La reforma. Qué sí, qué no, hacia dónde

Publicado en Zócalo, mayo de 2013

Telecoms Excelsior
Imagen tomada de http://www.excelsior.com

   La reforma para los medios y las telecomunicaciones ha sido categórica, innovadora, esperanzadora. También ha resultado tardía, incierta, frágil en ocasiones. Para algunos, se trata de una reforma insuficiente. Para otros, los enaltecimientos en ocasiones desbordados a esa reforma constitucional resultaron apresurados y hasta sospechosos.

La reforma constitucional, como sucede a veces con las grandes decisiones, ha puesto a prueba tanto a individuos como instituciones. A muchos los ha colocado en su lugar aunque no necesariamente en donde ellos hubieran querido y, voluntariamente o no, se colocaron del lado de la contrarreforma. Otros más, quedaron inmovilizados en las dudas o las desconfianzas.

Es pronto para un balance. Pero los plazos editoriales de la revista Zócalo sistemáticamente crítica y a la vez solidaria con la reforma para los medios, obligan a un corte de caja aunque sea provisional.

Oportunidad y retórica

Escribo estos apuntes en la última semana de abril, cuando el proceso de la reforma constitucional aún es incierto. Quizá en un par de días haya sido aprobada en la Cámara de Diputados y estas notas serán leídas como testimonio de un proceso que se advertirá venturoso, aunque los congresos en los estados tengan sus propios ritmos para adherirse a una reforma que ha sido avalada por los partidos nacionales. También hay la ominosa posibilidad de que la reforma no sea cabalmente aprobada en el Congreso de la Unión y se dilapide esta oportunidad histórica.

   Así la hemos adjetivado, acudiendo a términos tan manidos que han perdido significados. El afán de los medios para ensanchar la relevancia de asuntos de poca monta y desde luego las ganas de cada uno de nosotros para presenciar cambios notables –mejor todavía si se trata de transformaciones que hemos anhelado– con frecuencia nos lleva a dilapidar adjetivos.

Trascendental, parteaguas, histórico, se dice de tantos episodios, la mayoría olvidable al cabo de pocas semanas o días, que cuando estamos ante transformaciones de veras importantes entonces tendemos a desestimarlas. Nos han dicho lo mismo tantas veces, sin que hayan ocurrido los cambios sociales o políticos así proclamados, que no solamente nos volvemos desconfiados hacia esa retórica trascendentalista. Antes que nada, el uso y abuso de tales palabras simplemente nos da flojera.

Lo que sí

El tiempo dirá si estamos ante una transformación histórica. Ahora al menos podemos reconocer que la reforma que propuso en marzo el Pacto por México y que en las siguientes semanas experimentó un ajetreado tránsito por el Poder Legislativo es inusitada al menos por los siguientes hechos.

1) Es la primera reforma importante que, en ese tema, ha avanzado por los vericuetos de la dictaminación y la aprobación legislativas en por lo menos cuatro décadas.

Desde que el derecho a la información quedó inmortalizado en el 6º. Constitucional en 1977 muchas voces enteradas –y en la medida en que pasó el tiempo cada vez más alarmadas– propusieron actualizar la ley de Radio y Televisión. Las únicas modificaciones importantes a ese ordenamiento fueron las que impuso la Ley Televisa a la que, en rigor, había que calificar como contrarreforma (y que como bien sabemos fueron anuladas por la Suprema Corte).

2) Se trata de una reforma constitucional. Casi todas las propuestas para actualizar nuestra cada vez más arcaica y en muchos sentidos incumplida legislación para los medios electrónicos proponían ajustes, o una nueva ley de radiodifusión. Pocas iniciativas, en las décadas recientes, plantearon llevar ese cambio a la Constitución porque sus promotores temían que no reunieran las dos terceras partes de los votos en cada cámara federal que requieren las enmiendas a la Carta Magna.

3) Es una reforma convergente, que entiende el entrelazamiento a estas alturas inevitable de la radiodifusión y las telecomunicaciones.

4) Se trata de una reforma audaz. Desde luego es necesaria. Los cambios allí propuestos les hacen falta a la economía (competencia auténtica, límites a monopolios, inversión sin disfraces), a la sociedad (derechos de las audiencias comenzando por el derecho a disponer de una oferta mediática plural), a la cultura (que se beneficiará de esa diversidad y sobre todo de los medios públicos), a la política (las televisoras privadas, que acumularon poder gracias a la exclusividad que el gobierno les permitía tener en la televisión nacional, son las grandes damnificadas con esta reforma). Para enfrentar esas dificultades hacía falta decisión política.

5) Más vale tarde. Ya sabíamos que esos cambios eran necesarios. Pero en el poder político no había oídos ni voluntades suficientes para actuar en consecuencia. La negligencia de dirigentes políticos y legisladores con cada iniciativa que proponía reformar el orden legal a fin de propiciar variedad de opciones y derechos ciudadanos ante las desmesuradas corporaciones mediáticas, incrementó la prepotencia e incluso la impunidad de Televisa y Televisión Azteca.

6) Regulador fuerte. A esa desidia se aunó la debilidad y el sometimiento de organismos a los que sólo por elegancia, o condescendencia, se podía considerar como reguladores. La Cofetel y la SCT, con frecuencia, únicamente acertaron a organizar una industria de telecomunicaciones y radiodifusión en donde las empresas dominantes hacían y disponían a su antojo.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones propuesto en esta reforma tiene atribuciones formidables, ciclópeas casi. Tantas, que esas capacidades para expedir, revisar y revocar concesiones, pero también para organizar el espectro radioeléctrico, determinar situaciones de concentración desmedida, establecer normas para el funcionamiento de la telefonía y la conducción de datos y supervisar el cumplimiento de las leyes en materia de contenidos, entre otras, han suscitado asombros y prevenciones.

