Archivo para la categoría "Democracia"
En defensa de la laicidad en México
Desplegado publicado en El Universal. Versión en PDF
México D.F. a 13 de mayo de 2013.
En los días recientes hemos atestiguado diversas manifestaciones de actores políticos que violentan y ponen en peligro al principio de la laicidad que, por mandato constitucional, caracteriza a la República mexicana.
En concreto, los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, de Veracruz, Javier Duarte y del Estado de México, Eruviel Ávila, todos del Partido Revolucionario Institucional, han realizado pronunciamientos o participado en actividades de indiscutible índole religiosa. En los tres casos, al realizar esas acciones, actuaron en su carácter de gobernadores constitucionales de sus respectivos estados. Por su parte, el Partido del Trabajo y el Partido Acción Nacional celebraron una alianza electoral en Durango para la que pidieron -y obtuvieron- la bendición de un arzobispo. Leer el resto de esta entrada »
Reivindicación de lo público
Reforma, avance histórico que es preciso cuidar en cada detalle
Artículo publicado en Zócalo, abril de 2013
Museu Valenciá d’Etnologia. Imagen tomada de http://thebarking.com/
La reforma constitucional que propuso el Pacto por México y que la Cámara de Diputados aprobó el 21 de marzo significa la creación de un nuevo modelo para las telecomunicaciones y la radiodifusión.
Hasta ahora esos servicios han dependido del desarrollo de grandes monopolios, con débil regulación y sin contrapesos delante de ellos. La iniciativa de los partidos políticos y el gobierno federal promueve una diversidad que nunca hemos tenido en la prestación de tales servicios en nuestro país y asegura el desarrollo de medios no comerciales. Además propone, por primera vez, la creación de un plan para que la sociedad mexicana se involucre en el entorno digital, particularmente en el aprovechamiento de Internet.
La gran novedad conceptual en esa iniciativa se encuentra en el reconocimiento de las telecomunicaciones y la radiodifusión como actividades de servicio público. La Ley de Radio y Televisión de 1960 y especialmente la de Telecomunicaciones de 1995, concibieron a esas actividades como negocios fundamental y en ocasiones exclusivamente privados. Leer el resto de esta entrada »
Diversidad de medios, para garantizar libertades
Una alianza política del presidente Enrique Peña con las televisoras dependerá de qué tan necesarias le resulten para desarrollar sus proyectos de gobierno.
La Jornada vs. Letras Libres: El derecho a la crítica
Columna Mostrador, en emeequis
La sentencia de la Suprema Corte que absolvió a la revista Letras Libres y al escritor Fernando García Ramírez defiende el derecho a la crítica y subraya que los medios de comunicación están inevitablemente expuestos al escrutinio de la sociedad.
Hace casi ocho años, el diario La Jornada presentó una demanda judicial para inconformarse con un artículo publicado en marzo de 2004. García Ramírez, a la sazón subdirector de Letras Libres, publicó en esa revista un breve cuan enjundioso texto para controvertir las simpatías de La Jornada con el grupo terrorista español ETA. García Ramírez cuestionaba el acuerdo de colaboración periodística que el diario mexicano había suscrito con el periódico vaco Gara, relacionado con ETA. Debido a las opiniones de La Jornada acerca de esa organización separatista, consideró que estaba “al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas”. Leer el resto de esta entrada »
Mercado, política de izquierdas
Publicado en emeequis
La política era antes más sencilla. Las izquierdas encarnaban el afán de cambio, la justicia social, el respeto a los derechos humanos. Las derechas proponían el mantenimiento de privilegios, que pareciera que las cosas cambiaban para que todo siguiera igual. Por supuesto ese mundo jamás era tan esquemático; en las izquierdas siempre había cacicazgos y autoritarismos, en el flanco derecho surgían esfuerzos por la democracia.
Sobrevinieron los derrumbes ideológicos y políticos que a partir de 1989 homogeneizaron, casi, el
Estereotipos. Imagen tomada de http://desculturizate.blogspot.com
antaño polarizado escenario global. En México, las izquierdas más destacadas se mimetizaron con un segmento del viejo PRI y afloró lo peor de ellas: clientelismo, demagogia, corrupción en ocasiones; es decir, los mismos síntomas del antiguo sistema político, ahora con otras siglas. Entre las derechas asomaron sectores modernos para allanarse a la propuesta neoliberal que campearía en el mundo.
