Limitar a Televisa, pero también a Telmex

Publicado en Zócalo, mayo de 2014

Dinosaurios The Artist Files
Imagen tomada de The Artist Files: http://darozz.tumblr.com

Cuatro factores se coaligaron para que la ley de telecomunicaciones y radiodifusión fuera postergada. La exigencia social para impedir que se mantuvieran restricciones a la libertad de expresión, los errores del gobierno para promoverla, la ausencia de acuerdo entre los partidos y la presión de las corporaciones afectadas con esas disposiciones, influyeron de diversas maneras en la decisión del Senado para llevar hasta junio el dictamen y la aprobación de la nueva ley.
La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió a los senadores el 14 de abril fue rápidamente diseccionada y cuestionada. Sus rasgos más ominosos –especialmente los que permitirían censura en Internet y bloqueos de señales— desataron una eficaz protesta social que abrumó las redes sociales y tuvo ecos globales.
El favoritismo a Televisa en el señalamiento de reglas más laxas que las que establece la Constitución, la transferencia a favor de la Secretaría de Gobernación de facultades regulatorias que le corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones (especialmente en la supervisión de contenidos de radiodifusión), la marginación a medios sociales y el ahogamiento financiero a medios públicos, así como la ausencia de medidas para propiciar diversidad y calidad en los contenidos de radiodifusión, constituyeron otros focos de inquietud en el documento presidencial.
En comparación con la reforma constitucional promulgada el 11 de junio de 2013, la iniciativa del presidente Peña Nieto fue, en algunos casos, insosteniblemente contradictoria. De ser aprobada sin modificaciones sustanciales, sería una ley de aplicación parcial y efímera. Más temprano que tarde habría denuncias de inconstitucionalidad contra ella y sería vulnerable política y sobre todo jurídicamente. Pero en esa iniciativa también ha disposiciones que recuperan lineamientos constitucionales, particularmente en la regulación de la telefonía.

Regresiones y regalos
La posposición de las decisiones legislativas es un triunfo de la acción ciudadana que pasó de las redes digitales, a las calles. Pero podría revertirse si en junio no se mantiene esa convicción para reclamar ante una ley que infringe derechos sociales esenciales.
Erigido en escudero de la iniciativa presidencial el senador panista Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, hizo un dictamen complaciente en el cual, lejos de verificar que la propuesta fuera compatible con las disposiciones constitucionales para telecomunicaciones y radiodifusión señaló escasas enmiendas.
En ese proyecto de dictamen fue eliminado el bloqueo de conexiones en sitios públicos pero se mantuvo, en el Artículo 145, el bloqueo de contenidos en Internet por instrucciones de cualquier “autoridad competente” (sin que se definiera cuáles lo son) o incluso de cualquier “ciudadano” (sin especificar en qué condiciones).
En la iniciativa presidencial las reglas para definir operadores preponderantes en radiodifusión soslayan, en beneficio de Televisa, varios de los parámetros que establece la reforma constitucional. No hay criterios para medir la publicidad autorizada en radiodifusión comercial y, por otra parte, a las estaciones públicas y sociales se les deja en la indigencia al prohibírseles la venta de espacios comerciales. A la disposición constitucional para que haya impulso a la producción audiovisual independiente, simplemente se la ignora.

Publicidad, toda, de los privados
En la propuesta presidencial el nuevo organismo nacional de radiodifusión pública queda adscrito al gobierno, aunque la Constitución dice que será autónomo. Al resto de los medios elefantespúblicos no se les reconoce garantía alguna.
El documento de Lozano (artículo 86) recupera los derechos y obligaciones que el Artículo 10º. Transitorio de la reforma constitucional les otorga a tales medios, pero únicamente como requisitos que deben resolver los mismos medios públicos en sus solicitudes de títulos de concesión. No hay medidas para garantizar que los medios públicos tengan autonomía de gestión, independencia editorial y opciones de financiamiento, entre otras prerrogativas indicadas en la reforma constitucional.
En cambio, a las empresas comerciales el senador Lozano –y quienes respaldaron su documento— las benefician con una inaceptablemente laxa definición de “mensaje comercial”, en el Artículo 3º, fracción XXXVI, de ese proyecto:
“Mensaje Comercial: Mención dirigida al público o a un segmento del mismo durante corte programático, con el propósito de informar sobre la existencia o características de un producto, servicio o actividad para inducir su comercialización y venta, en las estaciones de radiodifusión con concesión comercial y canales de televisión y audio restringidos. El mensaje comercial no incluye los promocionales propios de la estación o canal, ni las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y otros a disposición del Poder Ejecutivo, ni programas de oferta de productos y servicios”.
Con esa definición las recomendaciones de productos o su inclusión dentro de los programas, las superposiciones o los comentarios de los narradores durante eventos deportivos, entre otras conductas ahora frecuentes en televisión y radio, no serían considerados como publicidad comercial. En consecuencia, no se les contabilizaría como tal.
Otra carencia es la falta de reglas para que la autoridad determine la preponderancia por segmentos de mercado. Es decir, para que un consorcio sea declarado preponderante no sólo en telecomunicaciones o radiodifusión sino en mercados específicos (telefonía celular, televisión por cable, etcétera).
El Transitorio II de la reforma constitucional indica: “Las medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios de datos, deberán aplicarse en todos los segmentos de forma que se garantice en su conjunto la competencia efectiva”.
Sin embargo el artículo 254 de la propuesta presidencial establece: “El Instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en el sector de la radiodifusión y en el sector de las telecomunicaciones”. De esa manera Televisa quedaría a salvo de ser preponderante (y por lo tanto de que su expansión fuera limitada por la autoridad) en mercados como la televisión por cable.

