Para entender el saldo electoral

Si se les compara con los resultados que obtuvieron en la anterior elección intermedia, los votos del domingo muestran a un PAN estancado, un PRI que duplica su fuerza y un PRD tan debilitado que retrocede en números reales. Los votos nulos también aumentaron al doble y la abstención fue similar en ambos comicios.

Esas son algunas conclusiones que se pueden obtener al cotejar los resultados de la elección para diputados federales en 2003 y los saldos iniciales de la votación del reciente 5 de julio. Hace un sexenio Acción Nacional obtuvo, en números redondos, 8 millones 190 mil votos. Ahora habrá alcanzado 9 millones 685 mil.

El Programa de Resultados Preliminares ofrecía ayer por la tarde cifras de casi el 99% de las actas, a partir de las cuales se podían estimar las cifras finales. Si, por otra parte, se considera que entre 2003 y 2009 el padrón electoral aumentó 16.6% (de 64 millones 711 mil a 77 millones 482 mil ciudadanos)  se puede decir que los votos panistas de hace seis años equivalían a aproximadamente 9 millones 550 mil, añadiendo solamente el porcentaje de incremento de los electores posibles. Es decir, el domingo pasado Acción Nacional alcanzó prácticamente los mismos votos que en la elección intermedia durante el gobierno de Vicente Fox. Pero como otros partidos aumentaron su caudal electoral, en 2003 el PAN obtuvo el 30.73% de la votación total y ahora únicamente el 28%.

Respecto de la elección de hace tres años, el PAN cayó 5 puntos porcentuales y perdió más de 4 millones de votos. Para esta comparación hemos tomado los datos de la elección de diputados federales y no de la votación presidencial.

En cambio el PRI duplicó su votación de hace seis años. En 2003, el Revolucionario Institucional tuvo 6 millones 166 mil votos y ahora alrededor de 12 millones 695 mil. La comparación con la votación para diputados de hace tres años se complica porque en esas elecciones el Revolucionario Institucional compitió en todos los distritos en alianza con el Partido Verde.

La coalición de esos dos partidos ha sido crecientemente redituable. En 2003 se aliaron en algunos distritos. Los votos de ambos partidos en toda la elección sumaron casi 10 millones 868 mil, que significaron el 40.78% de la elección.

En 2006, la alianza PRI – PVEM tuvo casi la misma cantidad de votos: 11 millones 620 mil, o el 28%.

Este 2009, jugaron juntos en pocos distritos pero sus votos, sumados todos ellos, ascienden a 15 millones 93 mil aproximadamente. Eso representaría el 43.6% de la elección.

En otros términos, en seis años la alianza del PRI con el Verde creció alrededor del 50% en números absolutos.

El PRD, si se le evalúa en los mismos términos, es uno de los grandes perdedores en la jornada electoral de hace tres días. En 2003 alcanzó 4 millones 694 votos, que eran el 17.6% de la elección. Si se le asigna el porcentaje de incremento de la lista nominal de electores, esos votos tendrían que haber ascendido a 5 millones 473 mil en 2009. Sin embargo este año el PRD únicamente logró 4 millones 223 mil votos.

En 2006, como todos recordamos, el Partido de la Revolución Democrática participó en alianza con el Partido del Trabajo y Convergencia. Juntos, en la elección para diputados lograron 11 millones 942 mil votos, equivalentes al 29% de la votación nacional. Tres años antes, en 2003, esos tres partidos habían alcanzado, por separado, un total de 5 millones 937 mil votos. Si a esa cantidad le aumentamos el porcentaje de crecimiento del padrón, que como hemos indicado es del 16.6% en un lapso de seis años, aquella votación de PRD, PT y Convergencia equivale a 6 millones 923 mil votos en 2009. Sin embargo los tres partidos, que ahora compitieron por separado e incluso enfrentándose dos de ellos al PRD, alcanzaron 6 millones 361 mil sufragios.

Sin duda puede resultar forzado comparar el resultado de una elección presidencial y otra de medio término. Pero si ese cotejo se hace con los datos de varios partidos entonces permite establecer contrastes legítimos sobre todo si encontramos que mientras algunos se estancaron o retrocedieron, otros más experimentaron avances notables en el mismo lapso.

Así, como hemos señalado, entre 2006 y 2009 el PAN recibió 4 millones de votos menos. En ese lapso, la alianza PRI / PVEM tuvo tres millones y medio de votos más. Y PRD, PT y Convergencia perdieron, todos juntos, 5 millones y medio de votos de una elección a otra.

Hay que tener en cuenta que en 2006 votaron 41 millones 196 mil ciudadanos y ahora 34 millones 608 mil aproximadamente. Se trata de una disminución de 6 millones y medio menos ciudadanos que en la elección presidencial de hace tres años.

Nueva Alianza mantuvo su registro pero, en comparación con la elección para diputados en 2006, tuvo una disminución del 35%: de un millón 872 mil a un millón 181 mil votos.

El Partido Social Demócrata alcanzó apenas 358 mil votos, equivalentes al 1.03%. y se quedó sin registro. Fueron menos de la mitad en comparación con los 846 mil votos que en 2006 tuvo –siempre en la elección para diputados– Alternativa Socialdemócrata. Pero fueron más que los 242 mil que logró México Posible, antecedente del PSD, en 2003.

Los votos nulos en esta elección fueron el 5.4%, con un millón 866 mil sufragios. Son, como se ha dicho, más que los votos alcanzados por 4 de los 8 partidos políticos –PT, Convergencia, Nueva Alianza y PSD recibieron, por separado, menos de esa cantidad de votos–. Fueron más que el millón 34 mil votos nulos de la elección de 2006, cuando constituyeron el 2.51%.  Y ascendieron a más del doble en comparación con los votos nulos de 2003 (897 mil, o el 3.36% de aquella elección).

En 2003 se abstuvo el 58.3% de los ciudadanos que tenían derecho a votar. En 2006 la abstención fue del 41.45%. En 2009, del 55.32%. El domingo pasado, solo 4.5 de cada 10 ciudadanos quisieron y pudieron ir a votar.

Publicado en eje central

La sonrisa del PRI

Con 4 de cada 10 votos válidos, el PRI estará en condiciones de cogobernar el país durante los próximos tres años. Las alianzas que pueda entablar especialmente con el Partido Verde, la atonía y dispersión de los partidos reputados como de izquierdas y el descalabro experimentado por el PAN, se conjugan para que el Revolucionario Institucional tenga una cómoda y sin duda influyente mayoría relativa en la Cámara de Diputados.

