Ruindad

Perseguida por AMLO, María Amparo Casar acaba de publicar un libro que, con claridad y datos irrefutables, describe el fracaso, como presidente, de López Obrador. Imagen tomada de https://contralacorrupcion.mx

Publicado en La Crónica el lunes 6 de mayo

Un gran abrazo para Francisco Báez Rodríguez,
que cumple 35 años por segunda vez.

El intento del presidente López Obrador para desprestigiar y perjudicar a María Amparo Casar es una ruindad. “Vil, bajo y despreciable” es, para ser precisos, el significado de ruin. Así se comporta el presidente de la República al difundir documentos de un expediente resuelto hace dos décadas y en donde aparecen numerosos datos personales cuya propagación está expresamente prohibida por la ley.
María Amparo Casar es una ciudadana brillante y tenaz, con fructífera trayectoria en la academia y el servicio público. En los años recientes ha encabezado Mexicanos Contra la Corrupción, cuyas indagaciones y denuncias acerca de los abusos del gobierno incomodan sobremanera a López Obrador. Casar acaba de publicar el libro Los puntos sobre las íes. El legado de un gobierno que mintió, robo y traicionó en donde, con claridad y datos irrefutables, describe el fracaso, como presidente, de López Obrador.

La campaña contra María Amparo Casar es una venganza política del presidente. Con tales agresiones López Obrador incurre en ilegalidades y rompe un límite que por lo general es respetado, a pesar de cualquier rivalidad política. Ese límite es el de la vida privada, la información personal, la familia.
El expediente que difundió la Presidencia el viernes 3 por la tarde incluye, fundamentalmente, documentos personales: cuentas y claves bancarias, credenciales, recibos, constancias escolares, de Casar y sus dos hijos. Con esos papeles el presidente quiere demostrar que la muerte del esposo de Casar, el economista Carlos Márquez Padilla, ocurrida en octubre de 2004, se debió a un suicidio y no fue resultado de un accidente y que, por eso, ella no debió haber recibido la pensión de viudez que le ha entregado Petróleos Mexicanos, en donde él trabajaba.
Es una vileza reeditar un asunto ya juzgado y resuelto, con el propósito de dañar a una ciudadana cuyas críticas le incomodan al presidente. Pero se trata, además, de una campaña de propaganda a partir de simulaciones y mentiras. En las 372 páginas del expediente que el gobierno difundió ilegalmente, no hay una sola prueba de que Carlos Márquez haya muerto de manera intencional. La mayor parte de las alusiones a ese terrible hecho, en las declaraciones ministeriales que se encuentran en tales documentos, indican que se trató de un accidente. Varios declarantes, entre ellos una asistente de Márquez, refieren que él, para fumar, “acostumbraba tomar asiento en el filo de la ventana de su oficina (ubicada en el piso 12) que siempre tenía abierta”. Un primer dictamen pericial indicó “la muerte es por caída aparentemente por accidente”. Sólo un informe de Criminalística, citado en un resumen sin firma de los informes periciales, “deduce que los hechos fueron maniobras propias de un Acto Suicida”.
Este domingo 5 el gobierno difundió un documento más. Se trata del Acta en donde la Fiscalía Desconcentrada en Miguel Hidalgo resolvió en febrero de 2005 que, en vista de que Márquez cayó por sí solo, no había ejercicio de acción penal alguna. Allí se menciona el “Dictamen de Criminalística” que consideró que “el occiso realiza maniobras de tipo suicida”, pero también se recogen opiniones de personas que conocían a Márquez y negaron que tuviera motivos para quitarse la vida. La causa oficial de la muerte se encuentra en el acta de defunción (reproducida en varias ocasiones en los documentos que difundió el gobierno) y allí se indica que se debió a traumatismos múltiples.
Esa es la verdad legal pero, en contra de ella, la actual administración de Pemex suspendió el pago de la pensión que debe recibir la Dra. Casar. La pensión, y el pago del seguro de vida, fueron resueltos de acuerdo con las normas de Pemex, entre ellas el Reglamento de Trabajo del Personal de Confianza que aparece en el mismo expediente. Todo eso es claro hasta en los documentos que difunde López Obrador.
Con este asunto, aunque no tenga pruebas, el presidente fabrica un motivo de exaltación para su claque propagandista, intenta disimular la crisis financiera en Pemex y pretende calumniar a Casar, y de paso a los muchos ciudadanos que la defienden, diciendo que apoyan un hecho de corrupción. Pero es al revés.
María Amparo Casar ha descrito el comportamiento despótico y doloso del que ahora es víctima. En su espléndido y reciente libro recuerda que López Obrador “utiliza la justicia con criterios políticos, pasa por encima de la ley cuando esta le estorba, se mantiene en campaña permanente, mina la libertad de expresión y difunde información falsa de manera sistemática” (p. 13).
También subraya: “la propaganda que hace el presidente cotidianamente… así como la denostación y exhibición ilegal de documentos de empresas, periodistas y adversarios políticos, a través de mecanismos que violentan la privacidad de los datos” (p. 121).
El presidente busca dañar a quienes considera adversarios suyos, “a través del uso ilegal del aparato de Estado recurriendo a amenazas o haciendo uso indebido e ilegal de datos personales protegidos por la legislación” (p. 142).
El recuento de la desgracia mexicana al cabo de este gobierno que hace Casar en su libro, es impecable. López Obrador, a pesar del enorme respaldo que tenía, “cerró la puerta al diálogo, despreció e insultó a quienes no compartían exactamente sus diagnósticos y soluciones y en vez de utilizar a las instituciones para hacer un Estado fuerte y un gobierno eficaz, transparente, honesto y democrático, desmanteló instituciones, se rodeó de gente acrítica y sometió a los que lo eran. No se condujo con apego al orden legal y prefirió los arranques propios de un autócrata” (pp. 192 – 193).
Alguien me comentó que con las difamaciones contra María Amparo Casar, el presidente López Obrador actúa como Gustavo Díaz Ordaz cuando promovió un panfleto llamado El Móndrigo, cargado de calumnias e insidias contra los dirigentes del movimiento estudiantil de 1968. Aquel libelo, hace 55 años, el gobierno lo difundía de manera vergonzante, sin firma y a trasmano. Sus imposturas, López Obrador las propaga con el aparato del gobierno y se ufana de ellas. Díaz Ordaz no hacía ostentación de su infamia. Nuestro actual presidente, sí.