Rigor para telecomunicaciones
A diferencia de la complacencia con los consorcios de radiodifusión, las reglas para telefonía y servicios de datos (especialmente conexiones a Internet) recogen las pautas para propiciar competencia y acotar a los monopolios contenidas en la reforma constitucional. Se trata de normas que afectan los intereses de Telmex y Telcel, que acaparan la telefonía alámbrica y celular en porcentajes muy superiores a las cuotas de mercado que tienen, en su respectivo campo, las televisoras privadas.
El artículo 265 de la propuesta presidencial establece las medidas que el Instituto debe imponer al agente preponderante en el sector de la telefonía. El IFETEL debería autorizar tarifas asegurando que no inhibieran la competencia por parte de otros operadores, aprobaría incluso la publicidad de los paquetes comerciales y servicios del operador preponderante, ese consorcio debería permitir la interconexión de otros operadores y tendría reglas especiales para facturar al público, así como para concursar por adquisiciones gubernamentales, entre otras reglas.
El artículo 267 obliga al agente preponderante en telecomunicaciones a permitir el acceso de otros concesionarios a sus redes, incluyendo la conexión terminal que llega al domicilio de los usuarios.
Ese acceso a sus redes tendría que ser gratuito. El artículo 131 indica que el IFETEL, para auspiciar la competencia, puede determinar que los concesionarios de telefonía establezcan “acuerdos de compensación recíproca de tráfico, sin cargo alguno por terminación, incluyendo llamadas y mensajes cortos”. Los agentes preponderantes, “no cobrarán a los demás concesionarios por el tráfico que termine en su red”.
LobosEn otras palabras: mientras sean preponderantes, las empresas telefónicas de Carlos Slim deberían permitir la interconexión con otras compañías sin cobrar un solo centavo.
Por otra parte en el Artículo 9º. Transitorio se indica, sin mencionar a esa empresa por su nombre, que la prohibición para que Telmex difunda televisión a través del cableado telefónico (establecida en su título de concesión desde 1990) se mantendría durante dos años más.
Las condiciones para contener el crecimiento de las telefónicas resultan notoriamente severas en comparación con las escasas condiciones que se asignan a las televisoras. Restricciones como esas, buscan detener o limitar el crecimiento de las telefónicas del Grupo Carso. Por supuesto al ingeniero Slim y a sus operadores y simpatizantes esas limitaciones no les gustan. Pero la reorganización de las telecomunicaciones y la radiodifusión y el interés de los usuarios y públicos amerita restricciones a todos los monopolios.

Tarifa cero, ¿para quién?
La prohibición para que Telmex difunda televisión por el cableado telefónico beneficia a Televisa, acaparadora de la televisión por cable, y perjudica a los usuarios al postergar una oferta de servicios en paquete que podría ser más barata en comparación con los precios de empresas como Cablevisión.
La tarifa cero para la interconexión constituiría un fuerte golpe para los negocios de Slim. El consultor Jorge Fernando Negrete, de MediaTelecom, ha estimado en 11 mil 200 millones de pesos anuales el ahorro que tendrían otras empresas de telefonía celular que dejarían de pagar esos costos de interconexión.
Los impugnadores de la tarifa cero aseguran que sería catastrófica para el servicio telefónico porque Telcel dejaría de invertir en el mantenimiento de la red que ahora da servicio al 70% de los usuarios de telefonía celular en México. Pero si las empresas de Carso siguen haciendo negocio con esos usuarios, parece difícil que dejaran de invertir pues les interesará que tales redes funcionen cada vez mejor. En un nuevo contexto de competencia el operador dominante debería hacer mayores esfuerzos para conservar a sus suscriptores.
El dilema principal es quién ganaría con la tarifa cero, o con una tarifa de interconexión muy reducida. Hasta ahora no se contemplan medidas para que los 11 mil 200 millones de pesos que dejarían de gastar empresas como Telefónica, Nextel y Iusacell (este última propiedad de Televisa y TV Azteca) fueran ahorrados por los usuarios o sirvieran para mejorar el servicio y no para aumentar las ganancias de los accionistas de tales firmas (algunas de ellas, incluso, de capital extranjero).

* * *

En las reglas destinadas a la radiodifusión, la iniciativa presidencial ignora el mandato constitucional para que radio y televisión sean servicios públicos. El interés privado desplaza, allí, al interés de la sociedad. En cambio en las normas para telefonía la propuesta de ley es tan rigurosa como indica la Constitución.
Quienes se oponen a la propuesta de Peña Nieto porque inhibe libertades en línea y favorece a Televisa, no debieran desdeñar los apartados que promueven competencia y diversidad en telefonía. Sería inadmisible en términos políticos, pero también éticos, que por atajar privilegios a favor de Emilio Azcárraga se desecharan también las medidas que afectan, en beneficio de la diversidad, los negocios de Carlos Slim.

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