El mercado se convirtió en dogma, como decíamos recientemente en estas páginas. O más bien, la idea del mercado que han querido imponer las grandes empresas y sus afanosas expresiones tanto en la academia como en los medios de comunicación, ha pretendido que libre competencia significa hegemonía de las corporaciones más poderosas. Leer el resto de esta entrada »
Carmen Aristegui
Publicado en Eje Central
Aristegui se ha convertido en todo un caso. Mientras más se aplaza la solución a su exclusión de la radio, más se polarizan las posiciones en torno a esa importante conductora y la desafortunada medida que tomó la empresa MVS.
Ya sea que haya sido decisión exclusivamente de la empresa o que haya sido inducida desde la Presidencia de la República, la cancelación del noticiero encabezado por esa periodista se confirma como un enorme desatino. De no haber sido expulsada de la frecuencia radiofónica, a estas alturas nadie se acordaría del cuestionamiento que Carmen Aristegui hizo el viernes pasado acerca del estado de salud del presidente Felipe Calderón. Las bravuconadas y provocaciones del diputado Fernández Noroña no hubieran trascendido, más allá de la de por sí lamentable suspensión de la sesión del día anterior en San Lázaro y del discutible comentario de la periodista.
El hombre que siempre llegaba temprano
Publicado en eje central
Por mucho que me apurase, Fallo Cordera llegaba antes. Aunque por lo general él estaba más ocupado, o tenía horarios más rígidos que yo, se las ingeniaba para estar minutos antes de la hora que habíamos convenido. Así ocurrió durante varias décadas de encuentros frecuentes, por lo general para conversar durante el desayuno o la comida pero también cuando lo visitaba en su entrañable Manzanillo o las muchas ocasiones que trabajamos juntos ya fuese en tareas políticas o académicas.
Esa puntualidad era parte del respeto que solía demostrarle a todo el mundo. La muerte de Rafael Cordera Campos el 26 de noviembre pasado nos dejó atónitos y desconsolados. Hablo en plural, porque Fallo era un hombre queridísimo por sus muchos amigos. Tuve –tengo– la fortuna de haberme contado entre ellos. Nuestras coincidencias y complicidades se extendieron, no obstante vicisitudes políticas o laborales, a lo largo de quizá tres décadas y media. No me acuerdo cuándo lo conocí, pudo haber sido en Punto Crítico, aquel grupo de ex militantes de 1968 (yo no lo fui, pero él sí) que trataba de enderezar una política de izquierdas más allá de la ortodoxia. O fue en los afanes para impulsar el sindicalismo universitario, en la segunda mitad de los 70. Leer el resto de esta entrada »
Mal de muchos
Publicado en emeequis
Acostumbrados a destacar lo accidental pero a soslayar lo fundamental, los
Imagen tomada de http://blog.pucp.edu.pe
medios de comunicación ignoraron, casi, lo mucho que se dijo acerca de la democracia y sus ausencias en el Foro de la OEA, el PNUD y el IFE hace casi tres semanas en el Palacio de Minería. La asistencia del ex presidente Carlos Salinas de Gortari concentró la atención de los reporteros que desdeñaron, sin embargo, la miga que hubo en tres días de discusiones con medio centenar de especialistas.
IETD. CAMBIAR A MÉXICO: EQUIDAD SOCIAL Y PARLAMENTARISMO
Documento del Instituto de Estudios para la Transición Democrática presentado el sábado 5 de junio de 2010
La democracia mexicana se encuentra estancada. La desigualdad social crece y escinde cada vez más al país. La sociedad está desmoralizada, atemorizada y desconfiada. La clase política, ensimismada en rencillas domésticas, deambula en la incertidumbre más preocupada en su próxima cita electoral que en los problemas esenciales del país. Y la política es vista por la gran mayoría de los mexicanos, como un espacio ajeno a sus intereses.
