El Comisionado

Publicado en Crónica el 19 de febrero

   Unos minutos después del sismo del viernes pasado Ricardo Becerra, en su cuenta de Twitter, preguntó “Damnificados, afectados ¿cómo están? Repórtense por favor”.

   Seis horas antes Becerra había entregado su renuncia como Comisionado para la Reconstrucción. Sin embargo la inquietud por los damnificados debido al sismo del 19 de septiembre, con quienes se identificó intensa y comprometidamente, no dependía de una responsabilidad formal.

   La noticia de esa renuncia se había difundido ya y muchos de los interlocutores de Becerra contestaron y pidieron explicaciones. Por ejemplo:

   “Muy triste por su renuncia ya que usted es el único que vió por nosotros. Cosa que siempre le agradeceremos. Gracias por todo su trabajo”: Verónica Moyssén, vecina de Coapa, @campa_61.

   “REBSAMEN 429 reconoce y agradece la labor del Comisionado Becerra y su equipo de trabajo. Lamentamos su renuncia y lamentamos que la recuperación de nuestros hogares dependa de intereses políticos”: Mónica Romero, @romerocastrom.

   “Azores 609 es testigo de su buen trabajo, cumplimiento y empatía”: @Davner2.

   “Pocas personas de valor, honestidad y coraje; pocos hombres públicos y demócratas como el Dr. @ricbecverdadero. Lástima que la Asamblea de CDMX por mezquina ambición y manejo políticamente oscuro del $$$, afecte más a los ciudadanos”: @myrajmlic.

   “Te acabas de ir y ya te extrañamos muchos damnificados, reconocemos el trabajo que realizaste como Comisionado Ricardo Becerra… eres un hombre honesto y con un alto compromiso social”: @Gabyauacm1, vecina en Benito Juárez.

Todas las fotos las hemos tomado de la cuenta de Twitter @ricbecverdadero

   Desde que fue designado el 26 de octubre, Ricardo Becerra hizo más de 150 visitas a los sitios más dañados por el sismo del 19 de septiembre. Dialogó con millares de damnificados, en reuniones a menudo difíciles porque la desconfianza y el desamparo constituyen una mezcla muy intrincada. El Comisionado escuchó justificados y doloridos reproches, conoció el estado de cada inmueble y los requerimientos distintos de quienes se encuentran en zonas muy populosas o de clase media, en colonias urbanizadas o en las lejanas áreas rurales de la Ciudad de México. Para cada caso tuvo que elaborar, con los vecinos, soluciones diferentes.

   En ocasiones la urgencia fueron las demoliciones. En otras lo más perentorio era, con el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos, rescatar las pertenencias de quienes no podían regresar a sus viviendas. En otras situaciones se necesitan créditos para apoyar la reconstrucción. Así, reconociendo circunstancias variadas y con una inagotable capacidad de interlocución, el Comisionado se ganó la confianza de muchos damnificados. No hacía mas que cumplir con su responsabilidad. Pero en una ciudad y un país en donde a los funcionarios sólo se les conoce de lejos, la perseverancia del Comisionado resultaba notoria. Claro que no a todos les gustaba.

   Designada a fines de octubre la Comisión ha estado integrada, además de Becerra, por ocho subcomisionados que han trabajado de manera honoraria. Se trata del ingeniero Sergio Alcocer, la periodista Katia D’Artigues, la arquitecta Loreta Castro, la ingeniera Adriana Almeida, el presidente de la Cámara de Comercio Humberto Lozano, el politólogo Mauricio Merino, la sismóloga Xyoli Pérez Campos y el ambientalista Fernando Tudela. El secretario de la Comisión ha sido el maestro Carlos A. Flores Vargas, que había estado a cargo de la Oficina de la Secretaría de Gobierno de la CDMX. El 12 de enero pasado la Comisión presentó un impresionante Plan para la Reconstrucción organizado en 45 programas.

Carlos A. Flores Vargas y Ricardo Becerra

   El marco legal para la Comisión ha sido la Ley para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, expedida el 1 de diciembre. Allí se establece el Fondo para la Reconstrucción que reúne todos los recursos para esa tarea, provenientes de gobiernos federal y local, instituciones sociales y privadas o gobiernos extranjeros. La administración del Fondo, de acuerdo con el artículo 109, “estará a cargo de la Secretaría de Finanzas. El Órgano Legislativo, a través de su Comisión de Gobierno supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de dicho Fondo”.

   De esa manera se buscó concentrar los recursos para la reconstrucción, administrarlos de manera racional y con plena transparencia. La Comisión tendría la responsabilidad de identificar las tareas más urgentes, elaborar un programa, coadyuvar en la comprobación de las erogaciones realizadas y, antes que nada, conocer los requerimientos de los damnificados. Están en marcha seis censos (de inmuebles, personas afectadas, mercados públicos, infraestructura, daños en actividades agrícolas y patrimonio cultural) a partir de los cuales se determinaría el ejercicio de recursos.

   Sin embargo el 31 de diciembre la Asamblea Legislativa de la CDMX con una sola palabra, modificó la asignación de recursos financieros a  partir de las propuestas de la Comisión. Ese órgano legislativo acordó que a través de tres de sus integrantes —el presidente y el secretario de la Comisión de Gobierno, así como el presidente de la Comisión de Presupuesto— “autorizará, supervisará, vigilará y propondrá el ejercicio de los recursos”.

