Telecomunicaciones y medios: avances, carencias, opciones

En agosto pasado escribí este texto para la revista Foro Universitario del STUNAM.

TV-Cello

La propaganda gubernamental pareciera estar destinada a trivializar y menospreciar la reciente reforma legal para las telecomunicaciones. En vez de explicar los cambios de fondo que implican la reforma constitucional de junio de 2013 y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada el 14 de julio de 2014, en los anuncios oficiales se difundieron ventajas de menor calado, como si el enorme esfuerzo político que requirió esa reforma hubiera estado destinado a que nos ahorremos el costo de las llamadas de larga distancia o a que ahora sí podamos cambiar de compañía conservando el mismo número telefónico.

Esas son algunas de las ventajas de la reforma, que entre otros cambios significa el principio del fin del monopolio que mantuvieron las empresas del Grupo Carso en la prestación del servicio telefónico, hasta ahora sin control significativo por parte del Estado y sin que los usuarios tuviéramos posibilidades eficaces para inconformarnos ante la mala calidad y los altos costos de la telefonía.

La larga distancia nacional, que a Telmex y Telcel no les cuesta más que una llamada local, será cobrada a su valor real. Los incumplimientos en la prestación del servicio telefónico podrán implicar bonificaciones en beneficio de los usuarios. Pero mucho más importante es la construcción de un nuevo marco institucional que ciñe a las telecomunicaciones y a la radiodifusión.

Instituto de Telecomunicaciones

Ahí se encuentra el gran cambio que significa esta reforma. La administración del espectro radioeléctrico que es el espacio a través del cual se transmiten señales de radiodifusión y telefonía, la supervisión de tales servicios, el establecimiento de medidas para propiciar que haya competencia y restringir a los monopolios, la defensa de algunos derechos de usuarios y audiencias e incluso la promoción junto con el gobierno federal de una nueva política para el desarrollo de Internet, son tareas que debe cumplir el Instituto Federal de Telecomunicaciones.

El IFETEL ha reemplazado al gobierno federal en la asignación y revisión de concesiones para telecomunicaciones y radiodifusión. Esa era la principal atribución que tenía el Presidente de la República para influir sobre los medios electrónicos y durante varias décadas fue cuestionada porque podía limitar la libertad de expresión.

Provisto de autonomía constitucional, ese organismo regula tanto a telecomunicaciones (telefonía, Internet) como a radiodifusión (televisión, radio) en reconocimiento a la convergencia tecnológica que hoy en día amalgama a esos servicios. A través del cableado telefónico ahora se ofrecen conexiones a Internet y programas de televisión de paga. Por las frecuencias de radiodifusión se pueden transmitir, además, telefonía celular e Internet inalámbrica. Se trata de servicios tan imbricados que resulta imposible regularlos por separado.

Así que tanto por motivos políticos como económicos y tecnológicos, al país le hacía falta renovar sus mecanismos para regular telecomunicaciones y radiodifusión. El IFETEL cuanta con recursos legales para obligar a los grandes consorcios, cuando ocupan más de la mitad del mercado, para que cedan parte de su infraestructura a otras empresas o incluso para determinar la desincorporación de activos.

Como resultado de las primeras decisiones de ese organismo, Televisa tendrá que compartir algunas de sus antenas con las nuevas cadenas de televisión que habrá en 2015. Otra consecuencia de las acciones iniciales del IFETEL y de la nueva ley reglamentaria es la decisión del Grupo Carso para vender parte de Telmex y Telcel con el propósito de disminuir el tamaño que ahora ocupan en el mercado de la telefonía y dejar de estar obligadas a las medidas antimonopolios que, de otra manera, las deben acotar.

Encabezado por siete comisionados que fueron designados por el Senado a propuesta del presidente de la República, el IFETEL es un organismo autónomo con funciones equiparables a las que desempeñó el IFE, y ahora el INE, en la organización de las elecciones y la fiscalización a los partidos políticos. El proceso que antecedió a la designación de esos comisionados fue complejo y polémico porque no todos ellos cumplieron a cabalidad los requisitos de independencia respecto del poder político y las empresas reguladas que son establecidos en las normas constitucionales. Pero, ya en ejercicio de esa responsabilidad, han tenido que poner en práctica las muy precisas reglas que les señalan primero la reforma constitucional y más tarde la Ley de Telecomunicaciones.

