La mercantilización del feminicidio

Fotografía tomada de http://www.elpais.com

Publicado en Crónica el lunes 17 de febrero

Brutal, espantoso, atroz… el asesinato de Ingrid Escamilla fue tan salvaje que se convirtió en emblema de la causa de las mujeres en México. A falta de adjetivos para calificar ese crimen, las protestas contra la violencia de género se desbordaron en calles y redes. El lucro de algunos medios con imágenes como las del asesinato de esa joven de 25 años redobló la indignación.

  ONGs y partidos, legisladores y jueces, opinadores e influencers, tuvieron reacciones que van del pavor a la propuesta en el afán para atajar y perseguir los feminicidios. Sin embargo el presidente de la República manifestó un desdén cercano a la insolencia cuando una periodista insistió en pedirle una respuesta para las mujeres que protestaban afuera de Palacio Nacional. En vez de referirse al incremento en los feminicidios el presidente López Obrador habló de él mismo, de trayectoria y sus intenciones. En lugar de precisar medidas, insistió en gastadas fórmulas retóricas. El “decálogo” que improvisó para salir del paso, antes de expresar un irritado “ya” indicando que según él había cumplido a la demanda de las mujeres, es un perfecto emblema de la incapacidad del gobierno para entender a la sociedad y del desprecio por las políticas públicas, en este caso para enfrentar la crisis de inseguridad.

   En el decálogo presidencial hay declaraciones personales, admoniciones y vaguedades declarativas pero ni un compromiso específico. Cualquiera puede compartir esas frases pero, al confrontarse con la realidad de todos los días, resultan pura palabrería. Quién sabe si es peor esa tendencia a las imprecisiones (que es una manera de no hacer y por lo tanto no enfrentar los problemas) o la convicción al menos aparente de López Obrador de que está haciendo bien las cosas.

   El fallido decálogo encontró millares de réplicas, muchas de ellas explicablemente airadas. La destacada soprano María Katzarava hizo suyo un texto de la musicóloga Enid Negrete en una docena de entradas de Twitter:

   “¿Tiene usted idea de la vergüenza ajena que pasamos los mexicanos que vivimos en Europa cuando aquí salen sus ‘declaraciones’ sobre los feminicidios y sus respuestas a las preguntas de las periodistas sobre ese tema en los noticieros? ¿Tiene usted una remota idea de qué va a pasar si esto sigue así? ¿Es usted un ser humano? ¿Cómo puede ver estos asesinatos, secuestros, violaciones y demás sin inmutarse?… ¿Cómo es posible que un problema de derechos humanos como es el feminicidio, que afecta a la mayor parte de los mexicanos reciba las tibias y titubeantes respuestas que ha dado?… Un país que mata a sus mujeres y trata a sus artistas como limosneros es un país de vergüenza”.

   A su vez, varios colectivos de mujeres difundieron el fin de semana su propio decálogo con cuestionamientos a la presencia de las fuerzas armadas en las calles y propuestas que van desde campañas contra la violencia de género e información sobre recursos legales de las mujeres hasta la derogación de disposiciones discriminatorias, capacitación de personal en juzgados y protocolos judiciales con perspectiva de género y prevención contra feminicidios. El Decálogo Feminista plantea la alerta nacional de violencia de género y la tipificación del feminicidio en los códigos penales de los estados. Otras propuestas son coordinación de policías municipales, estatales y federales, promoción a las denuncias en casos de violencia de género y objetivos precisos que permitan evaluar el desempeño del gobierno en estos temas.

   Además de esas reformas institucionales y la constante e incumplida queja contra la impunidad, en estos días en la agenda de la causa feminista destacó el repudio al sensacionalismo en los medios de comunicación. El Decálogo Feminista propone la “regulación a los medios de comunicación para que no se revictimice a las mujeres”. Por su parte, algunas docenas de las manifestantes que el viernes 14 recorrieron varios sitios de la ciudad de México agredieron las instalaciones del periódico La Prensa que publicó fotografías del multicitado crimen.

