Entre la manifestación y la provocación

Los trabajadores del SME que se mantienen en movimiento se equivocan al hacer a los habitantes de la ciudad de México víctimas de sus protestas. Las manifestaciones que anunciaron para el día de hoy desencajarán al de por sí cotidianamente embrollado Distrito Federal. La irritación de quienes quedarán atrapados en los embotellamientos, acicateada por la previsible estridencia de los medios de comunicación, no parece constituir la mejor medida para granjearse la simpatía ciudadana por parte de un movimiento cuya presencia pública no es precisamente favorable.

Pero, por otra parte, es preciso reconocer que a los varios millares de trabajadores que no se han resignado a ser despedidos y que, a costa de perderla, se han rehusado a recibir la atractiva aunque chantajista indemnización que les propone el gobierno federal, les quedan pocas opciones de protesta.

De la noche a la mañana, hace exactamente un mes, la Compañía de Luz fue bruscamente clausurada y con ello, en la práctica, terminaron el empleo y las condiciones para que subsistiera además la organización sindical de esos trabajadores. La respuesta del sindicato y la discusión acerca de ese golpe de mano propinado por el presidente Calderón han sido ampliamente conocidas.

Algo más de la mitad de los trabajadores ha aceptado la liquidación que les ofreció el gobierno. El porcentaje aumentará conforme se acerque el viernes próximo, fecha del ultimátum que estableció el gobierno para quienes busquen la indemnización adicional al monto previsto por la ley.

La noticia no es cuántos han aceptado, sino el hecho de que casi 20 mil trabajadores habrán resuelto rechazar esa oferta económica y abstenerse de acudir a firmar su liquidación. A pesar de la mezcla de intimidación y compensación a la que han estado sometidos, varios miles de electricistas esperan un resultado distinto al que anuncia el gobierno federal. Ni las intimidantes declaraciones del Secretario del Trabajo, ni el apabullante clima de opinión que se desarrolló contra los electricistas sobre todo en los primeros días después de la intervención en la Compañía de Luz e incluso la división con la que carga a cuestas el SME, han bastado para aminorar el ánimo de esos trabajadores.

Las movilizaciones de este miércoles serán una prueba a esa confianza y a la solidaridad que haya podido concitar en SME en tan difíciles condiciones. Se conoce el compromiso de dos grandes sindicatos, el de Telefonistas y el de Trabajadores de la UNAM, para respaldar el que con cierta grandilocuencia los electricistas han denominado paro nacional y que en realidad se circunscribirá a algunas instituciones, más notorias que numerosas.

La decisión del STRM y el STUNAM, entre otros sindicatos que respaldan la suspensión de labores, tampoco es sencilla. Tanto la empresa telefónica que no dejará de recibir ganancias por los servicios que ofrece, como la Universidad Nacional cuyas autoridades podrían haberse ahorrado la estridente declaración con que deploran el paro, anunciaron anticipados reproches a sus trabajadores. A quienes no se presenten a sus labores, les descontarán el día.

Al SME también lo respalda una variopinta constelación de organizaciones de vocación y prácticas contestatarias. De escasa representatividad muchas de ellas, movidas por el voluntarismo más que por convicciones razonadas algunas más, en esa coalición hay lo mismo grupos que pugnan por la restitución de la legalidad en el diferendo electricista que algunos declaradamente adversos al orden jurídico. El SME podrá alegar que no está en condiciones de rechazar adhesiones, pero la facilidad con que sus dirigentes y miembros más activos pueden mimetizarse con las protestas más destempladas constituye uno de los desafíos principales que enfrenta el sindicato en estos días.

Muchos de sus adherentes, marcharán hoy junto con el SME no solamente para protestar contra la clausura abrupta de la Compañía de Luz sino, además, motivados por una variada gama de causas e indignaciones. En medio de un sinnúmero de banderas, la causa del SME puede banalizarse y diluirse.

Sobre todo, indignados como están y además llevados por el frenesí de la movilización, los trabajadores electricistas podrían estar a un paso de la provocación. Ya se han encontrado cerca de ese límite en días recientes, cuando han acudido a varios medios de comunicación no para expresar sus puntos de vista sino para manifestar una deplorable intolerancia. El solo anuncio de que hoy podrían tomar instalaciones de la Compañía de Luz, es un desafío a la legalidad que los electricistas del SME dicen reivindicar.

