Ni Cárdenas, ni López Mateos

Publicado en La Crónica el lunes 11 de octubre

A diferencia de la expropiación del 38, cuando el Estado se apropió de la infraestructura y los derechos de las empresas petroleras y luego pagó por ellos, la nacionalización eléctrica fue pactada con las compañías de electricidad.

Manipulado y mitificado, el nacionalismo mexicano predominó en la ideología política de nuestro siglo 20. Los gobiernos priistas buscaron legitimarse en ese nacionalismo que tenía una contrahechura de origen. El nacionalismo mexicano estuvo repleto de símbolos culturales pero afortunadamente no fue, como los de otros países, una ideología autárquica.

   El nacionalismo, en el mundo, ha sido causa de aislamientos y fundamentalismos porque es, antes que nada, una reivindicación chauvinista. La exaltación desmesurada de lo propio conduce a la exclusión de los otros. Ese nacionalismo produce escisiones territoriales y políticas y la fragmentación de las sociedades. En nuestro país el nacionalismo tuvo un componente antimperialista pero, antes que nada, se sustentó en la mexicanización de empresas que estaban en manos privadas. Ese nacionalismo tuvo como episodio primordial la expropiación petrolera de 1938. 

   Arnaldo Córdova explicó en 1980 que en México el nacionalismo no se derivaba del sustantivo “nación”, sino del verbo “nacionalizar”. No está arraigado en atributos nacionales —territorio, lengua, cultura, etcétera— sino en la recuperación, para el Estado, de recursos naturales y empresas estratégicas. Esa fue la gran transformación establecida en la Constitución de 1917 y puesta en práctica por Lázaro Cárdenas en 1938. Ese nacionalismo fortaleció al Estado pero no promovió la xenofobia de la sociedad como hicieron los gobiernos nacionalistas en otros países.

   La nacionalización petrolera ocurrió cuando las compañías estadounidenses y europeas se negaron a cumplir una resolución de las autoridades laborales para que hubiera un contrato colectivo en esa industria y para mejorar las prestaciones de los trabajadores. Aquella forzada decisión del general Lázaro Cárdenas suscitó un amplio respaldo social. Las negociaciones con empresas y gobiernos extranjeros para resolver el pago de la indemnización se prolongaron casi diez años.

   En 1960, el 27 de septiembre, el presidente Adolfo López Mateos anunció la adquisición de la Mexican Light and Power Company y de otras empresas que controlaban la distribución y parte de la generación de energía eléctrica. A diferencia de la expropiación del 38, cuando el Estado se apropió de la infraestructura y los derechos de las empresas petroleras y luego pagó por ellos, la nacionalización eléctrica fue pactada con las compañías de electricidad. En ambos casos el Estado, a nombre de la nación, se hizo cargo de tales industrias.

   El presidente López Obrador dice que su iniciativa de reforma constitucional en materia energética no implica nacionalizar ni estatizar la electricidad. Pero aunque podría haber empresas privadas, ese mercado estaría acaparado y controlado por la Comisión Federal de Electricidad. El presidente, por otra parte, ha comparado su propuesta con las decisiones de Cárdenas en 1938 y de López Mateos en 1960.

   Con ese símil, que emplea sobre todo para conmover la mala conciencia de los legisladores del PRI, López Obrador intenta utilizar el prestigio histórico y social que tiene el nacionalismo entre los mexicanos. Se trata de un nacionalismo estrecho, sustentado en la acción de nacionalizar y no en el interés de la sociedad, como sucedió con la mexicanización eléctrica de hace ocho décadas. Cuando la CFE se hizo cargo de las empresas adquiridas en 1960 comenzó una larga historia de corrupción y arbitrariedades. La adjudicación discrecional de contratos, la simulación con obras que no se realizaban, los subsidios a favor de negocios privados, el crecimiento de un sindicalismo espurio y una extendida corrupción, incrementaron los costos y la ineficiencia de esa empresa. En los años 70 la Tendencia Democrática de los trabajadores electricistas denunció con arrojo esa descomposición de la CFE.

   La reforma constitucional de 2013 permitió la participación de empresas privadas en la generación de electricidad, reservando para el Estado su transmisión y distribución. La Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos adquirieron autonomía técnica y de gestión. De esa manera los mercados eléctrico y de hidrocarburos estarían regulados por organismos ajenos a Pemex y la CFE. El control operativo del sistema eléctrico del país quedó a cargo del Centro Nacional de Control de Energía.

   Ahora, la propuesta de López Obrador no nacionaliza la energía eléctrica pero le da a la actual CFE el manejo de porciones del mercado que ahora son cubiertas por particulares. Además, desaparecerían las comisiones nacionales de Energía y de Hidrocarburos y el Centro Nacional de Control de Energía pasaría a la propia CFE. Es decir, quedarían anulados los organismos que hoy tiene el Estado para regular a sus empresas energéticas. La CFE no tendría contrapesos institucionales para hacer y deshacer en el mercado eléctrico.

   La contrarreforma de AMLO tiene numerosas implicaciones, todas funestas, contra el medio ambiente y derechos adquiridos, encarecería las tarifas al público, provocaría la caída de Inversiones, obligaría a gastos enormes en indemnizaciones y dejaría en inseguridad jurídica el empleo de paneles solares, entre otras consecuencias. Además significa la burocratización indeseable y el manejo arbitrario, sin fiscalizaciones institucionales, de la energía eléctrica. 

   No se trata de una estatización, ni mucho menos de una nacionalización, sino de la subordinación de la industria eléctrica al gobierno federal. El gobierno no es el Estado (como recordó el sábado Liébano Sáenz en Milenio). López Obrador quiere eliminar controles y contrapesos que ahora acotan, desde el Estado, la discrecionalidad de su gobierno en el manejo de la electricidad.

   No es al general Cárdenas ni a López Mateos a quienes se asemeja López Obrador. Su empeño para acaparar decisiones a costa del resto del Estado, el desprecio por la sociedad, la persecución a opiniones disidentes, su alejamiento de la realidad, recuerdan más bien a Gustavo Díaz Ordaz.

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