Conferencia de prensa del IETD en el Hotel Meliá. R Trejo, José Woldenberg, Ricardo Becerra y Enrique Provencio
En ese panorama, han aparecido propuestas de soluciones aparentes para resolver el deterioro de nuestra vida pública. A partir de diagnósticos sesgados por el interés político, la simpleza analítica o la desmemoria histórica, se ha puesto de moda considerar que las decisiones que hacen falta solamente puede tomarlas un gobierno homogéneo y fuerte, que no tenga contrapesos eficaces en la diversidad de los partidos que se expresa en el Congreso de la Unión. Nos parece que ese punto de vista se encuentra profundamente equivocado y que, lejos de remediar los problemas de nuestro sistema institucional, conduciría a un retroceso autoritario, acentuando las capacidades discrecionales de un presidencialismo del que, a fuerza de cambios parciales aunque insuficientes, nos hemos venido liberando en las décadas recientes.
La sociedad mexicana es más diversa que nunca. El único camino para consolidar un sistema político capaz de representarla y gobernarla, radica en reconocerla, llevando a partidos y al Congreso, esa diversidad. Estamos convencidos de que la pluralidad, lejos de amenazarlos, constituye la mejor garantía para la estabilidad y el desarrollo de la sociedad y la política.
La pluralidad no tiene la culpa de los desaciertos y las insuficiencias de los políticos. El reconocimiento de la pluralidad constituye la conquista más importante del tránsito democrático que los mexicanos hemos experimentado y consolidado en los lustros recientes. Ahora es tiempo de que, asumiéndola como parte de nuestra naturaleza política y social, le demos plena presencia en las instituciones que nos gobiernan.
Hacia una segunda transición
La población mexicana experimenta un sentimiento de fracaso generalizado que se trasmina en casi todas las áreas de la vida nacional: la económica, la política y aún la actividad cultural: abstenerse de invertir; cancelar proyectos para tiempos mejores; incursionar en los circuitos de la informalidad o la ilegalidad; marcharse del país; renunciar a tomar riesgos; excluirse de la vida pública; una moral social cargada de valores negativos y proclives al conservadurismo o incluso, a la superstición; retroceso de los valores laicos. Se trata de un círculo vicioso que alimenta permanentemente la desconfianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en las instituciones políticas.
El cambio democrático ocurrido en México, la salida del autoritarismo, la histórica conquista de libertades políticas, la transición en síntesis, ocurrió en un contexto adverso que acentuó la vulnerabilidad y la precariedad social para la mayoría, aceleró la desintegración y minó las bases de la propia democracia, sobre todo para las generaciones que han empezado a ser adultas después del año 2000.
El desencanto se debe, aunque sea en parte, a las desmedidas expectativas que se desarrollaron ante la alternancia en el gobierno y las nuevas reglas para la competencia política. La democracia es, no menos pero tampoco más, el régimen que permite la convivencia de la diversidad política, que construye candados para acotar a los poderes constitucionales, subordinar a los poderes de hecho y potenciar los márgenes de libertad. Pero en México no pocos protagonistas, así como diversos comentaristas del cambio democrático, llegaron a idealizarla como la estación de llegada del desarrollo político mexicano en donde la sociedad se encontraría reconciliada y sin fisuras y en donde bastaría la acción tutelar de los gobiernos electos bajo las nuevas reglas para que tuviéramos un porvenir dichoso y sin conflictos graves.
La realidad ha confirmado que la democracia, cuando existe, permite dirimir conflictos de manera civilizada pero no garantiza el bienestar de la sociedad. Si a esa realidad añadimos el hecho de que hemos padecido gobernantes inexpertos o mimetizados con la vieja cultura política y cuyas gestiones no han significado cambios sustanciales en comparación con el régimen autoritario que prevaleció durante todo el siglo 20, tenemos las claves de un escenario propicio para la insatisfacción y el enfado sociales.
Para hacerla sustentable, eficaz y compartida por la sociedad, la democracia requiere de un horizonte de todos y para todos. Y no es ese el perfil que ha tenido el quehacer político preponderante durante los años recientes. La democratización del país fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de gobiernos y oposiciones, además de la contribución de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, académicos e intelectuales. Hoy se requiere un esfuerzo similar para edificar una casa común que logre trascender el archipiélago de clases, nuevas castas, grupos, tribus y pandillas en el que se está transmutando el país. Es hora de emprender una “segunda transición”, ahora desde la democracia, hacia una sociedad cohesionada e igualitaria en sus derechos.
