La izquierda y la comunicación política

Ilustración tomada de http://periodistaparada.blogspot.mx

Conferencia en el Encuentro Internacional de la Izquierda Democrática en la Universidad Autonoma del Estado de Morelos, en Cuernavaca, el 2 de mayo de 2014.

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Mercado, política de izquierdas

Publicado en emeequis

La política era antes más sencilla. Las izquierdas encarnaban el afán de cambio, la justicia social, el  respeto a los derechos humanos. Las derechas proponían el mantenimiento de privilegios, que pareciera que las cosas cambiaban para que todo siguiera igual. Por supuesto ese mundo jamás era tan esquemático; en las izquierdas siempre había cacicazgos y autoritarismos, en el flanco derecho surgían  esfuerzos por la democracia.

Sobrevinieron los derrumbes ideológicos y políticos que a partir de 1989 homogeneizaron, casi, el

Estereotipos. Imagen tomada de http://desculturizate.blogspot.com

antaño polarizado escenario global. En México, las izquierdas más destacadas se mimetizaron con un segmento del viejo PRI y afloró lo peor de ellas: clientelismo, demagogia, corrupción en ocasiones; es decir, los mismos síntomas del antiguo sistema político, ahora con otras siglas. Entre las derechas asomaron sectores modernos para allanarse a la propuesta neoliberal que campearía en el mundo.

El mercado se convirtió en dogma, como decíamos recientemente en estas páginas. O más bien, la idea del mercado que han querido imponer las grandes empresas y sus afanosas expresiones tanto en la academia como en los medios de comunicación, ha pretendido que libre competencia significa hegemonía de las corporaciones más poderosas.

El dogma del Siglo 21

Publicado en emeequis, 15 de mayo de 2011

Así como en los años setenta (por supuesto, del siglo pasado) había legiones de comentaristas y académicos forjados en el catecismo marxista y para quienes la lucha de clases era ineluctable, hoy el nuevo dogma es el llamado libre mercado. La discusión pública o las pobrezas en ella, así como las decisiones políticas, suelen tomarse a partir de una esquemática colección de creencias propagadas con tanto fanatismo como hace tres o cuatro décadas se proponían versiones bastante elementales del materialismo histórico.

Esa analogía la ha subrayado Fernando Escalante en un artículo reciente (La Razón, 8 de mayo). El marxismo setentero que anidó en nuestras universidades propició la lectura crítica de una realidad a la que había muchos motivos para abominar, pero que no lográbamos entender con fórmulas de manual como las de aquel compendio de rimbombantes pero limitadas obviedades que era el librillo de Marta Harnecker.

IETD. CAMBIAR A MÉXICO: EQUIDAD SOCIAL Y PARLAMENTARISMO

Documento del Instituto de Estudios para la Transición Democrática presentado el sábado 5 de junio de 2010

La democracia mexicana se encuentra estancada. La desigualdad social crece y escinde cada vez más al país. La sociedad está desmoralizada, atemorizada y desconfiada. La clase política, ensimismada en rencillas domésticas, deambula en la incertidumbre más preocupada en su próxima cita electoral que en los problemas esenciales del país. Y la política es vista por la gran mayoría de los mexicanos, como un espacio ajeno a sus intereses.

Conferencia de prensa del IETD en el Hotel Meliá. R Trejo, José Woldenberg, Ricardo Becerra y Enrique Provencio

En ese panorama, han aparecido propuestas de soluciones aparentes para resolver el deterioro de nuestra vida pública. A partir de diagnósticos sesgados por el interés político, la simpleza analítica o la desmemoria histórica, se ha puesto de moda considerar que las decisiones que hacen falta solamente puede tomarlas un gobierno homogéneo y fuerte, que no tenga contrapesos eficaces en la diversidad de los partidos que se expresa en el Congreso de la Unión. Nos parece que ese punto de vista se encuentra profundamente equivocado y que, lejos de remediar los problemas de nuestro sistema institucional, conduciría a un retroceso autoritario, acentuando las capacidades discrecionales de un presidencialismo del que, a fuerza de cambios parciales aunque insuficientes, nos hemos venido liberando en las décadas recientes.

La sociedad mexicana es más diversa que nunca. El único camino para consolidar un sistema político capaz de representarla y gobernarla, radica en reconocerla, llevando a partidos y al Congreso, esa diversidad. Estamos convencidos de que la pluralidad, lejos de amenazarlos, constituye la mejor garantía para la estabilidad y el desarrollo de la sociedad y la política.