   La mercantilización de la tragedia ha sido, desde siempre, una lacra de los medios de comunicación. La fascinación por el escándalo y la exhibición de hechos violentos ha estado presente al menos desde hace un siglo en la prensa de todo el mundo y se extiende a las redes sociodigitales. El reconocimiento de esa propensión al sensacionalismo no implica condescendencia con ella. El periodismo de calidad se distingue, entre otros rasgos, por el respeto a sus audiencias y a los protagonistas de las informaciones que publica.

   Hay dos vertientes adecuadas para evitar la difusión de escenas grotescas, que no son indispensables para que se entienda la gravedad o el significado de los hechos criminales. Por una parte, la sociedad preocupada por el sensacionalismo mediático puede señalarlo, cuestionarlo y castigarlo. Si la gente dejara de adquirir o mirar los medios que hacen negocio con el escándalo en la información, entre otros temas, relativa a feminicidios, el costo de publicar escenas escabrosas sería mayor que sus eventuales rendimientos. Por otra parte, al periodismo de escándalo tendría que enfrentarlo el periodismo de calidad que investigue y ponga en contexto las informaciones de corte policiaco.

   Hay disposiciones legales que, si se aplicaran, dificultarían e incluso sancionarían la publicación de imágenes de las víctimas de hechos criminales. Pero cuando se trata de acontecimientos que son del dominio público, o que ocurren en sitios públicos —lo cual no sucedió en el asesinato de Ingrid Escamilla— los medios pueden reclamar que tienen derecho a publicar escenas allí registradas. La mejor manera de propiciar un ejercicio responsable de la libertad de expresión es la exigencia de la sociedad.

   Desde luego hay medidas que el Estado puede tomar para dificultar la publicación de imágenes como esas. Por lo general, las fotografías de hechos criminales no son filtradas a los medios por autoridades judiciales o gubernamentales. Hay un pequeño mercado de esas imágenes en el que participan policías, camilleros e incluso reporteros gráficos que toman fotos para venderlas a medios impresos y en línea. Si hay servidores públicos entre quienes toman esas imágenes los gobiernos locales pueden identificarlos y sancionarlos. Una medida para desalentar la propagación de tales fotos sería que el Estado cancelara toda la publicidad que entrega a medios sensacionalistas y que las empresas privadas que se anuncian en ellos dejaran de hacerlo. La sociedad inconforme con los medios amarillistas podría dejar de consumir los productos de las empresas que se anuncien en ellos.

   Esas sanciones tendrían que extenderse al conjunto de los consorcios que son propietarios de medios que lucran con la tragedia. Uno de los periódicos que publicó escenas del crimen fue el periódico ¡Pásala! que es editado por el Grupo Notmusa del cual dependen publicaciones como TV Notas, Récord y Veintitantos. El Grupo Reforma publica el pasquín Metro que vende ejemplares con imágenes y titulares sensacionalistas. La Prensa forma parte de la Organización Editorial Mexicana que tiene más de 40 diarios.

  La Prensa reaccionó a los cuestionamientos que se le hicieron con un editorial en su primera plana del viernes 14 de febrero. Cuatro días antes había publicado en el mismo sitio una imagen del cuerpo  asesinado de Ingrid Escamilla. La Prensa no se disculpó, ni ofreció promesa de rectificación alguna. Al contrario, ese diario se mostró como abanderado de los derechos de las mujeres y se ufanó de haber influido para que en las leyes mexicanas haya quedado tipificado el feminicidio. La desvergüenza de los editores de ese periódico es palmaria. Cotidianamente la política editorial de diarios como La Prensa, Metro y ¡Pásala! infringe derechos de las personas.

   Nada de eso disculpa la agresión de las jóvenes radicales y encapuchadas que atacaron el edificio de La Prensa e incendiaron un camión de reparto de periódicos. Al abuso jamás se le combate con el delito. Dicha así, en estos tiempos de creencias maleables y compromisos gelatinosos, la frase anterior parece lábil y demodé. Por eso mismo hay que reiterarla: al abuso no se le combate con el delito. A muchas feministas y simpatizantes de sus causas la sublevación de las encapuchadas les parece tan correcta que les dispensan esos desmanes. Pero una causa justa nunca legitima los atropellos que se cometan en su nombre. La autoridad moral del reclamo feminista queda erosionada en cada abuso de las jóvenes encapuchadas.

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