Ebrard, autodefensa y desmemoria

Las acusaciones del cardenal Juan Sandoval Iñiguez son inaceptables. Además de calumniar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y al jefe de Gobierno del DF, manifiestan una intolerancia y un espíritu discriminatorio que han sido rechazados en numerosas opiniones y medios de comunicación.

Marcelo Ebrard aprovecha con inteligencia la oportunidad que le ofrecen los exabruptos de Sandoval. La denuncia judicial por daño moral que presentó, reivindica la necesaria aunque tan incumplida separación entre iglesia y Estado.

El documento que irritó a Ebrard y a muchos otros

De paso, gracias al lenguaraz espíritu del cardenal, Ebrard queda por un rato en el centro de la discusión pública, se muestra como defensor de la honra de los ministros y de la suya propia, ataja una imputación infamante pero que además promueve el odio y obtiene el aplauso de un importante segmento de la sociedad mexicana.

En su rabia por la decisión de la Corte que autorizó el matrimonio y la adopción por parte de parejas homosexuales, el arzobispo de Guadalajara habló con desprecio tanto de quienes tienen esa preferencia personal como de los integrantes de la Suprema Corte. Sandoval Íñiguez no tiene ni tendrá pruebas del soborno que, según insinúa, promovió Ebrard para persuadir a los ministros. El juez que reciba el expediente de ese caso procurará dilucidar laos alcances del vocablo maicear, cuya connotación en México va más allá de los usos agrícolas.

Sandoval quedará ratificado como hablador. Ebrard, tendrá un triunfo político aunque se aleje más de los mexicanos, todavía muchos por desgracia, que siguen atendiendo fanáticamente a las opiniones de la jerarquía eclesiástica. Seguir leyendo “Ebrard, autodefensa y desmemoria”

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Madrazo: Televisa le hace daño a México

El poder de Televisa le hace daño a México. Así lo reconoció Roberto Madrazo, ex candidato presidencial y ahora crítico del sistema político, entrevistado por Carmen Aristegui.

En una conversación en MVS Radio con motivo del libro que acaba de publicar, el también ex líder nacional del PRI dijo:

“Me pongo a pensar en el enorme poder que tiene una televisora y yo me pregunto hasta dónde es conveniente para nuestro país tanto poder en los medios de comunicación”.

Y un momento después: “No puede haber tanto poder concentrado en un medio de comunicación que le haga tanto daño a nuestro país. Estos monopolios no son buenos para el país”.

A esa conclusión llega Roberto Madrazo Pintado después de años, o décadas, de haber buscado el respaldo de las corporaciones mediáticas y un trienio después de haber quedado desplazado de la contienda por la presidencia de la República debido a la polarización entre los candidatos que reunieron más votos en las elecciones de 2006, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador.

Tardía, aunque todo testimonio de primera mano es útil para reconstruir cómo se toman las decisiones que amalgaman la asociación entre el poder político y el poder mediático, esa apreciación Madrazo la expresó después de que Aristegui le preguntó sobre la Ley Televisa. Como se puede recordar, en marzo de 2006 las campañas presidenciales entraban a su fase más competida y justamente entonces estaban por votarse en el Senado las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión que por su origen, el cabildeo que las impulsaba y sus beneficiarios notorios, fueron denominadas como Ley Televisa.

A pregunta de Aristegui, el ex candidato presidencial confirmó que para forzar la adhesión de los legisladores Televisa les ofreció por lo menos al PRI y al PAN un tratamiento privilegiado en la cobertura de sus campañas. Madrazo relató ayer en el noticiero matutino de MVS radio que la negociación con el Revolucionario Institucional en aquellos meses de 2006 estuvo a cargo de Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa: “Lo que ellos estaban vendiendo es que iba a haber durante la campaña un trato diferente o igual, oportunidad de hablar de propuestas. Tú te acordarás que era una campaña muy difícil mediáticamente muy difícil porque los medios estaban polarizando al país; entre la derecha y la izquierda pareciera que no existía nada más que la confrontación”.

Madrazo dice que él no participó en esas negociaciones pero sostiene que aquellas reformas fueron directamente impulsadas por la pareja que mandaba en Los Pinos: “al final, lo que ha sucedido en esa etapa es que Martha Sahagún y Vicente Fox fueron cómplices de la Ley Televisa”.

Como la periodista le replicó “Pero tú también”, Madrazo contestó de inmediato: “Fuimos débiles”.

Según Madrazo, la propuesta para darle trato preferencial al PRI se la hizo Televisa directamente a los coordinadores parlamentarios de ese partido. A pregunta de Aristegui, corroboró que la empresa televisora ofreció un paquete de cobertura política en sus canales.

