Espiral de la complacencia
El movimiento encabezado por el SME ha entrado en una espiral de autodefensiva complacencia. Con el propósito de explicarse a sí mismos cómo llegaron al entrampamiento actual, los trabajadores electricistas y sus simpatizantes construyeron un discurso a modo de la magnitud del problema que enfrentan.
Se trata, dijeron, de la embestida del neoliberalismo más salvaje en contra de un sindicato movilizado y patriótico. Pero el gobierno del presidente Felipe Calderón no es tan conservador como dicen sus adversarios más ideologizados, de la misma manera que el interés del SME ha sido más pedestre que las banderas nacionalistas que suele esgrimir. Tales, sin embargo, son las coordenadas que los dirigentes electricistas han establecido para construirse una ubicación en el panorama público de estos días.
Buenos contra malos. Esa es la concepción que el SME propala de su movimiento. El gobierno también apuesta a dibujar un escenario maniqueo. Las percepciones que ambas partes abrigan del conflicto tienden a ceñirse a esa composición dramática.
El sindicato se autojustifica mirando fundamentalmente a su entorno inmediato. En él, se encuentran los trabajadores de ese gremio que se mantienen en movimiento, así como sus familiares y seguidores. En los mitines y manifestaciones, en la prensa que prefieren leer, en los panfletos y mensajes que les llevan los grupos que se solidarizan con ellos, los electricistas encuentran gratificantes palabras de aliento que no representan el ánimo de toda la sociedad sino, evidentemente, de quienes los apoyan y admiran.
Con frecuencia los movimientos sociales se involucran en una suerte de espiral de la autocomplacencia que es, al mismo tiempo, una cortina de incienso que los aparta del resto de la realidad. Si en sus movilizaciones encuentran más vítores que reproches, si quienes se acercan a ellos es para llevarles noticias de nuevas adhesiones más que para señalar limitaciones de su lucha, esos trabajadores tendrán una apreciación triunfalista de su propia situación aunque, fuera del circuito de sus incondicionales, abunden otras opiniones.
Cuando en la prensa que leen aparecen declaraciones de un par de escritores conocidos, o de algunos actores y cineastas que los respaldan, los protagonistas del movimiento en cuestión querrán suponer que los intelectuales y los artistas mexicanos están con ellos aunque solamente se trate de algunos cuantos. Si un dirigente político acude para alentarlos, estimarán que es por la bondad de la lucha que llevan a cabo y no por el provecho que ese personaje espera obtener de tal acercamiento.
Esa especie de autismo que atiende a los aplausos pero rechaza los cuestionamientos como si no existieran, o como si obedecieran a una conspiración que no vale la pena entender, en ocasiones lleva a los movimientos sociales a su propia devastación. En la historia del sindicalismo mexicano hay numerosas experiencias de luchas gremiales cuyos dirigentes, forzados a politizarse, no supieron leer el contexto desfavorable en el que estaban inmersos.
Cuando se quejan de la cobertura que han tenido en los medios de comunicación, los trabajadores electricistas manifiestan una aprovechadiza intolerancia pero también cierta ingenuidad autodefensiva acerca del funcionamiento de la televisión y la radio. Hace un par de semanas los voceros del SME se dejaron entrevistar en varios medios para repetir la misma cantinela: estamos siendo víctimas de una campaña del gobierno de la cual ustedes son cómplices.
Tales acusaciones, en varios de los espacios en donde se expresaban, no se sostenían porque en el último mes y medio los líderes del SME han dicho todo lo que han querido y hasta, a veces, algo más de lo que hubieran deseado expresar. Pero cuando les reprochan que están siendo partícipes de una maquinación contra ese movimiento, los conductores o periodistas interpelados de tan agresiva manera les ofrecen más espacio, les reiteran que pueden decir todo lo que quieran, se esmeran para no ser etiquetados como censores.
La misma táctica le resultó útil durante algún tiempo al movimiento de López Obrador. Con tal de no ser identificados con viejas rutinas autoritarias, los conductores y operadores de numerosos medios de comunicación no solamente le daban a ese personaje, y a los suyos, espacios superiores a la presencia pública que tenían. Además, durante largo tiempo le permitieron a ese dirigente (algunos lo siguen haciendo) que los amenazara y maltratara públicamente.
Los operadores de los medios, en términos generales, no han sabido construir una relación de respeto con movimientos de esa índole. A los dirigentes de esos agrupamientos, simplemente no les interesa establecer esa relación porque les conviene más lucrar con el amago y la auto victimización.
El SME y sus integrantes tienen pleno derecho a expresarse en los medios de comunicación. De la misma manera, los periodistas y operadores de los medios tienen derecho a manifestar opiniones acerca de esos y cualesquiera otros asuntos de interés público. La especie de que los medios y los informadores deben ser objetivos, es secuela de un periodismo atrasado y autoritario que se pretendía por encima de la sociedad y por lo tanto inmune a sus cuestionamientos.
Los medios ni siquiera tienen por qué ser plurales: nunca lo son de manera absoluta. Lo importante es que las subjetividades y las parcialidades de los medios y los periodistas no estén enmascaradas. Así, al resultar evidentes, tales posiciones formarán parte de la discusión pública.
Esos rasgos resultan inaceptables, o al menos inentendibles, para un movimiento como el que en la situación actual protagonizan los electricistas del SME. Para ellos, en parte porque a esa condición los orilló la mano dura gubernamental, no hay más que aliados incondicionales o adversarios absolutos. Quienes no los respaldan, son sus enemigos. Quienes manifiestan acotaciones críticas, es porque sirven al gobierno. La espiral de la autocomplacencia deviene en un comportamiento fundamentalista.
Represión al aborto, giro priista a la derecha
Con las reformas aprobadas el martes 17 de noviembre en Veracruz, ya son mayoría los estados del país cuyos congresos locales han rechazado el derecho de las mujeres al aborto. El gobernador Fidel Herrera ha sido promotor activo de esas disposiciones que avasallan un derecho fundamental de las mujeres, aunque en las últimas horas ha querido confundir y engañar en varios medios de comunicación acerca de las decisiones que tomó el congreso veracruzano.
Ayer en el programa radiofónico de Denise Maerker en Radio Fórmula, el gobernador Herrera negó que la constitución de Veracruz haya cambiado para perseguir a las mujeres que se practiquen un aborto. Quiso parapetarse en el procedimiento que la propia Constitución establece para ser reformada y que requiere de la aprobación de las enmiendas en dos periodos de sesiones consecutivos del Congreso estatal. Lo que el gobernador no dijo es que esta semana comenzó dicho proceso para reformar la constitución local al gusto de los grupos fundamentalistas que claman por la penalización del aborto en todo el país.
El gobernador Herrera tampoco quiso recordar que, además de modificar las leyes estatales, el Congreso de Veracruz resolvió presentar al Congreso de la Unión una iniciativa para establecer en las primeras líneas de la Constitución Política del país que la vida humana comienza desde la concepción.