Pese a reformas, desigualdad social
En los partidos hegemónicos y en algunos segmentos de la opinión publicada, se ha desarrollado la presunción de que la diversidad política impide que se acuerden y aprueben las reformas que le hacen falta al país. También se llega a decir que en México no hemos tenido reformas importantes en las décadas recientes.
La historia contemporánea desmiente esas suposiciones. Desde los años 80 y especialmente en los 90, cuando el régimen de partidos comenzaba a fortalecerse y luego fue una realidad inevitable en el Congreso, el Estado pudo aprobar importantes –aunque con frecuencia discutibles– reformas estructurales para la economía. Las políticas de privatización que crearon nuevos polos de poder financiero, los acuerdos comerciales que nos involucraron en una globalización sin desarrollo suficiente, la apertura a la inversión extranjera de diversas áreas de la economía, la contracción del Estado y a pesar de ello la transformación en deuda pública de importantes adeudos financieros privados y el nuevo esquema de pensiones han sido, junto a otras más, reformas estructurales surgidas bajo gobiernos de distintos signos políticos y por lo general precedidas de intensos debates. Llevamos un cuarto de siglo de reformas profundas cuya sola enumeración demuestra la capacidad estatal para hacer ajustes y cambios.
El problema entonces, no ha sido la ausencia de reformas, sino su completa indiferencia para enfrentar la desigualdad social, que constituye la dificultad mexicana más apremiante. A pesar de las reformas económicas (y también debido a ellas) México se encuentra estancado desde hace casi tres décadas, con todos sus efectos distorsionantes: pobreza indisoluble, polarización social, migración masiva, multiplicación de la informalidad, cancelación de la movilidad social. Toda una generación ha escuchado la misma promesa que se repite hoy: “tan pronto como pongamos en marcha las reformas estructurales necesarias, México tomará la senda de prosperidad”. Los jóvenes de hoy, igual que los jóvenes de ayer que crecieron confrontados con el incumplimiento de esa promesa, tienen fundado derecho al escepticismo.
La capacidad reformadora, por otra parte, también ha logrado crear instituciones democratizadoras que además de proteger derechos fundamentales logran fiscalizar la gestión de las autoridades. De eso se trata la vida democrática aun cuando los contrapesos legislativos, judiciales, regionales, se multiplican y gravitan a cada paso complicando el gobierno y las decisiones esenciales.
Cualquiera que compare la política de hoy y la de hace veinte o treinta años notará las diferencias: asentamiento de la diversidad, ejercicio más franco de la libertad, contrapesos en las instituciones estatales, coexistencia de la pluralidad, ejecutivo acotado, federalismo real, mayor publicidad de las decisiones y rendición de cuentas. No obstante, ese proceso democratizador se encuentra erosionado porque en muchos otros terrenos de la vida social las realidades son más oscuras. El tránsito democratizador ha sido acompañado no sólo por un crecimiento económico magro, sino también por una persistente desigualdad social y los fenómenos de exclusión asociados a ella, como el incremento notorio de la delincuencia, un frágil y contrahecho Estado de derecho, una vida pública estridente y, en suma, una escasa cohesión social.
Legitimar al Estado, en una sociedad plural
El pluralismo que se ha instalado en el estado nacional y que determina la vida pública mexicana carece de aliento, sus ideas relevantes son escasas y manifiesta una reiterada incapacidad para deliberar de manera franca e ilustrada. El narcisismo de los partidos, la creencia de que el control de los aparatos burocráticos es fuente de impunidades y la propensión a la discusión irrelevante, han equiparado a la pluralidad con la banalidad. A pesar de todo ello, el pluralismo es necesario en la democracia contemporánea. Si el pluralismo que hemos tenido en México resulta insatisfactorio, no ha sido por carencias de la democracia sino debido a incapacidades e impericias de la mayor parte de los actores políticos que lo han encarnado.