Esa Ley le asignó al gobierno algunas facultades que, en una lectura estricta de la reforma constitucional, podrían haber sido delegadas al Instituto de Telecomunicaciones. La clasificación de contenidos de radio y televisión con el propósito de diferenciar aquellos que son propios para niños y jóvenes de los programas para adultos y la administración de los tiempos del Estado en radio y televisión, son tareas que seguirán a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Transformaciones y limitaciones

Muchas de las nuevas disposiciones significan cambios importantes pero, al mismo tiempo, se quedaron limitadas.

Los medios públicos, financiados con recursos fiscales, son reconocidos como una opción singular dentro de la radiodifusión e incluso surgirá un nuevo Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano cuyo director habrá de ser designado por el Senado a propuesta del Presidente de la República. Sin embargo, a los medios de esa índole se les prohibió vender anuncios comerciales y las garantías de autonomía de gestión e independencia editorial que, entre otras más, les otorgó la reforma constitucional, quedaron supeditadas a los compromisos que la institución a cargo de cada uno de esos medios haga ante el IFETEL.

Los medios comunitarios e indígenas lograron al fin el reconocimiento legal por que llevaban batallando muchos años. Pero también están impedidos para vender publicidad excepto a instituciones oficiales y por un monto que no rebasará el uno por ciento del gasto en propaganda y comunicación que ejercen las dependencias públicas.

La publicidad destinada a niños y jóvenes estará sujeta a nuevas regulaciones. Pero las televisoras y radiodifusoras comerciales podrán difundir más anuncios comerciales si transmiten una mayor cantidad de programas producidos en el país y más todavía si se trata de programas producidos por empresas independientes. En televisión los anuncios comerciales podrían incrementarse de 11 a 15 minutos por hora en promedio y en radio de 24 a 28 minutos. Con frecuencia las televisoras, como todos sabemos, difunden más minutos por hora porque la ley les permite acumular en las horas de más audiencia los espacios para mensajes comerciales. Esa ventaja no fue modificada en la nueva legislación.

Esos son algunos de los temas en los que las nuevas reglas resultaron cortas para regular prácticas que han sido habituales en el desempeño de Televisa y Televisión Azteca. Con todo el surgimiento de nuevas cadenas, la obligación para permitir que las señales de televisión abierta sean recuperadas en todos los sistemas de paga y la existencia de una autoridad con capacidad para regularlas, señalan, junto a otras medidas, el fin del acaparamiento de la televisión mexicana en manos de esos dos consorcios.

Amenazas y oportunidades

   La nueva legislación también se ocupa de Internet y otros servicios de comunicación digital. Por un parte faculta al Estado para desarrollar nuevas redes. Pero al mismo tiempo permite que el gobierno ordene a las empresas telefónicas la geolocalización de usuarios de servicios celulares cuando se presuma que puede haber un delito. La intercepción de comunicaciones telefónicas o por Internet requerirá una orden judicial.

La legislación finalmente aprobada no reprodujo algunas propuestas de la iniciativa que envió el gobierno federal y que limitaban libertades e incluso podrían implicar la censura de contenidos en Internet. Pero se mantuvo la obligación para facilitar la geolocalización y la posibilidad, en circunstancias excepcionales, de bloquear el servicio telefónico cuando así lo indique la autoridad para evitar que se cometa un delito. Algunos grupos de defensa de derechos humanos han considerado que esas atribuciones que la Ley de Telecomunicaciones le otorga al gobierno violentan garantías constitucionales.

Compleja y extensa, esa legislación presenta desafíos importantes para las organizaciones sociales y los ciudadanos interesados en que tengamos medios de comunicación al servicio de la colectividad y no solamente de las empresas.

El desempeño del IFETEL tendría que ser auditado permanentemente por organizaciones ciudadanas con conocimiento especializado pero, además, comprometidas con la búsqueda de la pluralidad y la calidad en los medios. Las posibilidades que la Ley ofrece para inconformarse ante malos servicios de telefonía y para exigir rectificaciones en los contenidos de los medios, no serán útiles si los ciudadanos no las aprovechan.

El mismo IFETEL, así como el nuevo Sistema Público de Radiodifusión, tendrán consejos consultivos en donde sería indispensable la participación de ciudadanos capaces de pugnar para que esos organismos tengan un desempeño ajustado a la ley y exigente con las corporaciones privadas. Todo ese entramado institucional crea un nuevo contexto para la acción de la sociedad interesada en tales temas.

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Un comentario en “Telecomunicaciones y medios: avances, carencias, opciones

  1. Como es su costumbre don Raúl, usted nos abre los ojos y el criterio para poder conocer más sobre este importante tema como lo son las comunicaciones.
    Un saludo y le deseo lo mejor en estas fiestas y para el año nuevo salud y prosperidad.
    Carlos Mendoza

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