Anticipados

Los spots promueven a López Obrador muestran a un partido autocrático y caudillista pero no son ilegales.

Publicado en Crónica el 23 de noviembre

Lo que hay que suprimir de la ley electoral son las campañas anticipadas. La política se hace todo el tiempo, resulta imposible imponerle calendarios al derecho de las personas para hacer proselitismo. Lo que hace falta es regular con toda claridad el uso de recursos públicos.
Ese fue el gran mérito de la reforma de 2007, que redujo la discrecionalidad en el uso de dinero fiscal y atajó las posibilidades de influencia de los consorcios de comunicación, al disponer que los partidos usaran tiempos estatales en vez de contratar propaganda política en las estaciones de radio y televisión.
Ahora sin embargo, con el pretexto de atajar las precampañas se intenta modificar esas normas para la propaganda política.
Aunque fue uno de los creadores de aquella importante reforma constitucional, ahora Manlio Fabio Beltrones impulsa la abolición del llamado modelo de comunicación política. Dice que está en contra de la utilización que Andrés Manuel López Obrador hace de los espacios para la propaganda de Morena. Y en efecto, el recién auto designado presidente de ese partido aparece en un spot sí y en otro también.
La imagen de López Obrador, sus imprecaciones y auto elogios, su discurso repetitivo y pobre pero intensamente difundido, acaparan los espacios de los que dispone su partido. Es un exceso, si se le somete a consideraciones de carácter político e incluso ético. Pero no se trata de una utilización ilegal de los spots a cargo de Morena.
El dirigente nacional del PRI sintetizó en Twitter su punto de vista acerca de la sobreexposición mediática de López Obrador: “Los tiempos oficiales para partidos políticos deben ser aprovechados por los partidos, no para la promoción de candidatos o precandidatos”. Pero cada partido tiene libertad para disponer de esos tiempos con la agenda que quiera, con la única limitación de no calumniar o denigrar.
La queja de Beltrones resulta entendible porque López Obrador, propietario de un partido en el que no existen contrapesos, corrientes ni crítica interna alguna, va adelante en la solidificación de su propia candidatura. Pero es un cuestionamiento inconsecuente porque otros partidos emplean el tiempo oficial del que disponen para publicitar a sus aspirantes a posiciones de elección. La enjundia que invierte para descalificar el proselitismo de López Obrador, Beltrones nunca la ha empleado para referirse legisladores y funcionarios que se promueven utilizando recursos públicos. Esa costumbre abunda en el PRI y en su aliado, el Partido Verde.
El intento para regular cada paso de la vida política, con pautas tan estrictas con las que se pretende ceñir cada acción y expresión de candidatos y partidos, ha conducido a la creación de figuras jurídicas que atentan contra la libertad política. Una de ellas se encuentra en los llamados “actos anticipados de campaña”. Resulta entendible que haya plazos formales para el inicio de las campañas electorales, que incluyen más recursos y espacios para la propaganda política. Pero suponer que antes de esas fechas formales el ejercicio de la política debe quedar congelado es tan ilusorio como imposible.
Cualquier ciudadano que tenga aspiraciones políticas establece alianzas, hace promesas, acude a eventos públicos y procura aparecer en medios de comunicación mucho antes de los plazos formales para el inicio de precampañas y campañas políticas. Eso hicieron Vicente Fox desde que gobernaba Guanajuato, Felipe Calderón cuando era secretario de Estado y Enrique Peña Nieto en el gobierno del Estado de México.
La ley General electoral considera que los “actos anticipados de campaña” son “los actos de expresión que se realicen bajo cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral por alguna candidatura o para un partido”.
Esa definición deja a juicio de la siempre atribulada autoridad electoral la determinación de cuáles expresiones son parte de campañas anticipadas. Se trata de una disposición que vulnera la libertad política y de expresión de los ciudadanos. Si alguien dice en una entrevista o en un artículo en la prensa que quiere ser candidato a un cargo de elección popular e invita para que voten por él, estará incursionando en el pantanoso terreno de las campañas anticipadas. Si alguien comparece en una plaza pública o en un medio de comunicación para manifestar opiniones proselitistas antes de la temporada oficial de campañas podría merecer una sanción de la autoridad electoral.
Lo más sensato sería considerar que las fechas para precampañas dentro de los partidos y campañas ante la sociedad delimitan el acceso a recursos públicos por parte de candidatos y partidos. Pero el derecho a hacer política no debería estar limitado por tales reglas. A final de cuentas, de todos modos quienes aspiran o suspiran por ser candidatos lo dejan saber de una u otra manera. Lo más saludable, en una sociedad que aspira a la apertura y la democracia, es que se respete el derecho de las personas a manifestar opiniones, proyectos y ambiciones de la manera más franca posible.
Los anuncios que promueven a López Obrador muestran a un partido autocrático y caudillista, en donde las ideas y propuestas son reemplazadas por la figura de un personaje caciquil, pero no son ilegales. Morena los difunde en ejercicio del tiempo estatal al que tiene derecho en televisión y radio. Tampoco son actos anticipados de campaña. Por eso Beltrones propone modificar la ley a fin de prohibir tales anticipaciones.
Pero al presidente nacional del PRI lo mueve otra preocupación. Quiere desmontar la reforma constitucional que hace ocho años él impulsó de manera tan destacada. La peculiaridad más importante de aquellas modificaciones legislativas fue el uso de tiempo oficial para las campañas en televisión y radio. Desde entonces Televisa y Televisión Azteca, además de algunas corporaciones de radio, se oponen militantemente a esa disposición. No solamente pretenden recuperar miles de millones de pesos que dejaron de recibir cuando los partidos ya no pudieron gastar dinero público en la contratación de espacios. Además el rechazo a esa restricción se ha convertido en una posición ideológica y política de las televisoras.
El uso del tiempo estatal, además del ahorro financiero que significó, ha permitido que los partidos, y así el ejercicio de la política, dejen de estar supeditados a tarifas y espacios asignados por las televisoras. Esos espacios, hay que reconocerlo, resultaron excesivos y ahora podrían redistribuirse, e incluso reducirse, para que en vez de solamente breves spots hubiera programas de discusión política. A propuestas como esas nos referimos en esta columna el 19 de octubre pasado.
Pero lo que quieren Beltrones y varios inopinados aliados en esa discutible causa no es mejorar ese esquema de propaganda política sino abolirlo o, al menos, debilitarlo sustancialmente. Hace algunos días le dijo a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula: “no estoy en contra de platicar sobre una combinación de tiempos oficiales y compra de espacios en televisión”. No es extraño que con esa postura coincida el Partido Verde. Pero el respaldo que ha encontrado en dirigentes de otros partidos que apenas hace unos años respaldaron la reforma constitucional parece emblemático de la capacidad de persuasión que recuperan Televisa y otras empresas mediáticas.
El tiempo estatal para campañas políticas hay que reducirlo y reasignarlo. Pero las causas que condujeron a los partidos a incorporarlo en la Constitución y la pertinencia política para evitar la contratación pagada de spots en los medios de radiodifusión se encuentran del todo vigentes. Si Beltrones o los líderes de otros partidos no se quieren dar cuenta no es porque la realidad haya cambiado sino porque, en beneficio de sus propias aspiraciones, buscan aliados que antes no les hacían falta.

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