“No pasa nada”

Esos individuos traían «chalecos antibalas, uniformes tipo militar, equipo de radiocomunicación, armas cortas y cuernos de chivo». Fotografía tomada de subrayado.com.mx

Publicado en La Crónica el lunes 30 de mayo

Negar la realidad, se ha convertido en coartada favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cree que si los desconoce, los hechos incómodos quedan fuera del escenario público y él, entonces, estará exento de responsabilidades. La realidad tiene otros datos.

   El viernes pasado, 27 de mayo, varios periodistas y funcionarios viajaban en cuatro camionetas desde Culiacán, Sinaloa, a Guadalupe y Calvo, en Chihuahua. Estaban cubriendo la visita de López Obrador a esa región. Alrededor de las 8.30 cerca de Bacacoragua, municipio de Badiraguato, fueron detenidos por un retén con hombres armados. Eran 10 individuos que llevaban “chalecos antibalas, con hasta ocho cargadores, uniformes tipo militar, equipo de radiocomunicación, armas cortas y cuernos de chivo en tres camionetas sin placas desplegadas sobre la carretera”, según el reportero Alberto Morales, de El Universal.

   El diario sinaloense El Debate informó que el retén “tenía tapada la vialidad con dos camionetas y alrededor de 10 hombres, quienes tenían a los costados barricadas de piedra y ponchallantas para evitar el paso de las unidades”. Estaban armados con rifles AK-47.

   Forzados así a detenerse, a los reporteros les preguntaron si llevaban armas. “ ‘No, solo cámaras’, respondió uno de los ocupantes —de acuerdo con la nota de El Universal—. ‘¿Las traen apagadas?’ reviró el hombre que vestía tipo militar,pero en lugar de botas calzaba huaraches, y en el brazo izquierdo lucía un parche con la imagen de una naranja en medio de dos número ‘7’ color negro.  ‘Sí, mire’, le respondieron”.

   Después de esa revisión, los dejaron pasar. El diario Noroeste, también de Sinaloa, deploró: “El convoy de prensa vivió un momento tenso, por decir lo menos, y peligroso… No los bajaron de los vehículos, ni hubo intención de ataque, pero por supuesto es impactante que hombres armados con fusiles de alto poder te interroguen”.

   Bacacoragua está cerca de La Tuna, en donde nació el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Allí vive su madre, Consuelo Loera, a quien a fines de marzo de 2020 el presidente López Obrador, que hacía un recorrido en esa zona, se detuvo a saludar. Ahora el presidente y sus acompañantes más cercanos no viajaron por esa región por carretera, sino en cuatro helicópteros militares.

   La detención de los reporteros, por breve que haya sido, ocasionó natural inquietud en los medios de información. Interrogado poco después, en una declaración que recogió el medio local Los Noticieristas, el presidente solamente dijo: “Yo no supe nada, quién sabe si sea verdad”.

   Pues sí era verdad y López Obrador tuvo más tarde otra conversación sobre ese episodio con periodistas enviados a la gira. Cuando le preguntaron si hay grupos delictivos que controlan territorios en Sinaloa y otros estados, replicó: “No, eso es lo que dicen los conservadores, ya eso es lo que dicen, pero no les crean a los conservadores porque si ustedes les creen a los conservadores pueden tener problemas, me refiero a que les produzcan confusión”.

   La cantinela de López Obrador se ha desgastado y no convence a nadie. Hechos como el de Bacacoragua no son ficción, sino expresiones de una realidad que desde hace años es forzosamente cotidiana y que el Estado mexicano no ha sido capaz de resolver. En gobiernos anteriores, las autoridades al decían que incidentes como ese serían investigados y castigados. Ahora, el presidente de la República los niega.

   Los reporteros insistieron: en Jalisco y otras entidades hay grupos de delincuentes que incluso emplean uniformes tácticos y armamento que debiera ser exclusivo de las Fuerzas Armadas. AMLO admitió: “Eso sucede en Jalisco, sucede en otras partes, está mal, no debe de suceder, pero no solo es el caso en Sinaloa, yo les diría arriba Sinaloa”. 

      “¿Los grupos delictivos no tienen control del país?” machacó otro periodista. “No, no, eso lo piensan los conservadores. Ya. Yo no soy Felipe Calderón. Sí, ya, para que quede claro”, y así López Obrador quiso evadir su responsabilidad en la expansión de la delincuencia.

   Ante las voces de otros reporteros, López Obrador simplemente dijo: “No pasa nada, no pasó nada… No hay ningún problema, no hubo ningún problema”.

   Así que no es problema la existencia de grupos armados que han secuestrado zonas enteras y controlan el tránsito en carreteras sin que haya presencia alguna de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano. Al presidente le pareció que lo más importante fue que el incidente no tuvo mayores consecuencias. Y en efecto, más allá del susto los reporteros pudieron seguir su camino. Pero cuando se dice que no ocurre nada porque las cosas no fueron peores, se incurre en una inadmisible trivialización o, como se dice ahora, en una normalización de la violencia.

   Hay zonas del país en donde la ley de la fuerza, impuesta por grupos criminales, vale más que el orden constitucional. A la región en donde sucedió ese incidente, en donde convergen Sinaloa, Chihuahua y Durango,  se le conoce como el “Triángulo Dorado del narcotráfico”. En su reciente visita, en Guadalupe y Calvo, López Obrador dijo que en vez de ese nombre, hay que decirle “el triángulo de la gente buena y la gente trabajadora”.

   Esa gente buena y que trabaja, que sin duda es mayoría, en vez de otras denominaciones preferiría vivir sin amenazas de los criminales. Pero el presidente intenta exorcizar los problemas a fuerza de no mencionarlos. Su otro recurso es culpar de los problemas a quienes lo precedieron, pero con tres años y medio de gobierno tal subterfugio no funciona. 

   En el transcurso de los 42 meses que lleva el gobierno de López Obrador México ha padecido, en cifras redondas, 122 mil homicidios dolosos. De acuerdo con la consultora TResearch, cuando el gobierno de Felipe Calderón llegaba a los 42 meses habían ocurrido 53 mil 300 homicidios dolosos. Al cumplirse ese lapso en el sexenio de Enrique Peña Nieto, eran 74 mil 700. 

   La criminalidad ha empeorado durante este gobierno y a esa realidad es imposible ocultarla simulando que no pasa nada.

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