoral”, como bien nos enseña el jurisconsulto Sr. Trejo Delarbre: y como diría Herodes, ésa es la única interpretación válida de la ley.

    Volvamos pues a los tiempos de antaño, en que el voto se compraba y la gente se acarreaba sin consecuencias. Modifiquemos el COFIPE y dejemos un solo artículo válido: “Ganará la elección quien compre más votos y el respaldo de quien promueva mejor su imagen”. Tal vez el país perdería menos si nos dejáramos de pagar un sistema electoral hipócrita destinado a legitimar elecciones fraudulentas, adoptando en su lugar otro que honestamente reglamentara la deshonestidad.

    Seamos nuevamente la dictadura perfecta. ¿Moral? Es el árbol que da moras. Yo me alineo, yo me disciplino: ¡viva la Revolución!

    Nokyare Reloaded

    agosto 10, 2012 at 2:11 pm


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