Coalición, contra la politiquería

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La exhortación que hicieron 46 ciudadanos para que haya un gobierno de coalición levantó suspicacias, lo mismo que objeciones interesadas. Se trata de que, en caso de que ningún partido tenga mayoría tanto en la elección presidencial como en la conformación del Congreso, se coaligue con otros para estar en condiciones de gobernar.

El documento apareció en varios diarios el lunes 10 de octubre

Distintas voces consideraron que esa iniciativa es limitada. Otras, quisieron encontrarle intencionalidades políticas que no necesariamente comparten todos los ciudadanos que la suscriben. El ruido sustentado en especulaciones más que la discusión de esa iniciativa, da cuenta de las limitaciones de una cultura política aturdida por la crispación que atraviesa por todo nuestro espacio público. La propuesta, publicada el lunes 10 de octubre, es sencilla, seria y sensata. Está respaldada por la experiencia reciente. Seguir leyendo «Coalición, contra la politiquería»

Los diputados ante el IFE. No es aritmética, sino política lo que hace falta

Durante once meses, el PRI ha obstaculizado la designación de tres consejeros electorales con un argumento que se desmorona después de la patética sesión de este jueves.

Los líderes parlamentarios del Revolucionario Institucional sostienen que, como son mayoría en la Cámara, les corresponde nombrar a 2 de los 3 consejeros para el IFE. Esa concepción es políticamente riesgosa porque, en contra de la legislación y de los méritos que ha tenido la autoridad electoral, supone que los consejeros del IFE son posiciones de los partidos. La ciudadanización del Instituto Federal Electoral se originó en una idea diametralmente distinta.

Pero más allá de esa noción que pone en riesgo no solamente la autonomía sino también la respetabilidad pública del IFE, los priistas se equivocan al hacer cuentas acerca de su fuerza política.

Esta tarde de jueves 6 de octubre el PRI impuso la votación de una terna que, a la postre, no alcanzó la aprobación de las dos terceras partes de los diputados presentes, requisito establecido en el artículo 41 Constitucional. Seguir leyendo «Los diputados ante el IFE. No es aritmética, sino política lo que hace falta»

IETD. CAMBIAR A MÉXICO: EQUIDAD SOCIAL Y PARLAMENTARISMO

Documento del Instituto de Estudios para la Transición Democrática presentado el sábado 5 de junio de 2010

La democracia mexicana se encuentra estancada. La desigualdad social crece y escinde cada vez más al país. La sociedad está desmoralizada, atemorizada y desconfiada. La clase política, ensimismada en rencillas domésticas, deambula en la incertidumbre más preocupada en su próxima cita electoral que en los problemas esenciales del país. Y la política es vista por la gran mayoría de los mexicanos, como un espacio ajeno a sus intereses.

Conferencia de prensa del IETD en el Hotel Meliá. R Trejo, José Woldenberg, Ricardo Becerra y Enrique Provencio

En ese panorama, han aparecido propuestas de soluciones aparentes para resolver el deterioro de nuestra vida pública. A partir de diagnósticos sesgados por el interés político, la simpleza analítica o la desmemoria histórica, se ha puesto de moda considerar que las decisiones que hacen falta solamente puede tomarlas un gobierno homogéneo y fuerte, que no tenga contrapesos eficaces en la diversidad de los partidos que se expresa en el Congreso de la Unión. Nos parece que ese punto de vista se encuentra profundamente equivocado y que, lejos de remediar los problemas de nuestro sistema institucional, conduciría a un retroceso autoritario, acentuando las capacidades discrecionales de un presidencialismo del que, a fuerza de cambios parciales aunque insuficientes, nos hemos venido liberando en las décadas recientes.

La sociedad mexicana es más diversa que nunca. El único camino para consolidar un sistema político capaz de representarla y gobernarla, radica en reconocerla, llevando a partidos y al Congreso, esa diversidad. Estamos convencidos de que la pluralidad, lejos de amenazarlos, constituye la mejor garantía para la estabilidad y el desarrollo de la sociedad y la política.

La pluralidad no tiene la culpa de los desaciertos y las insuficiencias de los políticos. El reconocimiento de la pluralidad constituye la conquista más importante del tránsito democrático que los mexicanos hemos experimentado y consolidado en los lustros recientes. Ahora es tiempo de que, asumiéndola como parte de nuestra naturaleza política y social, le demos plena presencia en las instituciones que nos gobiernan.

