Las protestas por la desaparición de los 43 muchachos de Ayotzinapa expresan la indignación y la capacidad de exigencia de una sociedad que no se resigna ante la colusión de las mafias criminales con los sectores más corrompidos del Estado mexicano. La incapacidad del gobierno federal para indagar con eficacia y presteza qué ocurrió con los normalistas manifiesta las peores debilidades de un Estado cuyos mecanismos de seguridad parecen más inconsistentes que nunca. La parsimonia de los partidos políticos para reaccionar ante ese caso muestra su aislamiento respecto de la sociedad y propicia el deterioro en su muy maltratada credibilidad.
Nadie, absolutamente nadie, obtiene beneficios de este ominoso episodio. El desconcierto, la inacción inicial, las indecisiones políticas y ahora las confusiones por parte del gobierno federal han develado una impericia inexplicable. Las autoridades tardaron varios días en ocuparse de un asunto que era, desde el primer momento, escandaloso. La desaparición de 43 estudiantes fue tomada a la ligera y luego, cuando el presidente Enrique Peña Nieto anunció que daría a conocer su postura sobre ese asunto, solamente articuló una retahíla de obviedades.
Una operación criminal de las dimensiones de la que ocurrió en Iguala requirió de apoyos logísticos y, como se ha comprobado, de la complicidad de autoridades policiacas. Tuvo que tratarse de un hecho organizado y su indagación resulta más difícil. Pero aún así, las autoridades detuvieron a varios de los autores materiales del secuestro y a varios de los capos del cártel de narcotraficantes a quienes se atribuye la posibilidad de haber perpetrado la desaparición de los estudiantes. Con esos testigos y posibles autores materiales la averiguación permaneció estancada varias semanas, a juzgar por la monotonía en las versiones tanto de la PGR como del propio presidente de la República. Apenas el 22 de octubre, casi cuatro semanas después de aquellos hechos, el gobierno comenzó a ofrecer una versión de los secuestros.
El gobierno ha fallado en su incapacidad para resolver y enfrentar con prontitud este asunto. Pero quienes sostienen que la culpa de los hechos en Iguala son responsabilidad de la administración federal solamente contribuyen a distorsionar este de por sí muy enrarecido panorama. El PRI, por mucho que nos pese a quienes nunca hemos simpatizado con ese partido, ha sido ajeno a los hechos recientes en Guerrero. Se puede recordar, sí, la tortuosa etapa de cacicazgos priistas, las persecuciones a los disidentes sociales y la guerra sucia contra la rebelión armada en esa entidad entre los años sesenta y setenta (del siglo XX). Se puede y hay que recordar los orígenes y las prácticas siempre priistas del gobernador Ángel Aguirre Guerrero. Pero desde hace varios años esa entidad es gobernada por el Partido de la Revolución Democrática. Y el municipio de Iguala también.
La Normal de Ayotzinapa
De aquellas épocas, y antes incluso, viene el espíritu contestatario de la Normal de Ayotzinapa, cuyos nobles principios sociales con frecuencia han sido desvirtuados con abusos y extorsiones por parte de no pocos dirigentes estudiantiles. Cada tropiezo del Estado al tratar de atender las exigencias de las normales rurales ha redoblado las convicciones fundamentalistas de esos líderes y, según parece, de la mayoría de los estudiantes. A las penurias sin solución que han sido transferidas de una generación a otra, se ha añadido un discurso de confrontación llevado a la práctica con demasiada frecuencia. Los excesos cometidos por estudiantes de esa Normal son ampliamente conocidos desde hace largo tiempo e incluyen los acontecimientos que propiciaron la muerte del empleado de una gasolinera en diciembre de 2011.
Esos jóvenes normalistas se han formado –y seguramente cuando sean maestros así formarán a sus alumnos— en la convicción de que al Estado hay que enfrentarlo sin importar métodos y sin reparar en quiénes resulten perjudicados. Los muchachos desaparecidos el viernes 26 de septiembre habían ido a Iguala para hacer una “colecta”. Sigue resultando extraño que viajaran tan lejos. Pero en todo caso la permanencia de un conflicto tan antiguo, la ausencia de cauces para dialogar con los normalistas y la recurrencia de los enfrentamientos que protagonizaban, han sido parte del escenario de antagonismo y crispación constantes en Guerrero.
