La Ley Kumamoto, una farsa

Hay que revisar el dinero que reciben los partidos pero sin crear falsas expectativas

Publicado en Crónica el lunes 5 de junio

   Sin duda es saludable que los partidos reciban menos dinero. Gastan demasiado, no siempre rinden cuentas y muchos de ellos, o quizá todos, mantienen prácticas clientelares gracias a la disponibilidad generosa de recursos públicos. Sin embargo la reforma que aprobó el Congreso de Jalisco el 1 de junio es una farsa en ambos sentidos del término.

   Se trata de un engaño en el terreno jurídico. Los legisladores jaliscienses modificaron la Constitución de esa entidad para que el dinero que reciben los partidos políticos no sea determinado por el tamaño del padrón electoral sino por los votos que hayan recibido.

   Actualmente el financiamiento para los partidos, de acuerdo con el Artículo 41 Constitucional, depende del tamaño del padrón electoral. El número de ciudadanos registrados para votar es multiplicado por el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización. De esa cantidad el 30% se distribuye entre todos los partidos de manera igualitaria y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votos que tuvieron en la elección anterior.

  La reforma tapatía establece que el financiamiento para los partidos sería calculado multiplicando el número de votos válidos en la anterior elección a diputados por el 65% de la UMA. Esa bolsa de dinero se distribuiría igual que como indica la Constitución.

   La reforma jalisciense es errónea al menos por tres motivos. En primer lugar surge de la suposición de que los partidos son un problema y no un activo de la democracia. Como los partidos actuales nos caen mal, entonces queremos debilitarlos. No es mala idea asignarles menos dinero pero habría que hacerlo a partir de una discusión integral y no sólo con ocurrencias vistosas pero infructuosas.

   La idea de que los partidos reciban dinero según la cantidad de gente que va a las urnas y no de acuerdo con la lista de electores, aunque parece atractiva, es una políticamente atrasada porque induce la abstención en vez de promover la participación de los ciudadanos. Si dejando de ir a votar logramos que los partidos tengan menos recursos, habrá quienes encuentren allí un pretexto para no acudir a las urnas.

   Sobre todo, se trata de un timo político porque las reglas para el financiamiento de los partidos las establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos. El Congreso de Jalisco, por muy vehementes que sean sus convicciones renovadoras, no puede modificar ninguna de las dos.

   Los legisladores locales no tienen facultades para normar la dotación de recursos públicos federales a los partidos nacionales. Si pensaron únicamente en regular fondos de carácter local para partidos locales o federales, no lo dijeron así ni en las modificaciones a ocho artículos de la Constitución de Jalisco (la reforma se ocupa de otros temas además del financiamiento) ni en la festiva promoción que hacen de esa reforma.

   La reforma jalisciense ha sido presentada como un golpe a la partidocracia en beneficio de los ciudadanos. Cuando algunas voces, incluso en la prolongada sesión de ese Congreso que concluyó la madrugada del jueves 1 de junio, han señalado que no tendrá efecto sobre los partidos nacionales, sus promotores han dicho que, entonces, ese será un problema de la Suprema Corte de Justicia. Allí irá a parar esa propuesta o, simplemente, quedará como intento fallido.

   Esa reforma fue impulsada por Pedro Kumamoto, el militante independiente que el año pasado ganó la diputación local en un distrito ubicado en Zapopan gracias a una creativa campaña. Kumamoto se apoyó en redes sociodigitales y en un equipo de universitarios, jóvenes y entusiastas como él.

  La iniciativa inicial de Kumamoto era más amplia que la reforma finalmente aprobada y durante meses parecía remoto que lograse el respaldo de los partidos que controlan al Congreso en Jalisco. Sin embargo en las semana recientes el gobernador, Aristóteles Sandoval, se interesó en el tema. Primero presentó una iniciativa distinta, que no modificaba los criterios de financiamiento establecidos en la legislación federal. Luego, literalmente a última hora, dispuso que los diputados del PRI aprobaran una propuesta que simplificaba la iniciativa de Kumamoto.

   Cuando supo la decisión del gobernador, el alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro, dijo que entonces también los diputados de Movimiento Ciudadano respaldarían esa reforma. El PRI tiene 13 y MC otros 13 de los 39 diputados del Congreso de Jalisco. ¿Por qué Sandoval que se oponía a ese esquema de financiamiento y luego Alfaro se sumaron a la propuesta de Kumamoto? ¿Se volvieron repentinamente críticos con partidos como los suyos? ¿Los convencieron los tuits que enviaban simpatizantes del joven diputado de Zapopan?