Hacia una segunda transición

La población mexicana experimenta un sentimiento de fracaso generalizado que se trasmina en casi todas las áreas de la vida nacional: la económica, la política y aún la actividad cultural: abstenerse de invertir; cancelar proyectos para tiempos mejores; incursionar en los circuitos de la informalidad o la ilegalidad; marcharse del país; renunciar a tomar riesgos; excluirse de la vida pública; una moral social cargada de valores negativos y proclives al conservadurismo o incluso, a la superstición; retroceso de los valores laicos. Se trata de un círculo vicioso que alimenta permanentemente la desconfianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en las instituciones políticas.

El cambio democrático ocurrido en México, la salida del autoritarismo, la histórica conquista de libertades políticas, la transición en síntesis, ocurrió en un contexto adverso que acentuó la vulnerabilidad y la precariedad social para la mayoría, aceleró la desintegración y minó las bases de la propia democracia, sobre todo para las generaciones que han empezado a ser adultas después del año 2000.

El desencanto se debe, aunque sea en parte, a las desmedidas expectativas que se desarrollaron ante la alternancia en el gobierno y las nuevas reglas para la competencia política. La democracia es, no menos pero tampoco más, el régimen que permite la convivencia de la diversidad política, que construye candados para acotar a los poderes constitucionales, subordinar  a los poderes de hecho y potenciar los márgenes de libertad. Pero en México no pocos protagonistas, así como diversos comentaristas del cambio democrático, llegaron a idealizarla como la estación de llegada del desarrollo político mexicano en donde la sociedad se encontraría reconciliada y sin fisuras y en donde bastaría la acción tutelar de los gobiernos electos bajo las nuevas reglas para que tuviéramos un porvenir dichoso y sin conflictos graves.

La realidad ha confirmado que la democracia, cuando existe, permite dirimir conflictos de manera civilizada pero no garantiza el bienestar de la sociedad. Si a esa realidad añadimos el hecho de que hemos padecido gobernantes inexpertos o mimetizados con la vieja cultura política y cuyas gestiones no han significado cambios sustanciales en comparación con el régimen autoritario que prevaleció durante todo el siglo 20, tenemos las claves de un escenario propicio para la insatisfacción y el enfado sociales.

Para hacerla sustentable, eficaz y compartida por la sociedad, la democracia requiere de un horizonte de todos y para todos. Y no es ese el perfil que ha tenido el quehacer político preponderante durante los años recientes. La democratización del país fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de gobiernos y oposiciones, además de la contribución de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, académicos e intelectuales. Hoy se requiere un esfuerzo similar para edificar una casa común que logre trascender el archipiélago de clases, nuevas castas, grupos, tribus y pandillas en el que se está transmutando el país. Es hora de emprender una “segunda transición”, ahora desde la democracia, hacia una sociedad cohesionada e igualitaria en sus derechos.

Pese a reformas, desigualdad social

En los partidos hegemónicos y en algunos segmentos de la opinión publicada, se ha desarrollado la presunción de que la diversidad política impide que se acuerden y aprueben las reformas que le hacen falta al país. También se llega a decir que en México no hemos tenido reformas importantes en las décadas recientes.

La historia contemporánea desmiente esas suposiciones. Desde los años 80 y especialmente en los 90, cuando el régimen de partidos comenzaba a fortalecerse y luego fue una realidad inevitable en el Congreso, el Estado pudo aprobar importantes –aunque con frecuencia discutibles– reformas estructurales para la economía. Las políticas de privatización que crearon nuevos polos de poder financiero, los acuerdos comerciales que nos involucraron en una globalización sin desarrollo suficiente, la apertura a la inversión extranjera de diversas áreas de la economía, la contracción del Estado y a pesar de ello la transformación en deuda pública de importantes adeudos financieros privados y el nuevo esquema de pensiones han sido, junto a otras más, reformas estructurales surgidas bajo gobiernos de distintos signos políticos y por lo general precedidas de intensos debates. Llevamos un cuarto de siglo de reformas profundas cuya sola enumeración demuestra la capacidad estatal para hacer ajustes y cambios.

