Excesos, omisiones, torpezas

La reforma educativa no fue asumida como una política de Estado que beneficia a los maestros
La reforma educativa no fue asumida como una política de Estado que beneficia a los maestros

Publicado en Crónica el 8 de agosto

Los empresarios que amenazan con dejar de pagar impuestos para reclamar contra los abusos de la CNTE exigen que la ley se aplique… dejando, ellos mismos, de cumplir con la ley. La contradicción jurídica, pero sobre todo los riesgos políticos en esa conducta, son tan evidentes que el boicot fiscal tuvo escasas adhesiones y fue fácilmente descalificado por las autoridades del SAT. Dejar de pagar impuestos es delito y puede implicar sanciones graves.
Los dirigentes de la Coparmex y otras organizaciones patronales toman como pretexto el malestar público que ocasionan los dirigentes de la llamada insurgencia magisterial, así como las indecisiones del gobierno, para debilitar la estructura fiscal. Nuestra cultura cívica se encuentra tan deteriorada, o es tan inmadura, que nadie reconoce la responsabilidad social que hay en el pago de las obligaciones fiscales. Pero la audacia política de ese segmento de la cúpula empresarial manifiesta una fractura mucho más grave.
El gobierno carece del consenso social necesario para mantener la más importante de las reformas que promovió hace tres años. Ha carecido de capacidad política y además de aptitud comunicacional para difundir dentro de la sociedad, y antes que nada entre los profesores de educación básica, los méritos de la reforma educativa. La administración del presidente Peña Nieto careció de la operación política que hacía falta para explicar y persuadir acerca de ese tema. Aparentemente confió demasiado en el respaldo de los partidos políticos que fueron corresponsables en la aprobación de esa reforma y en el apoyo que tendría que suscitar al interior de una sociedad lastimada por las deficiencias que todos apreciamos en las escuelas públicas.
La reforma educativa encontró un pronto pero efímero respaldo. Sus causas eran claras pero sus medidas específicas, comenzando por la indispensable evaluación de los maestros, no lo fueron tanto. Sus opositores crearon un efectista pero también eficaz discurso plagado de falsedades que casi nadie se ha tomado la molestia de refutar y desmontar. El gobierno se conformó con pagar propaganda que ensalzaba los méritos de esa reforma pero, por soberbia e ignorancia, no entabló el debate público que hacía falta para despejar confusiones y dudas. El campo del intercambio público, con escasísimas excepciones, quedó ocupado por los adversarios de la reforma, la mayor parte de ellos con un discurso maniqueo y, como hay que insistir, mentiroso. En la barahúnda de quienes sostienen sin argumentos pero con estruendo que la reforma no es educativa sino laboral, o que conduce a la privatización de la enseñanza, la adhesión social ha flaqueado.
Lo que ha mantenido interesados e inconformes a importantes sectores de la sociedad porque les agravia de manera directa, son los excesos de la Coordinadora. En la política de confrontación que indican sus formas de lucha así como el discurso maximalista de la CNTE, convergen dos intereses.
Por un lado está la defensa de privilegios corporativos que durante décadas han beneficiado a los líderes magisteriales, comenzando por el tráfico de plazas y la influencia en decisiones de política educativa en todos los niveles. Se trata de mucho pero mucho dinero, aunado a poder local de consecuencias muy reales, que fue evidente cuando el gobierno tomó las riendas del instituto de educación de Oaxaca. Sólo entonces, cuando fue al menos parcialmente bloqueado el control que han tenido sobre dinero, prestaciones y plazas, los dirigentes de la llamada insurgencia sindical en esa entidad apostaron por el enfrentamiento.
El otro interés manifiesto en la Sección 22, así como al menos entre maestros de Guerrero, es el de organizaciones políticas que no están interesadas en reforma alguna y que buscan la confrontación violenta para desmantelar no a un gobierno local y tampoco al gobierno federal sino al Estado mexicano. Se trata de grupos relacionados con organizaciones guerrilleras y tienen un discurso fundamentalista e ideológicamente elemental que a pesar del desarrollo de la política y las ideas en todo el mundo aún encuentra adeptos, por ejemplo en algunas normales rurales.
Esos grupos, con influencia documentada entre dirigentes como los de la sección 22, promueven acciones de carácter polpotiano como cuando hacen escarnio (desnudándolos, rapándolos, exhibiéndolos) de aquellos a los que consideran esbirros del Estado. Se trata de grupos que descalifican a todos los partidos, que no confían en la política electoral, que en ocasiones organizan brigadas para enfrentarse violentamente con fuerzas policiacas y a los que se ha visto, con diferentes resultados, tanto en bloqueos de carreteras conducidos por maestros en diversos estados como en movilizaciones en la ciudad de México. Ni el gobierno, ni los partidos, han discutido abiertamente los endebles pero enjundiosos diagnósticos políticos de esos grupos. Al tratar de ignorarlos, han terminado fortaleciéndolos y han permitido que se desenvuelvan en condiciones de impunidad política.
Se trata de un panorama muy complejo al que es preciso añadir los intereses corporativos de la escurridiza pero también chantajista dirección del SNTE, la diversidad de negociaciones e incluso negocios que se mantienen en el trato entre gobiernos locales y secciones y delegaciones sindicales y desde luego los intereses de los profesores de educación básica en todo el país.
El gobierno federal no parece haber tomado en cuenta esa complejidad cuando impulsó, de buena fe, la reforma educativa. Pero tampoco ha actuado en consecuencia más recientemente, cuando se ha enfrentado al rechazo de un bloque social y políticamente heterogéneo pero cuyos intereses coinciden en contra de ella.
El problema, en parte, es que la defensa de la reforma educativa ha quedado solamente en manos de autoridades federales que, por cierto, ya no parecen convencidas de que transformaciones como la evaluación y la capacitación de los maestros, así como la participación de la comunidad y los padres de familia en las escuelas, sean realmente necesarias. Como carecen de una visión de Estado y sus perspectivas están fundamentalmente acotadas por intereses políticos que tienen como horizonte el cambio presidencial de 2018, los funcionarios del gobierno ahora piensan en negociar más que en cumplir con esa reforma.
En parcial descargo de ellos y del presidente Peña, hay que reconocer que el resto del Estado los ha dejado solos. A la reforma educativa no se la ha concebido, o no se la ha defendido, como una política de Estado. Se le entendió sólo como un proyecto de gobierno. Y el gobierno, vale recordar, es parte de las instituciones que convergen en el Estado para el ejercicio del poder político que, cuando resulta de procesos democráticos, se practica en representación de la sociedad.
En solamente tres años la reforma educativa se quedó huérfana. Los dirigentes políticos que cuando promovieron el cambio constitucional se afanaban para compartir su paternidad, hoy presencian silenciosamente la demolición de algunas de esas medidas o al menos la incertidumbre acerca de ellas. Los discursos entusiastas que hicieron elogio de la calidad educativa, la importancia de la enseñanza, los derechos de los niños y la defensa de los maestros al liberarlos de exigencias corporativas y que resonaron tanto en el Senado como en San Lázaro, hoy parece que nadie los recuerda. Los legisladores, así como los dirigentes del PRI pero también del PAN, el PRD y otros partidos, que acertaron al impulsar esa y otras reformas, hoy se olvidan de sus propias palabras. Algunos, incluso en el partido en el gobierno, contemplan sin aflicción el desgaste que este conflicto significa para Peña Nieto y sus allegados. Otros, consideran que oponerse a la demagogia y los abusos de la CNTE les resulta políticamente infructuoso. Unos y otros, enfrascados en la politiquería, son incapaces de entender que la derrota de la reforma educativa sería una derrota para el país y, antes que nada, para el Estado del que forman parte.
Triste paradoja. La más necesaria y más noble de las reformas ha sido la peor entendida. La impericia del gobierno para reconocer y construir interlocutores con los cuales podría debatir de manera abierta, con respeto e ideas, así como los intereses políticos de actores a cual más convenencieros, han puesto en riesgo los cambios para la educación e incluso la capacidad del Estado para representar con eficacia a la sociedad. En ese vacío encuentran espacio grupos empresariales que ya no ven al gobierno como aliado, sino como contendiente político.

