La Crónica, abril 17 de 2005
El desafuero –hay que repetirlo una, otra y otra vez porque en esta feria de necedades y ensimismamientos cada quien construye la historia reciente como si no hubiera testimonios de ella en las hemerotecas– fue posible porque el jefe de Gobierno del Distrito Federal desatendió algunas de sus obligaciones legales. Por descuido, o por decisión deliberada, López Obrador decidió no hacer caso a las reiteradas indicaciones de un juez para que suspendiera una obra pública en un terreno privado.
Hay quienes consideran que el asunto de la calle en Santa Fe no ameritaba que a López Obrador le retirasen la inmunidad constitucional. Cuando se presenta ese argumento la discusión abandona el terreno de las leyes y se sumerge en los pantanos de la subjetividad. ¿Cuándo la violación del orden jurídico se vuelve suficiente para ameritar una sanción? ¿En qué momento una falta deja de ser menor y quien la comete entra, entonces, en el terreno de las penalizaciones? O, como diría algún cómico en la radio, ¿qué tanto es tantito?
A algunos ciudadanos les puede parecer que el asunto de El Encino no ameritaba una reacción tan drástica de la Procuraduría General ni, luego, de los diputados. Pero olvidan dos hechos básicos. Uno, que la PGR no actuó como resultado de una ocurrencia súbita sino a petición del juez cuya orden había desobedecido el gobierno de la ciudad de México. Y dos, que lo que está en litigio no es la construcción de una calle sino el desacato a esa orden judicial.
Nos puede parecer que ese tantito no es para tanto. Quizá. Pero ¿quién puede decidir hasta dónde una falta amerita ser sancionada o, en todo caso, qué tan atenuantes son las circunstancias en las que esa infracción se cometió? ¿Quién puede decidir si la construcción de la calle amerita una multa administrativa, una pena mayor o si no es materia suficiente para configurar un delito?
En ese tema todos han expresado pareceres. El veleidoso tribunal de la opinión pública parece haber dictaminado que no es para tanto. Los diputados de la Sección Instructora se comportaron como si el proceso judicial se librase en ese espacio legislativo –acumularon pruebas, reunieron testimonios, emprendieron peritajes– cuando lo único que tendrían que haber hecho era decidir si, en su opinión, el asunto ameritaba el desafuero.
Todos opinan. Pero la única posición que valdrá en este litigio será la del juez. Ese es el paso que sigue.
La ruta al desafuero
Ante la discusión sobre las dimensiones de la falta en la construcción de El Encino la única opinión a final de cuentas válida es la que surja de la autoridad judicial. Para eso sirve el desafuero. Pero se trata, como sabemos, de una medida que tiene consecuencias políticas indeseables –y, desde el punto de vista de muchos, altamente cuestionables–.
¿Era el desafuero un desenlace inevitable? Indudablemente no. La PGR pudo haber desatendido la petición del juez y pudo no haber turnado a la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero. Posiblemente en ese caso la Procuraduría habría incurrido en una falta y, en la práctica, se habría convertido en cómplice de las infracciones del gobierno del DF en El Encino. Pero habría evitado el fortísimo conflicto político en que hoy nos encontramos.
Durante largos meses el gobierno federal tuvo la oportunidad de eludir el cumplimiento de la ley para, así, sortear un problema político. Hay quienes consideran que el presidente Vicente Fox debió haber tenido perspicacia suficiente para advertir el terremoto que sobrevendría con el desafuero. Pero la visión política no se le da mucho al gobierno actual, de tal manera que hubiera sido algo ingenuo esperar una actitud así de previsora por parte de la administración federal.
La ruta al desafuero estuvo abonada tanto por la decisión presidencial para avanzar en ella como por la decisión de López Obrador para precipitar el desenlace judicial.
Esa es la vertiente que soslaya la gran mayoría de los actuales defensores del jefe de Gobierno –suspendido en sus funciones– del Distrito Federal. En muchos de los comentarios que se han publicado y dicho en estos días se cargan las tintas contra el gobierno por la decisión de precipitar el desafuero. Pero se olvida que Andrés Manuel López Obrador buscó el desafuero porque en la notoriedad que logre gracias a este episodio cifra sus principales posibilidades para ganar las elecciones presidenciales del año próximo.