La pluralidad no tiene la culpa de los desaciertos y las insuficiencias de los políticos. El reconocimiento de la pluralidad constituye la conquista más importante del tránsito democrático que los mexicanos hemos experimentado y consolidado en los lustros recientes. Ahora es tiempo de que, asumiéndola como parte de nuestra naturaleza política y social, le demos plena presencia en las instituciones que nos gobiernan.

Hacia una segunda transición

La población mexicana experimenta un sentimiento de fracaso generalizado que se trasmina en casi todas las áreas de la vida nacional: la económica, la política y aún la actividad cultural: abstenerse de invertir; cancelar proyectos para tiempos mejores; incursionar en los circuitos de la informalidad o la ilegalidad; marcharse del país; renunciar a tomar riesgos; excluirse de la vida pública; una moral social cargada de valores negativos y proclives al conservadurismo o incluso, a la superstición; retroceso de los valores laicos. Se trata de un círculo vicioso que alimenta permanentemente la desconfianza de los ciudadanos en sus dirigentes y en las instituciones políticas.

El cambio democrático ocurrido en México, la salida del autoritarismo, la histórica conquista de libertades políticas, la transición en síntesis, ocurrió en un contexto adverso que acentuó la vulnerabilidad y la precariedad social para la mayoría, aceleró la desintegración y minó las bases de la propia democracia, sobre todo para las generaciones que han empezado a ser adultas después del año 2000.

El desencanto se debe, aunque sea en parte, a las desmedidas expectativas que se desarrollaron ante la alternancia en el gobierno y las nuevas reglas para la competencia política. La democracia es, no menos pero tampoco más, el régimen que permite la convivencia de la diversidad política, que construye candados para acotar a los poderes constitucionales, subordinar  a los poderes de hecho y potenciar los márgenes de libertad. Pero en México no pocos protagonistas, así como diversos comentaristas del cambio democrático, llegaron a idealizarla como la estación de llegada del desarrollo político mexicano en donde la sociedad se encontraría reconciliada y sin fisuras y en donde bastaría la acción tutelar de los gobiernos electos bajo las nuevas reglas para que tuviéramos un porvenir dichoso y sin conflictos graves.

La realidad ha confirmado que la democracia, cuando existe, permite dirimir conflictos de manera civilizada pero no garantiza el bienestar de la sociedad. Si a esa realidad añadimos el hecho de que hemos padecido gobernantes inexpertos o mimetizados con la vieja cultura política y cuyas gestiones no han significado cambios sustanciales en comparación con el régimen autoritario que prevaleció durante todo el siglo 20, tenemos las claves de un escenario propicio para la insatisfacción y el enfado sociales.

Para hacerla sustentable, eficaz y compartida por la sociedad, la democracia requiere de un horizonte de todos y para todos. Y no es ese el perfil que ha tenido el quehacer político preponderante durante los años recientes. La democratización del país fue posible gracias a los esfuerzos conjuntos de gobiernos y oposiciones, además de la contribución de organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, académicos e intelectuales. Hoy se requiere un esfuerzo similar para edificar una casa común que logre trascender el archipiélago de clases, nuevas castas, grupos, tribus y pandillas en el que se está transmutando el país. Es hora de emprender una “segunda transición”, ahora desde la democracia, hacia una sociedad cohesionada e igualitaria en sus derechos.

Pese a reformas, desigualdad social

En los partidos hegemónicos y en algunos segmentos de la opinión publicada, se ha desarrollado la presunción de que la diversidad política impide que se acuerden y aprueben las reformas que le hacen falta al país. También se llega a decir que en México no hemos tenido reformas importantes en las décadas recientes.

La historia contemporánea desmiente esas suposiciones. Desde los años 80 y especialmente en los 90, cuando el régimen de partidos comenzaba a fortalecerse y luego fue una realidad inevitable en el Congreso, el Estado pudo aprobar importantes –aunque con frecuencia discutibles– reformas estructurales para la economía. Las políticas de privatización que crearon nuevos polos de poder financiero, los acuerdos comerciales que nos involucraron en una globalización sin desarrollo suficiente, la apertura a la inversión extranjera de diversas áreas de la economía, la contracción del Estado y a pesar de ello la transformación en deuda pública de importantes adeudos financieros privados y el nuevo esquema de pensiones han sido, junto a otras más, reformas estructurales surgidas bajo gobiernos de distintos signos políticos y por lo general precedidas de intensos debates. Llevamos un cuarto de siglo de reformas profundas cuya sola enumeración demuestra la capacidad estatal para hacer ajustes y cambios.