El viraje de Madrazo respecto de Televisa coincide con las rectificaciones de muchos políticos mexicanos que, cuando han fracasado en sus aspiraciones electorales, encuentran que los directivos de esa televisora se habían granjeado su adhesión a cambio de promesas nunca del todo cumplidas.

Significativa por drástica, esa explicación de Roberto Madrazo queda corta. Antes del que platicó ayer martes en la radio, se han conocido otros testimonios de cómo presionó Televisa a los priistas para que sus senadores respaldaran las reformas que, al año siguiente, serían enmendadas por la Suprema Corte de Justicia.

En abril de aquel 2006 el senador Manuel Bartlett, uno de los legisladores del PRI que votó contra esa iniciativa, relató que poco antes de la sesión en donde se votaría la Ley Televisa, a los miembros de ese grupo parlamentario sus directivos los urgieron para “aprobar de inmediato la citada minuta en sus términos, por convenir a la candidatura de Roberto Madrazo. Ante una votación interna dividida se acordó el voto libre, de conciencia, pero se impuso el voto de la línea. El ‘aparato’ entró en operación, no se permitió la confrontación de las tesis diferentes para la toma democrática de posiciones, no se evaluó el interés público, la vulneración del Estado…el interés superior fue el de los candidatos y sólo el de los candidatos” (Enfoque, suplemento de Reforma. 9 de abril de 2006).

Por esas fechas, unos días antes de que fuese aprobada, el analista político Ricardo Raphael explicó los motivos que tenía el entonces candidato presidencial del PRI para respaldar la Ley Televisa: “Funcionarios de Televisa le enseñaron a Madrazo la enorme cuenta que aún les debe por su desbordada campaña publicitaria. No fue necesario más: a excepción de muy pocos como Manuel Bartlett, el resto de los senadores se plegaron a la línea que les dictó su candidato a la Presidencia”.

Madrazo podría aclarar ese y otros episodios de sumisión de su partido, y de él mismo, a los dictados de Televisa. Ayer, mientras tanto, condensó en una frase las consecuencias que tiene la presencia pública que, en ausencia de contrapesos y regulaciones eficaces, ha alcanzado la empresa de Emilio Azcárraga Jean:

“El problema que yo veo más de fondo… es este poder de las televisoras, particularmente Televisa, que puede construir o destruir honras, prestigios, en segundos”.

Tiene razón Madrazo en su apreciación sobre esa empresa y el poder mediático. Pero el problema que realmente está en el fondo de esta subordinación de la vida pública al predomino de una o dos televisoras, se encuentra en el temor ignorante y reverencial que les tienen el gobierno, los partidos y los legisladores.

Publicado en eje central.

281 026 spots

La Crónica, 24 de mayo de 2007

La denuncia del IFE destapó nuevas y quizá más graves irregularidades. La autoridad electoral encontró que, de los anuncios transmitidos en radio y televisión que se difundieron como parte de las campañas del año pasado, hay por lo menos 281 mil que no fueron registrados por los partidos políticos en los informes de gastos de campaña que tienen obligación de presentar.

 

   A tal señalamiento, de por sí delicado y que permite confirmar las anomalías a las que da lugar nuestro actual sistema de propaganda política, se añade la denuncia del senador Ricardo Monreal, del PRD, que asegura que esos spots no registrados por los partidos fueron pagados con dinero del narcotráfico. Y al escándalo que esa gravísima acusación que Monreal endereza contra todos los partidos –incluyendo el suyo– aunque no ofrece una sola prueba, se añade la revelación que ayer hizo José Guadalupe Acosta, secretario general del mismo PRD: los spots que contrató la Coalición que encabezaban los perredistas no son 165 mil como dice el IFE sino 460 mil.

 

   Una autoridad electoral que reporta 281 mil anuncios de campaña hasta ahora sin patrocinador reconocido; un senador que asegura que hubo mil millones de pesos de dinero sucio que el narcotráfico invirtió en las campañas (de acuerdo con la información publicada ayer miércoles en Crónica); un partido político que lejos de considerarlas abultadas, dice que las cifras del IFE se quedaron cortas… Antes de hundirnos en la perplejidad es pertinente acudir a varias precisiones. Y hay que separar los señalamientos serios de las frivolidades.

 

   Durante todo el proceso electoral la empresa Ibope realizó, por encargo del IFE, un monitoreo de los anuncios de campaña que se difundieron en radio y televisión. Ese monitoreo comprendió el registro diario, durante todo el día, de las transmisiones de 161 canales de televisión y 222 estaciones de radio en 20 ciudades del país. La metodología con que se realizó ese trabajo fue conocida y aprobada por los partidos que tienen representación en el IFE.