El problema entonces, no ha sido la ausencia de reformas, sino su completa indiferencia para enfrentar la desigualdad social, que constituye la dificultad mexicana más apremiante. A pesar de las reformas económicas (y también debido a ellas) México se encuentra estancado desde hace casi tres décadas, con todos sus efectos distorsionantes: pobreza indisoluble, polarización social, migración masiva, multiplicación de la informalidad, cancelación de la movilidad social. Toda una generación ha escuchado la misma promesa que se repite hoy: “tan pronto como pongamos en marcha las reformas estructurales necesarias, México tomará la senda de prosperidad”. Los jóvenes de hoy, igual que los jóvenes de ayer que crecieron confrontados con el incumplimiento de esa promesa, tienen fundado derecho al escepticismo.

La capacidad reformadora, por otra parte, también ha logrado crear instituciones democratizadoras que además de proteger derechos fundamentales logran fiscalizar la gestión de las autoridades. De eso se trata la vida democrática aun cuando los contrapesos legislativos, judiciales, regionales, se multiplican y gravitan a cada paso complicando el gobierno y las decisiones esenciales.

Cualquiera que compare la política de hoy y la de hace veinte o treinta años notará las diferencias: asentamiento de la diversidad, ejercicio más franco de la libertad, contrapesos en las instituciones estatales, coexistencia de la pluralidad, ejecutivo acotado, federalismo real, mayor publicidad de las decisiones y rendición de cuentas. No obstante, ese proceso democratizador se encuentra erosionado porque en muchos otros terrenos de la vida social las realidades son más oscuras. El tránsito democratizador ha sido acompañado no sólo por un crecimiento económico magro, sino también por una persistente desigualdad social y los fenómenos de exclusión asociados a ella, como el incremento notorio de la delincuencia, un frágil y contrahecho Estado de derecho, una vida pública estridente y, en suma, una escasa cohesión social.

Legitimar al Estado, en una sociedad plural

El pluralismo que se ha instalado en el estado nacional y que determina la vida pública mexicana carece de aliento, sus ideas relevantes son escasas y manifiesta una reiterada incapacidad para deliberar de manera franca e ilustrada. El narcisismo de los partidos, la creencia de que el control de los aparatos burocráticos es fuente de impunidades y la propensión a la discusión irrelevante, han equiparado a la pluralidad con la banalidad. A pesar de todo ello, el pluralismo es necesario en la democracia contemporánea. Si el pluralismo que hemos tenido en México resulta insatisfactorio, no ha sido por carencias de la democracia sino debido a incapacidades e impericias de la mayor parte de los actores políticos que lo han encarnado.

Esas insuficiencias del pluralismo en la vida mexicana reciente, pero además una inquietante nostalgia por las mayorías excluyentes, han conducido a la reivindicación del monolitismo en el Estado. Al confundir gobernabilidad con uniformidad, se ha llegado a suponer que la única manera eficaz de gobernar en nuestro país radica en la conformación de un bloque capaz de imponerse sobre los demás.

Esa noción de gobernabilidad es antidemocrática pues supone la supresión de la pluralidad y es contradictoria con una realidad ineludible. Aunque seguimos teniendo un régimen presidencial, desde 1997 las fuerzas políticas que llegan al Congreso están obligadas a formar coaliciones para tomar decisiones. El pluralismo que tenemos, con todos sus defectos, es una adquisición democrática de nuestra transición: puso fin al presidencialismo autoritario singularizado por numerosos abusos y arbitrariedades. Cuando se pretende restringir el pluralismo para forjar mayorías artificiales mediante dudosas reglas electorales –que buscan fortalecer un gobierno supuestamente capaz de sacar adelante, sin problemas, algunas célebres pero discutibles “reformas estructurales”– se olvida que venimos de un sistema que garantizaba mayorías automáticas para un presidencialismo sin contrapesos. Abolir el pluralismo que significa la existencia de partidos de ideologías, proyectos, dimensiones y presencia pública diversos, es una solución falsa que sólo conduciría a mayores polarizaciones y a una menor legitimidad democrática de los gobiernos sustentados en esas mayorías.

Lo que hace falta es vigorizar y hacer cada vez más representativo al Estado. Necesitamos instituciones estatales con legitimidad suficiente para que sea efectivo el imperio de la legalidad, para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos e incluso para establecer y recaudar impuestos y desarrollar una política distributiva de las dimensiones que exige la profunda desigualdad social que agobia a nuestro país. Sólo un Estado fuerte, eficaz y eficiente, crea las condiciones de una sociedad civil fuerte, exigente y organizada, así como una verdadera y cabal ciudadanía. Sólo un Estado que garantiza universalmente los derechos sociales hace posible el ejercicio igualitario de los derechos de libertad, de los derechos civiles y de los propios derechos políticos. Y sólo un Estado legitimado por su capacidad de garantizar esos derechos puede regular con eficacia y eficiencia los poderes fácticos que inevitablemente surgen de una sociedad abierta y plural.