Se trata de una espléndida noticia para los priistas aunque no necesariamente para la democracia mexicana. Ese es, desde luego, el resultado de una elección razonablemente limpia si se descuentan episodios de violencia como los suscitados en Ecatepec. Pero no puede soslayarse que se trata de una votación condicionada por campañas peor que grises, sin deliberación política alguna, en donde los programas políticos estuvieron ausentes y sometidos a la intervención de las corporaciones mediáticas.

Así es como ayer ganó el PRI, en condiciones que no fueron sustancialmente distintas a las que propiciaron los triunfos del PAN en las elecciones anteriores. Habrá que esperar a disponer de información más extensa para saber con cuántos votos el Revolucionario Institucional consumó esa hazaña y cuántos de ellos se los debe al sufragio duro de quienes siempre respaldan a ese partido. Por lo pronto, en el terreno muy indicativo pero limitado que ofrecen los datos porcentuales, el alrededor de 40% que anoche le reconocían varias encuestas al PRI, comparado con el 29% que se le adjudicaba al PAN, dan cuenta de una voltereta en las preferencias fundamentales de los ciudadanos.

La victoria priista es directamente proporcional al fracaso del PAN. Las dificultades para enfrentar la crisis económica y las consecuencias de enfocar el discurso gubernamental casi exclusivamente en el tema del narcotráfico, parecen estar alcanzando sus primeros efectos en la caída del consenso para ese partido. El presidente Felipe Calderón tendrá ahora, en el PRI, un interlocutor más poderoso pero también acotado por mayores responsabilidades.

El PRI, salvo que tuviera una estrategia suicida, no podrá comportarse como un partido motinero ni podrá apostar simplemente al fracaso del Poder Ejecutivo. Los dos partidos con más adherentes en el país tendrán demasiados flancos en donde la decisión de ambos será definitoria para que haya avances o estancamientos.

Con una mayoría como la que se construirá en San Lázaro, los temas cardinales de la economía tendrán que ser resueltos entre Legislativo y Ejecutivo. Y en otros campos, como la ya mencionada seguridad pública pero también en terrenos como la política social, la educación e incluso la política exterior, tendrá que pensarse en políticas de Estado y no únicamente en políticas de gobierno.

Todo ello implica mayores márgenes de influencia pero también compromisos públicos ineludibles para el PRI. La sonrisa que desde anoche exhibían muchos dirigentes de ese partido tendrá que dar paso a una actitud más reflexiva y a un ejercicio político más responsable.

La caída de casi el 36% que alcanzó hace tres años al 29% que se estimaba anoche, tendría que suscitar ajustes serios en Acción Nacional. La subordinación de ese partido a poderes privados como el que ejercen las corporaciones mediáticas ha sido evidentemente fallida, entre otras cosas porque las televisoras han tenido sus propias apuestas políticas.

La supeditación panista a una dirección nacional que se alejó de algunos de los principios cardinales de ese partido no ha sido un buen negocio político para el presidente Calderón. La gestión de Germán Martínez tendría que modificarse en breve si en ese partido hubiera sentido de la autocrítica.

En donde no lo hay, a la luz de sus vicisitudes recientes, es en el PRD. Los partidarios de la actual dirección nacional querrán entender como un éxito el fiasco de sus ex aliados pero tendrán dificultades para admitir el profundo desprestigio que ha dejado al perredismo con aproximadamente el 14% de la votación nacional.

El 3% o 4% del Partido del Trabajo y el 2% o menos de Convergencia, señalan los límites de la influencia de López Obrador o, dicho de otra manera, las dimensiones de su decadencia política al menos en estas elecciones. Hace 3 años ese candidato alcanzó más del 35% de los votos. Ahora, los partidos que lo respaldaron en aquella aventura apenas arañan el 20% y aquellos que siguen subordinados a él no llegan al 6%.

También quedan acotadas las presencias y clientelas de los partidos-negocio. A pesar de numerosas infracciones legales que aún no han sido del todo juzgadas, el Partido Verde obtiene entre el 5% y el 7% de la votación nacional según las encuestas iniciales. Nueva Alianza apenas lograría superar la barrera del 2% para mantener su registro. El Socialdemócrata se quedaría apenas en 1% y sin registro legal con lo cual nadie perderá excepto el puñado de comerciantes de la política que se apropió de la dirección de ese partido.

Los resultados de la disputa por las gubernaturas, la confirmación de las tendencias que le daban al PAN tres delegaciones del DF y la publicación de los resultados completos en donde se aprecie la presencia testimonial del voto nulo y el peso de la abstención, permitirán tener un panorama más completo de una elección que ocasiona importantes aunque acotadas redistribuciones del poder político en este país.

Publicado en eje central

Víctimas de “las mangas del chaleco”

Hay una imposibilidad estructural, genética diríase, que mantiene a los partidos alejados de los ciudadanos. Pareciera que mientras más se esfuerzan para persuadir acerca de sus méritos, los dirigentes y candidatos de todos los partidos más se distancian de la gente cuyo voto quieren convocar.

Desde luego tenemos excepciones, en ambos flancos de este panorama descrito de manera tan esquemática. En algunos partidos, hay líderes y aspirantes a cargos de representación popular sintonizados con el resto de los ciudadanos porque sienten y viven como ellos. Y entre los ciudadanos, que no son políticamente pulquérrimos, también hay demagogia, tortuosidades y clientelismos.

Pero en términos generales, la incierta pero existente barrera que distancia a los ciudadanos que hacen política en posiciones directivas de los partidos de aquellos que únicamente contemplan la disputa entre los políticos, se sostiene en viejas y nuevas actitudes.

La tradicional politiquería con la que errónea pero inevitablemente se ha identificado a la política y que vive de la simulación para perpetrar constantes tráficos de influencias, atraviesa por todos los partidos. Las ofertas de campaña que nunca se cumplen y los compromisos de aspirantes a diputados a quienes los electores no vuelven a ver sino hasta tres o seis años después cuando regresan a las calles para pedir nuevamente que voten por ellos, son la expresión más evidente de tal comportamiento. Mentiras y exacciones legales para obtener beneficios personales o para algunos de sus socios políticos, son recursos no siempre documentados pero cada vez menos opacos en la conducta de las elites gobernantes.

Las nuevas imposturas de la clase política soslayan, pero en ocasiones aprovechan, las condiciones creadas por poderes no institucionales que tienen creciente influencia en las sociedades contemporáneas. Los gobernantes que hablan más de lo que hacen en el combate a la delincuencia, los que procuran el respaldo de las jerarquías eclesiásticas aunque sea a costa de favorecer la intromisión clerical en la política, aquellos que representan y acrecientan el poder del dinero y los que se someten a los dictados de los poderes mediáticos con tal de ganar unos cuantos segundos de exposición televisiva, incurren en esas actitudes que hacen de la política preponderante un instrumento al servicio de intereses facciosos y no de la sociedad.