Viejo priismo, avalado por el PRD
Que había señales de la descomposición política en esa zona de Guerrero como ha recordado la excelente reconstrucción documental de Esteban Illades en Nexos, es cierto. Que el gobierno federal debió estar enterado del amafiamiento entre narcotraficantes y políticos locales, también. Pero el margen de maniobra de las autoridades federales no es tan sencillo como antes y las luces rojas debieron haberse encendido antes que nada en la casa de gobierno de Chilpancingo. Por lo visto allí no había nadie interesado en preocuparse por tales avisos. Es difícil suponer que el gobernador Aguirre haya dejado de atender tales señales por inexperto.
Mucho menos aceptable es el comportamiento del PRD. Los dirigentes de ese partido no han ofrecido una explicación clara sobre la aquiescencia que demostraron con Aguirre Rivero. “Ni pedimos su salida ni pedimos que se quede” dijeron más tarde, en una demostración tan cantinflesca que sería graciosa si no se tratase de un asunto tan grave. El comportamiento del PRD resultó desconcertante cuando titubeaba ante los hechos de Iguala, luego ha sido indignante por omisión y acción, sucesivamente. Las versiones que se propalan en la prensa sobre presuntos compromisos económicos y políticos con Aguirre y quienes lo han patrocinado pueden ser únicamente habladurías. Ojalá lo sean. Pero tales versiones circulan gracias al comportamiento de la dirección de ese partido que se negó a exigir la renuncia del gobernador de Guerrero y que antes, como si todo se arreglara canjeando una pieza por otra, afirmó que respaldaría esa renuncia si también dimitía un gobernador del PRI.
Seguramente con esa medida no se solucionaría la crisis por Ayotzinapa. Pero el gobernador Aguirre demostró, día tras día, que él mismo se había convertido en un impedimento para una indagación expedita de tales hechos. Los anuncios a plana entera que pagó en varios diarios de la ciudad de México (seguramente también de Guerrero) precisamente cuando en todo el país y en otros sitios se exigía su renuncia, confirmaron la índole de los reflejos de ese personaje: se trata del viejo estilo priista, que paga propaganda con recursos públicos como si de esa manera modificara la realidad o sus percepciones.
Pescadores en el río revuelto
El atentado contra los normalistas de Ayotzinapa es abominable. Pero no se trata de un crimen cometido por el Estado. Lo que ha propiciado este episodio es el retorno de las manidas suposiciones sobre el carácter fallido del Estado mexicano que tienen un sustento más político que analítico. Los promotores y a la vez beneficiarios de toda catástrofe en la vida pública han desplegado tales banderas ante un acontecimiento tan funesto que parecería confirmar sus advertencias. Hay quienes escriben, sin rubor ni cuidado, que en México el Estado ahora se dedica a asesinar a sus jóvenes.
Evidentemente no es así. Las manifestaciones de estos días, la exigencia inconforme de amplios sectores de la sociedad y antes que nada de los jóvenes en las universidades, confirma que de ninguna manera nos encontramos ante un Estado dedicado a reprimir. Y también reiteran, esas demostraciones cívicas, que cualquier tentación autoritaria, si llegase a brotar en la cúpula gobernante, sería atajada por la sociedad activa.
Las caracterizaciones tremendistas acerca del gobierno actual y del Estado, de manera más amplia, fomentan la confusión y dificultan la de por sí espinosa tarea de entender qué está ocurriendo. Se trata de algunas de las expresiones que pululan en tiempos de desconcierto. En ese río revuelto, surgen pescadores de todas las causas: un sacerdote que de pronto resulta tener información sobre las víctimas y que es inmediatamente desautorizado por los normalistas; grupos de seudo izquierda que en su arrebato, o de manera deliberada, actúan como provocadores contra los movimientos sociales; agoreros de la rebelión siempre atentos a cualquier conflicto porque consideran que mientras peor estén las cosas, mejor para sus expectativas.
