Desprotegidas universidades

El Auditorio Che Guevara, secuestrado hace 16 años

Publicado en Crónica el 29 de febrero

La ocupación del auditorio Che Guevara es una vergüenza que la Universidad Nacional ha soportado durante más de 16 años. No hay motivos políticos, ni jurídicos, ni policiacos (al contrario) para que los secuestradores de ese recinto universitario no hayan sido desalojados. Pero durante más de tres lustros ha existido temor a que la recuperación del auditorio, en vez de resolver un problema, ocasione otro de mayores dimensiones debido a tres circunstancias.
La primera de ellas es el insuficiente respaldo del gobierno federal. Cualquier intervención en el campus recuerda conocidos abusos cuando la policía ha entrado no a defender a los universitarios sino para agredirlos. La ocupación del auditorio ocurrió después de la huelga que entre abril de 1999 y febrero de 2000, y en contra de la opinión mayoritaria de estudiantes y profesores, mantuvo cerrados los accesos a Ciudad Universitaria. Aquella huelga se prolongó por la indecisión del gobierno del presidente Ernesto Zedillo para desalojar a los vándalos. Luego, además del auditorio diversos grupos de seudoizquierda ocuparon salones en media docena de facultades.
La segunda dificultad se origina en el miedo a provocar una reacción violenta que pudiera extenderse en la UNAM. Desde hace dos décadas, ante los conflictos internos, la Rectoría ha preferido el inmovilismo o las negociaciones discretas que en este caso no sirven para nada. Durante la gestión del Dr. Juan Ramón de la Fuente al menos en una ocasión los directores de varias facultades hicieron preparativos para desalojar los recintos ocupados, inclusive el Che Guevara, pero fueron disuadidos por la Rectoría. Los universitarios no conocen el diagnóstico de las autoridades de la UNAM acerca de los ocupantes de esos recintos y de sus actividades. La administración del actual rector, el Dr. Enrique Graue, ha heredado ese conflicto que sus predecesores no pudieron o no se empeñaron de manera suficiente para resolver.
Los universitarios están en desacuerdo con la privatización abusiva y facciosa que quienes los ocupan ejercen sobre el auditorio y los salones secuestrados en varias facultades. Pero, y allí se encuentra una tercera fuente de dificultades, no lo dicen de manera franca y pública. La disposición que en otros tiempos estudiantes y profesores de la UNAM tenían para expresarse, exigir y movilizarse ante muy variados asuntos dentro y fuera de esa institución, ha sido reemplazada por una conducta conservadora. Desde luego hay pequeños grupos e individuos activos dispuestos a reclamar y actuar pero son minoría y en ocasiones terminan suplantando la voluntad de la mayoría pasiva y, de esa manera, conformista.
Recientemente se ha difundido el desacuerdo de decenas de miles de personas, muchos de ellos estudiantes y profesores de la UNAM, con el edificio de Ciencias Políticas que altera el paisaje alrededor del espacio escultórico en Ciudad Universitaria. La construcción de ese edificio fue una torpeza pero durante su edificación nadie advirtió que afectaría el panorama artístico de esa zona. Ahora no hay más remedio que dejarlo como está porque ha significado una inversión de recursos que a la Universidad no le sobra. A quienes protestan por ese inmueble no les ha inquietado que desde hace 16 años un grupo de delincuentes ocupa el auditorio más importante de la UNAM.
La UAM Xochimilco padece desde hace varios meses una agresión que tampoco ha merecido suficiente interés por parte de las autoridades federales. Desde el año pasado esa institución ha recibido frecuentes llamadas telefónicas que alertan sobre la colocación de bombas. Todas han sido falsas alarmas, por fortuna, pero cada vez que se produce una de esas llamadas la Unidad tiene que ser desalojada. Durante varias horas todas las actividades académicas se interrumpen hasta que llegan y hacen su trabajo las brigadas policiacas que revisan si hay explosivos.
Durante este año se han registrado, con sus correspondientes desalojos, ocho alarmas como esas. Las autoridades de la UAM-X están obligadas a disponer la evacuación de las instalaciones porque hay un protocolo de seguridad. Pero es evidente que las llamadas son hechas con el propósito de causar intranquilidad.