El gobernador de Veracruz se inconformaba ayer con las críticas que surgieron ante las decisiones de su congreso estatal. En la áspera conversación con Maerker quiso mostrarse como defensor de los derechos de las mujeres aunque sus decisiones van en sentido contrario. “No nos quieran endilgar cuestiones que no nos corresponden”, insistía Herrera. Pero no podrá decir que desconoce la iniciativa de reforma constitucional. No podría hacerlo, porque la propuesta para modificar el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos… fue presentada por el propio Fidel Herrera Beltrán.
El martes 17 de noviembre, el congreso de Veracruz aprobó tres iniciativas. La primera de ellas, propuesta por el Partido Acción Nacional, modifica la legislación penal para que a las mujeres que abortan en vez de prisión de 6 meses a 4 años, como dice actualmente el Código Penal de Veracruz, se les imponga “un tratamiento en libertad consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud y multa de setenta y cinco días de salario mínimo”. La reincidencia, se castigará con cárcel de uno a cuatro años.
Así, la sanción para las mujeres que aborten en Veracruz será menor siempre y cuando se trate de la primera vez, pero se las seguirá considerando delincuentes y se les obligará a someterse a tratamiento médico y educativo –como si la decisión de abortar fuese resultado de una enfermedad, o simplemente se debiera a ignorancia de las mujeres–.
Pero a los profesionales de la medicina o a cualquier persona que practique el aborto, se les impondrán penas mayores. Hasta ahora, el castigo en esa entidad a quienes realicen un aborto es de 6 meses a 4 años de prisión. En adelante, será de cuatro a siete años de cárcel de acuerdo con la reforma al Artículo 150 del Código Penal de Veracruz.
Así que cuando el gobernador Herrera Beltrán dice que con esas disposiciones se respalda la libertad de las mujeres, miente o sostiene una postura patriarcal y misógina: no hay libertad alguna cuando se trata de una decisión que sigue siendo delito y, peor aún, cuando las posibilidades para que una mujer en Veracruz interrumpa un embarazo no deseado serán más precarias debido al incremento en las castigos a quienes practiquen abortos.
La segunda decisión que tomaron los diputados locales fue la adición al Artículo 4 de la Constitución de esa entidad para incorporar las siguientes frases: “El Estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley determinará los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido”.
Propuesta por el diputado del PRI Leopoldo Torres García, presidente del Congreso de Veracruz, esa enmienda recibió 39 votos a favor y 6 en contra. Ahora tendrá que seguir el proceso de ratificación legislativa que requiere una nueva votación en el siguiente periodo de sesiones, así como la anuencia de la mayoría de los ayuntamientos del estado. La Constitución de Veracruz aún no incorpora ese cambio, pero el acontecimiento político es que la mayoría priista promueve una reforma que debe tener encantados al Episcopado mexicano, a Pro Vida y otros grupillos fundamentalistas y a los militantes de El Yunque dentro y fuera del PAN.
Así ha venido ocurriendo, con reformas similares, en otros estados del país. Desde hace varios meses el Partido Revolucionario Institucional decidió ir a contracorriente de la historia del país, y de su propia historia, para congraciarse con los grupos fundamentalistas para los cuales el aborto debe ser prohibido. Hace más de medio año, defensoras de los derechos de las mujeres como Marta Lamas, alertaron contra esa tendencia. Desde entonces, como fichas de dominó, las resistencias en 17 entidades han caído no ante las razones de la ciencia, ni a partir de ninguna reflexión ética, sino exclusivamente a causa del convenencierismo político del PRI cuyos dirigentes no se interesan en los derechos humanos sino única y pragmáticamente en sus ambiciones políticas.
Lo que hace ahora Fidel Herrera Beltrán es tratar de treparse en el tren de la contrarreforma que promueve su partido. La iniciativa para modificar la Constitución Política del país la había presentado hace más de un año, el 6 de noviembre de 2008, pero la sacó del congelador precisamente ahora, cuando Veracruz se convierte en el 17º. estado en reprimir el aborto.
Herrera propone que el Artículo 1 de nuestra Constitución comience con esta frase: “El derecho a la vida será garantizado por el Estado desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. La ley establecerá los casos de excepción a la protección de la vida del no nacido”.
Esa frase (desde el momento de la concepción hasta la muerte natural) ha sido muletilla predilecta de las derechas en todo el mundo en las campañas contra el aborto. La utilizan lo mismo el Papa Benedicto XVI y el neofranquismo español, hasta el frente de derechas que se opone en Estados Unidos al presidente Obama y el conservadurismo panista. Con esas posturas, ahora, se alínea el PRI. No deja de ser paradójico que ese viraje, antítesis del laicismo mexicano, se constate en el aniversario 99 de aquella Revolución.
Mediocre presupuesto
La crítica mediática se solazó durante el extendido fin de semana en la peculiar concepción del tiempo elástico que auspiciaban los diputados. Agotado el plazo constitucional, aunque el reloj del mundo real marcaba las 12, la una, las tres como en aquella celebrada y sabinesca interpretación, el cronómetro en San Lázaro quedó trabado en el 15 de noviembre. Nada hay de extraordinario en ese recurso parlamentario para, habiendo iniciado a tiempo la sesión, prorrogarla durante varios días para que pueda decirse que el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó en la asamblea del día 15. Lo extravagante es la facilidad con que esas prácticas se vuelven habituales. Los legisladores ofrecen al resto de la sociedad una lección de simulación reglamentaria, para que el marco jurídico sea solamente parapeto de sus decisiones.
A las manecillas del reloj de San Lázaro hubiera sido pertinente detenerlas a fin de que los diputados tomaran acuerdos con un sentido auténticamente nacional. Las grandes decisiones, a veces requieren de procedimientos infrecuentes. Si los legisladores que en los días anteriores forzaron los plazos constitucionales hubieran empleado ese tiempo extra para reorientar la economía del país, reconstruir de manera drástica los criterios que definen el empleo de los recursos fiscales y para trasladar dinero de una partida a otra con propósitos realmente trascendentes, a nadie le inquietarían minucias como la elasticidad de las horas en el Palacio Legislativo.
Motivos para un cambio contundente en la estructura del gasto público, no faltan en el panorama de estos días. Más pobres en peores condiciones, menos empleos en una economía estancada, exigencias mayúsculas por parte de un sistema de salud rezagado y de un entramado educacional anclado en el pasado… hay abundantes requerimientos para que los recursos fiscales sean eje de una política social extensa e intensa, así como de un desarrollo económico distinto. Pero la muy limitada reforma fiscal que ellos mismos aprobaron, junto con los senadores, conformó un contexto de auto restricciones para los diputados. Y además los grupos parlamentarios, especialmente el mayoritario, no quisieron tomar decisiones pensando en el país, ni en el futuro, sino únicamente en sus estrechos intereses políticos y de corto plazo.
Precisamente cuando la situación nacional y global les exigía elevar la mirada, los diputados del PRI apenas acertaron a contemplarse los cordones de los zapatos. El tema de discusión más relevante en los días recientes no fue de qué manera destinar recursos al combate a la pobreza, o a empujar el crecimiento, sino cómo transferir a los gobernadores dinero y decisiones que hasta ahora recaían en la presidencia de la República. Habrá quienes consideren que en esas reasignaciones hay una expresión de federalismo hacendario, pero antes que nada se trata de un cuantioso y ostentoso tráfico de recursos e intereses con propósitos de clientelismo político.