Esas insuficiencias del pluralismo en la vida mexicana reciente, pero además una inquietante nostalgia por las mayorías excluyentes, han conducido a la reivindicación del monolitismo en el Estado. Al confundir gobernabilidad con uniformidad, se ha llegado a suponer que la única manera eficaz de gobernar en nuestro país radica en la conformación de un bloque capaz de imponerse sobre los demás.
Esa noción de gobernabilidad es antidemocrática pues supone la supresión de la pluralidad y es contradictoria con una realidad ineludible. Aunque seguimos teniendo un régimen presidencial, desde 1997 las fuerzas políticas que llegan al Congreso están obligadas a formar coaliciones para tomar decisiones. El pluralismo que tenemos, con todos sus defectos, es una adquisición democrática de nuestra transición: puso fin al presidencialismo autoritario singularizado por numerosos abusos y arbitrariedades. Cuando se pretende restringir el pluralismo para forjar mayorías artificiales mediante dudosas reglas electorales –que buscan fortalecer un gobierno supuestamente capaz de sacar adelante, sin problemas, algunas célebres pero discutibles “reformas estructurales”– se olvida que venimos de un sistema que garantizaba mayorías automáticas para un presidencialismo sin contrapesos. Abolir el pluralismo que significa la existencia de partidos de ideologías, proyectos, dimensiones y presencia pública diversos, es una solución falsa que sólo conduciría a mayores polarizaciones y a una menor legitimidad democrática de los gobiernos sustentados en esas mayorías.
Lo que hace falta es vigorizar y hacer cada vez más representativo al Estado. Necesitamos instituciones estatales con legitimidad suficiente para que sea efectivo el imperio de la legalidad, para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos e incluso para establecer y recaudar impuestos y desarrollar una política distributiva de las dimensiones que exige la profunda desigualdad social que agobia a nuestro país. Sólo un Estado fuerte, eficaz y eficiente, crea las condiciones de una sociedad civil fuerte, exigente y organizada, así como una verdadera y cabal ciudadanía. Sólo un Estado que garantiza universalmente los derechos sociales hace posible el ejercicio igualitario de los derechos de libertad, de los derechos civiles y de los propios derechos políticos. Y sólo un Estado legitimado por su capacidad de garantizar esos derechos puede regular con eficacia y eficiencia los poderes fácticos que inevitablemente surgen de una sociedad abierta y plural.
Esa tarea requiere de coaliciones y mayorías capaces de trascender intereses puramente electorales y de coyuntura. Pero no de mayorías al servicio del presidente en turno, sino de verdaderos gobiernos de coalición sustentados en acuerdos públicos y transparentes y en proyectos de largo plazo. El mayor obstáculo no es el pluralismo político sino un presidencialismo que a lo largo de toda la historia mexicana ha mostrado sólo ser eficaz cuando se vuelve autoritario.
El reto es compartir el poder
La construcción de un verdadero Estado social y democrático, garante efectivo de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, exige reemplazar el régimen presidencial por un régimen parlamentario, que entre otras cosas haga posible distinguir claramente a los gobiernos y sus mayorías contingentes, del Estado y sus funciones permanentes.
Esta operación requiere de un salto cultural y político de la mayor importancia. Las bases sociales de los partidos no parecen preparadas para encarar ese desafío, pero tampoco las dirigencias, los líderes y menos aún los candidatos. Hacia las elecciones del año 2012, cuando la democracia mexicana haya cumplido 15 años, el único vaticinio cierto es éste: ninguno de los partidos obtendrá mayoría congresual; gobernar sin mayoría volverá a ser condición ineluctable en el ejercicio del poder en México. Para resolver ese acertijo, sería preciso arriesgar un tipo de gobierno de coalición inexplorado en nuestra historia política.
Si los actores políticos no son capaces de extraer las lecciones básicas de la post-transición, viviremos una nueva versión de los sexenios previos, sea cual sea el partido que resulte ganador. Pero si el país es capaz de abandonar el libreto de la era política anterior, entonces México sería testigo de un proceso inédito, pluralista, más propiamente democrático: la construcción de una mayoría legislativa entre partidos diferentes, o hasta enfrentados, para poder gobernar. Allí está el hecho político que abriría una nueva época en México: compartir el poder.