Esa tarea requiere de coaliciones y mayorías capaces de trascender intereses puramente electorales y de coyuntura. Pero no de mayorías al servicio del presidente en turno, sino de verdaderos gobiernos de coalición sustentados en acuerdos públicos y transparentes y en proyectos de largo plazo. El mayor obstáculo no es el pluralismo político sino un presidencialismo que a lo largo de toda la historia mexicana ha mostrado sólo ser eficaz cuando se vuelve autoritario.

El reto es compartir el poder

La construcción de un verdadero Estado social y democrático, garante efectivo de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, exige reemplazar el régimen presidencial por un régimen parlamentario, que entre otras cosas haga posible distinguir claramente a los gobiernos y sus mayorías contingentes, del Estado y sus funciones permanentes.

Esta operación requiere de un salto cultural y político de la mayor importancia. Las bases sociales de los partidos no parecen preparadas para encarar ese desafío, pero tampoco las dirigencias, los líderes y menos aún los candidatos. Hacia las elecciones del año 2012, cuando la democracia mexicana haya cumplido 15 años, el único vaticinio cierto es éste: ninguno de los partidos obtendrá mayoría congresual; gobernar sin mayoría volverá a ser condición ineluctable en el ejercicio del poder en México. Para resolver ese acertijo, sería preciso arriesgar un tipo de gobierno de coalición inexplorado en nuestra historia política.

Si los actores políticos no son capaces de extraer las lecciones básicas de la post-transición, viviremos una nueva versión de los sexenios previos, sea cual sea el partido que resulte ganador. Pero si el país es capaz de abandonar el libreto de la era política anterior, entonces México sería testigo de un proceso inédito, pluralista, más propiamente democrático: la construcción de una mayoría legislativa entre partidos diferentes, o hasta enfrentados, para poder gobernar. Allí está el hecho político que abriría una nueva época en México: compartir el poder.

Se trataría de crear una alianza legislativa, que se reflejase en la integración del gabinete y que impulsara un programa de gobierno común. No habrá popularidad ni capital político que valga, si no se sabe crear esa coalición. Existen numerosas experiencias exitosas de esa índole, en países con regímenes parlamentarios (Alemania, Reino Unido, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etcétera) en los cuales resulta ineludible construir una coalición. Si no la hay, si nadie tiene mayoría en el parlamento, el gobierno es imposible.

Las recientes iniciativas legislativas presentadas por los grandes partidos (PRI, PAN y PRD), tienen la virtud de poner en el centro la discusión acerca de la “forma de gobierno”, abandonando el reiterado debate sobre las cuestiones electorales. Pero casi todos esos planteamientos acuden a “salidas mixtas” que no encauzan ni resuelven el nudo esencial: la existencia de la pluralidad política. Se recurre a fórmulas ingeniosas (segunda vuelta con elección congresual) o a fórmulas artificiosas (cláusulas de gobernabilidad) que la democracia mexicana alguna vez abandonó precisamente porque adulteraban la expresión política legítima del país real.

Parlamentarismo, para la equidad

Ya es hora de repensar el arreglo institucional en su conjunto. El formato que debemos imaginar y ensayar para resolver el problema de gobierno y la ecuación pluralista en México, es el Parlamentarismo. Ese régimen necesita que haya coalición cuando ningún partido alcanza la mayoría absoluta de escaños; una coalición para formar gobierno sin desplazar o abatir los intereses y las visiones distintas que requieren ser representadas.

El parlamentarismo exige y ofrece a la vez, precisamente eso: conversación y compromisos entre adversarios, naturalización del acuerdo, política de coalición, todas ellas prácticas ausentes en la realidad política de México. Aunque no cambiase el formato presidencial, aunque no transitáramos a un régimen parlamentario, de todos modos el futuro de nuestra democracia va a depender, cada vez más, de saber gobernar en coalición, de compartir el poder con un aliado a menudo incómodo.