Hoy, esos pescadores en el río revuelto tienen una audiencia magnificada por la gravedad de los hechos en Guerrero, la impericia federal y el desasosiego que hay en la sociedad.
Involuciones y especulaciones
La confusión es tal que inclusive ha conducido a desconfiar de uno de los pocos episodios virtuosos que ha ofrecido la política mexicana en los tiempos recientes y que fue la concertación de gobierno y partidos en torno a un proyecto inicial de reformas. El Pacto por México resultó de la convergencia de varias necesidades y convicciones: el gobierno requería del aval de las oposiciones más significativas para desarrollar un programa de cambios legales que de otra manera no hubiera sido posible. PAN y PRD encontraron en el Pacto la oportunidad para cristalizar en leyes algunas de sus demandas más importantes. Todos ellos subordinaron parte de sus intereses para coincidir en objetivos comunes. En lo que estuvieron de acuerdo, actuaron juntos; cuando no, como el PAN con la reforma fiscal y el PRD con la energética, simplemente no se sumaron a los compromisos. Así es, o así había que aspirar a que sea la política: proyectos, discusión, negociaciones, acuerdos.
El Pacto duró hasta que se pudieron mantener coincidencias básicas y dejó pendientes temas importantes. Demostró que las diferencias políticas no tienen que ser obstáculo para articular coincidencias. Les dio a los partidos, y al presidente, un horizonte más allá de la coyuntura. Y al país le dejó una colección de reformas desiguales, discutibles todas, pero con avances que nadie con una pizca de sensatez puede negar.
Desde luego el Pacto incomodó a quienes preferirían una devastación permanente para demostrar que todo está mal por culpa de quienes se encuentran en el poder. Ese discurso tremendista, que al mismo tiempo es providencialista porque luego de la descalificación de cualquier acuerdo postula como solución a un personaje caudillista, ha nutrido la escasa presencia pública de “Morena” en los meses recientes.
Que los grupos y el partido que abrevan en el calamidad sostengan ahora que los hechos de Iguala están relacionados con complicidades afianzadas en el Pacto por México, no es novedoso. Inclusive llama la atención el poco énfasis que el dirigente de Morena ha invertido en ese asunto al parecer comprometido él, también, por la alianza que tuvo o ha tenido con el gobernador Aguirre Rivero y con el ahora destituido y perseguido ex alcalde de Iguala.
Pero que en la opinión publicada, incluso por parte de comentaristas habitualmente juiciosos, se sostenga que el Pacto por México fue un pacto de complicidad y que el gobierno no atajó la descomposición en Iguala para mantener la adhesión del PRD, resulta sumamente aventurado. Como hipótesis de trabajo esa eventualidad puede ser interesante, aunque audaz. Como afirmación así sea precipitada por la necesidad que el periodismo suele tener por la contundencia, es lamentable. Hay que reconocer, sí, que la inexcusable reticencia del PRD y sus corrientes mayoritarias para deslindarse del gobernador de Guerrero propicia esa y otras especulaciones.
Desasosiego que se extiende
Nada será igual después de Iguala. La contundencia de ese acontecimiento ha sido entendida, padecida y subrayada por una sociedad activa que sin embargo, más allá de la indignación, no tiene soluciones delante suyo. Parapetarse en las quejas maximalistas como hacen quienes demandan que se vaya el presidente, ya no sirve ni como catarsis aunque, eso sí, forma parte de un panorama de desasosiego que se extiende en la sociedad. Al mismo tiempo, no hay una sola fuerza política con autoridad moral y con proyecto confiable hacia la que se pueda voltear en rechazo a quienes no han podido o querido responder a la altura de las aciagas circunstancias de estos días.
Nada será igual y resultará preciso partir de ese reconocimiento para entender lo que siga. No tenemos un Estado fallido pero sí instituciones judiciales insuficientes y una estructura gubernamental que en algunas zonas de sus niveles más básicos se encuentra profundamente corrompida. Ahora es cuando más necesitamos que las instituciones, los proyectos y los pactos funcionen, pero no parece que estas renovadas exigencias sean entendidas por las fuerzas políticas fundamentales. La crispación social puede ser aliciente para mantener encendida la exigencia pero también puede ser fuente de nuevas ofuscaciones y de una renovada desilusión ciudadana respecto de los asuntos públicos.
