El acoso sobre la UNAM

Publicado en Crónica el lunes 10 de febrero

Los paros en la Universidad Nacional han sido consecuencia de un escenario muy complejo que incluye denuncias justas, provocaciones intencionales, indignación legítima, aventurerismo y candor políticos e intereses partidarios y gubernamentales en una institución profundamente heterogénea. Las autoridades universitarias se enfrentan a condiciones fuera de su control y que crean una tormenta casi perfecta. El gobierno federal tiene delante de la UNAM una responsabilidad de la que no puede desentenderse.

   La irritación de centenares de muchachas que han padecido acoso o que denuncian los que han sufrido compañeras suyas se acumuló hasta reventar en las semanas recientes. La Universidad Nacional es quizá la institución mexicana con protocolos e instancias más precisas para la presentación de quejas por acoso sexual pero es claro que han resultado insuficientes.

   En la UNAM desde 2016 han sido expulsados o despedidos 94 individuos acusados de distintas formas de violencia de género: 46 académicos, 18 estudiantes y 30 trabajadores o empleados. Otros 272 recibieron suspensiones o amonestaciones (La Jornada, 12 de enero).

   Tan sólo entre junio de 2018 y junio de 2019, en la UNAM se presentaron quejas por violencia de género contra 385 personas. El 99% de las quejosas fueron mujeres. El 77% eran alumnas y, a su vez, casi 8 de cada 10 estaban en licenciatura. La Universidad inició procedimientos contra 335 de aquellos denunciados. La mitad de ellos, 178, concluyeron con una sanción y otros 96 estaban pendientes de resolución hace siete meses, cuando se publicó el informe de la Oficina de la Abogacía General donde aparecen esos datos. De los casos entonces concluidos, hubo 7 alumnos expulsados así como 14 trabajadores y 17 académicos rescindidos.

   Además de las decisiones que puede tomar sobre sus alumnos o personal, la Universidad tiene la obligación de acompañar a las denunciantes a presentar querellas formales en el Ministerio Público. Allí se origina un viacrucis que sale del ámbito de la UNAM y cuyos resultados se desconocen. La información disponible sobre acciones de la Universidad en casos de violencia de género no indica cuántas denuncias fueron llevadas ante las autoridades judiciales ni cuántas prosperaron.

   La irritación de quienes han sido o se consideran agredidas se ha extendido especialmente en el Bachillerato y en las facultades de Estudios Superiores que se encuentran lejos del campus principal.  Las alumnas más vulnerables son las más jóvenes, que estudian en la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades. Allí la vigilancia es escasa, los narcomenudistas acechan constantemente y se mantiene el amago de porros que nadie sabe o nadie dice a quiénes obedecen pero que han sido una lacra que la Universidad no se ha podido sacudir.

   Los muchachos del bachillerato suelen estar orgullosos de la  Universidad de la que forman parte pero las dificultades que padecen acotan ese entusiasmo. En tal escenario, la apuesta por la confrontación llega a ser exitosa. Los grupos que catalizan ese estado de ánimo son de diversa índole.

   Hay agrupaciones de mujeres con discursos de variable radicalidad, desde las que proponen medidas prácticas para apoyar a las jóvenes agredidas hasta aquellas que sostienen que la única solución a la violencia de género es el combate frontal contra los hombres.

   Un segundo tipo de organizaciones son los comités de representantes que, con diversos nombres, defienden reivindicaciones estudiantiles (salones de clase suficientes, campos deportivos, comedores accesibles, etcétera).

   En tercer lugar se encuentran grupos de seudoizquierda que promueven una confrontación drástica con las instituciones y sus autoridades, dentro y fuera de la Universidad. Algunos de esos grupos son de corte anarquista y en ocasiones cuentan con preparación física y equipamiento para enfrentarse con cuerpos policiacos.

   Esos tres tipos de organizaciones convergen en la mayor parte de los planteles de la UNAM que han estado en paro. En la Facultad de Filosofía y Letras la suspensión de actividades, que está por cumplir cien días, es mantenida por un colectivo de discurso feminista muy elemental. En una entrevista con la revista digital Horizontes de esa Facultad, cuando les preguntaron qué teorías feministas las alientan esas mujeres dijeron: “creemos que no necesitamos una teoría para estar luchando aquí, y que no necesitamos leer a autoras francesas, blancas y burguesas para estar aquí que sí es necesario y que tenemos el privilegio de hacerlo. Luchamos desde lo que ha atravesado nuestras vidas, desde las violencias que hemos vivido aquí en la Facultad específicamente”.

