Limitar a Televisa, pero también a Telmex

Publicado en Zócalo, mayo de 2014

Imagen tomada de The Artist Files: http://darozz.tumblr.com

Cuatro factores se coaligaron para que la ley de telecomunicaciones y radiodifusión fuera postergada. La exigencia social para impedir que se mantuvieran restricciones a la libertad de expresión, los errores del gobierno para promoverla, la ausencia de acuerdo entre los partidos y la presión de las corporaciones afectadas con esas disposiciones, influyeron de diversas maneras en la decisión del Senado para llevar hasta junio el dictamen y la aprobación de la nueva ley.
La iniciativa que el presidente Enrique Peña Nieto envió a los senadores el 14 de abril fue rápidamente diseccionada y cuestionada. Sus rasgos más ominosos –especialmente los que permitirían censura en Internet y bloqueos de señales— desataron una eficaz protesta social que abrumó las redes sociales y tuvo ecos globales.
El favoritismo a Televisa en el señalamiento de reglas más laxas que las que establece la Constitución, la transferencia a favor de la Secretaría de Gobernación de facultades regulatorias que le corresponden al Instituto Federal de Telecomunicaciones (especialmente en la supervisión de contenidos de radiodifusión), la marginación a medios sociales y el ahogamiento financiero a medios públicos, así como la ausencia de medidas para propiciar diversidad y calidad en los contenidos de radiodifusión, constituyeron otros focos de inquietud en el documento presidencial.

IFETEL: claroscuros en la selección del Presidente

 

Sería irresponsable dejar al IFETEL en manos de personeros de las empresas o de funcionarios complacientes con ellas. Ilustración tomada de http://www.dineroenimagen.com

 

De las listas que recibió con los candidatos al IFETEL, el presidente Peña Nieto seleccionó siete propuestas. Entre esos candidatos hay cuatro que no cubren los requisitos que exige la Constitución: uno de ellos –Mario Fromow– ha sido funcionario de Telmex y otros tres –Gabriel Contreras, María Elena Estavillo, Ernesto Estrada– carecen de la experiencia específica que se requiere para ese cargo. Otro candidato más –Adolfo Cuevas— ha estado identificado con prácticas harto discutibles en la regulación de las telecomunicaciones.

En esa relación de siete candidatos no aparecen –excepto en un caso– los más ostensiblemente ligados a televisoras y telefónicas y que formaron parte de las quintetas, una por cada uno de los siete cargos a designar, que envió el Comité de Evaluación. Ya es un avance. Pero no ha resultado suficiente, a juzgar por trayectorias como las que se comentan a continuación.

Las listas. Para IFETEL y COFECO, no están todos los que son, ni…

   Hay casi de todo, pero ese no es mérito en las listas de aspirantes al IFETEL y la COFECO. Hay ex funcionarios públicos (muchos), funcionarios con responsabilidades públicas actuales (demasiados), especialistas con experiencia en los temas que van a regular (poquísimos), directivos de empresas y asesores de tales sectores (varios y eso es anticonstitucional) y casi no hay expertos que puedan llevar a los cuerpos colegiados de esos organismos la voz de la sociedad organizada.

Las listas de cinco candidatos por cada una de las 14 posiciones que deben cubrirse, una mitad en el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la en la Comisión Federal de Competencia, están antes que nada señaladas por la opacidad que ha definido al proceso de selección. Los nombres de quienes concursaron eran confidenciales hasta el día de hoy, lo cual resulta inaceptable debido a que compitieron para ocupar responsabilidades públicas. El examen que presentaron también ha sido secreto, al menos hasta ahora. Las calificaciones que obtuvieron los así seleccionados tampoco son del dominio público.

Los titulares del INEGI, el Banco de México y el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa que conformaron el Comité de Evaluación, no consideraron pertinente respetar el derecho de la sociedad a conocer esa información. Las listas que hacen públicas este viernes 9 de agosto contienen sorpresas, así como nombres ya esperados, pero no los resultados de la evaluación que les hicieron. Además, en algunos casos, incluyeron personas cuyos compromisos profesionales con corporaciones mediáticas y de telecomunicaciones tendrían que haberlos dejado fuera de este proceso.

La reforma. Qué sí, qué no, hacia dónde

Publicado en Zócalo, mayo de 2013

Imagen tomada de http://www.excelsior.com

   La reforma para los medios y las telecomunicaciones ha sido categórica, innovadora, esperanzadora. También ha resultado tardía, incierta, frágil en ocasiones. Para algunos, se trata de una reforma insuficiente. Para otros, los enaltecimientos en ocasiones desbordados a esa reforma constitucional resultaron apresurados y hasta sospechosos.