Y no habrá tema de intercambio y decisiones compartidas más importante que las medidas legislativas y políticas para reorientar la economía y atemperar la desigualdad social. Al país se le está acabando el tiempo. En las dos últimas décadas, de 1990 a 2010, la población ha aumentado en 24.5 millones de personas, y en los siguientes veinte años crecerá unos doce millones más. La transición poblacional sigue madurando y estamos perdiendo el bono demográfico ante la falta de inversiones y la escasa generación de empleos. No es casual que en la última década hayan emigrado, cada año, alrededor de 450 mil mexicanos en promedio.

La experiencia internacional indica que los gobiernos plurales están mejor preparados para desarrollar cambios de esa índole. Un estudio reciente de la OCDE indica que siete de las 10 mayores consolidaciones fiscales llevadas a cabo en los países desarrollados desde 1970, se han producido bajo gobiernos de coalición. Las grandes coaliciones políticas pueden enfrentar mejor los desafíos y las resistencias de los poderes de hecho que, tradicionalmente, constituyen el principal freno a las reformas fiscales, las únicas capaces de crear las estructuras de protección y de igualdad social.

Por primera vez en la historia estamos obligados a resolver, en democracia, los problemas de la pobreza y la desigualdad. Es una oportunidad y un desafío que tienen plazo: si no logramos cambiar la estructura del ingreso en la década que comienza, México habrá dejado de ser un país de jóvenes sin empleo, para convertirse en una nación de viejos empobrecidos y sin seguridad ante la vida. La riqueza para preparar y sostener a esa generación y a ese futuro debe ser creada y distribuida desde ahora, creciendo, echando mano de aquello con lo que contamos y hemos producido en las transiciones del nuevo siglo: márgenes de libertad y pluralismo como nunca los tuvimos pero escuchando, ahora sí, el mensaje igualitario de la democracia.

México D.F., 5 de junio de 2010

Instituto de Estudios para la Transición Democrática

IETD, A.C.

Nuevas reglas para los medios, ¿llegó la hora?

Javier Corral, en la presentación de la iniciativa

Los medios se mantienen al centro de la discusión pública pero no necesariamente por buenas razones. La cobertura a la desaparición y luego la noticia de la muerte de la niña Paulette desató una catarata de murmuraciones y especulaciones que los medios no crearon pero que tampoco contribuyeron a detener. El tortuoso comportamiento de algunos de los protagonistas de ese triste episodio, así como la torpeza e incluso la irresponsabilidad de las autoridades judiciales que formularon sentencias públicas sin pruebas que las respaldaran, estuvieron acompañadas de un sensacionalismo, sobre todo televisivo, en busca de la expectación más que de la explicación.

También esta semana, la portada de la revista Proceso y la fallida entrevista que Julio Scherer pretendió hacerle a Ismael Zambada brincaron los límites entre el periodismo y el efectismo y suscitaron un imposible debate acerca de las responsabilidades de la prensa. Altivo, retador, el narcotraficante pasa el brazo sobre la espalda del periodista que, abrumado, esboza una forzada sonrisa. El periodismo mexicano más sobresaliente, al menos en tiempos no muy lejanos, doblegado a las exigencias de la delincuencia organizada: ese es el mensaje que deja la llamativa pero triste portada del semanario político más relevante en las décadas recientes.

La mayor parte de los defensores de Scherer han querido resolver los cuestionamientos a ese terrible error profesional y político diciendo que se trata de manifestaciones de envidia. Esa es una de las maneras más primitivas de eludir un cuestionamiento. Tal intolerancia resulta especialmente significativa porque el periodismo es, como pocas, una actividad por definición abierta al escrutinio público.

Otra línea de defensa del allanamiento de don Julio a las exigencias del capo del cártel de Sinaloa, ha consistido en sostener que Proceso tenía obligación de darle espacio a Zambada porque se trata de un personaje público. Desde luego lo es, aunque por los peores motivos. Pero la notoriedad de un delincuente no obliga a ningún medio de comunicación a abrirle sus puertas. Con esa lógica, podrían justificarse las exigencias e incluso extorsiones, además de los atentados cuando sus requerimientos no se cumplen, que distintos grupos de narcotraficantes han perpetrado contra periodistas, redacciones y medios de comunicación en varias ciudades del norte del país.