Los ciudadanos advierten cada vez más esa realidad. Las clientelas inamovibles en los partidos son cada vez más escasas. En un mercado con varias opciones, son pocos los que no procuran beneficiarse ora de una, a veces de otra. El voto duro tiende a menguar y dispersarse a consecuencia de esa variedad de posibilidades pero también gracias a la democracia electoral. La secrecía del sufragio quebranta le inflexibilidad y la unanimidad de la votación corporativa. El ciudadano, en la soledad transitoria pero eficaz de la casilla, puede votar por quien le dé la gana por muchas presiones e incitaciones clientelares que haya padecido –e, incluso, para desquitarse de ellas–.

En otros casos, hay gente que se plantea dar un manotazo en la mesa del diferendo electoral pero con tanta prudencia que no pretende en absoluto prescindir de la mesa misma. Quienes se proponen anular su voto son ciudadanos que, antes que nada, están convencidos de que deben ir a votar. Esa es una singularidad que los dirigentes de los partidos políticos e incluso las autoridades del IFE no fueron capaces de entender. La anulación del voto implica, antes que nada, una reivindicación del sistema electoral: el menú que nos presentan no nos gusta y por eso no elegimos a ninguno; queremos que siga habiendo menú aunque con mejores opciones.

Ese llamado para que se enmienden, los partidos lo dejaron pasar. Los dirigentes políticos eligieron pertrecharse en un discurso auto justificatorio y, de pronto, persecutorio en contra de quienes convocaron a la anulación del voto.

De allí, los líderes nacionales pasaron a la autocomplacencia, como si no estuviera ocurriendo algo nuevo. Decidieron simular que la única realidad política en este periodo preelectoral es la que ellos han construido. Y se ensimismaron en los trillados discursos de siempre.

Cada uno con sus propias inflexiones, los partidos tradicionales igual que aquellos que se postulan como nuevos exhibieron la misma retórica convencional y cansina, las mismas fórmulas discursivas independientemente de las peculiaridades en trayectorias, experiencias y propuestas.

No estamos diciendo que todos esos partidos y dirigentes sean iguales. Sería un despropósito. Pero ninguno de ellos se planteó reflexionar, de manera abierta, por qué para algunos ciudadanos ninguno de tales partidos merece su voto.

El tremendismo que se ha vuelto consustancial a los medios de comunicación, contribuye a esa homogeneización perversa en la imagen de los partidos. En busca de la declaración camorrista y de la actitud de confrontación, los medios subrayan con tanta insistencia los desacuerdos que a final de cuentas todos los partidos y prácticamente todos sus candidatos cuando tienen alguna exhibición pública, resultan igual o similarmente bravucones. Con frecuencia pareciera que todos o casi todos los noticieros son monótona repetición de Las mangas del chaleco.

Ante ese repertorio político, a partir de esa pobreza informativa pero sobre todo discursiva, iremos a votar el domingo próximo. Lograr que los votos cuenten y se cuenten nos ha costado demasiado trabajo para dejar de acudir a las urnas.

Publicado en eje central

Precedentes del voto nulo

La iniciativa para anular el voto se extendió en Internet, de allí brincó a los medios convencionales, ganó retroalimentación en variados sectores de la sociedad y regresó al ciberespacio para ganar matices, suscitar debates, articular cadenas y sobre todo interesar a muchos jóvenes.

Habrá que emprender el balance de la utilización de Internet en las campañas electorales que terminarán dentro de unas horas. Resulta evidente que no desplazan a la televisión y la radio pero sería imposible dejar de reconocer que algo nuevo hay, aunque sea en los un tanto jactanciosos perfiles de Facebook o en los hasta 140 caracteres que admite cada entrada de Twitter.

Allí podrán ser identificadas las primeras propuestas para anular el voto en la actual temporada electoral. Antes de ella, de cuando en cuando se habló de esa posibilidad. Este columnista, por ejemplo, dio rienda suelta a la imaginación hace exactamente cinco años, el 5 de julio de 2005, cuando esta columna aparecía en el diario La Crónica:

“Parece una aberración y sería incongruente para lo que acostumbramos entender como democracia. Pero ante un panorama como el que tenemos y que, previsiblemente, se mantendrá dentro de dos años, comienza a ser tentadora la posibilidad de votar en blanco.

Eso es lo que hacen los protagonistas de la más reciente y espléndida novela de José Saramago, Ensayo sobre la lucidez. Cansados de respaldar opciones con las que no se sienten representados, los ciudadanos resuelven depositar las boletas electorales sin haberlas cruzado. La estupefacción de los funcionarios en las casillas cuando encuentran las papeletas sin marcar precede a la indignación de la clase política que –como demostración de que en todas partes el autoritarismo experimenta síndromes de persecución– se dice víctima de un complot”.

Eso escribimos hace un lustro. Aquel texto seguía así:

“Los partidos entre los que podían elegir los votantes en la novela de Saramago son estereotipos de los que encontramos en muchos de nuestros países. Derecha, izquierda y centro se disputan cuotas y cotos de poder más que las inquietudes de la sociedad. Las boletas en blanco suscitan una auténtica revolución política. Quizá ningún otro comportamiento de los ciudadanos habría desafiado tan ácida e hirientemente a un sistema político al que habían rebasado.

“En México no acostumbramos votar en blanco porque nuestra boleta podría ser cruzada en favor de cualquier candidato. Cuando los ciudadanos quieren expresar su descontento dejan de asistir a los comicios (y quizá por ello los índices de abstención han crecido en los años recientes), o anulan su voto cruzando los emblemas de más de un partido o anotando alguna imprecación.

“De no existir ese riesgo, votar en blanco sería una posibilidad elegante y simbólica. No se trataría de afrentar al proceso electoral, cuya legitimidad –y capacidad legitimadora– es reconocida por la sociedad. Pero tampoco de sancionar, por inercia o resignación, a candidatos o partidos que no nos convencen”.

En ese texto de julio de 2005 se comentaban las opciones posibles para las candidaturas presidenciales del año siguiente y que todavía se encontraban sin definir en aquel momento. A continuación se consideraba:

“En esas condiciones, votar en blanco sería una manera de expresar un descontento con todas las posibilidades políticas disponibles. Esa es, por cierto, una de las nuevas tendencias de la democracia contemporánea. En una entrevista reciente el politólogo Philippe Schmitter ha reconocido la búsqueda de opciones por parte de los ciudadanos que están cada vez más inconformes con sus sistemas políticos. Recientemente en Moldavia y el algunos distritos de Rusia se ha aprobado incluir en las boletas, junto a los emblemas de los partidos y los nombres de los candidatos, la opción ‘ninguno de ellos’ (none of the above o nota por las siglas en inglés). En varias ocasiones esa ha sido la opción vencedora en las elecciones y ha sido necesario repetir los comicios.