 

   En México hay muchas más emisoras. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene registradas 1488 estaciones de radio y 733 de televisión. El universo monitoreado por el IFE no las incluyó a todas pero sin duda incorporó a las estaciones con mayor audiencia en el país y, desde luego, a todas las de carácter nacional.

 

   Gracias a ese monitoreo el IFE tiene grabados cada uno de los anuncios de campaña que se difundieron entre el 19 de enero y el 28 de junio –que fue el plazo oficial de las campañas electorales– en las 20 plazas estudiadas. Esos spots la autoridad electoral los puede consultar, incluyendo varios segundos de las transmisiones previa y posterior a la difusión de cada uno de ellos, en un programa informático que fue creado para tal seguimiento. Los funcionarios del IFE a cargo de esa tarea tienen la certeza de que todos y cada uno de los spots que han reportado fueron transmitidos. Desde luego, puede haber muchos anuncios más que no quedaron registrados porque se encontraban fuera del universo que fue motivo del monitoreo.

 

   A la autoridad electoral, esa información le resulta útil para cotejarla con la información de los gastos realizados durante las campañas y que los partidos tuvieron que haberle entregado varios meses después de la elección federal. En esos informes cada partido debe indicar cuánto gastó y en qué conceptos. Cuando se trata de contratación de espacios en medios electrónicos el partido tiene que presentar un inventario de los anuncios por los cuales pagó, así como el horario preciso en que fueron transmitidos.

 

   En las ciudades en donde se realizó el monitoreo fueron difundidos 757572 anuncios de campaña en radio y televisión. Se trata de spots de todas las campañas federales: para presidente, diputados y senadores.

 

   Al comparar ese inventario con los reportes financieros de los partidos, la autoridad electoral encontró que los partidos no dieron cuenta de 281026 anuncios –es decir, el 37%– en esos informes de sus campañas.

 

   Algunas de esas omisiones pueden deberse a errores técnicos en la contabilidad de los partidos. Pero también puede haber ocurrido que los partidos hayan realizado contrataciones de manera subrepticia y de las cuales no informaron a la autoridad electoral. Y también puede haber sucedido que, en algunos casos, la transmisión de numerosos anuncios de campaña no haya sido resultado de las gestiones de los partidos sino de la contribución (que en ese caso sería ilegal) de otras instituciones, o de ciudadanos a título individual. Una tercera posibilidad es que algunas empresas de radio y televisión hayan transmitido spots por equivocación (a veces en algunas emisoras insertan publicidad como relleno para extender los cortes de estación) o, en otra hipótesis, para respaldar a algún candidato.

 

   La diversidad de situaciones que pueden haber originado los 281 mil spots de cuya transmisión hasta ahora no hay responsables, es tal que la autoridad electoral dio a los partidos un plazo de varias semanas para que ofrezcan las aclaraciones que quieran presentar. Mientras tanto, el IFE puede solicitar a las empresas de televisión y radio que le informen quién patrocinó, o quién resolvió transmitir, esos spots.

 

   Las empresas de radio y televisión no están legalmente obligadas a entregarle esa información al IFE. Pero poco antes de las elecciones algunas de las más importantes, incluyendo a Televisa y la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, suscribieron con el IFE convenios de colaboración merced a los cuales se comprometieron a entregar informes regulares de la propaganda que los partidos irían contratando en cada emisora. Las empresas no cumplieron de manera sistemática con esa obligación que ellas mismas habían aceptado y ahora el IFE puede requerirlas para que lo hagan.

 

   El IFE no puede obligar a las televisoras y radiodifusoras a que entreguen esa información. Pero a las que se nieguen a hacerlo, les resultaría sumamente comprometedor quedar señaladas como cómplices de irregularidades electorales posiblemente muy graves.

 

   Si, una vez que se depure el inventario de 281 mil spots irregulares con las aclaraciones que presenten los partidos, resulta que hay una cantidad aún considerable de anuncios que fueron transmitidos y que los partidos mismos no admiten haber pagado, nos encontraríamos ante varios posibles delitos electorales.

 

   Aquellos de esos anuncios que los partidos contrataron a escondidas o cuyas facturas no hayan requerido como es su obligación, podrían ser considerados como gastos de campaña que incurrirían en una o dos infracciones: por no haber sido reportados como tales y quizá, también, por haber excedido el límite de erogaciones que la ley establece para los partidos en cada campaña.

 

   Aquellos ciudadanos o empresas que hubiesen pagado spots de manera directa, habrían transgredido la disposición legal que adjudica a los partidos la exclusividad en la contratación de propaganda electoral.

