Telecoms para todos, o unos cuantos

Radio-MicrophonePublicado en Crónica el 28 de marzo

Cambios y contradicciones: al mismo tiempo que se abre la posibilidad para que tengamos más opciones en el cuadrante radiofónico, en televisión de paga la autoridad reguladora respalda la preponderancia de Televisa. Al mismo tiempo la Red Compartida, que deberá llevar Internet a zonas del país a donde no llegan las empresas privadas, es motivo de codicias y execraciones por parte de los consorcios que acaparan las telecomunicaciones en nuestro país.
1. Durante muchos años en México la radio en FM ha tenido menos estaciones de las que podrían caber en esa banda. Entre cada emisora existe una separación de 800 KHz pero se necesitan solamente 400. Es decir, se ha empleado más espacio del que ha sido necesario.
Esa sub utilización del espectro radioeléctrico había sido señalada desde hace muchos años pero el gobierno, que asignaba las frecuencias, nunca quiso modificar la norma técnica para que la separación fuera de 400 KHz. Los consorcios privados que manejan la mayor parte de las estaciones de radio se oponían a ese cambio porque implicaría la apertura de espacios para más emisoras.
Ahora el espectro radioeléctrico lo administra el Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los años recientes los consorcios radiofónicos insistieron para que no se redujera la separación entre las frecuencias en FM. Primero mintieron al asegurar que con 400 KHz habría interferencias entre una estación y otra. Luego dijeron que abrir espacio para nuevas estaciones les quitaría audiencias y anunciantes a las que ya existen.
El IFT comprobó que no habrá interferencia con una separación de 400 KHz, de tal suerte que habrá más radiodifusoras en cada localidad del país. La asignación de frecuencias tendrá que hacerse pensando en el interés público, privilegiando a la radio no comercial. En la ciudad de México por ejemplo desde hace tiempo Radio Educación, que tiene frecuencia únicamente en Amplitud Modulada, ha solicitado espacio en FM. La primera concesión tendría que ser para esa noble emisora. La estación de la Universidad Autónoma Metropolitana, que transmite con baja potencia, también merece una frecuencia en la que pueda difundir plenamente sus contenidos.
Sería inaceptable que hubiera nuevas frecuencias para los grupos que ya tienen muchas estaciones (Radio Centro, Radio Fórmula, Radiorama, Televisa Radio, Acir, Imagen, entre otros). En cambio podría respaldarse con nuevas frecuencias a la radiodifusión pública y comunitaria, así como a las radiodifusoras privadas que solamente han tenido espacios en AM.
2. En la televisión de paga Televisa tiene, sumando servicios de cable y satelitales, el 70% de las suscripciones en todo el país. Se trata de una presencia en ese mercado que inhibe la competencia y afecta a los usuarios. Sin embargo el IFT ha considerado que dicho consorcio no tiene “poder sustancial” en televisión de paga porque no determina de manera unilateral los precios de ese servicio. Esa resolución contradice un proyecto de dictamen que había presentado la Unidad Investigadora del propio Instituto y no toma en cuenta el constante incremento en los precios de la televisión de cable y satelital.
En ese mercado la competencia, y por lo tanto la diversidad de ofertas a la que tienen derecho los consumidores, se dificultan debido a la concentración de suscripciones en manos de una sola empresa y al control que Televisa ejerce sobre la compra de programas.
El IFT no ha considerado el acaparamiento de ese mercado que Televisa logra conforme adquiere más empresas de cable. Con la reciente compra de Telecable, el control de Grupo Televisa sobre la televisión restringida en 62 localidades del país aumentó a 82.5% de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información.
Al mismo tiempo que consagra la dominancia de Televisa sin tomar ninguna medida para equilibrar ese mercado, el IFT ha mantenido la prohibición para que Telmex pueda ofrecer servicios de televisión de paga a través del cableado telefónico. Como empresa preponderante en telefonía, es adecuado que Telmex tenga limitaciones para desarrollarse. Pero el impedimento a esa empresa telefónica para ofrecer televisión solamente ha beneficiado a Televisa y perjudica a los consumidores. Los suscriptores de Telmex tienen derecho a recibir todos los servicios posibles a través del cableado telefónico. Pero ha seguido vigente la restricción establecida en el título de concesión de hace más de un cuarto de siglo, mucho antes de la actual legislación que garantiza la convergencia de servicios de telecomunicaciones.