Como quiera que sea, la voluntad expresada en las calles y en otros sitios para no resignarse ante este escenario resulta alentadora. Los manifestantes en respaldo a los normalistas desaparecidos, la convergencia de numerosas universidades en la protesta, el eco que encuentran en medios de comunicación, forman parte de una situación que ninguna fuerza, ningún proyecto y ninguna aspiración política podrán soslayar.
Sociedad y poder 
Es un buen análisis, de los mejores que he leído sobre el tema, aún así hay cosas en las que no coincido con el autor:
1. Es aventurado también afirmar tajantemente que esto no es un crimen de estado cuando lo que sucedió fue por orden directa de un representante de él usando aparatos del estado como es la policía. La PGR confirmó que fue el alcalde quien dió la orden, los maestros de Ayotzinapa ya han descrito cómo han sufrido varias veces agresiones y asesinatos por las fuerzas del estado como en este caso, quisiera saber a quién o a qué ente le atribuye este crimen el autor pues no lo dice explícitamente. Sería inconcebible que el estado cargara contra todos los estudiantes que han protestado, es cierto, matar a un universitario no sería tan fácil como a un normalista. Sobre esa selectividad del estado para actuar y proteger, ha escrito Antonio Martínez en Animal Político: «Ayotzinapa, un problema de Estado». La muerte de Gonzalo Rivas durante los enfrentamientos en la autopista también es parte de esta omisión, incluso ni siquiera pudieron hacerle justicia a él, dijeron que ya tenían identificados a los culpables y nunca fueron por ellos. Decir que fue consecuencia de los actos de los normalistas no tiene sustento, nunca comprobaron que fueron ellos quienes prendieron fuego.
2. La idea de que el Pacto por México es un episodio virtuoso y democrático en la historia de México también tiene sus bemoles. José Merino y Jessica Zarkin hacen un análisis estadístico de ese episodio y no encuentran esa idea de que todos los actores políticos se beneficiaron con esto. De entrada se cuestiona la idea misma del Pacto: «Mexicanísima solución: encontrar en acuerdos no institucionales (i.e. sujetos a mecanismos de rendición de cuentas) entre élites partidarias herramientas para generar mayorías legislativas sin modificar el sistema político; es decir, la distribución de poder entre élites partidarias y sus legisladores; y entre éstos y sus electores.»
Luego, las conclusiones obtenidas estadísticamente y no en base a opiniones no dejan bien parada a la inocente idea de eficacia, pluralidad y beneficio mutuo que han tenido algunos sobre el Pacto: «Para empezar, la productividad legislativa del Ejecutivo fue de hecho menor bajo esta administración que bajo el mismo periodo de Felipe Calderón Hinojosa (FCH). Pero el hallazgo más alucinante derivado de los datos es la desaparición de legisladores como actores… legislativos. Respecto al mismo periodo de la administración anterior, las iniciativas publicadas que fueron presentadas por diputados cayeron dramáticamente. Esta fue una legislatura que, hasta ahora, se limitó a discutir y publicar la agenda del Ejecutivo.»
3. El artículo de Silva-Herzog Márquez no es tan aventurado tras volverlo a leer y acordarse de lo que pasaba durante ese periodo de «conciliación», ¿cómo explicar esa impunidad reinante y omisión del gobierno federal durante la vigencia del Pacto y olvidarse de los chantajes del PAN y PRD cuando aparecían escándalos durante las votaciones de las reformas?
4. Coincido con que nada será igual después de Iguala, pero tampoco hay que verlo como una crisis aislada, como lo ha descrito muy bien Carlos Bravo Regidor: «Lo de Guerrero no es una crisis, es algo peor. Es la constatación de que la mexicana es una sociedad que no se conoce a sí misma, que no ha sabido reaccionar ante la catástrofe de los últimos años y cuyo gobierno esta divorciado de su realidad cotidiana. No es una crisis, es una aterradora normalidad con respecto a la cual, aparentemente, apenas estamos cayendo en la cuenta.»