 

   Y las empresas de radio y televisión que hubieran difundido anuncios de campaña como cortesía a uno o varios partidos y sin haber recibido pago por ello, habrían entregado una donación en especie que está prohibida y que también constituye un delito electoral.

 

   El IFE, en esos casos, puede solicitar la intervención de la Secretaría de Hacienda si considera que alguna empresa tuvo ingresos que no han sido reportados como tales. O puede enterar de esa irregularidad a la Fiscalía de Delitos Electorales de la PGR.

 

   Así que el asunto de los 281 mil spots da para mucho. Pero hasta donde podemos apreciar no hay sustento para denuncias como la del senador Monreal. No hay que cerrar los ojos ante la posibilidad de que la delincuencia organizada esté interesada en respaldar candidatos a cargos de elección, sobre todo en las regiones en donde tiene influencia y quiere incrementarla. Pero es preciso desbrozar esos casos de la situación nacional.

 

   Los spots que le sobran al secretario general del PRD pueden haber sido difundidos en plazas a donde no llegó el monitoreo del IFE. Pero aun así parecen demasiados. Es altamente posible que se trate de una exageración más de ese partido.

 

   Mientras tanto, hay varios sesgos que se pueden identificar en la información acerca de los 281026 spots hasta la fecha considerados como irregulares.

 

   Más de la mitad de esos spots, el 51.5%, difundieron propaganda a favor de la Alianza encabezada por el PRI. El 27% fueron anuncios del PAN. El 17%, de la Coalición por el Bien de Todos. El 4.2% de Nueva Alianza y el 0.3% de Alternativa.

 

   De esos spots, el 88% fueron difundidos por radio y el 12% en televisión. Sin embargo entre el total de spots registrados en el monitoreo del IFE –tanto los que son reconocidos por los partidos como aquellos que siguen sin ser aclarados– el 80% fue de anuncios en radio y el 20% en televisión.

 

   Es decir, la mayor parte de tales irregularidades se cometió en la radio. Y, al mismo tiempo, la mayor parte de esos anuncios benefició a la campaña del PRI.

 

   No es difícil imaginar a no pocos empresarios de la radiodifusión en algunos estados, que recibieron sus concesiones de los gobiernos del PRI y que por esa y otras circunstancias tienen compromisos con ese partido, tratando de beneficiar a sus candidatos difundiendo más anuncios de los que les pagaron.

 

   Tal escenario no exime de responsabilidad a las televisoras nacionales que también pudieron haber transmitido anuncios de cortesía. Si no lo hicieron, la mejor manera de aclararlo consiste en entregarle cuentas claras al IFE.

 

   Este episodio, y las secuelas que pueda tener, ratifican la necesidad de acabar con la dependencia que los partidos, y por ello la vida política, experimentan respecto de los medios electrónicos. Los partidos gastan mucho en la contratación de propaganda porque disponen de grandes sumas de dinero público. Y no hay fiscalización que pueda resultar absolutamente eficaz cuando se trata de un universo de estaciones, empresas, partidos y donantes tan amplio y con tantas posibilidades para eludir las reglas que ahora existen. El único remedio para terminar con esa dependencia y con dichas contribuciones irregulares radica en eliminar de nuestras campañas electorales la posibilidad de adquirir propaganda pagada en la televisión y la radio. Nos ahorraríamos muchas complicaciones. Y además, bastante dinero.

 

2 de julio, la historia sin mitos

La Crónica, 8 de marzo de 2007

   La confusión y el embuste se encuentran en las antípodas de la deliberación racional. La antidemocracia se nutre de mitos. Su contraparte, se asienta en los hechos. La contribución principal de Carlos Tello Díaz al esclarecimiento de las recientes elecciones no consiste en recordarnos que Andrés Manuel López Obrador es un mentiroso. Eso ya lo sabíamos. El mérito notable en 2 de julio, un libro que ha sido menos leído que discutido, se encuentra en la reconstrucción de ese día y, especialmente, de los datos acerca de la votación que iban ofreciendo las encuestas a la salida de las casillas y más tarde los conteos rápidos.

   Más que revelaciones, el libro de Tello Díaz ofrece documentadas constataciones. Ya se conocía que durante todo ese domingo las casas encuestadoras registraron los vaivenes de una elección en donde los dos principales candidatos a la presidencia se alternaban en la delantera. Ya se sabía que, conforme fueron cerrando, de las casillas de votación llegaron datos que confirmaban lo muy disputada que estuvo la elección.