¿Qué habrán pensado esos periodistas perseguidos y amenazados, o los familiares de los informadores que han muerto como resultado de la cobertura que hacían del narcotráfico, cuando vieron al fundador de Proceso abrazado por uno de los jefes delincuenciales más influyentes?

Un tercer asunto que pone a los medios en el centro del interés público ha sido el reclamo de Televisión Azteca contra el Instituto Federal Electoral debido a las multas, que ya ascienden a 281 millones de pesos, debido a reiteradas infracciones en la transmisión de los spots de partidos y autoridades electorales. La televisora ha desplegado una interesada campaña contra el sistema de monitoreo administrado por el IFE y que recaba testimonios electrónicos de las transmisiones de las televisoras y radiodifusoras en todo el país. Gracias a ese monitoreo,  las autoridades del IFE saben exactamente cuándo, en dónde y durante cuánto tiempo Televisión Azteca quebrantó la ley en materia de publicidad electoral. También saben que la gran mayoría de los concesionarios de radio y televisión sí han cumplido esas reglas.

La campaña de Azteca contra el IFE es tan hueca e interesada como la mayor parte de sus contenidos informativos y de opinión. No bastará para disimular las infracciones que comete, cada vez de manera más ostensible, la empresa de Ricardo Salinas Pliego.

En este panorama, la presentación ayer jueves de la iniciativa para crear una Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales tendría que ser reconocida como buen augurio, excepto por el contexto de confusión y crispación en el que ocurre. Se trata, sin lugar a dudas, del proyecto legislativo más completo que se haya elaborado en las últimas décadas para renovar la legislación en materia de medios de comunicación.

La propuesta fue presentada de manera simultánea en el Senado y en la Cámara de Diputados. En Xicoténcatl y con el respaldo de más de medio centenar de legisladores de varios partidos, la presentó el coordinador panista, Gustavo Madero. En San Lázaro, avalada por casi 200 diputados, fue presentada por Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Gobernación y principal promotor de esa propuesta de reforma legal. El documento es apoyado por legisladores del PAN, PRD, PRI y Convergencia.

Nuevo organismo regulador de las telecomunicaciones con más independencia que el actual, asignación y renovación de concesiones por licitación, promoción de la convergencia tecnológica, reglas para determinar la dominancia de una empresa a fin de acotar sus capacidades monopólicas, códigos de ética en emisoras de radio y televisión, contenidos nacionales y de productoras independientes en todas las estaciones concesionadas, reconocimiento de medios comunitarios y del derecho a la comercialización en los medios públicos, normas para el derecho de réplica y cláusula de conciencia para los periodistas, son algunos rasgos de esa compleja, completa e indispensable iniciativa.

Los intereses que podrían ser afectados por esa propuesta, se apresuraron a ponerle enfrente una iniciativa distinta. Ayer en el Senado, la Comisión de Radio y Televisión sesionó de manera urgente para aprobar el proyecto de dictamen que había sido presentado en diciembre pasado por los senadores Manlio Fabio Beltrones del PRI y Carlos Sotelo del PRD –presidente de dicha Comisión–. Esa iniciativa, que propone el refrendo de concesiones de manera administrativa y sin licitación, tal y como quieren algunos grupos de radiodifusores, fue aprobada por mayoría. Varios de los asistentes aseguran que allí estaba, muy contento y expresando notoriamente sus congratulaciones al senador Sotelo, el director de Información de Televisa, Javier Tejado.

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Despistados críticos de la “Generación del No”

Los firmantes del enjundioso desplegado que se publicó ayer a favor de la reforma política que propuso el presidente Calderón, no tuvieron que esperar demasiado para encontrar respuesta a sus exigencias. Ayer mismo, en el Senado, el grupo parlamentario del PRI dio a conocer su propia iniciativa de reformas y se esperaba que el PRD hiciera lo propio de un momento a otro. Los partidos, con esas iniciativas, confirman que la propuesta que dio a conocer en diciembre pasado el presidente Felipe Calderón dista de ser la única opción para reformar nuestras instituciones políticas.

Los escritores, artistas, periodistas, ex funcionarios, empresarios y académicos que suscribieron el exigente documento titulado “No a la Generación del No”, acusan a los políticos de todos los partidos que, aseguran, “han hecho improductiva nuestra democracia”. Eso se debe, consideran, a la “resistencia al cambio” que ha impedido una nueva reforma política.