2 comentarios en “Excesos, omisiones, torpezas

  1. Muy interesante su crítica don Raúl, como siempre acertada y educativa, válgase el calificativo en toda su extensión, pero como usted bien señala, o así yo lo entendí, se ha manoseado mucho esta reforma ya que se politizó más que aplicarse como lo que debiera de ser, una política de estado, esa manera de hacer política de los secretarios del presidente y de él mismo, ante el desprestigio de su investidura deja toda acción de estado y por el mismo fuera de los muy necesarios apoyos sociales que necesitan las reformas. Yo era muy niño cuando se implanta el libro de texto gratuito, pero igual fue atacado mucho, sin embargo a mí como estudiante me encantaban esos textos que recuerdo muy bien porque de ellos al traves de mis maestros aprendí mucho de todas las materias, mi padre los criticó sin haberlos leído, y cuando los revisó, de inmediato cambió su postura, si mal no recuerdo fue en el gobierno del Lic. Adolfo López Mateos en que ocurrieron estos cambios sobre los libros de texto, mi escuela era de colonia de medio pelo y compartíamos los libros porque ni hubo para todos, esa fue la manera en la que los niños de esa época participamos, mi abuela vivía el la colonia doctores, en la calle de Luis Moya esquina con Dr. Río de la Loza, en las cercanías había un periódico llamado El Tabloide que fue tomado por el gobierno luego de tenerlo sitiado, no recuerdo por que asuntos, pero me los imagino; y en sus instalaciones y con su equipo se hicieron más adelante los libros de texto, ¿a ver porqué no se hace lo mismo con La Casa Blanca?, necesitamos hospitales o más escuelas.
    Un abrazo don Raúl
    Carlos Mendoza

  2. En efecto, Carlos, fue a comienzos de los sesenta, en el gobierno de López Mateos, cuando a pesar de la fuerte oposición de la iglesia y otros grupos el gobierno creó y repartió los libros de texto gratuito. Era todo un acontecimiento ver a todos los niños estudiando los mismos contenidos. Alguna vez habrá que investigar en qué medida el texto gratuito (y obligatorio) contribuyó a homogeneizar las ideas que los mexicanos tenemos de nostros mismos.
    Saludos cordiales

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