    La contribución de ese libro al conocimiento de tales hechos radica en presentar, hora tras hora y aderezada con una sabrosa crónica de sus personajes principales y sus circunstancias, las cifras que surgían en el transcurso de la jornada electoral. Y de manera específica el dato político e informativo, pero también histórico y moral, es la comprobación de que el candidato presidencial de la Coalición por el Bien de Todos supo, desde la noche del 2 de julio, que no había ganado la elección.

   El episodio de ese libro que más ha sido comentado muestra a López Obrador haciendo, en privado, un reconocimiento abierto a la derrota que acababa de sufrir. La ausencia de fuentes expresas para documentar ese momento ha sido tomada como debilidad en la investigación de Tello Díaz. Sin embargo 2 de julio es mucho más que ese incidente, de la misma manera que la elección presidencial tuvo una complejidad que supera, con mucho, los arrebatos y las falsedades del candidato de la Coalición.

   La ventaja que acarreaba desde más de un año antes de la elección, la debilidad inicial del candidato presidencial del PAN y la actitud de no pocos medios de comunicación en donde ya fuese para encomiarlo o para denostarlo se le trataba como seguro ganador, contribuyeron a crear una falsa pero extendida percepción acerca de las posibilidades de triunfo de López Obrador. Tanto en segmentos importantes de la sociedad mexicana como en la clase política y mediática, durante la primera mitad de 2006 se fue extendiendo la certeza de que el vencedor sería el candidato del PRD.

   Para algunos, partidarios de López Obrador, aquella era una ilusión que tenía algo de voluntarismo pero que se afianzaba en datos como los que ofrecían las encuestas durante los primeros meses del año. Para otros, simplemente se trataba de una lectura resignada pero desactualizada. Ni unos, ni otros, estuvieron suficientemente dispuestos a entender las variaciones en las preferencias políticas de los ciudadanos.

   Hasta el mes de marzo López Obrador mantenía varios puntos de ventaja. Pero en abril todas las encuestas conocidas registraron un avance importante en las preferencias de voto por Felipe Calderón.  Eso podía advertirlo cualquier lector de periódicos. Al hacer un promedio de los datos de cinco encuestas (Consulta, GEA-ISA, El Universal, Reforma y Parametría) en marzo se podía observar que la intención de voto por López Obrador era de 39 puntos y por Calderón de 31.8. Pero al siguiente mes esa situación cambió: el candidato de la Coalición tenía 34.2% y el panista 36.6% de las intenciones de voto y descontando a los ciudadanos todavía indecisos. Calderón siguió adelante todo mayo y en junio los dos candidatos iban empatados.

   Al terminar junio cuatro de dichas encuestas, consultadas por el autor de esta columna, indicaban que la intención de voto le favorecía a López Obrador por diferencias que en la mayor parte de los casos eran inferiores al margen de error. En otra más se advertía una ventaja, pero también pequeña, del candidato del PAN. En otras palabras, estábamos ante un empate. Quienquiera que ganase las elecciones lo haría por una diferencia de votos muy pequeña.

   Para entonces López Obrador en público despotricaba contra las encuestas pero, en privado, se enteraba de ellas. La que encargaba a la firma Covarrubias a comienzos de mayo le informó –según sabemos ahora gracias al libro de Tello Díaz– que, sin reasignar indecisos, él tenía 29% de preferencias de voto frente a 34% de Calderón. Y aunque un día sí y otro también mandaba al diablo a las encuestas, sabía que la competencia estaba muy cerrada.

   El 2 de julio la misma casa encuestadora le informó a López Obrador que, a las 11 de la noche, su conteo rápido –realizado con datos ya computados en casillas electorales– revelaba que iban empatados con 36% cada uno. Y una hora más tarde, en ese conteo, el candidato del PAN tenía una delantera de un punto.

   A pesar de esos datos López Obrador proclamó que él había ganado la elección. Lo de menos es si admitió o no delante de sus allegados que en realidad había perdido. El libro de Tello Díaz demuestra que ese candidato dispuso de información oportuna y suficiente que le permitió saber que, en una elección muy reñida, él quedaba en segundo sitio. Además de encuestas como la de Covarrubias, López Obrador se enteró de la información que surgía del centro de cómputo que había instalado Televisa porque durante la tarde había enviado allí a uno de sus hijos.

   Los datos de la elección no sustentaban la rabieta de López Obrador y mucho menos la mascarada que protagonizó en los siguientes meses. Muchos ciudadanos quisieron creerle y lo acompañaron por un trecho en esa ruta de colisión consigo mismo y con los principios democráticos más elementales. Pero también resulta sorprendente el encandilamiento de no pocos funcionarios, dirigentes y analistas que durante varios meses, antes de las elecciones, estuvieron inamoviblemente convencidos de que ese sería el vencedor aunque las encuestas mostraban que la elección estaría muy competida.