La insistencia en las reformas resulta muy saludable, porque parte del reconocimiento de que nuestro desarrollo político ha sido incompleto e imperfecto. Instar a los legisladores para que se pongan a trabajar y, más allá de discrepancias e intereses partidarios sean capaces de pensar en el país, es muy pertinente. También lo es la consideración, implícita en esa como en cualquier exigencia de reformas legales, que advierte la legitimidad del Congreso y la capacidad de las instituciones políticas para enmendarse a sí mismas.

Pero el desplegado y sus autores se equivocan en el diagnóstico de los problemas políticos del país, así como en la propuesta que defienden.

Según autores y firmantes de ese documento, existe un “bloqueo persistente al cambio por parte de las fuerzas políticas” y ese estancamiento “tiene detenido a México”. Más que bloqueo, podría hablarse de inercias, resignaciones y conveniencias que han impedido la aprobación de reformas indispensables, aunque no necesariamente las que el presidente Calderón y sus recientes adherentes consideran como tales. La ausencia de las reformas que hacen falta es responsabilidad antes que nada de la clase política, sin duda. Pero también de la sociedad, especialmente de sus segmentos más activos que han soslayado ese igual que muchos otros asuntos nacionales.

El documento promovido por Héctor Aguilar Camín, Federico Reyes Heroles y Jorge G. Castañeda, reitera que “las reformas de fondo que el país necesita” llevan detenidas 13 años. Se les olvida que hace poco más de dos años, a fines de 2007, el Congreso reformó la Constitución y más tarde la legislación electoral para modificar las reglas de la propaganda electoral, entre otros cambios. Aquellas reformas tuvieron aspectos discutibles pero no se puede sostener que los legisladores no se han ocupado de asuntos electorales e institucionales en más de dos sexenios. Varios de los firmantes del documento publicado este martes 23 de febrero impugnaron aquellas reformas, especialmente la prohibición que les quitó a las televisoras el enorme negocio que hacían vendiendo espacios para spots políticos.

Las reformas al régimen político son bienvenidas. Pero las que propone el presidente Calderón no son las únicas. Numerosos analistas las han cuestionado por insuficientes pero también por erróneas, como sucedió en el foro del mes pasado en el Senado. Aquí mismo, en cuanto se dieron a conocer, señalamos contraluces de la iniciativa del presidente.

Entre las propuestas del presidente Calderón hay medidas relacionadas con el Congreso (reelección consecutiva, disminución del tamaño de ambas cámaras). Otras, tienden a solidificar el régimen presidencial (segunda vuelta, iniciativas de trámite preferente, observaciones al presupuesto). Alguna más, eleva el porcentaje de votación a los nuevos partidos para obtener su registro con lo cual se favorece a los partidos actualmente existentes. Y hay dos propuestas dedicadas a los ciudadanos que quieren hacen política al margen de los partidos: candidaturas independientes e iniciativa ciudadana.

Los severos señalamientos a lo que falta y sobra en esa iniciativa, llevaron al gobierno a sostener que las propuestas de Calderón reivindican el interés de los ciudadanos por encima de las conveniencias de los partidos. Pero la iniciativa presidencial no se trata de eso. Las dos medidas que aparentemente dan fuerza a los ciudadanos que están al margen de los partidos terminan favoreciendo la organización política, sin la cual serían incapaces de promover iniciativas de reforma y candidatos independientes.

Los promotores del desplegado “No a la Generación del No” comparten, de manera sorprendentemente acrítica, el discurso engañoso de la presidencia de la República. Es falso que en la iniciativa de Calderón “los beneficiarios son los ciudadanos, no los partidos”. Así dice la propaganda de Los Pinos, pero resulta lamentable que eso sostengan analistas políticos y ex funcionarios –entre ellos el ex presidente Ernesto Zedillo– tan habitualmente cuidadosos en el examen que hacen de la situación nacional.

Por lo demás, si se trata de enjuiciar a la generación del no habría que comenzar por ser autocríticos. En el desplegado es suscrito por ciudadanos que cuando tuvieron responsabilidades públicas no siempre se distinguieron por su aptitud reformadora. Pero además todos, o prácticamente todos ellos, forman parte de la misma generación de los políticos cuya inacción cuestionan. Si hay una generación del no que ha sido incapaz para reformar al país, de ella somos parte todos los que llevamos varias décadas discutiendo, detestando, contemplando o usufructuando –según sea el caso– al sistema político.

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