La reforma constitucional, como sucede a veces con las grandes decisiones, ha puesto a prueba tanto a individuos como instituciones. A muchos los ha colocado en su lugar aunque no necesariamente en donde ellos hubieran querido y, voluntariamente o no, se colocaron del lado de la contrarreforma. Otros más, quedaron inmovilizados en las dudas o las desconfianzas.

El affaire MVS: Todos pierden

Texto publicado en emeequis

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Todos pierden –aparentemente, al menos– en el pleito entre MVS y el gobierno.

Pierde la empresa de telecomunicaciones que perseverantemente se empeñó, durante décadas, para ser una opción distinta a las preponderantes en el mercado de la televisión mexicana. Los propietarios de MVS hicieron todo lo posible para seguir manejando la banda de 2.5 Ghz. Todo, excepto pagar los 27 mil millones de pesos que exigió la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para renovar y ampliar las concesiones que le hubieran permitido a ese grupo comunicacional ofrecer telefonía e Internet a velocidades altas.

Pierde el gobierno, cuya utilización abusiva y discrecional del espectro radioeléctrico ha quedado en evidencia. La indecisión durante todo el sexenio acerca de la banda de 2.5 Ghz confirma el desinterés, la vacilación, la ausencia de proyecto, la inhabilidad política o la marrullería (se puede elegir una de esas posibilidades, o todas) de una administración que utilizó el espectro radioeléctrico para negociar políticamente lo mismo con adversarios que con aliados.

Pierden los usuarios de telefonía celular y de Internet inalámbrica, servicios de calidad habitualmente mala y precios invariablemente altos en nuestro país. La banda de 2.5, manejada con inteligencia y sin voracidad desmedida, hubiera ofrecido posibilidades en provecho de los consumidores.

La disputa por la 2.5. Una propuesta (en realidad, dos)

Comentario en el programa MediaTelecom, que conducen en MVS Radio Irene Levy, Jorge Fernando Negrete y Gabriel Sosa Plata, la noche del martes 21 de agosto.

En la disputa por la banda de 2.5 Ghz se pone de manifiesto el desbarajuste que padecemos en materia de telecomunicaciones. Se trata, además, de un diferendo en donde nadie tiene toda la razón. Las dificultades para justipreciarlo son tantas que ni siquiera disponemos de información completa. Las negociaciones durante varios años entre la empresa MVS y la SCT transcurrieron en secreto, al margen de la sociedad, aunque allí se dirimía el destino de un importante trecho del espectro radioelétrico que es patrimonio de la nación. Hay tanta opacidad y sobre todo tanta negligencia oficial que ni siquiera sabemos el precio de esos 190 Mhz.

Allí se manifiesta, sobre todo, la ineficacia de las instituciones regulatorias. La Comisión Federal de Telecomunicaciones debería contar con autoridad suficiente para determinar el precio del espectro radioeléctrico. Y no la tiene porque no es autónoma ni del gobierno, ni de algunos de los intereses que prevalecen en la política oficial para las telecomunicaciones.

El organismo que hace dos años autorizó la venta de 30 Mhz nacionales por 5068 millones de pesos a Telcel y a Telefónica, pero que por un segmento de las mismas características les cobró solamente 180 millones de pesos a Televisa y Nextel, no tiene autoridad pública ni capacidad política para resolver el destino de la banda de 2.5 Ghz. 

2.5 Ghz: “rescate” o represalia

Publicado en emeequis

La banda de 2.5 Ghz es una de las más valiosas del espectro radioeléctrico. Allí se encuentran las frecuencias más idóneas para transmitir datos, a velocidades altas, a dispositivos móviles como los teléfonos celulares.

No se necesita ser especialista en telecomunicaciones para comprender la relevancia de esa banda. Quizá basta decir que su valor para cubrir el territorio mexicano se estima en más de 2 mil millones de dólares.

Ilustración tomada de http://www.imparcialenlinea.com

Durante 28 años, la empresa MVS tuvo los derechos para ocupar la mayor parte de esas frecuencias. Cuando las recibió en concesión, se utilizaban para transmitir televisión de paga pero pocos años después dicho servicio fue desplazado por la televisión satelital y de cable. Pronto la convergencia tecnológica les encontró un uso más lucrativo, para la propagación inalámbrica de datos. Sin embargo, durante por lo menos una década, MVS mantuvo sin utilizar la mayor parte de la banda de 2.5 Gigahertz.

El gobierno pudo haber retirado esas concesiones desde comienzos del actual siglo. Prefirió convencer a MVS para que pagase por tales frecuencias. La posibilidad de aprobar o suspender las concesiones, que comenzaron a vencer durante los gobiernos de Fox y Calderón, fue una carta de presión constante sobre MVS que, como es sabido, difunde espacios radiofónicos notoriamente críticos como el noticiero de Carmen Aristegui.