A ese ánimo irascible de los electricistas y sus aliados, así como a la creencia de que los cauces legales se les han cerrado, contribuirá el rechazo del ministro José Ramón Cosío, anunciado anoche, a la solicitud de la Asamblea Legislativa del DF para que la Suprema Corte considerase inconstitucional la extinción de la Compañía de Luz. Sin embargo no se agotan allí los recursos jurídicos que podrían beneficiar al SME. Los abogados del sindicato mantienen una compleja estrategia legal que podría poner en evidencia las debilidades del decreto que expidió hace un mes el presidente Calderón.

Publicado en eje central

Berlín, ciudad abierta

Estuve en Berlín a fines de septiembre de 1989. La crisis política en Alemania del Este no parecía resistir mucho más y era parte del desmoronamiento del llamado bloque socialista. A pocos días de mi regreso a México ocurrió la apertura del Muro. El 10 de noviembre escribí para El Nacional el artículo del cual extraigo los siguientes párrafos.

Treparon curiosos y exaltados, saludaron con una furia acumulada quizá durante toda su vida y conocieron el otro lado del muro; ya lo sabían colorido y antiautoritario, como lo han dejado, lleno de sarcasmos y dibujos, otros jóvenes, compatriotas suyos: fueron, por centenares, acaso miles, los muchachos y muchachas que la noche del jueves corrieron para brincar la valla de concreto que los había mantenido separados del resto de la ciudad. El Muro de Berlín, para efectos prácticos, dejó de existir este 9 de noviembre.

La decisión del nuevo gobierno de la República Democrática Alemana para, en un forzado pero al fin sensato sentido del realismo, abrir las puertas del muro, termina con toda una era. E inicia otra. Los habitantes de Berlín Oriental que acudieron la noche del jueves y sobre todo, a la mañana siguiente para, a la luz del día, celebrar y manifestar su estupor mostraron, con esa sola actitud, que el muro separaba a Berlín pero no había segregado a los alemanes. Rápido, al comienzo no sin miedo, varios centenares de berlineses se las arreglaron para trepar el muro como quizá nunca pensaron hacerlo: masiva, entusiasmadamente, sin la vigilancia de los vopos –muchos de los cuales, también, habrán querido compartir esa experiencia–; durante 28 años, rumbo al Occidente no han tenido más horizonte que la muralla de 45 kilómetros que divide a su ciudad (además de otros 120 kilómetros que separan a los sectores occidentales de Berlín del resto de la RDA). Muchos de los residentes de Berlín Oriental crecieron con el muro, no conocían más realidad que esa. Hace poco, un funcionario cuya familia había vivido hasta entonces en el lado oriental, nos contaba cómo una niña de diez años, que pudo viajar a Frankfurt, se asombraba ante una ciudad tan abierta y preguntaba “¿y aquí, dónde está el muro?”: pensaba que en todas las ciudades tenía que haber una barrera como la berlinesa, porque así era como ella había crecido.

Millares de jóvenes de Alemania Oriental, así crecieron. Pero a través del muro de concreto y enrejados, poco a poco, pudieron acceder, como visitantes, los alemanes de Occidente y sobre el muro mismo, de manera incontenible, volaron las señales de la radio y la televisión del lado Federal. Esos millares de jóvenes, muchos de los cuales acudieron, aunque fuera por elemental curiosidad, a ver el otro lado del muro que toda la vida han tenido delante suyo, ahora comenzarán a habitar en una ciudad abierta.

Por eso este jueves y este viernes en Berlín, la siempre intensa actividad nocturna del lado Occidental ha sido especialmente novedosa. Los azorados habitantes de Berlín Este han traspuesto la Puerta de Brandemburgo y han caminado por la Avenida del 17 de junio que recuerda el levantamiento civil de sus padres, o sus abuelos, en 1953 (cuando una huelga general constituyó una de las primeras demostraciones de las dificultades que comenzaban a resultar de las tensiones entre economía y sociedad en la RDA). Deben haber pasado ante la seguramente sorprendida guardia soviética, que se ha mantenido a unos metros del muro, pero del lado occidental, como recordatorio del estatuto de ocupación según el cual Berlín se encuentra bajo la supervisión de la URSS, Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. Luego se internaron en el mullido Tiergarten, el laberíntico parque del que, acaso, solo avistaban, a distancia, las copas de los árboles.