Victimismo y emociones
Se trata, ciertamente, de una apuesta política demasiado aventurada. Pero la prudencia no se encuentra entre las virtudes que mejor se le dan a ese político tabasqueño. De hecho, resulta difícil traer al campo del análisis estrictamente político las motivaciones y el comportamiento de López Obrador. Los desplantes de ese personaje rompen frecuentemente la racionalidad que suele definir a las decisiones políticas. Los políticos habitualmente acostumbran ir al enfrentamiento contra otras fuerzas solo cuando les resulta inevitable o cuando tienen la certeza de ganar. En cambio en López Obrador hay una mezcla de mesianismo y fanfarronería que se entremezcla con cierta propensión al victimismo. Le gusta colocarse, o imaginarse al menos, en situaciones límite.
López Obrador no se ve a sí mismo como gobernante sino como personaje de estampitas escolares. El Juárez o, ahora, el Madero que reivindica, no son los gobernantes que se enfrascaron en tediosas tareas de conducción política y en la construcción de opciones para la nación sino únicamente los próceres que, situados en momentos drásticos, sufrieron aflicciones y persecuciones. Su idea del heroísmo radica en la reivindicación a ultranza de lo que él considera justo aunque implique la transgresión de las leyes e incluso el abuso sobre los derechos de otros. López Obrador jamás apuesta a las ideas pero exprime con habilidad las emociones. Por eso encuentra en el desafuero un horizonte y no la fractura de sus posibilidades para llegar a la Presidencia.
Un juicio ya juzgado
Orientado por esa imagen de político perseguido por el sistema que se ha querido forjar –y que enjuagaría aunque fuese solo parcialmente los varios años que hizo política al servicio del viejo sistema encabezado por el PRI– López Obrador desatendió requerimientos judiciales, instruyó a sus abogados para que eludieran cualquier solución en el terreno de la ley, dejó de ejercer derechos como el de amparo, reventó las negociaciones políticas que pudieron haber resuelto el litigio antes de llegar a los tribunales. Estaba clarísimo: quería que le retirasen el fuero y hará todo lo posible para que el juez lo ponga en prisión. Esa ha sido, hasta ahora al menos, su estrategia de promoción política.
Además de colocarlo en la cumbre de las encuestas ese comportamiento le ha permitido a López Obrador poner al gobierno federal entre la justicia y la pared. Hoy en día, para muchos, el acusado no es él sino el presidente Fox. Una parte –no mayoritaria pero sí activa y vistosa de la sociedad y la opinión publicada– corea acríticamente las proclamas y propala los intereses de López Obrador.
Antes de que comience, el proceso judicial ya ha sido juzgado –de manera condenatoria– por ese segmento de la opinión publicada. No se discuten las posibles faltas del suspendido jefe de Gobierno del DF sino la eventualidad de que, a causa del juicio, en enero próximo esté legalmente impedido para ser registrado como candidato presidencial del PRD.
Exclusión o exageración
En esa posibilidad radica la preocupación más extendida entre quienes cuestionan el encausamiento contra López Obrador. Si se le suspende el derecho a ser candidato –se dice– se estará privando a un segmento muy importante de mexicanos del derecho a votar por él.
Las vertientes desde las que se defiende ese argumento han sido variadas. La especie más difundida señala, acusadoramente, que el desafuero y la posible inhabilitación constituyen una maniobra para marginar a López Obrador de la disputa por la presidencia. Le quieren ganar a la mala, se dice.
Al gobierno y al PRI, se asegura también, les da tanto miedo la posibilidad de que gane las elecciones que antes de ella quieren impedir que López Obrador aparezca en las boletas.
Otros comentarios, más elaborados, expresan inquietud por la exclusión, de la contienda electoral, de la opción política representada por López Obrador. Sería inaceptable, se dice, una elección en la que no participase el PRD. El proceso de consolidación de la democracia mexicana quedaría interrumpido o estallaría hecho añicos, se añade con diferentes énfasis de acuerdo con las dimensiones del catastrofismo en el que se ubique cada analista.
