Ley Telecom: ¿Apertura para el ciudadano o retórica empresarial?

Artículo publicado en Campus, suplemento de Milenio Diario, el 17 de julio

 

Ilustración tomada de www.adnpolitico.com
Ilustración tomada de http://www.adnpolitico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas inmediatas de la reforma para las telecomunicaciones y la radiodifusión serán escasas. Los medios se han encargado de propagarlas con una insistencia sospechosa, o por lo menos fastidiosa. Sí, desde enero no pagaremos larga distancia nacional. Sí, las gestiones con las empresas telefónicas serán menos onerosas. Sí, también, podremos reemplazar a la compañía celular a la que ya no soportamos sin que nos cobre como si hubiéramos estado casados con ella.

Todo eso es importante. Pero la relevancia de la reforma promulgada el lunes 14 de julio radica en la conformación de un escenario radicalmente distinto al que teníamos hasta ahora. Competencia, diversidad, equilibrios, regulación, normas claras… esos, que son atributos de cualquier mercado que se respete, no los conocíamos en nuestro trato con las empresas telefónicas lo mismo que en el comportamiento de los medios de comunicación predominantes.

Algo de eso comenzará a cambiar con la reforma. No de manera inmediata. Ni siquiera tendrán plazos fijos algunas de tales transformaciones. Lo que ahora se inicia es un proceso de ajustes, recomposiciones y decisiones, lo mismo empresariales que por parte de la autoridad regulatoria, para construir ese nuevo escenario.

 

La decisión de América Móvil

   Durante un cuarto de siglo los mexicanos hemos dependido, para mal y para bien, de la hegemonía de una sola empresa telefónica. La extensión de la red telefónica por todo el país, las principales decisiones que han moldeado la conectividad a Internet, el tránsito de las viejas conexiones a la banda ancha, han sido resultado de la capacidad de emprendimiento de Telmex y Telcel en un mercado sin competencia auténtica. También las cuotas altas y el servicio malo cuando revisamos velocidad y calidad de nuestras conexiones con Telmex y peor aún cuando sufrimos la desdicha acudir a una oficina de Telcel han sido consecuencia, entre otros factores, de la ausencia de contraste en el campo de la telefonía.

Esa dominación de las empresas del Grupo Carso, al menos como la conocimos hasta ahora, se acabó el mismo día que la Cámara de Diputados votó la nueva Ley de Telecomunicaciones. Prácticamente a la misma hora el corporativo América Móvil, que reúne a las empresas telefónicas del ingeniero Carlos Slim, anunció que vendrá activos tanto en telefonía alámbrica como celular para tener menos del 50% de esos mercados.

Con esa decisión América Móvil quiere dejar de ser acreedora a las sanciones que el nuevo marco jurídico impone a las empresas preponderantes en telecomunicaciones o radiodifusión. Tres meses antes de la aprobación de la reforma legal, el Instituto Federal de Telecomunicaciones declaró preponderante a América Móvil en el mercado de la telefonía, igual que a Televisa en televisión abierta.

La preponderancia implica que la autoridad regulatoria debe vigilar el desarrollo de las empresas a las que se adjudica tal condición. Sus planes de expansión, sus alianzas y tarifas, incluso sus anuncios publicitarios, deben der supervisados por el Ifetel. Las empresas preponderantes deben compartir su infraestructura con otras firmas del mercado en cuestión y en el caso de la telefonía, de acuerdo con la ley recién aprobada, el consorcio mayoritario está obligado a no cobrar a sus competidores por interconectarse a sus líneas. La decisión de América Móvil para reducir el tamaño de sus empresas estaba prevista en uno de los artículos transitorios de la nueva ley. Allí se establece un procedimiento severo, con plazos y reglas ineludibles.

 

Competencia en mercados enmohecidos

Ese ha sido el primer éxito de la nueva legislación. Hay quienes indican, con ironía, que la Ley de Telecomunicaciones sirvió antes que nada para enriquecer más al ingeniero Slim porque las acciones de su consorcio telefónico ganaron varios miles de millones de pesos al día siguiente de que anunció la venta (en los días siguientes el precio de esas acciones se fue ajustando). Pero más allá de esa reacción inicial, el acontecimiento realmente importante es que el empresario más adinerado de México se ha visto obligado a deshacerse de parte de las compañías en las que cimentó y ha seguido nutriendo su fortuna. No lo hace por gusto, sino en respuesta a las nuevas condiciones legales.