Se trataría de crear una alianza legislativa, que se reflejase en la integración del gabinete y que impulsara un programa de gobierno común. No habrá popularidad ni capital político que valga, si no se sabe crear esa coalición. Existen numerosas experiencias exitosas de esa índole, en países con regímenes parlamentarios (Alemania, Reino Unido, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etcétera) en los cuales resulta ineludible construir una coalición. Si no la hay, si nadie tiene mayoría en el parlamento, el gobierno es imposible.
Las recientes iniciativas legislativas presentadas por los grandes partidos (PRI, PAN y PRD), tienen la virtud de poner en el centro la discusión acerca de la “forma de gobierno”, abandonando el reiterado debate sobre las cuestiones electorales. Pero casi todos esos planteamientos acuden a “salidas mixtas” que no encauzan ni resuelven el nudo esencial: la existencia de la pluralidad política. Se recurre a fórmulas ingeniosas (segunda vuelta con elección congresual) o a fórmulas artificiosas (cláusulas de gobernabilidad) que la democracia mexicana alguna vez abandonó precisamente porque adulteraban la expresión política legítima del país real.
Parlamentarismo, para la equidad
Ya es hora de repensar el arreglo institucional en su conjunto. El formato que debemos imaginar y ensayar para resolver el problema de gobierno y la ecuación pluralista en México, es el Parlamentarismo. Ese régimen necesita que haya coalición cuando ningún partido alcanza la mayoría absoluta de escaños; una coalición para formar gobierno sin desplazar o abatir los intereses y las visiones distintas que requieren ser representadas.
El parlamentarismo exige y ofrece a la vez, precisamente eso: conversación y compromisos entre adversarios, naturalización del acuerdo, política de coalición, todas ellas prácticas ausentes en la realidad política de México. Aunque no cambiase el formato presidencial, aunque no transitáramos a un régimen parlamentario, de todos modos el futuro de nuestra democracia va a depender, cada vez más, de saber gobernar en coalición, de compartir el poder con un aliado a menudo incómodo.
Y no habrá tema de intercambio y decisiones compartidas más importante que las medidas legislativas y políticas para reorientar la economía y atemperar la desigualdad social. Al país se le está acabando el tiempo. En las dos últimas décadas, de 1990 a 2010, la población ha aumentado en 24.5 millones de personas, y en los siguientes veinte años crecerá unos doce millones más. La transición poblacional sigue madurando y estamos perdiendo el bono demográfico ante la falta de inversiones y la escasa generación de empleos. No es casual que en la última década hayan emigrado, cada año, alrededor de 450 mil mexicanos en promedio.
La experiencia internacional indica que los gobiernos plurales están mejor preparados para desarrollar cambios de esa índole. Un estudio reciente de la OCDE indica que siete de las 10 mayores consolidaciones fiscales llevadas a cabo en los países desarrollados desde 1970, se han producido bajo gobiernos de coalición. Las grandes coaliciones políticas pueden enfrentar mejor los desafíos y las resistencias de los poderes de hecho que, tradicionalmente, constituyen el principal freno a las reformas fiscales, las únicas capaces de crear las estructuras de protección y de igualdad social.
Por primera vez en la historia estamos obligados a resolver, en democracia, los problemas de la pobreza y la desigualdad. Es una oportunidad y un desafío que tienen plazo: si no logramos cambiar la estructura del ingreso en la década que comienza, México habrá dejado de ser un país de jóvenes sin empleo, para convertirse en una nación de viejos empobrecidos y sin seguridad ante la vida. La riqueza para preparar y sostener a esa generación y a ese futuro debe ser creada y distribuida desde ahora, creciendo, echando mano de aquello con lo que contamos y hemos producido en las transiciones del nuevo siglo: márgenes de libertad y pluralismo como nunca los tuvimos pero escuchando, ahora sí, el mensaje igualitario de la democracia.
México D.F., 5 de junio de 2010
Instituto de Estudios para la Transición Democrática
IETD, A.C.