La regulación de un sector tan enredado y a la vez fundamental como el que conforman las telecomunicaciones, hace necesaria una regulación estricta. Se trata de regular, entre otras, a las empresas telefónicas de Carlos Slim –el hombre más adinerado del mundo— y a las televisoras propiedad de Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego –que han actuado con tan notoria como abusiva prepotencia en contra de la democracia mexicana–.

Lo que no

   Del contenido de la reforma constitucional se ha escrito y hablado mucho. Entre quienes la critican destacan, entre otros, tres reclamos. Se dice que con esta reforma no se logra la democratización de los medios, ni la desaparición de los monopolios de la comunicación, ni la calidad en los contenidos de la televisión y la radio.

Quienes hacen esos señalamientos tienen razón. El problema es que consideren que una reforma legal podría y debería resolver tales asuntos.

La democratización de los medios es un propósito noble pero impracticable. Los medios de comunicación de masas son de naturaleza antidemocrática. En ellos, de la misma manera que en otras instituciones autoritarias como la Iglesia o el Ejército, no hay democracia. Se trata de organismos jerárquicos. La comunicación de masas, como la que practican la televisión y la radio, es unidireccional. Allí no hay democracia.

A lo que podemos aspirar, debido precisamente a ese carácter vertical de los medios de comunicación, es a que haya diversidad y contrapesos. Eso es lo que no ha existido en México, especialmente con la televisión. Cuando dos cadenas (que ahora se comportan como una sola) controlan el 94% de las frecuencias para televisión comercial, estamos ante una concentración clara y onerosamente monopólica. Por eso es plausible que en vez de dos haya cuatro empresas privadas y una de carácter público en la televisión de alcance nacional, como propone la reforma constitucional. Ese y otros contrapesos serán fuente de una diversidad que no hemos conocido en la televisión abierta. Pero con todo y ellos no habrá democracia en los medios. Ninguna legislación sería capaz de alcanzar ese milagro.

Tampoco desaparecerán los actuales consorcios. Hasta donde sé, nadie lo ha propuesto. En lo personal, me parecería inaceptable. Televisa y Televisión Azteca han lucrado con las frecuencias que tienen asignadas, han abusado de la sociedad y en ocasiones incluso se burlan de ella. En otro campo, Telmex y Telcel ofrecen servicios malos y caros, con parámetros de calidad inferiores y precios superiores a los que hay en otros países. Pero unas y otras empresas tienen derecho a funcionar. Lo que ocurrirá ahora es que sus servicios los ofrecerán en un contexto con mayor variedad de opciones. Y con una regulación que podrá ser eficaz.

La calidad en los contenidos nunca se consigue por decreto (además de lo difícil que es definir qué consideramos de calidad en los contenidos de los medios). La calidad, a final de cuentas, depende fundamentalmente de los contenidos que la sociedad esté dispuesta a admitir y consumir y de la exigencia que en ese terreno les presente a los medios. Pero en la reforma constitucional hay medidas que favorecen la calidad, al auspiciar la diversidad: medios públicos con recursos suficientes, sin apremios financieros que les impidan funcionar y sin amagos políticos que distorsionen el compromiso con la sociedad; reglas para evitar propaganda engañosa; reconocimiento a los medios de carácter social; espacio para la producción audiovisual independiente, entre otras.

De aquí en adelante

La mayor parte de esas medidas requieren precisiones en la legislación secundaria. Por eso las capacidades plenas de la reforma constitucional únicamente podrán aquilatarse cuando haya sido complementada con una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión.

En eso habrá que estar en cuanto la reforma constitucional transite las aduanas que debe sortear en el Congreso federal y en  los congresos de los estados. Luego, el presidente de la República la tiene que promulgar. A partir del día en que eso ocurra, habría medio año para que diputados federales y senadores elaborasen y aprobaran una nueva ley federal para telecomunicaciones y radiodifusión.

Mientras tanto, tendrá que convocarse al concurso para seleccionar a los siete comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y en menos de tres meses tendrían que estar aprobadas esas designaciones. El IFETEL deberá estar funcionando de inmediato, a partir de tales nombramientos.

Antes de medio año, a partir de entonces, el IFETEL deberá haber revisado todos los títulos de concesión. En ese mismo plazo, tendrá que convocar a la licitación de por lo menos dos nuevas cadenas de televisión.

También en su primer medio año de existencia el Instituto tendrá que haber tomado medidas contra concentración excesiva en telecomunicaciones y radiodifusión. Por otra parte, en el transcurso de 2014 deberá comenzar la instalación de la red nacional de banda ancha manejada por el gobierno federal y el Instituto de Telecomunicaciones. Y antes de que termine 2015 –si se mantienen los plazos que establece en sus transitorios la reforma constitucional– habrá concluido la transición a la televisión digital en todo el país; el aprovechamiento de las concesiones para difundir más canales y otros servicios en donde ahora solamente había espacio para un solo canal, tendrá que ser evaluado y autorizado por el IFETEL tomando en cuenta la necesidad de que haya más variedad de participantes en el uso de la televisión.

Si esos cambios se cumplen y no son históricos, entonces no sé de qué historia estamos hablando.

–0–

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s