A los gobernadores, que movieron hilos e intereses de los diputados de sus estados para obtener ese triunfo, les interesa manejar directamente programas de asistencia social que hasta ahora podían ser administrados al margen de los intereses locales. Y no se trata únicamente de más dinero bajo el control de cada estado. Además, la fiscalización sobre esos recursos se debilita y crecen las posibilidades de que sean utilizados sin transparencia ni rendición de cuentas. El Presupuesto de Egresos para 2010 es un retroceso no solamente por la reducción de partidas importantes sino, antes que nada, por los criterios partidarios y clientelares que animaron su negociación.
No se aprobaron reducciones drásticas como las que se temían para la educación superior, pero tampoco hay un gasto público esencialmente distinto al que hasta ahora hemos tenido. Los diputados se dieron tiempo para repartir sanciones y premios: menos dinero al IFE porque pese a que los cambiaron recientemente allí todavía hay consejeros y funcionarios respondones, pero cero reducción al Tribunal Electoral que ha sido tan aquiescente con los intereses del PRI y de las televisoras. Como ese, hay otros casos del empleo politizado del presupuesto federal.
Los priistas encabezaron esos cambios, pero supieron incorporar a ellos a panistas y perredistas. La aprobación con 437 votos que amalgamó a diputados de todos los partidos (con 25 solitarios votos de algunos perredistas y del PT) expresa un importante consenso parlamentario… para que todo siga, fundamentalmente, igual. Es decir, peor.
Sabina: Vinagre y Rosas
La murmuración periodística –astutamente nutrida por algún listillo de las relaciones públicas– propala que, exhausta la inspiración después de varios años de molicies y sosiego, Joaquín Sabina se tuvo que ir de viaje a Praga para escribir las canciones de su nuevo disco. Este 17 de noviembre, cuando en las principales capitales de Hispanoamérica comience a distribuirse Vinagre y Rosas, habrán pasado casi cinco años desde el disco anterior de ese cantautor español.
En ese lapso, Sabina se acostumbró al ritmo de vida que le impuso el infarto cerebral que padeció en agosto de 2001. Menos noches, menos rondas, fue la prescripción insoslayable que recibió después de aquel sobresalto, coartada intachable para dejar el perfil licencioso que se había construido no solamente en dos décadas y media de sátira social musicalizada sino especialmente después de 16 discos con esos contenidos. En enero de 2005 aparece Alivio de luto, un disco melancólico y quizá de transición, apoyándose en poemas que tenía escritos desde tiempo atrás. En 2007 realiza, al alimón con Joan Manuel Serrat, una memorable gira por 30 ciudades de España y 20 de América Latina de la cual resulta Dos pájaros de un tiro, un disco doble que reproduce algunos de los éxitos de esos autores fundamentales.
Así que, salvo temas de alguna película o participaciones en álbumes colectivos, este es su primer disco en casi un lustro. Joaquín Sabina ha explicado que, impedido como está para fumar cualquier cosa, y limitados los whiskies a uno o dos a lo sumo, las musas no tocaban a la puerta de su casa en Madrid y por eso se fue a Praga con su amigo Benjamín Prado con quien terminó de escribir las canciones del nuevo disco.
Como parte de los preparativos de dicho lanzamiento, este fin de semana se dieron a conocer las letras así como avances de la música de Vinagre y rosas. Quizá la más autobiográfica de todas ellas es “Viudita de Clicquot”, que transcribimos como sucedáneo antes de que circule el disco –y en tanto nuestros diputados se ponen de acuerdo en el presupuesto para el próximo año: mientras más indolentes son el trabajo legislativo y en general los personajes políticos, más ganas nos dan de mirar solamente a la creativa ironía de Sabina–. Las letras completas se encuentran en Ciudad Sabina, sitio extraoficial dedicado a ese autor.
Viudita de Clicquot
A los quince los cuerdos de atar me cortaron las alas,
a los veinte escapé por las malas del pie del altar,
a los treinta fui de armas tomar sin chaleco antibalas,
Londres fue Montparnasse sin gabachos… Atocha con mar.
A los cuarenta y diez naufragué en un plus ultra sin faro,
mi caballo volvió solo a casa, ¿qué fue de John Wayne?
Me pasé de la raya con tal de pasar por el aro,
con 60 qué importa la talla de mis Calvin Klein.
Nunca suple templar la guitarra que embrida mi potro,
cuando el dealer me dijo que si no le dije que no,
la hormiguita murió, la cigarra se murió con otro,
yo aposté por las fichas caídas de tu dominó.
Allons enfants de la patrie,
maldito mayo de París,
vendí en Portobello los clavos de mi cruz,
brindé con el diablo a su salud.
Se llamaba Rebeca la gringa que empató conmigo,
me sacaba la lengua en lugar de enseñarme a besar,
me compró una tormenta después de robarme el abrigo,
con la espalda mojada no hay nada peor que soñar.
Negocié tablas al ajedrez: tu alfil por mis peones,
abrevé en los pezones con sal de la mujer de Lot,
antes de que tiñera noviembre mis habitaciones,
descorché otra botella con la viudita de Clicquot.
Allons enfants de la patrie,
maldito mayo de París,
vendí en Portobello los clavos de mi cruz,
brindé con el diablo a su salud.
Mi manera de comprometerme fue darme a la fuga…
Tanto para nada
Varios días seguidos, antes de la aprobación del paquete fiscal, el presidente Calderón despotricó contra los empresarios más poderosos. Los acusó de evadir impuestos, mencionó porcentajes ominosos aunque jamás precisó nombres, habló de evasiones multimillonarias y contrastó el incumplimiento de esos acaudalados personajes con el pago puntual que tienen que hacer los contribuyentes cautivos.
Esos cuestionamientos respecto del gran capital parecían indicar un viraje. Los ardides de las corporaciones más poderosas para pagar menos impuestos y que con frecuencia aprovechan lagunas o privilegios expresos en las normas fiscales, han sido bien conocidos. Pero que el presidente de la República hiciera suyas esas denuncias, informando que los corporativos más relevantes únicamente trasladan al fisco el 1.7% de sus ganancias, lo colocaba en un terreno políticamente equidistante respecto de los jeques patronales.
Habiendo reconocido –al fin– que la pobreza constituye el problema de mayor gravedad entre la constelación de dificultades que le ha tocado enfrentar, el presidente tropezó con el dique de la intransigencia empresarial cuando propuso leves incrementos a diversos impuestos y nuevas reglas para atemperar la consolidación fiscal –esa práctica de las corporaciones que trasladan a algunas de sus empresas débiles las ganancias de los negocios prósperos de tal manera que, compensando ingresos y egresos, terminan casi por no pagar impuestos–.
Tal constatación del egoísmo empresarial, más dolida que indignada, se asemejaba a los distanciamientos que han tenido otros presidentes que se han dicho traicionados por el poder patronal después de haber contemporizado con él.