* No he puesto los links a los artículos que menciono pues he notado que esto hace que se retrase la publicación de los comentarios e incluso a veces nunca aparecen.
El artículo es excelente y nos permite coincidir en el necesario pesimismo y en la lucha para nunca más se repitan estos horrores. El apartado de involuciones y especulaciones es, en mi opinión, el más polémico. Los avances que la sensatez obligaría a reconocer del Pacto por México, no parecen ser tales: ni la economía mejora ni la equidad es visible ni el sistema político se encamina al parlamentarismo (por no hablar de la primera obligación del Estado con los gobernados: seguridad en sus vidas y patrimonio); el problema no está en pactar, sino en lo que se pacta (y se alcanza). Ese instrumento requiere (con la abundante información disponible) de una evaluación detallada y profunda; las fanfarrias pueden esperar. Algo mucho más brillante y analítico nos puede ofrecer Raúl, en lugar de afirmar que, quien es sensato aprueba el pacto. La discusión documentada es indispensable.
Gracias a Gustavo Lemus por sus comentarios. El primero de ellos, relativo a la responsabilidad del Estado en los sucesos de Iguala, será uno de los temas de discusión más importantes que se derivan de estos hechos. Responsabilizar al Estado ha sido una respuesta inmediata, en un principio fundamentalmente catártica y contestataria, por parte de quienes han tenido previas animosidades con el poder político y especialmente con el gobierno de Peña Nieto. Para esos ciudadanos, que no son pocos, la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa confirma la maldad de este régimen.
Por otra parte, señalar como culpable al Estado implica una concepción de él. Parto, por eso, de una de las definiciones más frecuentemente aceptadas del Estado y que es la weberiana que lo entiende como el conjunto de instituciones que ejercen el poder político. Desde ese punto de vista se puede reconocer que hay políticas y decisiones de Estado. Pero un asunto como este difícilmente se les puede atribuir a tales instituciones y ni siquiera a una de ellas. Por supuesto la policía de Iguala, el alcalde prófugo y hasta el gobernador ahora licenciado son parte del Estado. Pero no son todo el Estado. Y sobre todo, no puede asegurarse que la desaparición de los jóvenes normalistas haya sido una decisión tomada por alguna de esas autoridades. Más bien, hasta donde puede apreciarse, algunas autoridades y fuerzas encargadas de aplicar la ley funcionaron en contra de ella, se desempeñaron como instrumentos de agentes extra estatales. Tiene razón Gustavo Lemus cuando indica que no he señalado a quién atribuyo el crimen. No lo sé, aunque hay una versión que paulatinamente se va abriendo paso.
«Fue el Estado» dicen muchos, ahora. Sostengo que esa postura oscurece el entendimiento de estos terribles sucesos. Coincido en parte con el enfoque, por ejemplo, de Alberto Fernández en el Blog de Letras Libres: http://www.letraslibres.com/blogs/volante-izquierdo/fue-el-estado aunque no estoy seguro, como dice ese politólogo, de que en Iguala los narcos de «Guerrros Unidos» son el Estado.
Sobre el asesinato del empleado de la gasolinera cuando un grupo de normalistas incendiaba ese establecimiento hay testimonios y videos que acreditan quiénes fueron los responsables. Que las autoridades, pudiendo hacerlo, no hayan castigado a los culpables, es parte de la descomposición política judicial que se encuentra entre las causas de los sucesos recientes.
El Pacto. No conozco el estudio de Merino y Zarkin y no sé si su enfoque se reduce a la descripción que nos ofrece Lemus. En todo caso, me resulta absurdo tratar de evaluar un acuerdo político entre fuerzas muy diversas y con resultados muy variados a partir de medir qué actores políticos se beneficiaron. A menos que supongamos que la política es excñusivamente trapicheo de concesiones entre una fuerza política y otra como si no existiera una sociedad que exige y a la que todos, por cierto, tienen como interlocutora. El rational choice suele ser un método de acercamiento que desconoce la complejidad de las relaciones políticas. La opinión que se entrecomilla y que manifiesta sorpresa sobre el establecimiento de «acuerdos no institucionales» es un tanto naive e ignora cómo se procesan las decisiones políticas, en México y en todo el mundo. El Pacto no fue la excepción y partió de acuerdos que no fueron públicos hasta que estuvieron consolidados. No podría haber sido de otra manera.