   Peor aun fue la postura de quienes, después del 2 de julio, apostaron a la anulación de las elecciones con el propósito de que se formara un gobierno interino. Cuando después de las elecciones leímos acerca de esa posibilidad creímos que se trataba de un desvarío sensacionalista en algunas columnas de infidencias políticas. Ahora que el libro de Tello Díaz ofrece nombres y presuntos beneficiarios de aquella maniobra, que no ha sido desmentida y en la que habrían participado algunos importantísimos funcionarios universitarios, tenemos que reconocer que la ofuscación y la inescrupulosidad en la vida pública mexicana se han extendido mucho más de lo que hubiéramos pensado. El libro de Carlos Tello Díaz ayuda a despejar mitos y brumas que han dificultado la evaluación del 2 de julio pero también revela improvisaciones y pobrezas de nuestras elites políticas.  

ALACENA: Despenalización a medias

   La despenalización de los delitos de prensa –calumnias, injurias, difamación– para que su sanción sea exclusivamente pecuniaria es buena noticia. Lamentablemente a los senadores –y antes a los diputados, que el año pasado aprobaron esa reforma al Código Penal– se les olvidó que en la Ley de Imprenta se mantienen condenas de prisión para los periodistas que incurran en “ataques a la vida privada” –cárcel de 8 días a 6 meses–, injurias “que causen afrenta ante la opinión pública” –6 meses a 2 años– y “ataques a la moral” –arresto de hasta 11 meses–. El próximo 9 de abril la Ley de Imprenta cumplirá 90 años.

El secuestro de la política

Comentario publicado en  Nexos, octubre de 2006

El periodismo encuadernado, como en distintas ocasiones se le ha llamado a la publicación en libro y sin modificaciones de textos originalmente aparecidos en la prensa, tiene ventajas y riesgos. Entre estos últimos destaca la caducidad que adquiere un artículo periodístico cuando ha transcurrido el contexto para el que fue escrito. Entre las primeras, está la facilidad de acceso a una reflexión suscitada por acontecimientos del día tras día. Y quizá sea ventaja, pero también riesgo, la edición encuadernada de artículos de periódico inicialmente pensados para coyunturas distintas a aquellas en las que se encuentran los lectores del libro. Esa es la contingencia que enfrentan Después de la transición y su autor cuyos textos, leídos en conjunto, subrayan inquietudes manifestadas a lo largo de dos años en las colaboraciones de José Woldenberg para Reforma.

   A simple vista podría decirse que la más importante de esas preocupaciones es la complejidad y la construcción de la democracia mexicana que el autor encuentra suficientemente sólida para considerar, en uno de los primeros textos del libro, que en “las elecciones recurrentes” que tiene nuestro país se puede identificar “una escuela de democracia”. Sin embargo más allá de las reglas, de los procedimientos y la interiorización o no del compromiso democrático en los actores públicos, quizá la inquietud cardinal de Woldenberg se halla en el ejercicio y las posibilidades de la política.

   Cuando se ocupa de algunos de los conflictos más agudos durante los dos años en que aparecieron estos artículos, Woldenberg insta para que se pongan en práctica los recursos de la política a la que entiende, siguiendo a Bernard Crick, como la conciliación de intereses divergentes. Pero al mismo tiempo recela, con sobrados motivos, del empobrecimiento de la política tal y como se le ha llegado a entender. “La política de hoy en nuestro país se encuentra no sólo marcada por la coyuntura sino secuestrada por la misma” diagnostica. Y en uno de los segmentos más desencantados del libro advierte las limitaciones de los políticos, a quienes se les suele exigir más de lo que pueden dar: “se encuentran acotados, restringidos por poderes fácticos, rutinas democráticas, inercias sociales e institucionales, intereses gremiales, redes de conocimiento especializado y organismos multinacionales”. Entonces, diagnostica: “la política juega un papel subordinado en esa mecánica de fuerzas en despliegue. No guía, es guiada”.

   “La política se consume a sí misma en sus rituales” deplora Woldenberg. Y ese deterioro no es reciente. Las jornadas de 1968 fueron “el disparador de la pasión por la política” de los estudiantes de aquel tiempo, recuerda, pero uno de los “nutrientes del desencanto” que más tarde padecieron muchos de ellos “fue la sobrevaloración de las posibilidades de la propia política”.  