Las leyes antimonopolios existen, precisamente, para establecer condiciones de competencia e impedir que el control que las grandes empresas alcanzan en un mercado sea definitorio en los servicios y precios que ofrecen a los consumidores. La Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en congruencia con la reforma constitucional que se promulgó en junio de 2013, pretende favorecer la competencia. No será fácil porque se trata de mercados que se esclerotizaron durante la extendida hegemonía de Telmex-Telcel y de Televisa-TV Azteca.

Como es bien sabido, aunque se trata de un principio que a menudo olvidan no pocos economistas y funcionarios, el mercado por sí solo no arregla nada. Para que haya competencia es necesaria la intervención regulatoria del Estado y esa es tarea que le corresponde cumplir al Ifetel. Así que el efecto de la diversificación de actores en el mercado de la telefonía no dependerá fundamentalmente de la magnanimidad del consorcio que ahora tiene que contraerse, ni del afán para congraciarse con los usuarios que puedan esgrimir las empresas que lleguen ese negocio, sino antes que nada de la aptitud de la autoridad para regular y no solamente tolerar cambios corporativos y de la exigencia que ejerzan los consumidores de servicios telefónicos en nuestro país.

 

Diversidad, pero acotada, en TV

En el campo de la televisión, para 2016 en todo el país habrá transmisiones en señal digital y, por otra parte, funcionarán tres nuevas cadenas nacionales, dos privadas y una pública. Esos procesos ya estaban en marcha aún sin la nueva Ley porque los dispuso la reforma constitucional de 2013.

La Ley de Telecomunicaciones tiene preceptos contradictorios para regular a la televisión. El Instituto puede declarar medidas de competencia, independientemente de que una empresa sea preponderante en todo un sector (radiodifusión o telecomunicaciones) o en un servicio (televisión abierta, de paga, etcétera). Pero algunos aspectos en el funcionamiento cotidiano de los medios cambiarán poco porque los autores de la legislación no quisieron modificar los tiempos y formas de la publicidad en televisión, ni asignar espacios mínimos a la producción nacional independiente, entre otras medidas que se habían sugerido.

Sin embargo la obligación para contar con códigos de ética y defensores de las audiencias, la prohibición para difundir contenidos pagados como si fueran noticia y las reglas para que la publicidad dirigida a los niños sea menos engañosa, beneficiarán a los televidentes.

A la reforma le faltaron medidas para promover con eficacia la radiodifusión no mercantil. Las reglas para medios públicos son precarias y las que se ocupan de los medios comunitarios e indígenas son tan limitadas que resultan cicateras.

La Ley de Telecoms permitirá el desarrollo de una política estatal para Internet. Buena noticia. Pero no prescindió del todo del cariz persecutorio que tenía la iniciativa del presidente Peña Nieto: aunque se eliminaron las facultades del gobierno para bloquear contenidos en línea, no se establece con toda claridad que la geolocalización de usuarios de dispositivos móviles o el acceso a su historial telefónico solamente serán posibles con orden judicial. Mala noticia.

La nueva Ley será comentada tanto desde el triunfalismo convenenciero practicado por televisoras y gobernantes, como desde la suspicacia adormecedora del espíritu crítico. El balance, después de todo, lo ofrecerá la realidad. Si en telefonía y radiodifusión hay cambios capaces de reivindicar el servicio público que según la Constitución constituyen esas actividades, la Ley estará siendo útil. Si sólo se transforman la retórica y las justificaciones en torno a tales empresas, habrían tenido razón quienes hoy hablan de simulación. Pero decisiones como la venta de activos de América Móvil no son palabrería. Allí hay cambios que es preciso entender más allá de las desconfianzas.

 

 

Anuncios

Un comentario en “Ley Telecom: ¿Apertura para el ciudadano o retórica empresarial?

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s