“Con el voto en blanco la realidad alcanzaría a la ficción que con tanta ironía describe Saramago. Por lo pronto no hay que olvidar que en México la demostración política más importante de los últimos años ocurrió al margen de los partidos y fue protagonizada por centenares de miles de personas… vestidas de blanco”.

Si la realidad no alcanzó a la ficción, por lo menos rebasó a la especulación. El voto nulo, versión precavida del voto blanco, se convirtió en el principal tema de discusión en las campañas que han llegado a su término.

Publicado en eje central

Del irresponsable AMLO a la lisonjera Paredes

¿Cómo puede alguien votar por los partidos de López Obrador cuando ese dirigente se empecina cotidianamente en mandar al diablo a todo aquel que no se le somete? Ahora es el Tribunal Electoral: cuando denomina “achichincles de la mafia” a los magistrados del TRIFE que desconocieron las elecciones internas que favorecían a la candidata subyugada a ese líder, López Obrador confirma el síndrome autista que define su percepción de la realidad.

Para él no hay más que los suyos y los otros, los buenos y todos los demás. Ahora, en consecuencia, supone que todos los que no se comportan de acuerdo a sus preferencias forman parte de una aviesa y extendida conspiración en contra suya. La “mafia” a la que culpa de todos sus tropiezos, crece tanto como aumentan personajes e instituciones que discrepan de ese ex candidato presidencial o a los que simplemente ha decidido culpar de estar en contra suya.

En otras zonas del entramado político, la complacencia de los dirigentes también condiciona reacciones y estancamientos. Ayer mismo en Metepec, en un mitin repleto de acarreados que tuvieron que pasar lista, la dirigente nacional del Revolucionario Institucional se explayó en elogios para el gobernador del Estado de México.

“Enrique Peña es un baluarte del PRI y el PRI del siglo 21 tiene cuadros, líderes y personajes para dar y prestar”, dijo Paredes. Y aún más:”Somos un equipo convertido en partido, lo que demuestra que, juntos, nadie nos puede derrotar. El trabajo de Enrique Peña nos enorgullece y nos alienta” expresó, de acuerdo con la edición en línea del diario Reforma.

Tales apreciaciones desbordaron la cortesía que Beatriz Paredes debía tener con el anfitrión de la reunión política a la que asistía en los linderos de la capital mexiquense. Decir que el trabajo de Peña Nieto le causa orgullo, implica respaldarlo precisamente cuando el apoyo que Televisa le brinda al gobernador de esa entidad ha sido motivo de amplia discusión pública.

Paredes considera que Peña Nieto es un puntal del PRI. No es otra la implicación del término baluarte que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia tiene dos connotaciones. La primera de ellas es “Obra de fortificación que sobresale en el encuentro de dos cortinas o lienzos de muralla y se compone de dos caras que forman ángulo saliente, dos flancos que las unen al muro y una gola de entrada”.

La otra acepción es “amparo y defensa”. En cualquiera de ambas, si al gobernador del Estado de México se le califica como baluarte priista es porque se piensa que hace fuerte a ese partido, lo resguarda y protege y, además, sirve como gozne que lo solidifica.

Se podría suponer, en descargo suyo, que Beatriz Paredes se dejó llevar por el entusiasmo de los mexiquenses –forzado por el acarreo, pero quizá de todos modos contagioso– pero no es una principiante en materia de eventos políticos. Además se trata de una mujer que entiende el significado de las palabras.

Así que el espaldarazo a Peña Nieto no fue repentino, ni improvisado. Paredes sabe de lo que habla y no puede ignorar las implicaciones de esa declaración. Lo que posiblemente desconoce es que hace tres años, también en el Estado de México, el entonces candidato presidencial, Roberto Madrazo, dijo exactamente lo mismo del gobernador Peña Nieto.

El 11 de junio de 2006, en una reunión con presidentes municipales priistas de distintos sitios del país, Peña Nieto manifestó delante de Madrazo “el apoyo irrestricto, el apoyo de los mexiquenses hacia su candidatura”.

Madrazo, a su vez,  “le correspondió al calificar al Mandatario como un baluarte del PRI en procesos electorales y un amigo seguro cuando las horas son inciertas” (Miguel Zacarías, ”Respaldan alcaldes a Madrazo”, Reforma, 12 de junio de 2006).

Así que Peña Nieto es fundamental para el proyecto político que alienta Beatriz Paredes, de la misma manera que lo fue para Roberto Madrazo. Esa versatilidad es indicio de la vigencia, pero también del pragmatismo del gobernador mexiquense.

Y no son menos pródigos en el lenguaje los dirigentes de Acción Nacional. Las invectivas de Germán Martínez contra el gobernador de Sonora, reiteran la política de confrontación de ese partido una semana antes de las elecciones federales. Pero además contradijeron la distensión que buscaba suscitar el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuando dijo unas horas antes que no quería enfrentarse con el gobernador Eduardo Bours.

La agresividad de Martínez Cázares tiene propósitos electorales. Igual que el gobernador sonorense, quiere aprovechar la tragedia en la ABC. Ni el líder del PAN, ni Bours, favorecen la acción de la justicia en su burdo canje de invectivas.

El día de las elecciones, el 5 de julio, se cumplirá un mes de la catástrofe que les quitó la vida a ya casi 50 niños. Para muchos electores será imposible dejar de recordar el entramado de negligencias, complicidades y acusaciones que los dirigentes y funcionarios de varios partidos han tejido antes y después de aquel siniestro.

Publicado en eje central

Ante la urna

Los simpatizantes del PRD dicen que anular el voto le conviene a la derecha, que ya basta de seguir con la misma política económica, que no hay que hacerle el juego a quienes quieren consolidar al PRI-PAN.

Pero si con algo se identifica hoy ese partido es con la insuperable crisis interna que lo ha convertido en la organización política más mencionada pero, además, en la que tiene una imagen más problemática. Los ajustes que propone para la economía son ocasionales y tímidos; baste recordar el tapabocas que varios dirigentes perredistas quisieron ponerle al ex presidente Zedillo cuando recordó que no habrá política económica fuerte si no es incrementando los impuestos.

Los adherentes del PRI sostienen ante el voto nulo que no es momento de jugar a la imaginación electoral, que para asegurar cambios hay que apostar a quienes sí saben gobernar.

Pero los priistas que se encuentran en posiciones de gobierno distan de ser heraldos de la renovación en ningún terreno. Desde Oaxaca hasta Hermosillo, desde Xalapa y Puebla hasta Mérida y Toluca, los gobiernos priistas repiten la misma defensa de intereses corporativos, la misma opacidad, con la misma retórica que durante décadas utilizaron sus antecesores tricolores. No es posible votar por el PRI sin dejar de mirar al pasado.