Luis Echeverría sorprendió al país expropiando latifundios en el norte del país, para luego padecer una campaña de desestabilización que incluyó rumores de un golpe de Estado. José López Portillo constató, también en las postrimerías de su gobierno, que la especulación había mermado unas finanzas nacionales por añadidura lastimadas por el dispendio y la falta de política industrial durante su gobierno. Miguel de la Madrid no pudo ocultar desencuentros con los empresarios más notorios cuando estableció los Pactos de Estabilidad con los que pretendía normalizar las aflicciones de la economía.
Con Carlos Salinas hubo una tensa calma, asegurada en parte gracias al respaldo gubernamental a Carlos Slim y algún otro empresario, pero los programas sociales como Solidaridad suscitaron frecuentes inconformidades en ese gremio. A Ernesto Zedillo le tocó paliar con una crisis que primero contuvo pero luego, con instrumentos como el Fobaproa, se desató la ambición de algunos de los empresarios más voraces.
De alguna manera, todos esos presidentes de la era del PRI compartieron la irritación del general Lázaro Cárdenas cuando, en 1936, les dijo a los industriales que mantenían un paro patronal en Monterrey que quienes se sintieran fatigados podían entregarle sus empresas al gobierno.
El presidente Calderón no comparte la matriz ideológica de aquellos gobernantes priistas pero tampoco podía decirse, hasta hace unas cuantas semanas, que estuviera gobernando de manera expresamente favorable a los intereses empresariales.
Los reproches que manifestó en los últimos días de octubre tendrían que haberse traducido en la construcción de nuevas alianzas con otros sectores de la sociedad. Pero un par de días más tarde, Calderón dio reversa cuando aclaró que casi todos los empresarios pagan impuestos y que no es momento de confrontaciones: no ofreció disculpas simplemente porque los destinatarios de ese discurso de reconciliación no se lo exigieron.
De esos nuevos dichos, pasó a los hechos con una diligencia que no ha tenido con otros interlocutores sociales. Cuando el Senado discutió la exención fiscal por 5700 millones de pesos a las empresas que obtendrán nuevas concesiones de telefonía celular el presidente Calderón promovió, personalmente, el voto de los legisladores de su partido para asegurar ese privilegio –que beneficiará especialmente al consorcio televisivo de Emilio Azcárraga–.
Esa exención no fue propuesta por el gobierno, sino por el PRI. La oposición del PAN y el PRD habría permitido atajarla en el Senado. Pero de repente, el presidente Calderón se convirtió en cabildero de Televisa. Tanto para nada.
Publicado en emeequis
Entre la manifestación y la provocación
Los trabajadores del SME que se mantienen en movimiento se equivocan al hacer a los habitantes de la ciudad de México víctimas de sus protestas. Las manifestaciones que anunciaron para el día de hoy desencajarán al de por sí cotidianamente embrollado Distrito Federal. La irritación de quienes quedarán atrapados en los embotellamientos, acicateada por la previsible estridencia de los medios de comunicación, no parece constituir la mejor medida para granjearse la simpatía ciudadana por parte de un movimiento cuya presencia pública no es precisamente favorable.
Pero, por otra parte, es preciso reconocer que a los varios millares de trabajadores que no se han resignado a ser despedidos y que, a costa de perderla, se han rehusado a recibir la atractiva aunque chantajista indemnización que les propone el gobierno federal, les quedan pocas opciones de protesta.
De la noche a la mañana, hace exactamente un mes, la Compañía de Luz fue bruscamente clausurada y con ello, en la práctica, terminaron el empleo y las condiciones para que subsistiera además la organización sindical de esos trabajadores. La respuesta del sindicato y la discusión acerca de ese golpe de mano propinado por el presidente Calderón han sido ampliamente conocidas.
Algo más de la mitad de los trabajadores ha aceptado la liquidación que les ofreció el gobierno. El porcentaje aumentará conforme se acerque el viernes próximo, fecha del ultimátum que estableció el gobierno para quienes busquen la indemnización adicional al monto previsto por la ley.
La noticia no es cuántos han aceptado, sino el hecho de que casi 20 mil trabajadores habrán resuelto rechazar esa oferta económica y abstenerse de acudir a firmar su liquidación. A pesar de la mezcla de intimidación y compensación a la que han estado sometidos, varios miles de electricistas esperan un resultado distinto al que anuncia el gobierno federal. Ni las intimidantes declaraciones del Secretario del Trabajo, ni el apabullante clima de opinión que se desarrolló contra los electricistas sobre todo en los primeros días después de la intervención en la Compañía de Luz e incluso la división con la que carga a cuestas el SME, han bastado para aminorar el ánimo de esos trabajadores.
Las movilizaciones de este miércoles serán una prueba a esa confianza y a la solidaridad que haya podido concitar en SME en tan difíciles condiciones. Se conoce el compromiso de dos grandes sindicatos, el de Telefonistas y el de Trabajadores de la UNAM, para respaldar el que con cierta grandilocuencia los electricistas han denominado paro nacional y que en realidad se circunscribirá a algunas instituciones, más notorias que numerosas.
La decisión del STRM y el STUNAM, entre otros sindicatos que respaldan la suspensión de labores, tampoco es sencilla. Tanto la empresa telefónica que no dejará de recibir ganancias por los servicios que ofrece, como la Universidad Nacional cuyas autoridades podrían haberse ahorrado la estridente declaración con que deploran el paro, anunciaron anticipados reproches a sus trabajadores. A quienes no se presenten a sus labores, les descontarán el día.
Al SME también lo respalda una variopinta constelación de organizaciones de vocación y prácticas contestatarias. De escasa representatividad muchas de ellas, movidas por el voluntarismo más que por convicciones razonadas algunas más, en esa coalición hay lo mismo grupos que pugnan por la restitución de la legalidad en el diferendo electricista que algunos declaradamente adversos al orden jurídico. El SME podrá alegar que no está en condiciones de rechazar adhesiones, pero la facilidad con que sus dirigentes y miembros más activos pueden mimetizarse con las protestas más destempladas constituye uno de los desafíos principales que enfrenta el sindicato en estos días.
Muchos de sus adherentes, marcharán hoy junto con el SME no solamente para protestar contra la clausura abrupta de la Compañía de Luz sino, además, motivados por una variada gama de causas e indignaciones. En medio de un sinnúmero de banderas, la causa del SME puede banalizarse y diluirse.
Sobre todo, indignados como están y además llevados por el frenesí de la movilización, los trabajadores electricistas podrían estar a un paso de la provocación. Ya se han encontrado cerca de ese límite en días recientes, cuando han acudido a varios medios de comunicación no para expresar sus puntos de vista sino para manifestar una deplorable intolerancia. El solo anuncio de que hoy podrían tomar instalaciones de la Compañía de Luz, es un desafío a la legalidad que los electricistas del SME dicen reivindicar.