El problema entonces, no ha sido la ausencia de reformas, sino su completa indiferencia para enfrentar la desigualdad social, que constituye la dificultad mexicana más apremiante. A pesar de las reformas económicas (y también debido a ellas) México se encuentra estancado desde hace casi tres décadas, con todos sus efectos distorsionantes: pobreza indisoluble, polarización social, migración masiva, multiplicación de la informalidad, cancelación de la movilidad social. Toda una generación ha escuchado la misma promesa que se repite hoy: “tan pronto como pongamos en marcha las reformas estructurales necesarias, México tomará la senda de prosperidad”. Los jóvenes de hoy, igual que los jóvenes de ayer que crecieron confrontados con el incumplimiento de esa promesa, tienen fundado derecho al escepticismo.

La capacidad reformadora, por otra parte, también ha logrado crear instituciones democratizadoras que además de proteger derechos fundamentales logran fiscalizar la gestión de las autoridades. De eso se trata la vida democrática aun cuando los contrapesos legislativos, judiciales, regionales, se multiplican y gravitan a cada paso complicando el gobierno y las decisiones esenciales.

Cualquiera que compare la política de hoy y la de hace veinte o treinta años notará las diferencias: asentamiento de la diversidad, ejercicio más franco de la libertad, contrapesos en las instituciones estatales, coexistencia de la pluralidad, ejecutivo acotado, federalismo real, mayor publicidad de las decisiones y rendición de cuentas. No obstante, ese proceso democratizador se encuentra erosionado porque en muchos otros terrenos de la vida social las realidades son más oscuras. El tránsito democratizador ha sido acompañado no sólo por un crecimiento económico magro, sino también por una persistente desigualdad social y los fenómenos de exclusión asociados a ella, como el incremento notorio de la delincuencia, un frágil y contrahecho Estado de derecho, una vida pública estridente y, en suma, una escasa cohesión social.

Legitimar al Estado, en una sociedad plural

El pluralismo que se ha instalado en el estado nacional y que determina la vida pública mexicana carece de aliento, sus ideas relevantes son escasas y manifiesta una reiterada incapacidad para deliberar de manera franca e ilustrada. El narcisismo de los partidos, la creencia de que el control de los aparatos burocráticos es fuente de impunidades y la propensión a la discusión irrelevante, han equiparado a la pluralidad con la banalidad. A pesar de todo ello, el pluralismo es necesario en la democracia contemporánea. Si el pluralismo que hemos tenido en México resulta insatisfactorio, no ha sido por carencias de la democracia sino debido a incapacidades e impericias de la mayor parte de los actores políticos que lo han encarnado.

Esas insuficiencias del pluralismo en la vida mexicana reciente, pero además una inquietante nostalgia por las mayorías excluyentes, han conducido a la reivindicación del monolitismo en el Estado. Al confundir gobernabilidad con uniformidad, se ha llegado a suponer que la única manera eficaz de gobernar en nuestro país radica en la conformación de un bloque capaz de imponerse sobre los demás.

Esa noción de gobernabilidad es antidemocrática pues supone la supresión de la pluralidad y es contradictoria con una realidad ineludible. Aunque seguimos teniendo un régimen presidencial, desde 1997 las fuerzas políticas que llegan al Congreso están obligadas a formar coaliciones para tomar decisiones. El pluralismo que tenemos, con todos sus defectos, es una adquisición democrática de nuestra transición: puso fin al presidencialismo autoritario singularizado por numerosos abusos y arbitrariedades. Cuando se pretende restringir el pluralismo para forjar mayorías artificiales mediante dudosas reglas electorales –que buscan fortalecer un gobierno supuestamente capaz de sacar adelante, sin problemas, algunas célebres pero discutibles “reformas estructurales”– se olvida que venimos de un sistema que garantizaba mayorías automáticas para un presidencialismo sin contrapesos. Abolir el pluralismo que significa la existencia de partidos de ideologías, proyectos, dimensiones y presencia pública diversos, es una solución falsa que sólo conduciría a mayores polarizaciones y a una menor legitimidad democrática de los gobiernos sustentados en esas mayorías.

Lo que hace falta es vigorizar y hacer cada vez más representativo al Estado. Necesitamos instituciones estatales con legitimidad suficiente para que sea efectivo el imperio de la legalidad, para garantizar la seguridad y los derechos de los ciudadanos e incluso para establecer y recaudar impuestos y desarrollar una política distributiva de las dimensiones que exige la profunda desigualdad social que agobia a nuestro país. Sólo un Estado fuerte, eficaz y eficiente, crea las condiciones de una sociedad civil fuerte, exigente y organizada, así como una verdadera y cabal ciudadanía. Sólo un Estado que garantiza universalmente los derechos sociales hace posible el ejercicio igualitario de los derechos de libertad, de los derechos civiles y de los propios derechos políticos. Y sólo un Estado legitimado por su capacidad de garantizar esos derechos puede regular con eficacia y eficiencia los poderes fácticos que inevitablemente surgen de una sociedad abierta y plural.

