…si la Constitución se cumple

Publicado en Zócalo, enero de 2014

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Medidas para detener (e incluso reducir) expansión de empresas que alcanzan más del 50% del mercado en telecomunicaciones o radiodifusión.

Lo mucho que se ha logrado en la reforma constitucional para los medios y las telecomunicaciones amerita un enfático aplauso. El nuevo régimen legal promulgado el 11 de junio significa un viraje de 180 grados –o casi— respecto de la abulia habitual y la discrecionalidad de vez en cuando que hasta ahora han definido al comportamiento estatal en ese campo.
Televisa y Televisión Azteca en la radiodifusión, Telmex y Telcel en telefonía, han alcanzado cuotas de mercado inusitadas en cualquier comparación internacional y se han convertido en esas fuerzas que algunos clásicos llamaron poderes fácticos, con capacidad para imponer sus intereses e incluso establecer sus propias reglas ante el pasmo del poder político y la indefensión de la sociedad. Eso, si hemos de tomar en serio el cambio constitucional, ya se acabó. O por lo menos estamos ante el principio del fin de la extensa, en ocasiones alevosa y en todo momento socialmente costosa preeminencia de las corporaciones mediáticas.
Pero de la misma manera, lo mucho que nos siguen debiendo los partidos y los legisladores federales en el terreno de la normatividad para medios y telecomunicaciones merece una sincera rechifla. El 9 de diciembre terminó el plazo de 180 días que los senadores y diputados aprobaron, en uno de los exigentes transitorios de la reforma constitucional, para expedir la ley reglamentaria que reemplazará a las actuales leyes federales de radio y televisión y de telecomunicaciones. La agenda legislativa no fue liviana en aquellas semanas postreras del año, como a todos nos constó. Otros temas y urgencias se sobrepusieron a la necesidad de completar el círculo de reformas legislativas para medios y telecomunicaciones. Pero un compromiso es precisamente eso y si lo incorporaron en la reforma constitucional fue por la necesidad de afianzar en la ley reglamentaria los cambios dispuestos ahora por la Carta Magna. Seguir leyendo “…si la Constitución se cumple”

Diez mentiras acerca de la reforma para medios y telecomunicaciones

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Cartón de Magú, tomado de La Jornada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Se niega el reconocimiento a medios comunitarios.

Al contrario, la reforma constitucional termina con la distinción entre medios concesionados y permisionados que ha propiciado un trato discriminatorio a los medios no comerciales. Ahora todas las licencias para radiodifusión tendrían la figura de concesiones que podrán de uso comercial, público, social y privado. Los medios comunitarios encajan perfectamente en la figura de concesiones sociales. Seguir leyendo “Diez mentiras acerca de la reforma para medios y telecomunicaciones”

Qué cambiaría una nueva ley de medios

Texto publicado en emeequis

Si se aprobara la ley medios que proponen varios partidos, organizaciones sociales y ciudadanos…

– La regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones estaría a cargo de un Instituto Federal de Telecomunicaciones integrado por especialistas sin compromisos con las empresas que deberían regular, a diferencia de la actual Cofetel que en su mayor parte está compuesta por comisionados identificados con el interés de las televisoras. El Instituto tendría un consejo consultivo.

– Las concesiones para radiodifusión serían asignadas por licitación pública, tomando en cuenta la experiencia y el proyecto de los aspirantes a utilizar una frecuencia de televisión o radio y no solamente su propuesta financiera.

– Las nuevas reglas permitirían que, de inmediato, fueran puestas a licitación las frecuencias necesarias para dos nuevas cadenas nacionales de televisión. Una de ellas sería de televisión pública.

– El refrendo de las concesiones estaría sometido también a concurso, a fin de que todos los interesados tuvieran oportunidad de competir por la asignación de frecuencias. El cumplimiento que los concesionarios hubieran tenido de las normas que los regulan y su responsabilidad social, serían determinantes frente a las propuestas de otros aspirantes.

– Los medios públicos, además de recibir recursos fiscales, tendrían posibilidad de vender espacios comerciales y, por otra parte, deberían contar con consejos consultivos para afianzar su vinculación con la sociedad.

– Los medios comunitarios serían reconocidos como medios de uso social y podrían tener publicidad para facilitar su sostenimiento.

– Al menos la mitad del tiempo de transmisiones en radio y televisión estaría ocupada por programas producidos en México. De ese segmento, al menos la quinta parte difundiría contenidos realizados por productores independientes. Habría una puerta franca a la diversidad y la calidad en esos medios y espacios garantizados para contenidos y profesionales que hoy están ausentes de la televisión y la radio.

– Se crearía un fondo nacional para respaldar la producción audiovisual independiente.

– El Estado dispondría de 60 minutos diarios, organizados proporcionalmente entre 6 y 24 horas, en cada estación de televisión y radio. Se terminaría el irregular “tiempo fiscal” que existe desde 1969.

– Estaría prohibida la publicidad encubierta, o que no es identificada claramente como tal, en los medios electrónicos.

– Las transmisiones de eventos deportivos ya no serían bloqueadas con anuncios que cubren toda la pantalla cada vez que hay una jugada relevante. Habría límites muy claros para la publicidad durante esos eventos.

– Las películas en televisión dejarían de ser interrumpidas a cada momento para insertar anuncios comerciales. No podría haber más de tres pausas de esa índole cada hora.

– Habría reglas precisas para garantizar el derecho de réplica en radio y televisión.

– Cada medio en radio y televisión contaría con un código de ética y un defensor de sus audiencias.

– Los periodistas tendrían derecho a respaldarse en una cláusula de conciencia para negarse a participar en la elaboración de informaciones contrarias al código de ética del medio de radiodifusión para el cual trabajen.

– Habría reglas para determinar cuándo se considera dominante a una empresa en las telecomunicaciones o la radiodifusión a fin de que, en ese caso, la autoridad tome decisiones para impedir conductas de concentración monopólica.

– La interconexión entre las empresas telefónicas estaría definida de manera clara y no tendría que someterse a pretensiones corporativas o a interpretaciones de la autoridad como sucede hasta ahora.

­– Las empresas telefónicas dejarían de cobrarnos minutos completos cuando utilizamos ese servicio únicamente unos segundos, o en fracciones de minuto. Se terminaría el “redondeo”, que es una de las principales fuentes de exacción que hacen tales empresas sobre el bolsillo de los consumidores.

Esas son algunas de las muchas consecuencias que tendría la  nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales que proponen, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, PAN, PRD, Convergencia y algunos legisladores del PRI. Se trata de un proyecto de ley que promueve la competencia, la transparencia, la calidad de conexiones y contenidos y el interés de los consumidores.

Está por verse si el Revolucionario Institucional se compromete con esa iniciativa, o con la ausencia de cambios que favorece a los consorcios más influyentes en las telecomunicaciones y la televisión.

Sociedad y Poder en ejecentral

eje central, espacio en línea dirigido por el periodista Raymundo Riva Palacio, es “un sitio de sitios que se actualiza a lo largo del dÍa y en donde se puede encontrar la mejor información, opinión, encuestas, blogs y los vÍnculos a todos los recursos importantes de la información”. Sociedad y Poder aparecerá tres veces por semana en eje central. En este blog se reproducirán y archivarán, como es costumbre, los contenidos de la columna.

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