La «productividad legislativa» hay quienes la miden por número de iniciativas presentadas. Por lo general se trata de iniciativas que no son discutidas y menos aprobadas. No encuentro sustento para decir que el Leguslativo ha trabajado poco en el año reciente. Al contrario. Y menos aún para sostener que los legisladores han dejado de tomar decisiones. Quien diga eso no ha leído el Diario de los Debates o no ha visto el Canal del Congreso.
Reitero mi agradecimiento a Gustavo Lemus por sus sugerentes comentarios.
A mi amigo y viejo camarada Federico Novelo también le agradezco que se haya tomado la molestia de dejar aquí su opinión. Sus desacuerdos se concentran en la apreciación que tenemos del Pacto. Comento, entonces:
1. Los resultados del Pacto son las reformas constitucionales aprobadas en 2013. Sus efectos aún están por verse. Lo que me parece reivindicable de ese acuerdo es el hecho mismo de que las fuerzas políticas principales se hayan puesto a discutir un proyecto común de reformas y hayan arribado a decisiones conjuntas. Ese solo hecho, si se le compara con la historia mexicana reciente, es de gran relevancia.
2. Los avances. Como Federico sabe mejor que yo, si la economía mejora no será únicamente a concecuencia del Pacto pero, además, esos resultados difícilmente podrían advertirse todavía. La reforma energética, que no comparto del todo, si se traduce en crecimiento económico será en los próximos años. Por lo demás, el Pacto, al menos en sus reformas legales ya aprobadas, no se propuso la equidad social. Ese es uno de los grandes temas pendientes, quizá el mayor, de la vida mexicana. Menos aún se propuso el parlamentarismo, aunque algunos sostengamos que esa vía sería más adecuada hoy para el país.
3. No sé por qué, ante una decisión política con resultados como fue el Pacto, los reconocimientos tengan que aguardar. Sobre todo si contrastan con la incapacidad histórica de las fuerzas políticas mexicanas para llegar a acuerdos. Pero, mucho ojo, no dije que quien es sensato aprueba el Pacto. Escribí, como se puede leer más arriba, que ese acuerdo «dejó una colección de reformas desiguales, discutibles todas, pero con avances que nadie con una pizca de sensatez puede negar».
Saludos al doctor Novelo.
Gracias también por sus respuestas, por tomarse el tiempo en contestarme, sus respuestas me sirvieron para entender mejor su postura sobre este asunto, .
Coincido que definir si es crimen de estado es algo que no es fácil, recuerdo haber leído una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los jueces discutían sobre si ciertos delitos son crímenes de estado o crímenes desde el estado, ya que culpar a todo un estado de un crimen es complicado, y partiendo de esa idea de que hay partes del estado que no trabajan en un crimen, surge la duda si alguna vez un crimen se puede definir de estado si no es absolutamente todo el estado el que trabaja conjuntamente en el crimen.
El artículo de Letras libres es también muy bueno, entiendo que no coincida en que los «Guerreros Unidos» sean el estado ya que aún existen las instituciones oficiales, pero si el narco en Iguala ya suplantaba las actividades que se suponen hacen esas instituciones, sus miembros ya eran representantes de ellas y hacían lo que ellos querían, pues ya tenían el poder político. Como se dice: si parece pato, camina como pato, entonces…
De los vídeos en la autopista, pues lo que se ven son personas encapuchadas, decir que eran estudiantes e identificarlos plenamente como miembros de los normalistas era el trabajo judicial que nunca se hizo.
El estudio sobre el Pacto por México está aquí y las citas que tomé son textuales: http://www.animalpolitico.com/blogueros-salir-de-dudas/2014/09/04/eficacia-y-democracia-la-reconcentracion-del-poder-en-mexico/
No habla de que se disminuyó el trabajo de los legisladores, sino que se subordinó al ejecutivo y que este trabajo durante el Pacto por México no fue más eficiente que sin él, que fue lo que dije como respuesta a su defensa del Pacto.