Esa tarea requiere de coaliciones y mayorías capaces de trascender intereses puramente electorales y de coyuntura. Pero no de mayorías al servicio del presidente en turno, sino de verdaderos gobiernos de coalición sustentados en acuerdos públicos y transparentes y en proyectos de largo plazo. El mayor obstáculo no es el pluralismo político sino un presidencialismo que a lo largo de toda la historia mexicana ha mostrado sólo ser eficaz cuando se vuelve autoritario.

El reto es compartir el poder

La construcción de un verdadero Estado social y democrático, garante efectivo de los derechos fundamentales de todos los mexicanos, exige reemplazar el régimen presidencial por un régimen parlamentario, que entre otras cosas haga posible distinguir claramente a los gobiernos y sus mayorías contingentes, del Estado y sus funciones permanentes.

Esta operación requiere de un salto cultural y político de la mayor importancia. Las bases sociales de los partidos no parecen preparadas para encarar ese desafío, pero tampoco las dirigencias, los líderes y menos aún los candidatos. Hacia las elecciones del año 2012, cuando la democracia mexicana haya cumplido 15 años, el único vaticinio cierto es éste: ninguno de los partidos obtendrá mayoría congresual; gobernar sin mayoría volverá a ser condición ineluctable en el ejercicio del poder en México. Para resolver ese acertijo, sería preciso arriesgar un tipo de gobierno de coalición inexplorado en nuestra historia política.

Si los actores políticos no son capaces de extraer las lecciones básicas de la post-transición, viviremos una nueva versión de los sexenios previos, sea cual sea el partido que resulte ganador. Pero si el país es capaz de abandonar el libreto de la era política anterior, entonces México sería testigo de un proceso inédito, pluralista, más propiamente democrático: la construcción de una mayoría legislativa entre partidos diferentes, o hasta enfrentados, para poder gobernar. Allí está el hecho político que abriría una nueva época en México: compartir el poder.

Se trataría de crear una alianza legislativa, que se reflejase en la integración del gabinete y que impulsara un programa de gobierno común. No habrá popularidad ni capital político que valga, si no se sabe crear esa coalición. Existen numerosas experiencias exitosas de esa índole, en países con regímenes parlamentarios (Alemania, Reino Unido, España, Bélgica, Holanda, Dinamarca, etcétera) en los cuales resulta ineludible construir una coalición. Si no la hay, si nadie tiene mayoría en el parlamento, el gobierno es imposible.

Las recientes iniciativas legislativas presentadas por los grandes partidos (PRI, PAN y PRD), tienen la virtud de poner en el centro la discusión acerca de la “forma de gobierno”, abandonando el reiterado debate sobre las cuestiones electorales. Pero casi todos esos planteamientos acuden a “salidas mixtas” que no encauzan ni resuelven el nudo esencial: la existencia de la pluralidad política. Se recurre a fórmulas ingeniosas (segunda vuelta con elección congresual) o a fórmulas artificiosas (cláusulas de gobernabilidad) que la democracia mexicana alguna vez abandonó precisamente porque adulteraban la expresión política legítima del país real.

Parlamentarismo, para la equidad

Ya es hora de repensar el arreglo institucional en su conjunto. El formato que debemos imaginar y ensayar para resolver el problema de gobierno y la ecuación pluralista en México, es el Parlamentarismo. Ese régimen necesita que haya coalición cuando ningún partido alcanza la mayoría absoluta de escaños; una coalición para formar gobierno sin desplazar o abatir los intereses y las visiones distintas que requieren ser representadas.

El parlamentarismo exige y ofrece a la vez, precisamente eso: conversación y compromisos entre adversarios, naturalización del acuerdo, política de coalición, todas ellas prácticas ausentes en la realidad política de México. Aunque no cambiase el formato presidencial, aunque no transitáramos a un régimen parlamentario, de todos modos el futuro de nuestra democracia va a depender, cada vez más, de saber gobernar en coalición, de compartir el poder con un aliado a menudo incómodo.

Y no habrá tema de intercambio y decisiones compartidas más importante que las medidas legislativas y políticas para reorientar la economía y atemperar la desigualdad social. Al país se le está acabando el tiempo. En las dos últimas décadas, de 1990 a 2010, la población ha aumentado en 24.5 millones de personas, y en los siguientes veinte años crecerá unos doce millones más. La transición poblacional sigue madurando y estamos perdiendo el bono demográfico ante la falta de inversiones y la escasa generación de empleos. No es casual que en la última década hayan emigrado, cada año, alrededor de 450 mil mexicanos en promedio.