   Desde su imagen pública y quizá allí más que en cualquier otro ámbito, la política expresa deterioro e incompetencia. El autor de estos textos describe el reflejo de tal apariencia en los medios de comunicación: “La irritación es común denominador. La majadería y el insulto son moneda de curso común. El presente es gris y el futuro pinta peor. La complejidad de los problemas desaparece y es sólo la incompetencia, la tontería, la corrupción de los políticos la fórmula cansina para expresar nuestros males. El espíritu público expresa desencanto, cansancio, malestar”.

   Tajantemente, páginas adelante Woldenberg dictamina: “nuestra germinal democracia vive los embates de la degradación de la política”. ¿Qué podemos hacer ante ese estancamiento, si no es que retroceso, en la vida pública? El autor apunta en otro sitio del libro: “si deseamos trascender a la política como espectáculo, parece necesaria la construcción de una ciudadanía capaz de hacer suya la agenda de la política y de romper el círculo vicioso de una política que expulsa al ciudadano”.

   El marco para que se desenvuelva el ejercicio de la política tendría que ser el Derecho. Sin reglas la política se convierte en ejercicio salvaje, o resulta de tal manera condicionada por el pragmatismo que acaba quedando dominada por personajes sin escrúpulos. A eso se debe la preocupación, expresada en distintos segmentos del libro, para actualizar las normas de la competencia política. Como “la democracia porta sus propios problemas, su agenda está cargada de nuevos retos” y tropieza con “dificultades antes impensables”, el temario de nuevas asignaturas está determinado por la diversidad de opciones políticas que, gracias a la democracia electoral, alcanzan posiciones de representación y gobierno en el país.

   Las nuevas coordinadas del presidencialismo ocupan varios de los textos de Woldenberg. Antaño metapoderoso, el del Presidente ha pasado “a ser un poder más” entre las instituciones estatales. Por eso el país tiene que resolver, ante esa modificación del poder presidencial, “si no ha llegado el momento de transformarlo con algunas fórmulas del parlamentarismo”. Lamentablemente el autor no se extiende en esos temas aunque considera deseable el establecimiento de un gobierno de coalición que, no obstante la diversidad de fuerzas partidarias que hoy alcanzan posiciones de representación importantes, fuese “capaz de contar con el apoyo mayoritario del Congreso”. En cambio descarta la posibilidad de establecer una segunda vuelta para la elección presidencial (quienes la proponen, dice, “se equivocan en el diagnóstico y en la receta”), descalifica la sugerencia para que haya candidatos independientes (que lo serían respecto de los actuales partidos pero a la vez estarían generando su propio partido), concuerda con la necesidad de abreviar las campañas electorales y cuestiona el lugar común que supone que para mejorarla, hay que ciudadanizar la política (“todos los políticos son ciudadanos pero no todos los ciudadanos son ni deben ser políticos”).

 

Frágil ciudadanía, políticos pueriles

   Pero si no tienen por qué ser políticos, sí se echa de menos una mejor formación política en esos ciudadanos. En varias ocasiones Woldenberg deplora tales insuficiencias: “tenemos pues ciudadanos incompletos, que ejercen sus derechos con baja intensidad” dice aludiendo a la situación latinoamericana y para explicarse por qué nuestras democracias son “pobres y desiguales”. Y en otro sitio recalca: “nuestra sociedad civil es débil y sobre todo desequilibrada”. Lo peor es que a esos ciudadanos a medias y a esa sociedad endeble así como a quienes los gobiernan, las circunstancias les requieren que actúen como si fuesen políticamente adultos. “Estamos pues obligados a vivir como mayores de edad: cada uno (político o institución) haciéndose responsable de sus actos y omisiones, dado que se acabaron las entidades tutelares bajo las cuales se podía navegar como menores de edad”.

   Esas conductas pueriles alcanzan a los políticos. En uno de sus textos más vehementes Woldenberg subraya “la incapacidad profunda para reconocer faltas propias y el afán de asignar la responsabilidad siempre a otros: ex compañeros de ruta o adversarios políticos reales y/o inventados”. El síndrome del crío que, incapaz de advertir sus propias fallas, le echa a otros la culpa de todo lo que le sucede constituye, dice este autor, “una especie de minoría de edad permanente tanto política como ética… remite a esa etapa juvenil en la que el político supone que todos los valores positivos están de su parte y que sus oponentes, por supuesto, encarnan el mal”.

   Esa descripción no tiene destinatario específico pero quizá no sea casualidad la perfección con que le calza al personaje más discutido hoy en día en el panorama político de nuestro país: “Minoría de edad ética, porque la culpa, la responsabilidad, jamás es propia sino de otros… Lo más triste del espectáculo es que varios de los protagonistas ciertamente tienen energía vital, inteligencia política, y en ocasiones hasta causas que valen la pena. Lo que les falta, sin embargo, es una cualidad insignificante: menos epopéyica, más modesta: sentido de responsabilidad”.