  Se trata del ejercicio de 8 mil 772 millones de pesos que ahora se encuentra sujeto al arbitrio de tres personas: los diputados locales Leonel Luna y Mauricio Toledo del PRD, así como Jorge Romero, del PAN.

  Mauricio Merino, miembro de la Comisión, advirtió ese retroceso, y la trampa que implica, en su artículo de El Universal el 29 de enero: “Los diputados añadieron al verbo proponer, el verbo autorizar. Y con esa magia verbal, se hicieron del control del fondo que quiere recuperar y transformar a la CDMX”.   

   El 31 de octubre el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en respuesta a ese reclamo anunció que la Asamblea modificaría “la mecánica” para el cumplimiento de la cuestionada disposición. A su vez, los tres diputados aseguraron que no entorpecerían las propuestas de la Comisión de Reconstrucción pero no modificaron la inusitada facultad que ellos mismos se habían arrogado.

   Al Poder Legislativo local le corresponde aprobar las partidas presupuestales. Pero el ejercicio específico de ellas es responsabilidad del gobierno. El entremetimiento de Luna, Toledo y Romero en tareas que no les corresponde ejercer no sólo dificultaba el empleo de esos recursos de acuerdo con las prioridades identificadas por la Comisión que, a su vez, ha tenido estrecho contacto con los damnificados. Esas prioridades son dar certeza jurídica a los propietarios e inquilinos de inmuebles afectados por el sismo, anulación de riesgos para las personas y estudios de suelo y reforzamiento de estructuras. Además, el triunvirato autorizador despojó al gobierno de la Ciudad de México de una atribución constitucional y dejó al arbitrio de esos diputados la decisión final sobre una enorme cantidad de dinero.

   Las dificultades para que hubiera un gasto transparente y la posibilidad de que esos recursos sean empleados con criterios clientelares especialmente en este año electoral, intensificó las suspicacias en torno a la excesiva facultad que se concedieron los tres diputados. Los diputados de Morena en la Asamblea Legislativa presentaron una acción de inconstitucionalidad, ante la Suprema Corte, en contra de esa discrecionalidad que beneficia a dos legisladores del PRD y uno del PAN. 

   El pasado jueves 15, Luna, Romero y Toledo le enviaron al Jefe de Gobierno un oficio en donde explicaban que “la facultad para aprobar” el empleo de fondos públicos “se agota” en la expedición del presupuesto. Sin embargo el artículo 14 del Decreto de Presupuesto les asigna facultades más allá de la aprobación de las partidas del gasto público. Aunque la contradicción entre lo que consagraron como ley el 31 de diciembre y lo que decían en documentos y declaraciones varias semanas después ha sido evidente, los tres diputados y quienes los respaldan en la Asamblea Legislativa mantuvieron la norma que les da la última palabra sobre el gasto para la reconstrucción.

   El mismo 15 de febrero, Ricardo Becerra le comunicó al Jefe de Gobierno que había recibido dos oficios de miembros de la Asamblea: “Ignoro la justificación o las prioridades que han orientado el gasto de los casi 8 mil millones de pesos expresados en sendos escritos. No sólo eso, sino que no tiene relación alguna con el diagnóstico de las necesidades de las personas afectadas por el sismo y el orden de prioridades que la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México ha identificado, después de más de 150 visitas a lugares críticos”.

   Si tres diputados reemplazan el diagnóstico y las propuestas formulados en un exhaustivo proceso entonces, consideró Becerra, “la Comisión resulta ya superflua y no cabe en el esquema que la Asamblea diseñó dentro del Presupuesto de Egresos 2018”. Con ese argumento, presentó su renuncia como Comisionado para la Reconstrucción. Esa decisión se conoció el viernes por la tarde, poco antes del terremoto que volvió a inquietarnos a las 17.39. También el viernes 16 Mauricio Merino había anunciado que dejaría la Comisión y al día siguiente Katia D’Artigues hizo lo mismo.

   Esa noche, en una conferencia de prensa sobre las consecuencias del sismo, Miguel Ángel Mancera fue notoriamente parco cuando respondió a una pregunta sobre la renuncia del Comisionado. Se trata, dijo, de un litigio que está en manos de la Corte. El intento del jefe de Gobierno para desentenderse de un conflicto que, en buena medida, ha sido resultado de su propia negligencia y de su inhabilidad política, resulta especialmente lamentable porque está a punto de dejar ese cargo. Una de las mejores decisiones de su administración, que era la creación de una Comisión integrada por funcionarios de probada honestidad, respaldada por ciudadanos de consistentes trayectorias profesionales y académicas, quedó desvirtuada por la politiquería y las conveniencias personales.

   Ya se anunció la candidatura de Mancera para el Senado. No deja de ser significativo que los diputados locales empeñados en manejar los recursos del Fondo de Reconstrucción son dos del PRD y uno del PAN, partidos que impulsan la coalición Por México al Frente. La candidata de esa coalición al gobierno de la Ciudad, Alejandra Barrales, ha intentado justificar a los tres diputados cuya codicia política (y quizá también de otra índole) malogra un proceso que era transparente y supeditado al interés de los damnificados.

   Ricardo Becerra tiene una trayectoria definida por el compromiso público y con un decoro que ha refrendado en la ejemplar tarea que desempeñó como Comisionado y con su digna renuncia. No le hacen falta reconocimientos pero no puedo dejar de agradecerle, como habitante de esta Ciudad, el trabajo esmerado y abnegado que realizó con y para los damnificados.

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