La experiencia internacional indica que los gobiernos plurales están mejor preparados para desarrollar cambios de esa índole. Un estudio reciente de la OCDE indica que siete de las 10 mayores consolidaciones fiscales llevadas a cabo en los países desarrollados desde 1970, se han producido bajo gobiernos de coalición. Las grandes coaliciones políticas pueden enfrentar mejor los desafíos y las resistencias de los poderes de hecho que, tradicionalmente, constituyen el principal freno a las reformas fiscales, las únicas capaces de crear las estructuras de protección y de igualdad social.

Por primera vez en la historia estamos obligados a resolver, en democracia, los problemas de la pobreza y la desigualdad. Es una oportunidad y un desafío que tienen plazo: si no logramos cambiar la estructura del ingreso en la década que comienza, México habrá dejado de ser un país de jóvenes sin empleo, para convertirse en una nación de viejos empobrecidos y sin seguridad ante la vida. La riqueza para preparar y sostener a esa generación y a ese futuro debe ser creada y distribuida desde ahora, creciendo, echando mano de aquello con lo que contamos y hemos producido en las transiciones del nuevo siglo: márgenes de libertad y pluralismo como nunca los tuvimos pero escuchando, ahora sí, el mensaje igualitario de la democracia.

México D.F., 5 de junio de 2010

Instituto de Estudios para la Transición Democrática

IETD, A.C.

Ante Cuba, silencios y doble moral

Varios lectores reaccionaron con virulento encono al comentario que apareció en este espacio a comienzos de la semana pasada, cuando me referí a la muerte del disidente cubano Orlando Zapata. Las apostillas desbordantes de ira son frecuentes en el periodismo en línea, en donde las reacciones de los lectores pueden quedar registradas y junto con ellas sus pareceres y animadversiones. Cuando se abordan temas sensibles y respecto de los cuales hay opiniones contrapuestas, las réplicas suelen estar cargadas mucho más de emociones que de razones. En este caso me llamó la atención el enojo de algunos y el asombro de algunos otros lectores que coincidían en rechazar mi interpretación de la muerte de Orlando Zapata.

Guillermo Fariñas, también en huelga de hambre

Recluido desde hace 7 años por delitos menores, Zapata fue radicalizando su oposición al régimen cubano conforme aumentaban las sentencias en su contra. Albañil, negro y perseguido por el gobierno, mantuvo varias huelgas de hambre para ser reconocido como preso político hasta que en la última de ellas, al cabo de 86 días de ayuno, falleció el 23 de febrero. La precaria oposición al gobierno de la familia Castro ha denunciado que a Zapata las autoridades de la cárcel le llegaron a negar agua para beber, lo cual precipitó su desfallecimiento. Esa circunstancia, las torturas y los golpes que padeció por años, la negativa a satisfacer cualquiera de las modestas exigencias de ese prisionero e incluso la persecución a quienes intentaron asistir a sus funerales, permiten afirmar que a Orlando Zapata lo asesinó el gobierno de Cuba.

Los lectores que están en desacuerdo con esa interpretación se dividen entre quienes consideran que soy “un vocero de la gusanera de Miami” y aquellos que, con más indulgencia, suponen que estoy mal informado. A los primeros, bastaría con mandarlos a freír espárragos (o lo que puedan) porque con las necedades y los insultos es imposible polemizar en el terreno de las ideas. A los otros, le agradezco su comprensión pero me parece que en todo caso no soy el único que considera, a partir de hechos ampliamente conocidos, que Zapata fue víctima de un crimen del Estado cubano.

Las reacciones de esos participativos lectores son sintomáticas del ánimo que prevalece en México acerca de la situación cubana. Durante décadas hemos sabido que en esa isla no hay libertades ciudadanas, a la disidencia se le persigue sin atender a formalidades legales, la prensa libre y la competencia política son prácticamente inexistentes. Apenas desde hace pocos años, gracias a Internet, algunos cubanos que no han querido allanarse al pensamiento único que propaga e impone su gobierno han dejado testimonio de esa situación.

En Cuba, al mismo tiempo, la desigualdad social no adquiere la ofensiva polarización que hay en el resto de América Latina. La gente tiene educación, salud y alimentación aunque sea con grandes privaciones. La revolución ha implicado cambios sociales aunque con regresión o estancamiento de la política.

Para no pocos mexicanos, los méritos sociales del régimen cubano son suficientes para dispensar las prohibiciones políticas. Esa condescendencia se fortalece debido a la simpatía que le hemos tenido a Fidel Castro debido a su enfrentamiento con Estados Unidos. Lo que no hemos querido reconocer, por lo general, es que ese atractivo antiimperialismo es acompañado de un comportamiento autoritario y despótico respecto de la sociedad cubana.