Tales opiniones hacen a un lado –con un desparpajo que resulta preocupante, así como significativo de la ligereza con que muchos están contemplando este episodio– por lo menos cuatro elementos:
A) Para que pierda sus derechos políticos hace falta que López Obrador sea juzgado y que el juicio dure tantos meses que, cuando llegue en momento del registro de candidatos presidenciales, el proceso aun no haya concluido o que, habiendo terminado, desembocara en una sentencia condenatoria de carácter penal.
B) El desafuero y el juicio, cuando comience, habrán ocurrido de acuerdo con mecanismos establecidos en la legislación mexicana; no puede decirse que el orden jurídico ha sido violentado aunque, como es evidente, a muchos mexicanos les parece que la ley está siendo aprovechada para perjudicar a un político destacado. Hay quienes afirman que con esta medida no se fortalece el Estado de Derecho. Tienen razón. Pero eso no significa que lo debilite. ¿El hecho de eludir el desafuero y el juicio hubiera reforzado a ese Estado de Derecho? ¿Debemos considerar que el orden jurídico es más consistente cuando más gente aplaude las decisiones legales? ¿La aplicación de la ley, entonces, ha de estar sometida a los índices de popularidad o a los resultados de las encuestas? Esas son preguntas que no suelen plantearse quienes, preocupados por la reivindicación del Estado de Derecho, expresan inquietudes ante su vigencia debido al conflicto que afecta al suspendido jefe de Gobierno del DF.
El PRD es más que AMLO
C) López Obrador, como hemos apuntado, propició el desafuero y tiene, respecto del juicio, una obsesión realmente digna de mejores causas. Él mismo contribuyó, de manera muy importante, a llegar a esta situación en la que pueden estar en riesgo sus derechos políticos al momento en el que los partidos deban registrar sus candidatos presidenciales ante la autoridad electoral. Si queda fuera de la competencia rumbo a julio de 2006 será, en parte, debido a su estrategia de victimismo político y coacción propagandística.
D) La inhabilitación política de López Obrador –si llegase a ocurrir– no tendría por qué significar la supresión electoral del PRD. Dentro y fuera de ese partido habría otros personajes –comenzando por Cuauhtémoc Cárdenas aunque las opciones quizá no se agoten allí– que podrían asumir con integridad y eficacia políticas la postulación presidencial. Evidentemente López Obrador es el personaje de ese partido que hoy tendría más posibilidades de ganar los comicios. Pero considerar que sin López Obrador en las boletas electorales el PRD estaría excluido del juego político implica una visión demasiado simple de las tendencias e intereses que se mueven dentro de ese partido. Hoy en día casi cualquier miembro del PRD sostendrá, como es natural, que López Obrador debe ser su candidato. Pero ¿realmente representa ese personaje a las vertientes políticas que convergen allí? Y en todo caso, ¿esas tendencias y esos grupos solamente pueden ser abanderados por López Obrador? Llama la atención que los comentaristas que en estos días han expresado pesadumbre por la posible marginación del PRD de la competencia política no digan una palabra acerca del caudillismo que ese personaje ha comenzado a ejercer dentro de dicho partido.
Medida –claro– política
Otro cuestionamiento al gobierno y los partidos que respaldaron el desafuero insiste en que la causa contra López Obrador ha sido de carácter político. Quienes así lo afirman no hacen mas que descubrir el hilo negro. Pero en ese señalamiento se han invertido millares de líneas ágata y de horas de discusión en medios impresos y electrónicos.
Por supuesto que el desafuero, para colocar a López Obrador ante la soberanía de un juez, ha sido una decisión política. Eso no significa que haya sido una decisión ilegal. Se trata de una decisión que aprovechó cauces, procedimientos y circunstancias legales –comenzando por los errores y omisiones de López Obrador en el terreno de la ley– para golpear políticamente al hoy suspendido jefe de Gobierno del DF.