Las denuncias de la UAM-X ante la Procuraduría General de la República, proporcionando incluso algunos de los números telefónicos desde los que se han comunicado las amenazas, no han tenido resultados. También la respuesta de profesores y estudiantes ha sido limitada. Los desacuerdos que siempre hay en la vida interna de las universidades han tenido más peso que la necesidad de enfrentar a los amagos de manera cohesionada.
Profesores y estudiantes de la UAM Xochimilco tendrían que levantar juntos, al lado de sus autoridades, la exigencia para que los culpables sean aprehendidos y sancionados. A la provocación, siempre, sólo se le responde de manera eficaz con unidad. El viernes pasado, con notoria tardanza pero de manera enfática, el Colegio Académico que representa a las cinco unidades de la Universidad Autónoma Metropolitana condenó las amenazas que, consideró, deben inquietar a la sociedad mexicana.
Cohesión y convicciones para reclamar lo que es suyo han sido, precisamente, atributos que han desplegado los universitarios de Veracruz, enfrentados a un gobierno que les escatima recursos legítimos. Desde hace diez años el gobierno estatal ha entregado de manera incompleta el subsidio para la Universidad Veracruzana y ha retenido una parte del subsidio federal. Esa situación se ha vuelto insostenible para la UV pero, además, en el presupuesto estatal para este año los recursos destinados a ella fueron reducidos en 7%.
Después de un año de gestiones infructuosas con el gobernador Javier Duarte el 5 de febrero la rectora de la UV, Sara Ladrón de Guevara, presentó dos denuncias penales, una de jurisdicción local y otra federal, contra quien resulte responsable de retener esos recursos, así como un amparo contra la Ley de Egresos del estado por la reducción del presupuesto. El gobierno de Duarte le debe 2076 millones de pesos a la Universidad Veracruzana, incluyendo 450 millones de pesos de recursos federales.
A esas acciones legales, que son resultado de la desesperación de las autoridades universitarias, el gobierno de Veracruz respondió inicialmente diciendo que es la UV la que debe impuestos y contribuciones a los fondos de pensión de sus trabajadores. Esa versión es tan falsa que el mismo Duarte había reconocido en noviembre pasado que la Universidad no tenía adeudos con la administración estatal.
La asfixia presupuestaria contra la UV se añade a numerosos abusos, tortuosidades y torpezas del gobernador Duarte cuyos incumplimientos financieros amagan a todo el estado. El 18 de febrero pasado el destacado investigador de la UV Alberto J. Olvera escribió en Reforma: “No hay sector o grupo social, empresa pública o privada, municipio o institución pública a la que el gobierno del estado no le deba algo. El gobierno de Javier Duarte ha usado los fondos públicos con absoluta discrecionalidad, sin planeación ni estrategia alguna, con criminal ineficiencia y en el contexto de una corrupción generalizada, sin que el gobierno federal exija cuentas y con la anuencia de un poder legislativo local totalmente controlado por el ejecutivo”.
Por eso miles de universitarios se han movilizado en Xalapa, así como en el puerto veracruzano y en Córdoba y Mintitlán entre otras ciudades. El viernes 26 de febrero una concurrida marcha llegó hasta la Plaza Lerdo gritando lemas como“¡Todos somos UV!” y “¡Que Duarte ya se vaya, que pague y que se vaya!”.
El día anterior el gobernador ofreció pagar los adeudos y garantizar a la Universidad el 3% del presupuesto estatal. Actualmente los recursos para la UV significan el 2.3% de ese gasto, de acuerdo con el economista Hilario Barcelata. El 3% implicaría un aumento de 663 millones de pesos pero a la Universidad no le alcanzan debido a las reducciones financieras que la han afectado recientemente.
Aunque es insuficiente, la propuesta de Duarte abrió un espacio para que la UV insista y negocie. Sin embargo el mismo gobierno estatal entorpeció cualquier interlocución al difundir la falsa versión de que la rectora estaba “emocionada” con esa propuesta. Ante manipulaciones y mentiras, que han sido recursos constantes del gobierno de Duarte, los universitarios de Veracruz tienen su mejor defensa en las convicciones, la cohesión y la movilización que han sabido mantener.

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