La izquierda mexicana ha sido especialmente esquizofrénica respecto del régimen de la familia Castro. La lucha por los derechos políticos, que es una bandera de las izquierdas en nuestro país, enmudece cuando se trata de Cuba. Los dirigentes reputados como de izquierda suelen exigir, y en buena hora que lo hagan, respeto para la democracia en cada uno de los municipios mexicanos y en cada país del mundo en donde las tensiones políticas ponen en riesgo las libertades de expresión, organización y participación. Pero se cuidan mucho de referirse a Cuba cuando levantan esos, por lo demás, plausibles reclamos.

Tales izquierdas llegan a ser no solamente omisas –o remisas–, sino incluso traicionan sus principios cuando se refieren a episodios como la muerte de Orlando Zapata. La reivindicación de los derechos humanos es condición esencial del pensamiento de izquierdas en cualquier latitud. Las izquierdas mexicanas son muy vigilantes de esas prerrogativas de los ciudadanos. Pero el discurso humanitario, que debiera existir en todas las circunstancias para serlo realmente, queda suspendido a propósito de Cuba.

Un patético cuan vergonzoso ejemplo de moral a medias –es decir, de plena inmoralidad– en este campo, lo acaba de ofrecer la senadora Rosario Ibarra de Piedra. Esa defensora de numerosas causas humanitarias, considera que el gobierno cubano “es honrado y no es asesino”. Y, peor aún, sostiene que en la muerte de Zapata “no hay responsabilidad, ellos quisieron ponerse en huelga de hambre, fue un hecho que le nació de su manera y de su conciencia”. Así nomás.

La senadora Ibarra ha defendido presos políticos, ha estado ella misma en varias huelgas de hambre y sabe que ese es un recurso último de los luchadores sociales no porque tengan vocación martirológica sino porque buscan presionar a sus gobiernos. ¿Qué diría la senadora Ibarra si hubiera fallecido alguno de los participantes en las huelgas de hambre que ella ha patrocinado? Seguramente no declararía, con tanta irresponsabilidad, que se habría tratado de muertes voluntarias.

Junto a la locuacidad de esa izquierda botarate, se puede apreciar también el silencio del gobierno mexicano. Ni la Cancillería, ni el presidente Calderón, han deplorado el deceso de Zapata y mucho menos han condenado las circunstancias que provocaron esa muerte. Otro disidente cubano, Guillermo Fariñas, está en huelga de hambre desde hace 16 días y ha tenido que recibir atención hospitalaria debido a la debilidad extrema que lo está aquejando. Fariñas, que mantiene la huelga de hambre en su casa en Santa Clara, exige la libertad de 26 presos políticos en ese país.

Una auténtica izquierda, exigiría que esas demandas fueran tomadas en serio y auspiciaría la apertura política en Cuba. Un gobierno verdaderamente comprometido con los derechos humanos, habría expresado su malestar por la muerte de Zapata y estaría preocupado por el destino de Fariñas. No son esas las izquierdas ni el gobierno que tenemos en México.

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Enríquez-Ominami, una izquierda capaz de esperanzar

Ayer por la mañana en Santiago de Chile, antes de ir a votar, Marco Enriquez-Ominami fue a visitar la tumba de su padre como él mismo relata en su espacio en Twitter: “es más joven que yo y le hablé de él a mi hija de 5, de lo que sonaba él. Emocionante. Ahora a votar”. Diez horas más tarde, sabría que perdió las elecciones presidenciales por un margen considerable.

Sebastián Piñera, el candidato de derechas que hizo campaña apoyado en los medios de comunicación de los que es propietario, obtuvo el 44% de los votos. Eduardo Frei, que ya fue presidente hace 10 años y encabeza a la Concertación de Partidos integrada por socialistas y demócrata cristianos, alcanzó casi 30%. Ellos disputarán el 17 de enero la segunda vuelta de la elección presidencial.

El candidato comunista Jorge Arrate recibió casi el 6% de los votos y Enríquez-Ominami, algo más del 20%, de acuerdo con el cómputo que se realizaba anoche.

Ese porcentaje pudiera ser exiguo para una candidatura que en algún momento pareció competitiva, pero al mismo tiempo resulta cuantioso si se toma en cuenta que hace un año Enríquez-Ominami no era candidato presidencial.

La postulación de ese cineasta de 36 años, conmovió al panorama político chileno porque rompió con la ortodoxia de las viejas izquierdas y utilizó de manera intensiva los nuevos medios de comunicación en busca del respaldo de los electores más jóvenes.