A ese ánimo irascible de los electricistas y sus aliados, así como a la creencia de que los cauces legales se les han cerrado, contribuirá el rechazo del ministro José Ramón Cosío, anunciado anoche, a la solicitud de la Asamblea Legislativa del DF para que la Suprema Corte considerase inconstitucional la extinción de la Compañía de Luz. Sin embargo no se agotan allí los recursos jurídicos que podrían beneficiar al SME. Los abogados del sindicato mantienen una compleja estrategia legal que podría poner en evidencia las debilidades del decreto que expidió hace un mes el presidente Calderón.
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Berlín, ciudad abierta
Estuve en Berlín a fines de septiembre de 1989. La crisis política en Alemania del Este no parecía resistir mucho más y era parte del desmoronamiento del llamado bloque socialista. A pocos días de mi regreso a México ocurrió la apertura del Muro. El 10 de noviembre escribí para El Nacional el artículo del cual extraigo los siguientes párrafos.
Treparon curiosos y exaltados, saludaron con una furia acumulada quizá durante toda su vida y conocieron el otro lado del muro; ya lo sabían colorido y antiautoritario, como lo han dejado, lleno de sarcasmos y dibujos, otros jóvenes, compatriotas suyos: fueron, por centenares, acaso miles, los muchachos y muchachas que la noche del jueves corrieron para brincar la valla de concreto que los había mantenido separados del resto de la ciudad. El Muro de Berlín, para efectos prácticos, dejó de existir este 9 de noviembre.
La decisión del nuevo gobierno de la República Democrática Alemana para, en un forzado pero al fin sensato sentido del realismo, abrir las puertas del muro, termina con toda una era. E inicia otra. Los habitantes de Berlín Oriental que acudieron la noche del jueves y sobre todo, a la mañana siguiente para, a la luz del día, celebrar y manifestar su estupor mostraron, con esa sola actitud, que el muro separaba a Berlín pero no había segregado a los alemanes. Rápido, al comienzo no sin miedo, varios centenares de berlineses se las arreglaron para trepar el muro como quizá nunca pensaron hacerlo: masiva, entusiasmadamente, sin la vigilancia de los vopos –muchos de los cuales, también, habrán querido compartir esa experiencia–; durante 28 años, rumbo al Occidente no han tenido más horizonte que la muralla de 45 kilómetros que divide a su ciudad (además de otros 120 kilómetros que separan a los sectores occidentales de Berlín del resto de la RDA). Muchos de los residentes de Berlín Oriental crecieron con el muro, no conocían más realidad que esa. Hace poco, un funcionario cuya familia había vivido hasta entonces en el lado oriental, nos contaba cómo una niña de diez años, que pudo viajar a Frankfurt, se asombraba ante una ciudad tan abierta y preguntaba “¿y aquí, dónde está el muro?”: pensaba que en todas las ciudades tenía que haber una barrera como la berlinesa, porque así era como ella había crecido.
Millares de jóvenes de Alemania Oriental, así crecieron. Pero a través del muro de concreto y enrejados, poco a poco, pudieron acceder, como visitantes, los alemanes de Occidente y sobre el muro mismo, de manera incontenible, volaron las señales de la radio y la televisión del lado Federal. Esos millares de jóvenes, muchos de los cuales acudieron, aunque fuera por elemental curiosidad, a ver el otro lado del muro que toda la vida han tenido delante suyo, ahora comenzarán a habitar en una ciudad abierta.
Por eso este jueves y este viernes en Berlín, la siempre intensa actividad nocturna del lado Occidental ha sido especialmente novedosa. Los azorados habitantes de Berlín Este han traspuesto la Puerta de Brandemburgo y han caminado por la Avenida del 17 de junio que recuerda el levantamiento civil de sus padres, o sus abuelos, en 1953 (cuando una huelga general constituyó una de las primeras demostraciones de las dificultades que comenzaban a resultar de las tensiones entre economía y sociedad en la RDA). Deben haber pasado ante la seguramente sorprendida guardia soviética, que se ha mantenido a unos metros del muro, pero del lado occidental, como recordatorio del estatuto de ocupación según el cual Berlín se encuentra bajo la supervisión de la URSS, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Luego se internaron en el mullido Tiergarten, el laberíntico parque del que, acaso, solo avistaban, a distancia, las copas de los árboles.
Los jóvenes de Berlín Oriental que este fin de semana están reconociendo la otra mitad de su ciudad habrán pasado, así, frente a los enormes pórticos de inspiración chinesca que resguardan el Parque Zoológico y se habrán encontrado con la Iglesia Conmemorativa, la antigua Iglesia del Káiser Guillermo la cual, con su mitad destruida, recuerda las consecuencias de una Guerra Mundial que nadie, nunca, debiera olvidar. Habrán llegado entonces al principio de la vistosa Kurfürstendamm, la avenida de los escaparates millonarios y los cafés callejeros, repleta de luces y tentaciones, abundante en desórdenes y perversiones. Quizá entonces, algunos de sus compatriotas del lado Oeste les hayan convidado una cerveza a presión en alguno de los bares que por docenas o centenares, nadie ha podido llevar la cuenta, proliferan en el centro de Berlín Occidental.
Si la otra parte de su ciudad les ha resultado tan atractiva, ha sido por tan largamente prohibida. El gobierno, ahora renovado, de la RDA, cultivó una extensa, añeja inquietud entre sus conciudadanos que ante la prohibición, querían conocer las calles luminosas, las ofertas mercantiles, las posibilidades de disipación, en todos los sentidos, que prosperaban del inquieto y también contradictorio lado occidental. Por eso este jueves, apenas se conoció el lacónico e histórico anuncio de Günter Schabowski a nombre del buró político del Partido Comunista, revelando que las puertas del muro serían abiertas, una multitud de berlineses –significativa, mayoritariamente jóvenes– se precipitó sobre la valla de concreto.
En realidad los berlineses del Este han tenido hermosos panoramas urbanos para recrear su vocación estética. En el reparto de la ciudad, los soviéticos se quedaron con la zona histórica, que no sólo resulta de mayor majestuosidad, sino también de mayor significado. Apenas tras la puerta de Brandemburgo, por la Unter den Linden, se encuentran la Antigua Biblioteca de Prusia, la Universidad de Humboldt, los viejos edificios de la Ópera, el Museo del Arsenal y el de Pérgamo, hasta que se llega a la Plaza Marx y Engels, flanqueada por la majestuosa Catedral berlinesa y el adusto edificio del Consejo de Estado.
Tiene lo suyo, y mucho, el centro de Berlín Oriental, por donde con algo de voluntarismo es posible imaginar los tiempos en que, por esas calles, Georg W. Hegel discurría sus construcciones filosóficas o Karl Marx encontraba motivos para profetizar etapas que nunca llegaron; casi se escuchan los cascos de los caballos conduciendo carrozas militares y repiqueteando sobre el adoquín, en años de rigidez y ambición germana como los de Otto von Bismarck, el Canciller de Hierro… Pero la imagen de una ciudad más lenta que reposada, más hueca que respetada, acaba con las fantasías. Llena, rebosante de historia, la parte oriental de Berlín es, sin embargo, una ciudad vacía. Sus calles están colmadas de monumentalidad pero casi no hay gente en ellas. El Berlín histórico es para los funcionarios y para los turistas, pero los alemanes del Este prefirieron hacerse de un nuevo entorno en las enormes unidades habitacionales que hay en la periferia. Y ese es el contraste que ha llevado a muchos de ellos a incursionar, quizá por unas cuantas horas, en la otra mitad, que les había sido vedada, de su propia ciudad: la mitad occidental definida por la sociedad de consumo, por los letreros de neón, por las ofertas de relajo y abundancia.