Los partidarios de Acción Nacional convocan a no desperdiciar el voto en opciones que no respalden la consolidación de los avances que, alegan, el país ha logrado en los años recientes. El combate a la delincuencia es su divisa central.

Sin embargo no es el Ejecutivo Federal, sino la mitad del Congreso, lo que habrá de renovarse en las elecciones del 5 de julio. Y si hemos de juzgar el desempeño del presidente Calderón, resulta inevitable recordar la subordinación que ha manifestado respecto de las televisoras y los caciques sindicales entre otros poderes fácticos.

Los propagandistas del Partido Verde dicen que en vez de anular, hay que votar por ellos para instaurar la pena de muerte y para que los niños tengan becas en sus escuelas. Lo primero, es inaceptable en una sociedad civilizada. Lo otro, no hay partido que no lo proponga. Por mucho marketing y make up que utilice –y precisamente por eso– el PVEM no deja de ser y parecer un partido convenenciero y marrullero.

Los adherentes del PT y Convergencia postulan ante la anulación del voto los mismos argumentos que el PRD pero con otras siglas. La expresión política de algunos movimientos sociales que pudo haber sido el Partido del Trabajo, se convirtió en instrumento de un caudillo que lo utiliza como si estuviera repleto de juanitos como el de Iztapalapa.

Convergencia no tiene siquiera una historia original por reivindicar. Surgió del PRI, se sometió a dirigentes escabullidos del PRI y mantiene una carencia de principios como la de los priistas más desfachatados.

¿Nueva Alianza? Es un negocio político de la maestra que ha tenido la habilidad de hacerle creer al gobierno de Calderón que le resulta útil. Pocos lemas de campaña son tan artificiosos como el que propone a Nueva Alianza como el partido de la educación, cuando la dirigente que lo regentea es corresponsable de la catástrofe educativa mexicana.

Del PSD no hace falta decir demasiado. A quienes todavía a estas alturas pudieran inclinarse por ese partido debido a los temas que forman parte de su discurso, hay que pedirles que recuerden la manera en que varios de los actuales líderes pretendidamente socialdemócratas ordenaron romper a golpes la asamblea que respaldaba a Patricia Mercado. Basta entrar a YouTube y teclear “Alternativa” y “porros”. Allí están.

¿Hay utilidad en votar por alguno de esos partidos? ¿Merecen nuestro sufragio? Este ciudadano tiene más motivos para regatearles que para concederles su voto.

Ni las exhortaciones a escoger el menos malo, ni las reconvenciones de quienes no entienden que anular también es decidir, me han parecido suficientes.

Cada quien decidirá en conciencia, pues para eso son las elecciones. A la luz de ese panorama el 5 de julio este ciudadano, por si a alguien le interesa, irá a la casilla electoral para cruzar las boletas con una leyenda sencilla y acaso significativa: “Así no”.

Publicado en emeequis

Peña Nieto, debilidad de Televisa

La ríspida y grosera respuesta que Televisa publicó contra los periodistas Carmen Aristegui y Jenaro Villamil, es indicio del profundo disgusto que experimentan los directivos de esa empresa cuando se documenta el respaldo que le dan a Enrique Peña Nieto.

La construcción del gobernador del Estado de México como personaje público ha sido una tarea perseverante y amplísimamente difundida por Televisa desde hace varios años. En los meses recientes, los telespectadores han tenido motivos para suponer que Peña Nieto pasa más tiempo en los estudios de San Ángel que en el palacio de Gobierno en Toluca. Su asistencia a festivales y concursos, las menciones que le dedican en programas de cotilleo, la referencia a sitios del Estado de México en las telenovelas y la inclusión de notas sobre actividades suyas sin relevancia periodística alguna pero que atestan los noticieros de Televisa, han hecho de Peña Nieto un personaje muy conocido aunque los ciudadanos no estén enterados de sus capacidades como gobernante.

En su reciente libro Si yo fuera presidente Villamil, que es el reportero más enterado acerca de los intríngulis políticos de los medios de comunicación mexicanos, se ocupa de la alianza de Televisa con el mandatario mexiquense. Para conversar sobre ese texto, fue invitado el lunes por Carmen Aristegui a su programa en MVS Radio. Conocedores ambos del tema y Aristegui además víctima de la prepotencia de Televisa, cuyos directivos no cejaron hasta echarla del exitoso noticiero que tenía en W Radio, los dos sostuvieron una enterada e interesante charla.

Lo que allí se dijo, motivó a los operadores de Televisa a publicar un desplegado a plana entera en varios diarios de la ciudad de México. “Mienten”, les dice ese consorcio a Aristegui y Villamil, pero hay motivos para asegurar que las falsedades en este diferendo han surgido de Televisa.

En medio de varias imputaciones a esos periodistas, Televisa busca disimular el señalamiento principal que da tema al libro de Villamil y que motivó la conversación radiofónica. Y ese es, ni más ni menos, la inusitada cuan desmesurada propaganda que le brinda la televisora al gobernador Peña Nieto.

Periodista de Proceso, Villamil ha informado que Televisa recibe del gobierno del Estado de México entre 800 y 900 millones de pesos anuales para promover la imagen de Peña. La empresa considera que esa cantidad es exagerada porque durante las campañas electorales de 2006 vendió, a todos los partidos, 778 millones de pesos de publicidad. Sin embargo Televisa no indica a cuánto asciende, entonces, la venta de servicios relacionados con la propaganda para el gobernador del Estado de México. Villamil tiene documentos que acreditan pagos por 746 millones de pesos tal sólo en 2005, de tal manera que se puede suponer que esa cifra ha aumentado en los años recientes.

Es muchísimo dinero. Y se trata, peso por peso, de recursos fiscales. Es decir, de dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes. Con más razón Televisa y el gobierno mexiquense estarían obligados a informar de qué tamaño es la inversión para que Peña Nieto esté incluido en el firmamento del Canal de las Estrellas. Pero ni de ese consorcio –tan aparentemente puntilloso para responder ahora a dos de sus críticos– ni del gobierno del Estado de México, en donde se oculta la información de los gastos en publicidad, puede esperarse transparencia alguna.

Cuando quieren justificar la incesante aparición de Peña en notas insustanciales en sus noticieros, Televisa afirma que en el Estado de México hay muchos habitantes y por eso abunda la información acerca de esa entidad. Si esos son los criterios para definir qué noticias difunde Televisa, los acontecimientos que ocurran en Colima o Baja California Sur jamás encontrarán sitio en los programas informativos de esa empresa que, en cambio, estarán saturadas con notas acerca del Distrito Federal, Veracruz o el Estado de México.