Marco Enríquez-Ominami es hijo de Miguel Enríquez, el dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria que apoyó muy activamente al gobierno de Salvador Allende y que después del asesinato del presidente socialista chileno se dedicó a luchar en la clandestinidad contra la dictadura militar. Un año más tarde, el mismo Miguel Enríquez fue asesinado en un enfrentamiento con la policía de Pinochet. Tenía 30 años. Menos, en efecto, que los que tiene ahora su hijo.

Marco Enríquez había nacido tres meses antes del golpe militar. Junto con su madre, la periodista y organizadora social Manuela Gumucio (que hoy es una de las promotoras más tenaces de la radiodifusión comunitaria en América Latina) estuvo asilado en París, donde hizo sus primeros estudios. Su madre se casó más tarde con Carlos Ominami, economista chileno que luego sería secretario de Estado y senador en su país. Marco Enríquez-Ominami asumió los apellidos de sus dos padres y encuentra en ambos parte de sus motivaciones políticas: “De Miguel, aprendí la rebeldía. De Carlos, la tenacidad”.

A su regreso a Chile, después de la dictadura, Enríquez-Ominami hace cine –con éxito constatable en diversos premios internacionales que recibió– y se involucra en política desde la Universidad. En una breve autobiografía que publicó ayer en el periódico El Mercurio, relata lo difícil que inicialmente le resultaba hacer política: “Defraudé a más de alguien que esperaba encontrar en mí al reflejo de las mismas ideas que sostuvo mi padre casi 20 años antes. Sospecho que la intensidad de las convicciones de Miguel es siempre una vara muy alta y creo que nadie puede prejuzgar qué haría él si por estos días estuviera con nosotros. Pero también creo que ser de izquierda, ser demócrata, ser radical y ser progresista, no pueden ser lo mismo en el siglo XXI que en plena Guerra Fría”.

Ser de izquierda pero tratando de sacudirse dogmas e inercias, ha sido una búsqueda difícil para Enríquez-Ominami. En 2006 fue  diputado por el Partido Socialista. La notoriedad que alcanzó gracias a su actividad legislativa pero también debido a sus apellidos, lo convirtió en símbolo de un estilo fresco en el quehacer político. En enero de 2009 intentó registrarse para competir por la candidatura presidencial del Partido Socialista y de la Concertación pero las rígidas normas que existían para esa postulación, en donde solamente podrían competir los precandidatos propuestos por los dirigentes nacionales de los partidos, lo dejaron fuera de la competencia. En junio pasado, Enríquez-Ominami renunció al Partido Socialista y reunió las firmas ciudadanas que requería para, de acuerdo con la legislación chilena, presentarse a las elecciones presidenciales como candidato independiente.

La intensa e inteligente utilización de Internet, la construcción de un discurso contra las desigualdades sociales gracias a la solidez del Estado pero sin prescindir de las fuerzas del mercado y la apuesta por un estilo que rompa la esclerosis que identifica en la clase política, hicieron de esa una candidatura mediática pero también socialmente atractiva.

En 2003 Marco Enríquez-Ominami dirigió el documental “Los héroes están fatigados” en donde parte del recuerdo de su padre para preguntarse qué fue de esa generación de luchadores por el cambio social. Unos, fueron asesinados por la dictadura militar. Otros más, terminaron en las burocracias políticas. “Los héroes están fatigados” puede verse en línea y, relatado por el propio Enríquez-Ominami, comienza explicando quién fue su padre, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Miguel Enríquez. “Era una suerte de Che Guevara un poco más austral”, dice. Pero lejos de la consagración hierática, añade: “sus seguidores aun le cantan con fervor en algunas salas municipales. Pero sus ideas ya no entusiasman”.

Desde la época en la que murió Miguel Enríquez, en Chile, dice el cineasta, “el verdadero cambio es que los ricos son aun más ricos. En cuanto a los chilenos, no son ni más suicidas ni más rebeldes que en su época. Pero han perdido toda esperanza. Con el tiempo aprendieron que para hacerse escuchar por el poder, no pueden contar más que con ellos mismos”. Con ingeniosos recursos narrativos, el documental recoge el testimonio de algunos de aquellos militantes socialistas y narra la negativa del entonces presidente, Ricardo Lagos, a conceder una entrevista para ese trabajo cinematográfico.

A Enríquez-Ominami le parece que el cine, “no es algo tan lejano a la política, ya que el realizador cuenta historias, plasma perspectivas, maneras de mirar lo que pasa alrededor y muchas veces intenta expresar lo inexpresado. En el cine, como en la política, hay momentos para los grandes temas y también para los que parecen menores y el talento está en ser capaz de vincularlos y darles sentido”.