Están viviendo un sueño, este fin de semana, los berlineses orientales que han cruzado el muro. Luego, en la nueva vigilia, habrán de tener tiempo para meditar sobre su nueva condición y sobre los nuevos retos de las dos Alemanias. La apertura del muro, que parecía inevitable, no se avizoraba tan pronto. La remoción de Eric Honecker fue precedida de un malestar inocultable en la RDA y la decisión de permitir el tránsito al área occidental estuvo precedida por movilizaciones hasta ahora, en varias décadas, desconocidas en esa Alemania. Dos funcionarios del Partido Comunista se suicidaron, antes de que se hiciera público el anuncio de este jueves. Muchos cambios más habrán de presenciarse, porque la apertura del muro, después de todo, no es más que una decisión simbólica, con todo y lo simbólico y ominoso que fue siempre ese valladar que cruza por todo Berlín.
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Rajones
Varios senadores de Acción Nacional se inconformaron con el epíteto que anticipadamente les endosó Pablo Gómez Álvarez a quienes virarían en beneficio de Televisa.
Esa fue la calificación que merecieron algunos de los 66 senadores, de casi todos los partidos, que aprobaron el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos. Como se ha explicado, esa disposición exenta del pago de derechos por dos años a las empresas que resulten beneficiadas con la concesión para utilizar dos nuevas bandas para telefonía celular.
Cuantificada en 5726 millones de pesos, la exención beneficiará al consorcio Televisa cuyos directivos han reconocido estar interesados en explotar esos valiosos segmentos del espacio radioeléctrico para incursionar en el negocio de la telefonía celular. No en balde, durante los días recientes empleados de Televisa desplegaron una activa labor de presiones y cabildeo para modificar el voto de algunos de los senadores que habían rechazado tal exención.
Cualquiera que fuese el destinatario de esa dispensa fiscal, se trata de una decisión harto cuestionable y que no tiene sustento económico, ni técnico. El único o el principal motivo que llevó a la mayoría de los legisladores del PAN y a prácticamente todos los del PRI a respaldar esa exención, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es la gana para congraciarse con Televisa.
El Senado había manifestado una actitud distinta cinco días antes, la mañana del sábado 31 de octubre, cuando 58 de sus integrantes rechazaron la exención en ese pago de derechos, en tanto que 49 la respaldaron. En la votación de este jueves 5 de noviembre, al menos 15 senadores cambiaron de parecer y se sumaron los votos, además, de varios que no estaban presentes en la primera ocasión.
A esos legisladores que cambiaron su voto sin explicar tal mudanza el senador Pablo Gómez, con toda propiedad, les llamó “rajones”: “Como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un duopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla”, dijo ese senador por el PRD.
Gómez se negó a retirar ese calificativo cuando el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja le pidió que se desdijera. Más tarde, el también panista Jorge Ocejo Moreno se inconformó explicando: “La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria diciéndole: ‘oye no cumpliste’, sino se le dice: ‘rajón’. Y eso es una injuria”. Tampoco así convenció al senador Gómez.
Tanto Alonso como Ocejo, votaron el sábado por cancelar la exención fiscal a Televisa. El primero de ellos modificó su voto. El otro, lo mantuvo.
Ayer jueves hubo rajones en varios partidos, incluso en el que forma filas el senador Pablo Gómez.
Doce senadores del PAN que el sábado votaron contra la exención fiscal, ayer viraron su decisión para apoyarla. Se trata de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, Javier Castelo Parada, Blanca Díaz Delgado, Fernando Elizondo Barragán, José González Morfín, Emma Lucía Larios Gaxiola, Gustavo Madero Muñoz, Ramón Muñoz Gutiérrez, Adrián Pérez Rivera, Gabriela Ruiz del Rincón y Ricardo Torres Origel.
Pero no fueron los únicos. También cambiaron su voto, de esa manera, Dante Delgado y Eugenio Govea, del Partido Convergencia. Otros cuatro senadores de ese partido, que se ausentaron de la votación del sábado, se definieron ayer a favor de la exención a Televisa. Se trata de Francisco Berganza, Gabino Cué, José Luis Lobato y Luis Maldonado Venegas.
Y en las filas del PRD, hubo una deserción. René Arce, que el sábado votó contra le exención, ayer se abstuvo. Cinco días antes, 18 senadores perredistas formaron parte del bloque contra la exención. Ayer fueron solamente 13. Hubo, de una manera u otra, quienes se abstuvieron de abstenerse.
Por otra parte dos senadores del PAN que inicialmente respaldaron la exención fiscal, ayer votaron contra ella. Se trata de Jaime Rafael Díaz Ochoa y Eduardo Nava Bolaños.
En total, 66 senadores avalaron la dispensa fiscal, 38 se opusieron a ella y 3 se abstuvieron.
Quienes respaldaron la exención, no adujeron una sola razón para ello. Sí presentaron argumentos, en cambio, el ya mencionado Gómez Álvarez y el senador panista Ricardo García Cervantes, opuestos ambos al obsequio de 5726 millones de pesos.
No hay justificación alguna para que Televisa –y/o las empresas que ganen la licitación para las nuevas bandas de radiocomunicación– dejen de pagar los derechos que establece la ley cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos tendremos que pagar más impuestos. Rajón, se le dice “a una persona que incumple lo prometido”, precisa el indispensable Diccionario de la RAE. Así que se puede hablar de rajones, no por haber modificado una posición lo cual es de lo más legítimo en cualquier parlamento, sino por hacerlo sin explicar sus motivos y a favor de una posición inicua, que se contradice con el interés popular que esos legisladores presumen representar.
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Villanía de Rosario Ibarra
En medio de la pobreza que con motivo de la discusión en torno a los ingresos del Estado ha venido mostrando gran parte de la llamada clase política mexicana, la presencia de excelentes aspirantes para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que ser reconocida como una buena noticia.
Emilio Álvarez Icaza, con un desempeño exitoso como ombudsman en el DF, Luis Raúl González Pérez que desarrolló una esmerada investigación acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio y que ahora es Abogado General de la UNAM y Luis de la Barreda Solórzano, de sabiduría y respetabilidad a toda prueba, destacan en una nómina de candidatos en donde hay trayectorias y experiencias plausibles.
Lamentablemente el proceso para seleccionar al nuevo ombudsman nacional no ha sido tan escrupuloso como la sociedad tendría derecho a exigir. En las audiencias a las que convocó el Senado a los aspirantes admitidos para ese cargo, se han manifestado descalificaciones personales que resultan inaceptables.
