Colmado de aplausos por su gesta antisindical, el presidente Calderón les dijo a los radiodifusores que ya no hay obstáculos para que quienes tienen estaciones de AM, puedan acceder a espacios en FM. Los empresarios de la radiodifusión aplaudieron de nuevo.
Luego, les aseguró que habrá “un mercado de la radio y la televisión más vigoroso, que ofrezca, precisamente, servicios de calidad a los usuarios, y al propio tiempo, que tenga plena seguridad jurídica para sus operadores”.
Los empresarios que el miércoles pasado, 14 de octubre, asistían a la inauguración de la semana de la radiodifusión, aplaudieron de nuevo. Apoyaban la promesa de seguridad jurídica, que todos ellos entienden como la certeza de que no perderán las concesiones que usufructúan. No pensaron mucho el asunto de la calidad y no era para regatearle una ovación más al, con ellos, dadivoso presidente de la República.
Los compromisos del presidente Calderón obedecen a viejas demandas de los empresarios en ese gremio. Hay varios centenares de concesiones, sobre todo de radio, que caducaron hace años y que no han sido refrendadas debido a la ausencia de precisiones, para ello, en la legislación vigente. Por otra parte, docenas de empresarios que tienen estaciones de Amplitud Modulada consideran que están siendo desplazados por las emisoras en Frecuencia Modulada y quieren entrar también a esa banda del dial radiofónico.
Sin embargo, por mucho que el gobierno se identifique con esas pretensiones de los empresarios de la radiodifusión, la legislación no le permite refrendar concesiones ni mucho menos asignar otras nuevas. Los cambios que dispuso la Suprema Corte de Justicia cuando, en junio de 2007, suprimió varios artículos de la Ley Federal de Radio y Televisión, abrieron huecos que el Poder Legislativo no ha querido llenar.
Hace dos años y medio, la Corte resolvió el recurso de inconstitucionalidad presentado por varias docenas de senadores en contra de la llamada “Ley Televisa”. Aquellas reformas a las leyes de Telecomunicaciones y Radio y Televisión habían pretendido consolidar la apropiación, respecto del espectro radioeléctrico, de las empresas que ya tenían concesiones, especialmente las televisoras privadas.
La Corte consideró que varias de esas reformas despojaban a la nación y a la sociedad del dominio respecto de ese recurso natural limitado y esencial que es el espectro radioeléctrico y abrogó algunos de aquellos artículos. Además estimó que tanto la asignación de nuevas concesiones como el refrendo de las que ya existían, tenían que realizarse por concurso en donde fuera esencial la trayectoria como comunicadores de los ciudadanos o empresas que aspirasen a tener nuevas frecuencias o a que se les revalidaran aquellas con las que ya contaban.
Ese principio general establecido por la Corte, sigue vigente. Y también permanece la ausencia de precisiones legales sobre los mecanismos para asignar y renovar concesiones.
En junio de 2008, el senador priista Manlio Fabio Beltrones quiso congraciarse con los radiodifusores promoviendo una ley que les diera espacios en FM a quienes ya los tenían en AM. No habría licitación alguna para esas asignaciones. Poco después, el 15 de septiembre de aquel año, el presidente Calderón desactivó aquella iniciativa del PRI con un Acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que también ofrecía FM a los que ya tenían AM pero a cambio del pago de derechos por esa frecuencia adicional.
El Acuerdo de la SCT hizo innecesaria la propuesta de Beltrones, pero tenía defectos que fueron prontamente señalados. Aunque supuestamente el espacio en FM sustituiría al que ya tienen en AM, no hay reglas claras para que los concesionarios le regresen al Estado la frecuencia que hasta ahora han utilizado en Amplitud Modulada. Por otra parte, el Acuerdo de la SCT no indica cómo se calcularán los derechos que deban pagar los radiodifusores interesados en la nueva frecuencia.
El presidente Calderón no les dio noticia alguna a los radiodifusores, porque días antes la SCT informó que ya tiene, por fin, aunque sea con un año de atraso, un mecanismo para calcular cuánto pagarán los beneficiarios de una nueva concesión en FM. Esas reglas no han sido publicadas de manera oficial, pero algunos periódicos indican que el costo oscilará entre 9 mil y 7 millones y medio de pesos. Todo dependerá, al parecer, de la audiencia que se alcance con cada emisora.
¿Cómo se calcula esa audiencia? ¿De acuerdo con la cobertura geográfica, o con ratings de empresas especializadas? Si hay un límite de 7 millones y medio de pesos, seguramente para las zonas más pobladas del país, entonces el cálculo no será proporcional y beneficiará a los radiodifusores que obtengan frecuencias en las principales ciudades en donde el costo por radioescucha será mucho menor.
Sobre todo, sin precisiones en la Ley Federal de Radio y Televisión y en contra de la opinión de la Suprema Corte, las concesiones que ofrece el presidente Calderón podrían ser impugnadas judicialmente. La adjudicación de esas frecuencias será una acción discrecional del presidente y al margen de la ley.
Si se dan cuenta de esas implicaciones, quizá los radiodifusores comiencen a regatearle aplausos al licenciado Calderón.
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