   Casi todos los grupos involucrados en los paros se expresan en redes sociodigitales, sobre todo en Facebook e Instagram. La instantaneidad en la circulación de mensajes es propicia para la difusión de llamados y denuncias pero además mantiene un estado de alerta entre sus simpatizantes, inclusive con la propagación de informaciones falsas. En los días recientes en esas redes proliferaron cuentas promovidas por grupos desconocidos por los estudiantes y que buscan exacerbar los conflictos en cada plantel. En tales redes, además, se expresan fanáticos que injurian y amenazan a los estudiantes en paro y de esa manera acentúan la polarización.

   En otros tiempos la organización estudiantil se sustentaba fundamentalmente en asambleas, no siempre representativas pero invariablemente intensas. Ahora el activismo se apoya en redes sociodigitales. Los provocadores, que en otros tiempos peroraban en las asambleas intentando que los movimientos estudiantiles se radicalizaran y de esa manera llegasen a callejones sin salida política, ahora instigan con rumores y memes en Facebook.

   Los grupos más activos se benefician de la inercia, la abulia y el temor de la mayoría de los universitarios. A pesar de que se le invoca en los discursos, en realidad no existe una auténtica comunidad universitaria. Lo que hay son docenas de comunidades distintas, con rasgos de identidad e intereses variados, en los planteles y dependencias académicas de la UNAM. La capacidad de respuesta de los universitarios es débil y apática, como se comprobó hace 20 años cuando la huelga que mantenía un pequeño grupo de activistas se benefició de la complacencia o al menos la inacción de la mayoría de los estudiantes y profesores.

   En los planteles que han estado en paro se encuentran grupos de los tres tipos que hemos señalado —feministas, estudiantiles y radicales— que se erigen como representantes de todos los alumnos. La intolerancia de las agrupaciones que practican un feminismo fundamentalista y de las fracciones anarquistas han bloqueado la deliberación con la mayor parte de los estudiantes y profesores y han obstruido acuerdos con las autoridades universitarias. En la Preparatoria 3, por ejemplo, el paro fue aprobado por una asamblea con pocos estudiantes. Cuando se llamó a una votación amplia (que decidiría la reanudación de las actividades) el “Colectivo Estudiantil Representativo” propuso en Facebook “no habrá más votaciones porque se respetará el primer y único proceso democrático”. En esa red, el muro “Cosas CCH Azcapo” recogió la actitud de un alumno descontento con la posibilidad de que la mayoría acordara terminar con la suspensión de labores: “Amigos yo opino que si gana ‘no paro’ vayamos a desconocer la asamblea”.

   A pesar del discurso anti institucional, hasta ahora las demandas de los paristas en casi todos los planteles han sido la creación o la reforma de mecanismos de denuncia o la modificación de ordenamientos como el Estatuto General de la UNAM para facilitar las sanciones a la violencia de género. Allí hay un campo propicio para el acuerdo entre paristas y autoridades.

   En cambio las denuncias específicas contra profesores y funcionarios son más difíciles de atender con prontitud. Es indispensable que, cuando hayan existido, todos los delitos sean castigados. Pero la acusación no debiera bastar para que a un presunto culpable se le destituya o expulse. De otra manera la UNAM estaría creando sanciones sumarias que atentarían contra las garantías que tiene cualquier inculpado.

   Las autoridades de la UNAM tienen que hilar muy fino en ese enredadísimo panorama interno que, para peor, se complica debido a los intereses externos interesados en soliviantar a la Universidad. El presidente López Obrador ha dicho, a propósito de los paros: “hay mano negra… siempre hay quienes mueven la cuna y hay que lamparearlos para que no anden en los sótanos”. Ahora tiene la obligación de señalar a quiénes se refiere y, desde luego, propiciar la desarticulación de los grupos interesados en alterar a la Universidad —aunque se trate de grupos o personas que forman parte de Morena—. La Universidad no puede ser ajena a las posiciones políticas que se confrontan en la sociedad pero la injerencia para crear conflictos con el propósito de beneficiar o perjudicar a cualquier fuerza política debe ser denunciada y desmontada.

   La persecución a quienes han dañado o secuestrado instalaciones de la Universidad es responsabilidad de las autoridades federales. El seguimiento a las denuncias por violencia de género, o contra quienes han vejado a profesores y estudiantes, es obligación de las autoridades judiciales de la Ciudad de México y del Estado de México, entre otras entidades. El presidente puede y debe esclarecer y sancionar los manejos de las manos negras, o del color que sean.

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