Para explicarse por qué invita a Villamil a su programa de radio, Televisa considera que Carmen Aristegui le paga de esa manera al periodista de Proceso la cobertura que le dio al despido que ella padeció hace año y medio.

Se trata de una curiosa pero sintomática –y patética– manera de justipreciar las decisiones editoriales de un espacio de comunicación. Para los funcionarios de Televisa no hay agendas ni prioridades profesionales. El interés noticioso, para ellos no existe. Su concepción de los motivos que puede tener el conductor de un programa se limita al intercambio de favores personales y a las apuestas políticas.

Así es como los directivos de Televisa consideran que se jerarquizan, y difunden, los contenidos informativos. En esa inusual y por eso valiosa develación de sus motivaciones, los directivos de Televisa dejan muy mal colocados a los periodistas de comportamiento profesional que a pesar de todo trabajan en esa empresa.

Peña Nieto se ha convertido en palmaria debilidad de Televisa. Y Televisa es, para sus aspiraciones presidenciales, la debilidad más notoria de Peña Nieto.

Publicado en eje central.

Cuando comunicar se vuelve un crimen

Suena muy drástico y parece difícil de creer, pero el gobierno del presidente Felipe Calderón ha resuelto, en algunos casos, criminalizar el ejercicio de la libertad de expresión. Eso significa que hay mexicanos a quienes, por ejercer ese derecho, podrían meterlos a la cárcel.

Nos referimos a la suerte que están a punto de padecer ciudadanos como Rosa Cruz en Ocumicho, Michoacán y Héctor Camero en Monterrey, Nuevo León. Ambos, con trayectorias, experiencia y en contextos diferentes, forman parte de sendos proyectos de radiodifusión comunitaria que han sido perseguidos por el gobierno federal porque no tienen permiso para transmitir.

El primero de junio pasado Camero, que  es promotor de la radiodifusora comunitaria Tierra y Libertad, fue consignado por el Ministerio Público federal por delitos que tipifica la Ley General de Bienes Nacionales. Sigue en libertad gracias a un amparo judicial. Esa radiodifusora funcionaba desde hace siete años en la mencionada comunidad, de larga tradición en el movimiento por la democracia en las colonias populares. El 8 de junio de 2008, fue ocupada por 200 policías federales mientras varios niños de la radiodifusora transmitían un programa infantil.

Radio Tierra y Libertad solicitó desde 2002 su regularización como emisora permisionada, pero el gobierno federal no auspició el avance de esos trámites. En 2005 fueron legalizadas varias radios de esa índole en diversos sitios del país, mas esa decisión no alcanzó a beneficiar a la emisora regiomontana.

La gracia de la regularización dispuesta por el gobierno del presidente Fox tampoco llegó a Ocumicho, el poblado purépecha en donde funcionaba Radio Uekakua. Las transmisiones en esa lengua se habían convertido en punto de referencia para la comunidad, lo cual hacía patente el servicio social que ofrecía esa emisora.

También esa estación gestionaba su regularización legal desde 2002. Sin embargo el 29 de enero pasado un centenar de agentes de la AFI y otras corporaciones llegó a desmantelar la emisora porque operaba sin consentimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Un comunicado de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y otras agrupaciones que se distribuirá el día de hoy relata cómo fue esa operación contra la emisora: “Con uso desmedido de la fuerza procedieron al cierre en una comunidad de apenas 3 mil habitantes. Los elementos policíacos amedrentaron a los niños que se encontraban en ese momento en la estación, amenazaron a las mujeres con golpearlas, le taparon la boca a una menor y le lastimaron la mano, y una señora fue arrastrada violentamente de la radio”.

El testimonio de una de las muchachas amedrentadas en esa acción puede encontrarse en YouTube. La peor parte la llevó Rosa Cruz, que colaboraba en Radio Uekakua y a la cual los agentes que allanaron la modesta radiodifusora hicieron responsable de las transmisiones sin el permiso legal.

Convertida en culpable por esa decisión la señora Cruz, que apenas habla castellano, recibió hace 10 días una orden para comparecer en la oficina del Ministerio Público en Uruapan que la considera “indiciada” por explotar un bien que es propiedad de la nación. Ese delito, establecido en la Ley General de Bienes Nacionales (artículos 149 y 150) se castiga con prisión de 2 a 12 años y multa de hasta mil veces el salario mínimo.

Así es como Rosa Cruz, una indígena purépecha que colaboraba en la difusión de mensajes radiofónicos para su comunidad, lo mismo que el doctor Héctor Camero, dirigente de la Asociación Civil Tierra y Libertad de Monterrey, están en riesgo de ir a prisión. La causa de ese encarcelamiento sería la participación que han tenido en la radiodifusión comunitaria.

Esas emisoras operaban sin autorización legal. Pero nunca desconocieron tal irregularidad e, igual que otras en esas condiciones, quisieron normalizar su condición jurídica. En varias ocasiones, cuando querían sancionar a las radiodifusoras comunitarias las autoridades imponían medidas administrativas que llegaban a la incautación del equipo de transmisión.

Desde hace algunos meses, sin embargo, el gobierno federal endureció su actitud hacia las radios comunitarias y decidió acusarlas por transgresión a la mencionada Ley de Bienes Nacionales que implica penas corporales.

El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, cuya dependencia presentó la denuncia que ha conducido a esas acciones legales, no parece tener disposición alguna para reconocer el derecho a la comunicación de indígenas como los de Ocumicho, o luchadores sociales como los de Tierra y Libertad.

La Procuraduría General de la República, por su parte, envió un centenar de agentes el 1 de febrero pasado a intervenir las instalaciones de la radio en Ocumicho, en donde encontraron –y maltrataron– a varias mujeres y algunos niños. Esa presteza, las autoridades federales no la han tenido para resolver el crimen de Felícitas Martínez Sánchez y Teresa Bautista Merino, de 22 y 24 años, las locutoras de la radiodifusora triqui “La voz que rompe el silencio” que fueron emboscadas y asesinadas el 7 de abril del año pasado en Santiago Juxtlahuaca, en Oaxaca.

¿Por qué el gobierno federal interrumpió el proceso de regularización legal de las radios comunitarias que había comenzado el sexenio anterior? ¿Por qué en vez de sanciones administrativas la Secretaría de Gobernación decidió perseguir a integrantes de esas radiodifusoras con acusaciones que de prosperar los llevarían al encarcelamiento? ¿Por qué se acosa con tanta saña a quienes, con las estaciones comunitarias, no hacen más que abrir espacios de expresión que, entre otras cosas, sirven como distensión a los conflictos sociales?