Así ocurrió el lunes 19 de octubre, cuando las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Primera de Estudios Legislativos del Senado entrevistaron a 9 de los aspirantes a encabezar la CNDH. Cuando llegó el turno del doctor Luis de la Barreda, la senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó una intervención repleta de invectivas y provocaciones.
El doctor De la Barreda, que actualmente dirige el Instituto de Estudios Ciudadanos sobre la Inseguridad, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF de 1993 a 2001. En esa responsabilidad se enfrentó a numerosas y en ocasiones escandalosas ilegalidades de funcionarios públicos en la ciudad de México. Esa actitud de compromiso con la justicia, aunque tuviera que incurrir en denuncias que algunos consideraban políticamente incorrectas, muy posiblemente influyó en las acusaciones contra su padre, el capitán Luis de la Barreda Moreno, que en los años setenta fue titular de la Dirección Federal de Seguridad.
Hace pocos años, la llamada “Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado” acusó al capitán De la Barreda por delitos que nunca se comprobaron. Su hijo, el doctor De la Barreda Solórzano, participó de manera activa en su defensa. Para quienes quisieron entender, quedó claro que el capitán De la Barreda había sido convertido en chivo expiatorio ante la ineptitud de esa Fiscalía para hacer una indagación en forma sobre delitos como los que se cometieron contra los estudiantes de 1968 y, más tarde, en la llamada guerra sucia entre el gobierno mexicano y la guerrilla urbana en los años 70. El capitán De la Barreda falleció en junio del año pasado, después de haber sido exonerado de todas aquellas acusaciones.
El compromiso del doctor De la Barreda Solórzano en la defensa de su padre, pero además en la reivindicación de la verdad, le fue recriminado por la senadora Ibarra de Piedra. Como es sabido, la señora Ibarra ha exigido que se esclarezca la desaparición en 1975 de su hijo Jesús Piedra, que era miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.
El 19 de octubre, la audiencia para escuchar a los aspirantes a la CNDH había transcurrido casi con regularidad. Seis candidatos habían presentado sus propuestas. En su turno, el doctor De la Barreda explicó qué haría como presidente de la Comisión Nacional y antepuso su experiencia en la responsabilidad homólóga en el DF como evidencia de sus capacidades. Escuchó, y respondió, preguntas de varios senadores: el priista Pedro Joaquín Coldwell, la panista Adriana González Carrillo, Dante Delgado y Francisco Xavier Berganza de Convergencia, Tomás Torres Mercado del PRD. Todas esas intervenciones fueron respetuosas como tendría que ocurrir con cualquier aspirante invitado por el Senado a presentar sus puntos de vista y como suele imponer, además, la bonhomía de Luis de la Barreda Solórzano.
Pero la senadora Ibarra de Piedra rompió esa cortesía e impuso sus prejuicios sobre cualquier argumento. En una intervención tramposa, pretendió marcar al aspirante a la CNDH con la presunta culpabilidad de su padre. Como hemos señalado, el capitán De la Barreda fue declarado inocente después de un tortuoso proceso judicial. Pero aunque no hubiera sido así, mencionar las acusaciones que se le hicieron para empañar la comparecencia de su hijo fue una villanía de la senadora Ibarra.
En la información que ofrece el Senado en Internet no hay transcripción de las audiencias para la CNDH pero se encuentran las intervenciones en video. De allí hemos transcrito la alocución de Ibarra de Piedra:
“Usted defendió a su padre –que bien que lo hizo, porque era su padre– como el doctor Nassar Daw defendió a su padre Miguel Nassar Haro [en referencia al ex subdirector de la DFS]. Y como 557 mujeres defendemos a nuestros hijos del saldo doloroso de las desapariciones. Usted habla aquí de que no habrá negligencia, ni nada de eso. Yo le quisiera preguntar qué opina usted, como entiende tan bien el problema de las desapariciones forzadas en este país, ¿qué haría usted en caso de que le llevaran a que supiera, se enterara, de una desaparición forzada, que haría?. Pregunto a nombre de todas mis compañeras qué haría usted para que eso se resolviera y para evitar que se resolvieran las cosas del pasado, que no se fueran a disfrazar las desapariciones de levantones y de culpar al crimen organizado. El Ejército, la policía y la antigua tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad que en algún momento su señor padre fue el que era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad lo mismo que el señor Nassar Haro”.
Anticipando el reproche que se le podría formular por una intervención tan pícaramente descalificatoria, la senadora Ibarra dijo, incurriendo de paso en una indiscreción al decir que no votaría por el doctor De la Barreda:
“No le estoy culpando a usted de lo que pasó en aquel tiempo. Su padre era una persona y usted es otra. Pero sí me interesa saber en caso de que usted resultara electo por alguna razón de mayoría, qué haría usted para evitar que hubiera desapariciones forzadas y qué haría usted para tratar de hacer justicia sin reparación del daño. Nosotras, las madres de los desaparecidos, no aceptaremos nunca jamás reparación del daño porque es dar permiso para matar y es dar permiso para torturar”.
El doctor De la Barreda respondió con energía y de manera clara:
“Le agradezco la pregunta, señora senadora. Primero, quiero decir que estoy muy orgulloso de haber servido a mi padre. Lo volvería a hacer. Él fue blanco de diez acusaciones, todas las cuales fueron echadas abajo por resoluciones judiciales. Desde luego, estoy absolutamente convencido de que los autores de crímenes de Estado durante la década de los 70 debieron ser castigados, al igual que estoy convencido de que los autores de secuestros y ametrallamientos de policías o soldados también debieron ser castigados.
“En el caso de cualquier desaparición que ocurriera siendo yo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haría exactamente lo que hice cuando desapareció el hijo del importantísimo investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante.
“Jorge Bustamante estuvo desaparecido. Y nosotros descubrimos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal descubrió, que había sido levantado –para usar esta jerga tan en boga hoy– por un automóvil militar. Era competencia de la Comisión Nacional porque el Ejército es una autoridad federal. Pero fue la Comisión del DF la que descubrió esto, lo dijo públicamente y eso permitió que Jorge Bustamante hijo y un amigo suyo, que había desparecido con él, aparecieran sanos y salvos y entonces el asunto se turnó a la Comisión Nacional. Pero haría exactamente lo que hice con el caso de Jorge Bustamante hijo. Es decir, lucharía por encontrar al desaparecido y pediría que se iniciara el procedimiento contra los presuntos responsables”.
La senadora Ibarra no quedó conforme. Quizá entendió que su intervención le había permitido a De la Barreda mostrar su moderación y además, le llevó a mencionar un caso exitoso cuando encabezó la CDHDF. Entonces, la senadora optó por la insidia:
“Voy a decir solamente gran cosa. Solamente que tuve en mi poder, está por ahí archivado en algún lado, el parte que rindió su señor padre a Moya Palencia cuando era Secretario de Gobernación y tengo también entendido que la Dirección Federal de Seguridad era un organismo totalmente ilegal y se cometieron muchos crímenes y torturas en su local de Morelia número 8. Esperaría yo que se corrigiera todo eso, que aun lo seguimos padeciendo”.