Hay quienes consideran inapropiado que Telmex y/o América Móvil, de la que forma parte, sean autorizadas para distribuir televisión de paga porque con ello serían favorecidos los negocios de Carlos Slim. En todo caso, mantener esa prohibición sólo beneficia a Emilio Azcárraga y a Televisa. Y quienes pierden mientras no puedan recibir todos los servicios a los que tienen derecho son los suscriptores de esa empresa telefónica.
3. Dentro de exactamente medio año, si no hay nuevos cambios de fecha, se sabrá qué consorcio habrá ganado la licitación para establecer la Red Compartida que debe llevar servicios de banda ancha a todo el país. Se trata de un proyecto de enorme importancia en donde el Estado aporta un valioso segmento de espectro radioeléctrico, así como el cableado del servicio de energía eléctrica en casi todo el país, para que uno o varios grupos privados construyan la infraestructura que permitirá conducir Internet por vía inalámbrica y terrestre.
Una porción de la banda radioeléctrica de 700 MHz, que fue desocupada por los canales de televisión que cambiaron de frecuencia con motivo del tránsito a la televisión digital, es el sustento de esa red nacional. Además podrán emplearse dos hilos de fibra óptica que forman parte de la red de la Comisión Federal de Electricidad. En tales plataformas se habilitará la transmisión de servicios de banda ancha que serían proporcionados a empresas que los distribuirán a los usuarios finales.
El proyecto comenzaría a funcionar, en sus primeras etapas, en 2018 y cuatro años más tarde debería tener cobertura total. Se ha estimado que requiere una inversión de al menos 7 mil millones de dólares pero hay quienes hablan de 10 mil o incluso más. Esa inversión puede ser foránea hasta en 100 por ciento. Las ofertas serán presentadas ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hasta el 8 de septiembre y 20 días después se conocerían los resultados de esa licitación.
Las frecuencias y los hilos de fibra óptica serán administrados, y eventualmente alquilados al inversionista que gane el concurso, por el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, Promtel, que acaba de ser creado por el gobierno federal. Para dirigirlo fue designado el ingeniero Fernando Borjón, que recientemente concluyó un periodo de dos años como comisionado del IFT. Borjón ha tenido una trayectoria respetable en la regulación de las telecomunicaciones (antes trabajó en la Cofetel, que precedió al actual Instituto). A fines del año pasado, sin embargo, ese funcionario respaldó con desusado énfasis la reforma legal que permitió diferir por casi un año el apagón analógico a las empresas cuyas repetidoras, que difunden señales consideradas como complementarias, aún no estaban habilitadas con equipo digital. La mayor parte de esas repetidoras son de Televisa que, por ello, impulsó esa reforma legal. Entre quienes apoyaron dicha exención estuvo Borjón, en contra incluso de la opinión de otros comisionados del IFT. El ahora director de Promtel está obligado a tener un desempeño imparcial respecto de todas las empresas que se beneficiarán o que, en otros casos, serán afectadas por la Red Compartida.
La Red Compartida es un proyecto audaz que resulta incómodo para muchos. En las empresas del Grupo Carso suscita inquietud porque hasta ahora Telmex y Telcel han acaparado la oferta de servicios de Internet. Para Televisa, que vende telefonía e Internet a través de sus sistemas de cable, significa una competencia indeseable. Por eso desde diversos flancos se ha cuestionado la capacidad, e incluso la responsabilidad, que tiene el Estado para mejorar la oferta de banda ancha en un mercado que ha sido territorio exclusivo de negocios privados.
Distintas voces alentadas desde esas empresas (particularmente desde Televisa y TV Azteca que influyen en el contenido de columnas financieras en varios diarios) apuestan al fracaso de la Red Compartida. No han entendido que si en la licitación que se resolverá dentro de medio año no hay ofertas con cobertura y servicios suficientes para la red nacional de banda ancha, el Estado tendría que hacerse cargo de ella utilizando solamente recursos públicos.

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