Esas preguntas quedan desplazadas por una más elemental, que formula una de las indígenas que con grandes sacrificios contribuyeron a instalar la radiodifusora en Ocumicho y que, después de ser maltratada por agentes federales y emplazada por el Ministerio Público, pregunta, simple y directamente en otro video: “¿Por qué el gobierno nos trata tan mal?”.

Publicado en eje central

El mérito de “Juanito”

Humillado en público por el dirigente por quien se ha batido incluso a golpes, servil hasta negarse a sí mismo, Rafael Acosta Ángeles, “Juanito”, es paradigma de las huestes que todavía siguen a López Obrador.

Carente de principios porque las convicciones que lo sostienen varían según el antojo del líder al que sigue, obedece y por quien se sacrifica, el candidato del PT a la delegación Iztapalapa está hoy en el centro de una disputa política que podría depender de su disciplina a los caprichos de su dirigente. Cuando López Obrador le dijo que renunciará apenas gane la Delegación, Acosta asintió sumiso, para que su lugar quede Clara Brugada, cuya candidatura fue cancelada por el Tribunal Federal Electoral.

Antes de que ese momento llegue falta que “Juanito” gane la elección; que Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del DF, esté dispuesto  a proponer a Brugada para reemplazarlo; que el Asamblea Legislativa del propio DF –que estará dividida entre partidarios de la dirección del PRD y lopezobradoristas– quiera aprobar esa sustitución. Y hará falta que Acosta Ángeles mantenga hasta ese momento la subordinación que ha manifestado. Ya en el cargo si es que llegase a ganar –lo cual no será sencillo, en vista de la fuerza que tienen en esa demarcación los grupos que apoyan a Silvia Oliva, la candidata del PRD– “Juanito” podría decidir que prefiere gobernar durante tres años la delegación más nutrida y con mayor presupuesto de la Ciudad de México antes que merecer el beneplácito de López Obrador, quien lo avergonzó delante de millares de personas al tratarlo como simple polichinela suya.

Ese desplante de soberbia y prepotencia ha llevado a muchos ciudadanos, entre ellos algunos comentaristas, a considerar que, ahora sí, ha resultado evidente el talante autoritario de Andrés Manuel López Obrador. Esta vez se excedió, dicen algunos. Mostró su verdadero rostro, se preocupan otros.

Pero no hay un solo rasgo nuevo en el López Obrador del mitin en donde puso en evidencia la subordinación de “Juanito” y el dirigente mandón, berrinchudo y fundamentalista que hemos conocido desde hace años. La misma ofuscación que lo invade cuando las circunstancias no se amoldan a sus preferencias, el mismo fanatismo con el que se considera depositario y beneficiario de la verdad y los designios históricos en tanto que quienes no comparten sus ensimismadas paranoias son todos miembros o títeres de la mafia como ha dado en llamar a la conspiración de todos los demás contra él, ya eran notorias cuando fue jefe de Gobierno del DF y aún antes.

Hace 5 años, el 6 de junio de 2004, esta columna se publicaba en La Crónica y allí me referí a los rasgos que me parece definen puntualmente el comportamiento, de raíces sicológicas pero de implicaciones políticas, que afecta a López Obrador. Aquel texto comenzaba de la siguiente manera:

“La personalidad autoritaria ha sido tema de atención tanto para el pensamiento político como desde los estudios de psicología social. El comportamiento de aquellos que se comportan de manera intolerante ante situaciones que no controlan puede exacerbarse –y constituir un riesgo para las sociedades– cuando quienes lo padecen se encuentran en posiciones de poder.

“Hace algo más de medio siglo el pensador alemán Theodor W. Adorno encabezó en la Universidad de Berkeley una indagación acerca de ese síndrome (T. W. Adorno,  Else Frenkel-Brunswik, Daniel J. Levinson y Nevitt R. Sanford,  The authoritarian personality. Harper, Nueva York, 1950).

“Se trata de un comportamiento paradójico: una formación conformista, sometida a presiones autoritarias, tiende a suscitar conductas proclives a la sumisión. Pero cuando los individuos que han estado sujetos a esa enseñanza alcanzan posiciones de mando, entonces pueden manifestar una intolerancia excesiva. En otras palabras: ‘Cuando hablamos de personalidad autoritaria debemos saber que esta se caracteriza por unos rasgos tales como: disposición a la obediencia esmerada a los superiores, respeto y adulación de todos los que detentan fuerza y poder, disposición a la arrogancia y al desprecio de los inferiores jerárquicos y, en general, de todos los que están privados de fuerza o de poder. También aparecen rasgos como la aguda sensibilidad por el poder, la rigidez y el conformismo. La personalidad autoritaria tiende a pensar en términos de poder, a reaccionar con gran intensidad ante todos los aspectos de la realidad que afectan las relaciones de dominio: es intolerante frente a la ambigüedad, se refugia en un orden estructurado de manera elemental e inflexible, hace uso marcado de estereotipos en su forma de pensar y de comportarse; es particularmente sensible al influjo de fuerzas externas y tiende a aceptar todos los valores convencionales del grupo social al que pertenece’.

“La definición de Adorno y sus colaboradores ha sido muy discutida, especialmente por la equiparación casi mecánica que hace entre autoritarismo y conservadurismo. Sin embargo resulta útil para entender las conductas de algunos personajes históricos. Hay quienes la han aprovechado para describir al fascismo y a los populismos de distintos momentos en la historia del siglo pasado. También puede ser sugerente para interpretar el comportamiento de dirigentes políticos singularizados por la exaltación de sí mismos, la descalificación a priori de quienes sostienen puntos de vista distintos a los suyos, el desprecio por la legalidad cuando no se ajusta a sus proyectos y la convocatoria a las movilizaciones como coartada para desatender el cumplimiento del orden jurídico.

“En América Latina, hoy en día, el venezolano Hugo Chávez puede ser considerado arquetipo de personalidad autoritaria. Su discurso maximalista no reivindica, en el fondo, más proyecto que el acaparamiento del poder por encima de marcos legales, contrapesos políticos o reclamos sociales.

“En México, Andrés Manuel López Obrador pareciera esmerarse cotidianamente para que su comportamiento encaje en la descripción clásica de personalidad autoritaria”.

Así que no debiera haber sorpresa: López Obrador ha sido así, y sus rasgos autoritarios y antidemocráticos han sido evidentes al menos desde que ejerce el poder de manera relevante. Otra cosa es que muchos de sus simpatizantes de entonces no hayan querido advertir esa patología política. Al menos ahora, gracias a Rafael Acosta la personalidad autoritaria de López Obrador ha resultado mucho más patente –y patética–.