Los jóvenes de Berlín Oriental que este fin de semana están reconociendo la otra mitad de su ciudad habrán pasado, así, frente a los enormes pórticos de inspiración chinesca que resguardan el Parque Zoológico y se habrán encontrado con la Iglesia Conmemorativa, la antigua Iglesia del Káiser Guillermo la cual, con su mitad destruida, recuerda las consecuencias de una Guerra Mundial que nadie, nunca, debiera olvidar. Habrán llegado entonces al principio de la vistosa Kurfürstendamm, la avenida de los escaparates millonarios y los cafés callejeros, repleta de luces y tentaciones, abundante en desórdenes y perversiones. Quizá entonces, algunos de sus compatriotas del lado Oeste les hayan convidado una cerveza a presión en alguno de los bares que por docenas o centenares, nadie ha podido llevar la cuenta, proliferan en el centro de Berlín Occidental.

Si la otra parte de su ciudad les ha resultado tan atractiva, ha sido por tan largamente prohibida. El gobierno, ahora renovado, de la RDA, cultivó una extensa, añeja inquietud entre sus conciudadanos que ante la prohibición, querían conocer las calles luminosas, las ofertas mercantiles, las posibilidades de disipación, en todos los sentidos, que prosperaban del inquieto y también contradictorio lado occidental. Por eso este jueves, apenas se conoció el lacónico e histórico anuncio de Günter Schabowski a nombre del buró político del Partido Comunista, revelando que las puertas del muro serían abiertas, una multitud de berlineses –significativa, mayoritariamente jóvenes– se precipitó sobre la valla de concreto.

En realidad los berlineses del Este han tenido hermosos panoramas urbanos para recrear su vocación estética. En el reparto de la ciudad, los soviéticos se quedaron con la zona histórica, que no sólo resulta de mayor majestuosidad, sino también de mayor significado. Apenas tras la puerta de Brandemburgo, por la Unter den Linden, se encuentran la Antigua Biblioteca de Prusia, la Universidad de Humboldt, los viejos edificios de la Ópera, el Museo del Arsenal y el de Pérgamo, hasta que se llega a la Plaza Marx y Engels, flanqueada por la majestuosa Catedral berlinesa y el adusto edificio del Consejo de Estado.

Tiene lo suyo, y mucho, el centro de Berlín Oriental, por donde con algo de voluntarismo es posible imaginar los tiempos en que, por esas calles, Georg W. Hegel discurría sus construcciones filosóficas o Karl Marx encontraba motivos para profetizar etapas que nunca llegaron; casi se escuchan los cascos de los caballos conduciendo carrozas militares y repiqueteando sobre el adoquín, en años de rigidez y ambición germana como los de Otto von Bismarck, el Canciller de Hierro… Pero la imagen de una ciudad más lenta que reposada, más hueca que respetada, acaba con las fantasías. Llena, rebosante de historia, la parte oriental de Berlín es, sin embargo, una ciudad vacía. Sus calles están colmadas de monumentalidad pero casi no hay gente en ellas. El Berlín histórico es para los funcionarios y para los turistas, pero los alemanes del Este prefirieron hacerse de un nuevo entorno en las enormes unidades habitacionales que hay en la periferia. Y ese es el contraste que ha llevado a muchos de ellos a incursionar, quizá por unas cuantas horas, en la otra mitad, que les había sido vedada, de su propia ciudad: la mitad occidental definida por la sociedad de consumo, por los letreros de neón, por las ofertas de relajo y abundancia.

Están viviendo un sueño, este fin de semana, los berlineses orientales que han cruzado el muro. Luego, en la nueva vigilia, habrán de tener tiempo para meditar sobre su nueva condición y sobre los nuevos retos de las dos Alemanias. La apertura del muro, que parecía inevitable, no se avizoraba tan pronto. La remoción de Eric Honecker fue precedida de un malestar inocultable en la RDA y la decisión de permitir el tránsito al área occidental estuvo precedida por movilizaciones hasta ahora, en varias décadas, desconocidas en esa Alemania. Dos funcionarios del Partido Comunista se suicidaron, antes de que se hiciera público el anuncio de este jueves. Muchos cambios más habrán de presenciarse, porque la apertura del muro, después de todo, no es más que una decisión simbólica, con todo y lo simbólico y ominoso que fue siempre ese valladar que cruza por todo Berlín.