Se puede discutir si esa decisión política fue pertinente o no. Aquí, como los lectores de esta columna han podido constatar, hemos sostenido insistentemente que el desafuero ha sido una decisión errónea, riesgosa, impertinente y torpe. De esa manera o en términos similares lo dijimos meses antes del desafuero, lo reiteramos en esos días y lo hemos sostenido después.
El estruendo mediático y la preocupación social que se han desatado luego del juicio de procedencia en la Cámara de Diputados confirman aquellas aprensiones. Ni al gobierno, ni a los partidos que lo aprobaron y mucho menos al país, les hacía falta pasar por la tensión y polarización políticas que ha implicado el desafuero.
La Presidencia de la República actuó de manera imprudente, con una visión estrecha y posiblemente movida más por el rencor personal que por los cálculos políticos.
En el PRI, Roberto Madrazo simplemente busca beneficiarse por partida doble: el costo político del desafuero está afectando únicamente al presidente Fox y de manera complementaria al PAN pero casi nada al Revolucionario Institucional –el mismo López Obrador ahora menciona poco a ese partido y ha vuelto a su antigua cantinela sobre la nunca demostrada pero propagandísticamente vistosa conspiración del presidente Fox y el ex presidente Carlos Salinas–.
Pertinencia discutible
Quienes consideraron que con el desafuero desplazarían a López Obrador del escenario político se equivocaron palmariamente. Era previsible que con el desafuero el principal ganador, por lo pronto al menos, sería el hoy desplazado pero de ninguna manera descartado jefe de Gobierno del DF. Como recurso para apartar a López Obrador de la competencia política el desafuero constituyó un desatino. Aquellos que respaldaron dicha medida no hicieron –por lo ponto al menos– mas que afianzar a ese personaje como eje de la escena pública nacional.
Pero una cosa es reconocer que fue equivocada y otra, rasgarse las vestiduras por el hecho de que el desafuero obedeció a motivaciones políticas.
Claro que así fue. Y claro que en estos asuntos la legalidad, aquí como en todo el mundo, es aprovechada con propósitos políticos. En ese aspecto, lo que distingue a una democracia de un régimen autoritario es el cumplimiento, o no, de las normas cuando se hace política –y desde luego, la existencia de normas y cauces institucionales suficientes para encauzar el quehacer político–. Pero esperar que en la lucha por conquistar o conservar el poder haya actores políticos que dejen de hacer política es, por lo menos, candoroso.
En este caso, hasta ahora, las leyes han sido respetadas aunque a algunos les disguste porque han servido para poner a un paso del juzgado a un posible candidato presidencial. Son discutibles la eficacia y la pertinencia del desafuero. Pero el hecho de que unos actores de la lucha política hayan aprovechado esa oportunidad para hacer política –disculpen la inevitable redundancia– en contra de otro, resulta plenamente explicable.
Coalición profética
No estamos refiriéndonos a la política que prescinde de valores éticos porque esa no ha sido la discusión en este caso. Nos referimos a la política que se mantiene en los marcos institucionales que todavía, como se decía aquí hace una semana, siguen funcionando. Claro que el desafuero ha sido una acción política. Fue la respuesta de sus adversarios a la actitud de enfrentamiento político que López Obrador ha desplegado con machacona perseverancia. ¿No lleva meses y años agregando a gobernantes actuales y del pasado, a caciques gremiales y mediáticos, a empresarios notorios y especuladores prominentes, a líderes legislativos de casi todas las filiaciones, entre muchos otros, a la conspiración que según dice han orquestado en su contra? De tanto insistir en ella, aunque al comienzo no haya sido mas que delirio y paranoia suyos, no será extraño que López Obrador haya logrado reunir en su contra a algunos de esos personajes.
Si se le evaluara en términos de inversiones y rendimientos lo menos que se podría decir es que López Obrador se ganó el desafuero y el juicio. Pero esa, que en aquellos parámetros sería conclusión, en el campo de la política es una premisa insoslayable. Él buscó llegar a esta situación. Sus adversarios le hicieron el juego. Ahora no se trata de calibrar la culpa de cada quien sino de entender cómo salimos, todos, del atolladero.
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Sociedad y poder 