Diez mentiras acerca de la reforma para medios y telecomunicaciones

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Cartón de Magú, tomado de La Jornada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se niega el reconocimiento a medios comunitarios.

Al contrario, la reforma constitucional termina con la distinción entre medios concesionados y permisionados que ha propiciado un trato discriminatorio a los medios no comerciales. Ahora todas las licencias para radiodifusión tendrían la figura de concesiones que podrán de uso comercial, público, social y privado. Los medios comunitarios encajan perfectamente en la figura de concesiones sociales.

2. La reforma desconoce a las radiodifusoras indígenas.

Es falso. Muchas de esas radiodifusoras ya cuentan con permisos legales que ahora serán concesiones. En la reforma recientemente propuesta no hace falta mencionar de manera explícita a los medios indígenas porque ya están reconocidos en la Constitución.

El Apartado B del Artículo 2º. de nuestra Carta Magna establece los derechos que el Estado tiene obligación de garantizar a los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos: “VI… Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen”.

3. La Cámara de Diputados se negó a reconocer a los medios indígenas por ser “fuentes de subversión”.

Es mentira. Esa expresión no aparece en la discusión que hubo en San Lázaro entre el 21 y el 22 de marzo. Tampoco en los documentos con los que ha sido dictaminada. La información que el periódico La Jornada publicó al respecto no cita fuente alguna. Además, como indicamos en el punto anterior, los medios de radiodifusión indígenas ya están reconocidos en la Constitución.

4. La reforma no promueve la producción audiovisual independiente.

No es así. Por una parte, entre las tareas del organismo encargado de la radiodifusión pública se encuentra, de acuerdo con la fracción V-5 del nuevo Artículo 6º. Constitucional: “dar espacio a las obras de producción independiente”.

Por otro lado, entre las obligaciones que se le imponen al Congreso en materia de actualización legal y que deberá cumplir antes de medio año a partir de la promulgación de la reforma constitucional, se encuentra: “Establecer los mecanismos que aseguren la promoción de la producción  nacional independiente” (Tercero Transitorio, inciso C).

5. No se contemplan derechos de las audiencias.

No es así. En el artículo 6º. Constitucional se añadió un párrafo que indica: “La Ley establecerá los términos para garantizar los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones”. Es una formulación muy general que será preciso enriquecer en la ley reglamentaria.

Por otra parte, el ya mencionado Tercero Transitorio obliga al Congreso para, antes de medio año, “regular el derecho de réplica”. Esa es una responsabilidad que el Poder Legislativo ha incumplido durante varios años.

Hay otros derechos de las audiencias que se relacionan con la existencia de normas éticas e instituciones para hacerlas cumplir. Es pertinente que los medios financiados con recursos públicos tengan obligatoriamente normas e instancias de esa índole. Por eso la reforma constitucional en el X Transitorio indica que los medios públicos deberán contar, entre otras cosas, con “defensa de sus contenidos”.

En los medios comerciales, resulta indeseable que las responsabilidades deontológicas sean establecidas como obligación legal, No hay que confundir a la ética con la ley.

6. Los medios de comunicación mexicanos serán entregados a la inversión extranjera.

Falso. Como mucho se ha informado, en radiodifusión habría inversión extranjera hasta del 49% y en telecomunicaciones no habría restricciones. Actualmente la ley prohíbe la inversión extranjera en radio y televisión pero hay subterfugios que permiten la presencia de capital de otros países. La propiedad de Televisa Radio, por ejemplo, es compartida a partes iguales por Televisa y el grupo español PRISA. En telecomunicaciones, puede haber porcentajes mucho mayores de inversión extranjera. Actualmente, empresas como Nextel (cuyas acciones cotizan en el índice Nasdaq) y Telefónica (de capital español) son extranjeras.

La inquietud para que en televisión y radio prevaleciera el capital nacional podía entenderse en otras épocas, cuando la comunicación se hacía y consumía dentro de las fronteras de cada país. Hoy en día la propagación de contenidos trasciende los ámbitos nacionales. Lo importante no es la nacionalidad del capital que se invierte para infraestructura y contenidos comunicacionales sino las reglas que cada Estado establezca para propiciar contenidos nacionales.