Transparencia, doble discurso del gobierno
Contradictorio hasta la esquizofrenia, el gobierno del presidente Felipe Calderón despliega un doble discurso en materia de transparencia. En público, el titular del Ejecutivo Federal y sus colaboradores más cercanos se ufanan de los avances recientes en el terreno de la apertura de la información gubernamental y exhortan a que otros la imiten. Pero en los entretelones de las decisiones administrativas, ese mismo gobierno propina los golpes más duros que ha recibido la causa de la transparencia.
En los días recientes, dos salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa han aceptado revisar sendas solicitudes para anular resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, IFAI. Esas peticiones fueron presentadas por la Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, organismos ambos del gobierno federal.
La decisión del Tribunal, pero además las solicitudes de esas dependencias del gobierno, son ilegales. El Tribunal Fiscal no tiene atribuciones para desahogar recursos contra resoluciones del IFAI. Ninguna disposición de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, promulgada el 6 de diciembre de 2007, le confiere facultades para ocuparse de las decisiones del organismo responsable de la transparencia federal.
En cambio la Ley Federal de Transparencia, reformada en 2006, establece de manera muy clara, en su artículo 59, que las resoluciones del IFAI “serán definitivas para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación”.
Eso significa que las dependencias y entidades federales no pueden inconformarse ante las decisiones del IFAI. Y eso es lo que están haciendo, contradiciendo la ley y el discurso del presidente Calderón, los titulares de la PGR y el SAT.
La Procuraduría General objeta una decisión del IFAI que la obliga a entregar copias de una averiguación previa, concluida hace varios años, contra Rosario Robles, ex jefa de Gobierno del Distrito Federal. No es Robles quien se ha opuesto a que esos documentos sean entregados a un particular que los solicitó. El desacuerdo es mantenido por la PGR que, ya en más de una docena de ocasiones, había gestionado recursos ante el Tribunal de Justicia Fiscal contra otras decisiones del IFAI. En esos casos el Tribunal se declaró incompetente para conocer asuntos relacionados con el IFAI. Ahora cambió de parecer.
Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria se niega a proporcionar los nombres de personas y empresas que han sido beneficiadas con la cancelación de créditos fiscales en 2007. El SAT considera que la divulgación de esos datos violaría el secreto en materia fiscal. Pero el IFAI ha explicado que esa información es útil como parte de la rendición de cuentas a la que están obligadas las autoridades. Los créditos fiscales que la autoridad en esa materia quiere dejar en el anonimato ascendieron a 74 mil millones de pesos.
La querella del SAT fue admitida el 25 de mayo pasado por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Fiscal y, junto con la decisión similar ante la solicitud de la PGR, ha motivado el “enérgico rechazo” del IFAI.
La intervención del Tribunal Fiscal quebranta la disposición del artículo 6º. Constitucional para que el acceso a la información y los procedimientos de revisión correspondientes sean atendidos por organismos “especializados e imparciales y con autonomía operativa”. Esa es la función del IFAI, así como de los organismos de transparencia que hay en cada estado del país.
Y tales injerencias, pero sobre todo las decisiones de la PGR y el SAT que las propician, desmienten las definiciones del gobierno federal acerca de la apertura de la información pública.
Apenas el sábado 22 de mayo, en la alocución que dirigió a la asamblea nacional del PAN, el presidente Calderón dijo que las reformas en materia de transparencia se encuentran entre las más importantes de los años recientes y exhortó a los delegados que venían de todo el país: “Abran ustedes la puerta de la transparencia que nosotros ya hemos abierto a nivel federal”.
El boicot a la transparencia constituye un retroceso gravísimo. El derecho de los ciudadanos a la información sobre acciones y decisiones del Estado ha sido uno de los resultados más importantes de la transición democrática en nuestro país. El doble discurso del gobierno del presidente Calderón tendría que resolverse a favor del acceso a la información pública.
El miércoles pasado el congreso de Nuevo León respaldó al IFAI frente al entremetimiento del Tribunal Fiscal y el afán de opacidad del SAT. Ese punto de acuerdo fue presentado por el coordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional.
Qué paradoja: la transparencia, que fue conquistada por la sociedad mexicana durante el gobierno de Vicente Fox, ahora es bloqueada por la administración del también panista Felipe Calderón… y es reivindicada por miembros del PRI.
Publicado en eje central