Así es López Obrador. Ese es el dirigente al que algunos mexicanos, cada vez menos pero todavía muchos, le siguen dispensando apego y en ocasiones incluso una obnubilada devoción. Ese es el líder que maneja, sojuzga y encandila a personajes como “Juanito”, un golpeador contagiado de la intolerancia que propala López Obrador y que ahora podría ganar las elecciones en Iztapalapa, la demarcación más poblada del país.

Publicado en eje central.

Una carcajada por la CIRT

Si los dirigentes del PAN y el PRI realmente quisieran debatir en público, ya lo habrían hecho desde hace días o semanas. Pero, indecisos y confundidos, inquietos más por las tendencias que marcan las encuestas que por los argumentos y las ideas, Germán Martínez y Beatriz Paredes han dejado que se ponga al IFE como pretexto para no debatir. Ayer mismo, el dirigente nacional del PAN dijo que sí habrá debate, cuando el IFE “no se oponga”.

Echarle la culpa al IFE por los desatinos e insuficiencias del resto del mundo político se ha convertido en inopinada pero quizá autoinmolatoria costumbre de los dirigentes partidarios pero también de otros actores de la vida pública. La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión había accedido a organizar y transmitir el debate entre Germán Martínez y Beatriz Paredes. Ese evento, que hubiera sacudido aunque fuese momentáneamente el marasmo que ha singularizado a las actuales campañas, se iba a realizar el miércoles pasado por la noche.

Cuando aparentemente los preparativos habían avanzado, el lunes 15 por la noche la CIRT difundió un “Atento comunicado” en donde, de manera sibilina, canceló el debate y acusó al IFE por esa decisión.

El comunicado de los radiodifusores fue tomado en diversos medios como evidencia de la arbitrariedad y la malevolencia que según sus críticos más disgustados –la mayor parte de los cuales se encuentra en las televisoras privadas– campea en la autoridad electoral. Sergio Sarmiento manifestó, por ejemplo: “Ya ni siquiera el debate político está permitido en nuestro país, a menos que lo organice el IFE”.

Pero eso no es cierto. La autoridad electoral no prohibió el debate entre otros motivos porque no tiene facultades para ello. La especie de que el encuentro Paredes – Martínez fue suspendido por culpa del IFE es una mentira propalada por los dirigentes de la CIRT y luego, al menos por los dirigentes de Acción Nacional.

Quienes se opusieron al debate, porque no los invitaron, fueron los líderes del PRD y del Partido Socialdemócrata. Ambas dirigencias se quejaron ante el IFE por la realización inminente de ese evento. Tienen derecho a inconformarse, pero esa protesta hubiera quedado como recurso testimonial de no ser por la decisión de la CIRT –sus dirigentes tendrán sus motivos– para marginarse de la organización del debate.

En su “Atento Comunicado”, los radiodifusores dijeron: “El día de hoy la CIRT recibió comunicaciones de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Social Demócrata (PSD) –de manera directa y también a través del Instituto Federal Electoral (IFE) – en las que expresan su inconformidad con la realización del debate referido en los términos en los que ha sido planteado por los partidos solicitantes. Asimismo, se recibió oficio, de alcances imprecisos, por parte del Secretario Ejecutivo del IFE”.

La Cámara de la Radiodifusión no explicó cuáles eran las imprecisiones que identificaba no en la carta, sino en los “alcances” de la misiva del Secretario Ejecutivo del IFE. Eso dio pie a especulaciones que el Instituto Electoral no se tomó la molestia de aclarar.

En su Comunicado, la CIRT concluía diciendo que “manifiesta su plena disposición a analizar las solicitudes de apoyo, como lo ha hecho en otras ocasiones, una vez que la autoridad electoral y los partidos políticos hayan llegado a un acuerdo al respecto y/o que los abogados que conforman el Comité de Radiodifusión de la CIRT, hayan analizado los alcances legales de realizar debates bajo las nuevas normas electorales”.

En esa confesión de parte  los directivos de la CIRT admiten que no han comprendido las condiciones legales en las que pueden realizarse debates entre los partidos. Ojalá que sus abogados no tarden demasiado en las seguramente sesudas y arduas deliberaciones que deben haber mantenido durante toda la semana. Todo ese esfuerzo se lo habrían ahorrado tan solo con leer el artículo 70 del Código Electoral. Allí se dice que durante las campañas presidenciales el IFE debe organizar dos debates entre los candidatos a ese cargo. Y nada más. No se mencionan los debates entre candidatos a otras posiciones de representación, ni en elecciones intermedias como las que tendremos dentro de 16 días. Y si no se les menciona es porque los partidos y sus candidatos, si así lo desean, pueden tener todos los debates que quieran.

La carta que el Secretario Ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, le envió al presidente del Consejo Directivo de la CIRT, Enrique Pereda Gómez, tiene tres escuetos párrafos. En el primero, como si hiciera falta, recuerda que el IFE es la autoridad que administra el tiempo estatal del que disponen los partidos políticos en radio y televisión.

El segundo párrafo, igualmente retórico, precisa que el IFE regula la contienda electoral.

El tercer párrafo señala: “Así las cosas me permito hacer de su conocimiento los oficios No. RHE/601/09 y PSD/P/P-045/2009 recibidos en esta Secretaría los días 12 y 15 de los presentes respectivamente, remitidos por los representantes de los partidos de la Revolución Democrática y Social Demócrata, mediante los cuales manifiestan su preocupación en torno al debate que su Consejo Directivo organiza”.

Y nada más. Se trata de una carta ciertamente ambigua por su ausencia de indicaciones directas, pero allí no hay prohibición alguna. Quizá, y aquí incursionamos en el resbaladizo campo de la especulación, entre las autoridades del IFE había el propósito de evitar el debate para impedir la protesta del PRD y algún otro partido. Como no encontraron asideros legales, se decidieron por esa carta tan desangelada. O quizá, el secretario ejecutivo del IFE simplemente le advertía a la CIRT del contexto político que se estaba creando en torno al multicitado y hasta el día de hoy irrealizado debate. Pero no es tarea del IFE ofrecer advertencias políticas a nadie, ni servir de correveidile de los partidos con ninguna agrupación privada.

Si la carta del IFE hubiera implicado algún exceso respecto de las facultades formales que le confiere la ley, ya estaríamos viendo a los abogados de la CIRT apresurarse para presentar una denuncia contra la autoridad electoral.

Por lo demás, si hay un sector de la sociedad que se ha mostrado militantemente reacio a cumplir con la ley electoral, han sido precisamente los radiodifusores privados y de manera especial los operadores de las televisoras. Así que cuando la CIRT dijo que dejaba de organizar el debate para no incurrir en una infracción legal, quienes hemos atestiguado las tropelías de algunos de los integrantes más conspicuos de esa Cámara tuvimos derecho a proferir una larga, escéptica, estrepitosa carcajada.

Publicado en eje central.