Inmediatamente después, el senador Pablo Gómez le arrebató la palabra al senador que conducía la sesión para gritar “¡…se cometieron acciones ilegales contra los derechos humanos, contra la vida y la libertad. De miles de personas, por eso fue disuelta la Dirección Federal de Seguridad!”.
Los crímenes cometidos por el Estado, inadmisibles siempre, fueron y siguen siendo condenables. Pero no es con acusaciones infundadas, ni con improperios, como se podrían esclarecer y castigar.
Las reglas de la comparecencia le impidieron replicar al doctor De la Barreda. La versión del informe que rindió su padre acerca de la detención de Jesús Piedra Ibarra en 1975 ha sido aclarada en distintas ocasiones. En las páginas 49 y 50 del libro El pequeño inquisidor. Crónica de una infamia (Océano, México, 2008) el mismo Luis de la Barreda demuestra que ese documento no prueba responsabilidad alguna de su padre en la desaparición del hijo de la señora Ibarra. Ella cree lo contrario. Pero es discutible que utilice la investidura senatorial para manifestar sus prejuicios que, por añadidura, en esta ocasión han sido calumniosos.
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Impuesto Televisa: la prebenda está en el aire
Con un día de diferencia, Televisa tropezó y se repuso en el Congreso. La exención por 5726 millones de pesos establecida en la Ley Federal de Derechos para las empresas que reciban la concesión de dos nuevas bandas de telefonía celular, fue rechazada en las primeras horas del sábado por 58 votos a 50 en el Senado. La Cámara de Diputados, en la madrugada del domingo, enmendó esa decisión por 252 a 143 votos.
La moneda o, mejor dicho, la prebenda, está en el aire. El Senado tendrá que revisar nuevamente esa dispensa por la cual pugna Televisa. Aunque las bases para licitar las bandas de 1710 y 2110 Megahertz aún no son publicadas, es ampliamente sabido que estarían dedicadas a esa empresa. Los propios ejecutivos de ese consorcio reconocieron que están muy interesados en tales frecuencias que les permitirían incursionar en la telefonía inalámbrica de banda ancha.
Los lectores de esta columna conocieron la semana pasada la conformación y utilidad de las frecuencias por cuya explotación la Ley Federal de Derechos establece, en su artículo 244 – E, un pago de 5 mil 726 millones de pesos. El interés por asegurar la exención de ese pago, señalada en el multicitado artículo transitorio, desató en los días recientes una de las campañas de presiones más intensas que haya desplegado Televisa sobre la clase política mexicana.
A juzgar por los resultados, hasta ahora, el PRI se doblegó y se hizo partícipe de los intereses del consorcio mediático. El PAN, se dividió ante ellos y en la Cámara de Diputados la mayoría de los legisladores de ese partido votó contra la exención fiscal. El PRD ha mantenido un homogéneo rechazo a tales privilegios.
A los amagos que Televisa ejerce respecto de los legisladores, se les podría llamar cabildeo pero también chantaje. Esa empresa tiene derecho a pugnar por sus intereses, así sean tan contrarios al interés de la sociedad como cuando pretende que se le exima del pago de varios miles de millones de pesos mientras la mayoría de los contribuyentes en este país tendrá que destinar más recursos al pago de sus impuestos.
Sin embargo cuando, en busca del voto de senadores y diputados, Televisa ofrece tratamientos mediáticos preferenciales a quienes colaboren con ella, está lucrando doblemente con el espectro radioeléctrico que tiene concesionado para difundir señales de televisión pero que además aprovecha para gestionar favores políticos.
La columna de información política de eje central, en un recuento del tira y afloja en el Senado, reseñó el sábado: “Varios senadores, como Santiago Creel, recibieron amenazas políticas si rechazaba el transitorio del 244. Pero la presión más fuerte se dio una hora antes de que pasara a votación. Por una decisión del pleno de los senadores panistas, se había decidido que votarían en bloque en contra de ese transitorio, pero durante la intensidad del cabildeo, cuando menos un senador habló directamente con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, quien le pidió que aprobara el dictamen. Al final de la votación se rechazó el transitorio, pero 12 panistas, incluido Ulises Ramírez, que fue coordinador de asesores del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, se replegaron ante Televisa”.
Una presión similar experimentaron los diputados. La cancelación del contenido principal del artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Derechos formó parte de las enmiendas que, enviadas por el Senado la mañana del sábado 31 de octubre, la Cámara de Diputados tenía que desahogar ese mismo día. Aparentemente la primera decisión de los grupos parlamentarios fue avalar ese cambio. En el dictamen que elaboró y fue publicado el sábado 31 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Hacienda de esa Cámara estaba de acuerdo con la enmienda que hizo el Senado para eliminar la exención establecida en el transitorio. Unas horas después, sus integrantes cambiaron de opinión.
Durante la discusión en el pleno, la madrugada del domingo, se confrontaron la defensa del interés de la sociedad y la defensa de los privilegios para Televisa. Con abundantes argumentos, los opositores a la exención dijeron que no es admisible que a una empresa, cualquiera que sea, se le dispense el pago de derechos y menos aún por varios miles de millones de pesos. Con menos recursos argumentales, pero a la postre con más votos, los promotores de la exención repitieron que sería un recurso para “estimular” la inversión privada en telecomunicaciones.
El cuestionamiento a ese privilegio fiscal fue encabezado por el diputado Javier Corral Jurado, de Acción Nacional. Lo respaldaron José Narro del PRD, Jaime Cárdenas, del PT y Guillermo José Zavaleta, del PAN. La defensa del artículo transitorio, que establece la exención, la hicieron Alberto Cano Vélez y Roberto Gil Zuarth. El primero, es el priista sonorense que propuso el Artículo 244 – E junto con la discutida dispensa fiscal y cuya cercanía con Manlio Fabio Beltrones, el líder de ese partido en el Senado, no ha sido un secreto. Roberto Gil ha defendido notoriamente los puntos de vista empresariales en el grupo parlamentario del PAN.
La votación, realizada pocos minutos antes de las 4 de la mañana, refrendó por mayoría el respaldo que la propia Cámara de Diputados había otorgado días antes a la exención que podrá beneficiar a Televisa. El PRI votó casi en bloque a favor de esa postura: 180 diputados estuvieron contra la reforma del Senado, 4 en contra y 11 se abstuvieron.
Tampoco fue una sorpresa la votación unánime del PRD, el PT y Convergencia a favor de la reforma aprobada por los senadores –es decir, contra la millonaria exención–. Ni el respaldo igualmente homogéneo del Partido Verde y de Nueva Alianza a los intereses del consorcio mediático.
Pero la votación de los diputados del PAN indica el disgusto de muchos legisladores en ese partido en contra de las adhesiones forzosas y las decisiones incómodas que sus dirigentes les han apremiado para que compartan. 68 legisladores panistas votaron por la reforma senatorial (es decir, contra la franquicia fiscal), 14 se abstuvieron y 47, entre ellos la coordinadora Josefina Vázquez y el dirigente nacional César Nava, respaldaron el artículo transitorio que con tanto ahínco, y esa madrugada con éxito, defendió Televisa.
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