   Varios textos en este libro fueron escritos durante el litigio acerca del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Woldenberg se opuso a esa decisión porque consideraba que hubiera implicado la exclusión, de las elecciones de 2006, de la fuerza política representada por ese personaje. Aunque en algún momento aclaró que no compartía “el poco aprecio que AMLO tiene por la legalidad”, el autor del libro consideró que el descabezamiento de dicha fuerza política podría “dinamitar mucho de lo que como país hemos construido en los últimos años”. Por eso urgía para que hubiera, como a la postre ocurrió, una solución política.

   No deja de ser paradójico que la política, a la que en algunos momentos del libro se considera subordinada a intereses facciosos e incluso autosecuestrada, fuese identificada por Woldenberg como la salida conveniente para un conflicto con tantas aristas como era el desafuero del entonces jefe de Gobierno del DF. Su llamado para que la sanción a una falta menor no se convirtiera en avasalladora crisis política resultaba entendible. Pero supeditar todo ese episodio a una solución política que, por lo demás, era favorable únicamente a uno de los sectores en litigio, quizá no resultó la mejor manera de enfrentar aquel diferendo. Las virtudes de la política solamente se pueden desplegar a plenitud cuando todos los actores de un conflicto quieren ceder parte de sus posiciones en aras del acuerdo. Si eso no es factible, el otro camino es la aplicación de la ley. En aquel episodio, como el mismo Woldenberg advirtió, había una “mecánica de polarización irresponsablemente alimentada desde ambos bandos (gobierno federal y del DF)”. Demandar el desistimiento respecto del desafuero constituía una actitud política pertinente pero que, al soslayar las faltas y sobre todo la jactancia de López Obrador contra el cumplimiento de las leyes, propiciaba un saldo parcial. En la sociedad mexicana y en los segmentos más pueriles de sus elites políticas aquel episodio dejó una lección cuyas consecuencias hemos padecido después de las elecciones del 2 de julio de 2006: la creencia en que el cumplimiento de las leyes puede esquivarse cuando hay consideraciones, prioridades o presiones de carácter político.

  

Medios, montados en el escándalo

   La búsqueda de soluciones para resolver esa minoría de edad de los ciudadanos origina, al menos en parte, la reiterada preocupación de Woldenberg por las insuficiencias en los medios de comunicación: “montados sobre el escándalo, son ineficientes para explicar y ofrecer sentido a lo que acontece en el escenario político”; existe “la tendencia a convertir a la política en una actividad emparentada con el espectáculo y modulada por los códigos de los grandes medios”; “al apostar sólo a la coyuntura, a la especulación con agendas llamativas pero efímeras, a la multiplicación del alboroto, hacen un flaco favor a la causa de hacer inteligible la política”. Pero como con esos medios tenemos que arar, anticipa: “de la calidad de nuestros partidos políticos y de nuestros medios de comunicación dependerá la calidad de nuestra de nuestra democracia”.

   Pesimista en su diagnóstico, esa fórmula resulta fatalista en el pronóstico. Si el mejoramiento de nuestra imperfecta democracia depende de partidos tan descosidos como la mayoría de los que dominan el escenario político y de medios tan desastrados como los que con tanta puntualidad define Woldenberg, es claro que no podemos tener demasiada esperanza en ella.

 

Apuesta por las ideas

   A pesar de su inicial cometido, atado a la coyuntura, los textos reunidos en Después de la transición pasan la prueba del tiempo gracias a la agudeza de José Woldenberg para, en todo momento, mirar más allá de las circunstancias inmediatas. Por muy específico y acotado que sea el tema del que se ocupa, sabe encontrarle significado y perspectivas que trasciendan a esa situación precisa. Superando provechosamente el parloteo con que los medios atienden a los asuntos públicos, Woldenberg mantiene una fértil apuesta por las ideas, con una racionalidad que desmonta fundamentalismos y oportunismos. Gracias a ello, los artículos compendiados en este libro pueden ser leídos a pesar de las situaciones durante las cuales o ante las cuales fueron escritos. En un ambiente público tan reacio a la deliberación, tan condicionado por intolerancias de todos los signos y tan repleto de posiciones rígidas, el ejercicio analítico de José Woldenberg resulta semanalmente agradecible y, ahora, es motivo para que lo apreciemos en libro.

 
José Woldenberg, Después de la transición. Gobernabilidad, espacio público y derechos. Ediciones Cal y Arena. México, 2006, 384 pp.