La exigencia para que no haya capital foráneo en medios de comunicación únicamente beneficia a Televisa y TV Azteca. Y como ha sido evidente, esas empresas no se han distinguido por reivindicar valores nacionales en su programación.

7. No se promueve el acceso a Internet.

Falso. La propuesta de nuevo Artículo 6º. Constitucional incluye la siguiente disposición: “El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios”.

Por otra parte, en los artículos transitorios la iniciativa instruye al gobierno federal para desarrollar una política de inclusión digital. Se ordena “garantizar el acceso a Internet de banda ancha en edificios e instalaciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal” y a los gobiernos locales para hacer lo mismo en cada estado. La empresa estatal Telecomunicaciones de México promoverá el acceso a banda ancha apoyándose en la red nacional de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad. El gobierno federal, además, instalará una red compartida de servicios de telecomunicaciones para apoyar la conexión a la banda ancha en todo el país (Transitorios 14, 15 y 16).

8. La reforma fortalece al presidencialismo.

Al contrario: el Instituto Federal de Telecomunicaciones tendría autonomía constitucional, lo cual significa antes que nada que no dependerá del Ejecutivo Federal. Esa autonomía es necesaria para que la nueva autoridad regulatoria esté al margen de intereses y/o presiones particulares  o coyunturales.

Con esta reforma el Poder Ejecutivo se priva de una de sus facultades más importantes que es la de asignar y, eventualmente, retirar concesiones de radiodifusión. Para ello ha sido preciso incluir en la iniciativa la reforma del Artículo 27 de la Constitución.

9. La iniciativa surge de un acuerdo cupular, al margen de la sociedad y excluyendo a varios partidos de izquierda.

La iniciativa fue redactada por los dirigentes de los partidos que constituyen el Pacto por México. En ella se recogen exigencias históricas de los ciudadanos y grupos sociales que han pugnado por la reforma legal para los medios de comunicación en México. No se trata, en absoluto, de una propuesta  que relegue a la sociedad. Al contrario, es una iniciativa surgida, procesada, discutida y exigida en los espacios de la sociedad que se han ocupado de ese tema. El Pacto por México reúne a los partidos que quisieron compartir una plataforma básica de acuerdos y trabajar para ponerlos en práctica: PAN, PRD, PRI y posteriormente el PVEM. Otros partidos, como el PT y Movimiento Ciudadano, decidieron estar fuera de ese Pacto. Ellos mismos se excluyeron.

10. Se trata de una nueva Ley Televisa.

Solamente con una profunda ignorancia acerca del contenido de esa iniciativa, o con una palmariamente mezquina mala fe, se puede hacer esa afirmación. La iniciativa que presentó el Pacto por México y que la Cámara de Diputados aprobó entre el 21 y el 22 de marzo establece un régimen para las telecomunicaciones y la radiodifusión radicalmente distinto al que hemos padecido en nuestro país. En vez de discrecionalidad gubernamental, organismo autónomo para regir las telecomunicaciones. En lugar de concentración, competencia y diversidad. En vez de un modelo de radiodifusión regido por el interés comercial, se propone un modelo sustentado en el servicio público. Frente a la inexistencia de una política para el desarrollo digital, habría medidas específicas, con plazos claros, para que se extienda la sociedad de la información en México.

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2 comentarios en “Diez mentiras acerca de la reforma para medios y telecomunicaciones

  1. “Las cúpulas partidistas concurrentes en el Pacto por México dieron ayer un paso más hacia su consolidación como auténtico cuarto poder sexenal. Dependen de los lineamientos del Ejecutivo, suplen al Legislativo y ahora simulan facultades del Judicial, interpretando leyes y amagando con sanciones a profesores y gobernadores que osaren contravenir en ámbitos estatales la nueva letra federal en materia de reformismo educativo.” Julio Hernández López
    http://www.jornada.unam.mx/2013/04/02/opinion/004o1pol

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