A lo que dio sentido, por lo pronto, fue a una atractiva y renovadora campaña. En unos cuantos meses, Enríquez-Ominami catalizó el desencanto de un segmento importante de los electores y construyó una opción distinta de la derecha y la izquierda tradicionales. La votación que alcanzó ayer lo hace aspirante demasiado prematuro a las elecciones presidenciales de 2014. Antes de eso, tendrá que resolver qué hace con ese capital político en la segunda vuelta electoral que tendrá lugar dentro de cinco semanas.

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Realmente existente

Texto publicado en emeequis

Los amigos que conducen un instituto de estudios relacionados con asuntos de la democracia organizaron para este fin de semana una mesa redonda en la que participarían un representante del PRD y otro del PSD. A esa reunión la denominaron “La izquierda electoralmente existente”.

Con mucha frecuencia y más por flojera analítica que como resultado de un diagnóstico escrupuloso al PAN se la ubica en la derecha, al PRD en la izquierda y al PRI, casi por omisión, en el centro. Otra clasificación, con mayor intencionalidad pero tampoco rigurosa, considera que hay un polo conservador dominado por PAN y PRI.

Decir que el PRD y el Socialdemócrata son de izquierda puede ser resultado de la costumbre y la inercia pero también de un indulgente voluntarismo, sobre todo cuando hay elecciones cercanas. Buena parte de los votantes de esos partidos considera que, respaldándolos, enfrenta a la derecha panista-priista. Y en contraposición a esas opciones, considera que está votando por la izquierda.

Si la izquierda contemporánea es el compromiso con la democracia y la vocación por la justicia social se necesita cara dura, o confiar en la desmemoria de la gente, para postularse como tal desde partidos que rebosan de artimañas y chanchullos  como el PRD, o que han sido asaltados con persecuciones y porros como el Socialdemócrata.

Hay un amplio catálogo de valores que las izquierdas de todo el mundo comparten, ciertamente con inconsistencias, en su práctica política. Las izquierdas suelen reivindicar el papel del Estado en la economía, pero en la crisis financiera y ahora productiva que recorre al mundo ese ya no es un signo peculiar. Las distinciones radican en la manera como se asume esa conducción estatal.

Por lo general las izquierdas plantean mayores impuestos para que, así reforzadas, las finanzas públicas estén en condiciones de respaldar el desarrollo de la sociedad. Sin embargo en México es infrecuente que los partidos, incluyendo a los que algunos consideran de izquierdas, propongan incrementos de impuestos.

La ausencia de una auténtica política fiscal no es un dato menor. Quizá debido a que muchos de sus integrantes se formaron en el sistema priista, y en el otro extremo porque algunos más lo hicieron en constante contraposición con el poder político, en partidos como el PRD no suele haber confianza en el Estado. Al Estado, una gran cantidad de dirigentes y adherentes perredistas lo ven como fuente de utilidades privadas y casi nunca como institución capaz de beneficiar a la sociedad.

Entreveradas así sus tradiciones priista y revolucionaria (una, solidificada al amparo del Estado mexicano; la otra, encandilada con la posibilidad de acabar con él) el PRD y sus satélites carecen del compromiso programático que en otros sitios define a las izquierdas. En casi todo el mundo las izquierdas se apoyan en movimientos de masas o promueven su desarrollo. En México, los partidos considerados de izquierda solamente buscan clientelas.

Hay demandas de las izquierdas que a veces pasan por esos partidos. El derecho al aborto es una de ellas. Pero una golondrina no hace programa.

Curándose en salud, los organizadores del seminario al que me he referido aludieron a PRD y PDS como “La izquierda electoralmente existente”. De entrada, descartaron al PT y a Convergencia que tienen casi los mismos méritos para ser considerados de izquierda. Es decir, prácticamente ninguno.

Ese título remite a la manera como durante muchos años se denominó, precisamente en el campo de las izquierdas, a los regímenes burocráticos, sobre todo de Europa del Este, que como tenían o decían tener economía planificada eran considerados socialistas. Pero como además eran autoritarios –y a veces profundamente sanguinarios– fueron calificados como “realmente existentes”.

El socialismo realmente existente era un eufemismo para soslayar la antidemocracia de aquellos gobiernos. Con el mismo método podríamos considerar que bajo la égida corporativa del SNTE, en las escuelas mexicanas hay una calidad de la enseñanza realmente existente. O que el gobernador de Puebla, o el policía que nos extorsiona, practican una honestidad realmente existente. O podría considerarse que en las calles de nuestras ciudades padecemos una seguridad realmente existente.

Antes de resolver nuestras nostalgias ideológicas con fórmulas retóricas, convendría apostar por el significado estricto de las palabras.