   Todo parece indicar que esos dos personajes, antagónicos pero complementarios en el escenario político de Jalisco, quisieron aprovechar la notoriedad que les daría el respaldo a esa propuesta. Posiblemente entre sus cálculos políticos estuvo la certeza de que la reforma no tendría efecto y, en todo caso, podrían culpar por ello al centralista Poder Judicial.

   Por eso hemos anotado que se trata de una farsa también en el sentido histriónico. La reforma jalisciense tiene peso político en el terreno de la propaganda. Pero celebrarla con los tintes epopéyicos que ha manifestado el diputado Kumamoto para quien se trata de un éxito de la sociedad gracias al cual “vamos a construir un nuevo sistema político que sí nos represente” resulta exagerado y, para hablar con toda franqueza, es un desplante demagógico. Él mismo, por cierto, es representante popular gracias a ese sistema político.

   No deja de ser extravagante, o acaso candoroso, que el diputado Kumamoto celebre con enfática gratitud el respaldo del gobernador Aristóteles Sandoval y del alcalde Enrique Alfaro sin recordar que ambos son expresión de la política dinosáurica frente a la cual otros, como él mismo, han constituido un contraste saludable. La sola decisión para que los diputados al servicio de ambos respaldasen la reforma fue tan autoritaria como muchas otras que Kumamoto ha cuestionado.

   Ya que en Jalisco había tanta disposición para construir acuerdos Kumamoto y sus inopinados aliados, en vez de reformar la Constitución local, podrían haber aprobado una iniciativa de reformas a la Constitución Política del país. Los congresos de los estados tienen la facultad de iniciar leyes y decretos y con una propuesta así habrían forzado a un debate nacional sobre el financiamiento a los partidos.

  

ALACENA: Espino Arévalo y el sindicato del Metro

   En carta publicada el viernes en este diario el señor Fernando Espino Arévalo quiso responder a varias afirmaciones sobre su gestión de casi cuatro décadas al frente del sindicato del Metro. Hace una semana cuestioné su reciente alianza con Andrés Manuel López Obrador. Asegura que no ha violentado las normas sindicales para mantenerse al frente del ahora llamado Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo. Pero a ese sindicato Espino le ha cambiado de nombre varias veces para decir que dirige organizaciones diferentes. La Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que regula las relaciones laborales de los trabajadores del Metro, prohibe la reelección. Espino ha sido dirigente de ese sindicato, con escasas pausas, desde 1978.

   He señalado la inconsistencia política de ese dirigente que ha transitado por varios partidos (PRI, Nueva Alianza, PVEM) y ahora simpatiza con Morena. Al hacerlo trafica con su representación sindical para acceder a cargos de elección popular. Espino ha sido diputado federal en tres ocasiones y diputado local en otras tres.

   Su reciente acercamiento a Morena es notorio porque hace tres lustros se oponía abiertamente a López Obrador, en aquellos años jefe de Gobierno del DF. Espino asegura que “jamás” ha recibido indicaciones de ningún partido para enfrentarse al gobierno local. No es esa la apreciación que se ha tenido durante largo tiempo. En 2002, ante sus amagos para detener el funcionamiento del Metro en donde el sindicato había realizado varios paros, López Obrador “responsabilizó al PRI de la acción emprendida… por el sindicato de trabajadores del Metro” y aseguró que la ciudad y su gobierno “no serán rehenes de grupos e intereses políticos personales o de partido, por perversos o poderosos que sean” (La Jornada, 10 de agosto de 2002). López Obrador inclusive presentó una denuncia formal para que Espino fuera desaforado (era miembro de la Asamblea de Representantes) con el propósito de llevarlo a juicio penal.

   Espino asegura: “de los únicos que recibo instrucciones es de mis representados” y adjudica a ellos la decisión de respaldar a la candidata de Morena en el Estado de México. Sin embargo el sindicato no ha difundido constancia de que haya existido tal solicitud ni hay registro publicado de que alguno de los órganos de gobierno sindicales haya instruido a Espino para respaldar a ningún candidato.

   En todo caso la adhesión de un sindicato a un partido es ilegal, de acuerdo con la Ley General de Partidos Políticos. Espino ha manejado al sindicato al contentillo de sus tornadizos intereses políticos. Ese sindicato ha sido priista cuando Espino hacía carrera en ese partido y se vuelve morenista ahora que el dirigente voltea hacia esa opción política.

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