Publicado en eje central

 

Rajones

Varios senadores de Acción Nacional se inconformaron con el epíteto que anticipadamente les endosó Pablo Gómez Álvarez a quienes virarían en beneficio de Televisa.

Esa fue la calificación que merecieron algunos de los 66 senadores, de casi todos los partidos, que aprobaron el artículo primero transitorio de la Ley Federal de Derechos. Como se ha explicado, esa disposición exenta del pago de derechos por dos años a las empresas que resulten beneficiadas con la concesión para utilizar dos nuevas bandas para telefonía celular.

Cuantificada en 5726 millones de pesos, la exención beneficiará al consorcio Televisa cuyos directivos han reconocido estar interesados en explotar esos valiosos segmentos del espacio radioeléctrico para incursionar en el negocio de la telefonía celular. No en balde, durante los días recientes empleados de Televisa desplegaron una activa labor de presiones y cabildeo para modificar el voto de algunos de los senadores que habían rechazado tal exención.

Cualquiera que fuese el destinatario de esa dispensa fiscal, se trata de una decisión harto cuestionable y que no tiene sustento económico, ni técnico. El único o el principal motivo que llevó a la mayoría de los legisladores del PAN y a prácticamente todos los del PRI a respaldar esa exención, primero en la Cámara de Diputados y ahora en el Senado, es la gana para congraciarse con Televisa.

El Senado había manifestado una actitud distinta cinco días antes, la mañana del sábado 31 de octubre, cuando 58 de sus integrantes rechazaron la exención en ese pago de derechos, en tanto que 49 la respaldaron. En la votación de este jueves 5 de noviembre, al menos 15 senadores cambiaron de parecer y se sumaron los votos, además, de varios que no estaban presentes en la primera ocasión.

A esos legisladores que cambiaron su voto sin explicar tal mudanza el senador Pablo Gómez, con toda propiedad, les llamó “rajones”: “Como en este país los poderes oligárquicos sustituyen con una reciente rapidez a los poderes representativos del Estado, pues cualquier poder oligárquico convierte a la bancada más picuda, a la del gobierno, en un montón de rajones que no aguantan la requisitoria de un monopolio, estrictamente hablando, un duopolio. Así está todo México, ya veremos cuándo estalla”, dijo ese senador por el PRD.

Gómez se negó a retirar ese calificativo cuando el senador panista Ángel Alonso Díaz Caneja le pidió que se desdijera. Más tarde, el también panista Jorge Ocejo Moreno se inconformó explicando: “La expresión rajones en el lenguaje y en la realidad de nuestro país es una palabra que se dice en forma injuriosa al individuo que no cumple un pacto y entonces se le injuria  diciéndole: ‘oye no cumpliste’, sino se le dice: ‘rajón’. Y eso  es una injuria”. Tampoco así convenció al senador Gómez.

Tanto Alonso como Ocejo, votaron el sábado por cancelar la exención fiscal a Televisa. El primero de  ellos modificó su voto. El otro, lo mantuvo.

Ayer jueves hubo rajones en varios partidos, incluso en el que forma filas el senador Pablo Gómez.

Doce senadores del PAN que el sábado votaron contra la exención fiscal, ayer viraron su decisión para apoyarla. Se trata de los senadores Ángel Alonso Díaz Caneja, Humberto Andrade Quezada, Javier Castelo Parada, Blanca Díaz Delgado, Fernando Elizondo Barragán, José González Morfín, Emma Lucía Larios Gaxiola, Gustavo Madero Muñoz, Ramón Muñoz Gutiérrez, Adrián Pérez Rivera, Gabriela Ruiz del Rincón y Ricardo Torres Origel.

Pero no fueron los únicos. También cambiaron  su voto, de esa manera, Dante Delgado y Eugenio Govea, del Partido Convergencia. Otros cuatro senadores de ese partido, que se ausentaron de la votación del sábado, se definieron ayer a favor de la exención a Televisa. Se trata de Francisco Berganza, Gabino Cué, José Luis Lobato y Luis Maldonado Venegas.

Y en las filas del PRD, hubo una deserción. René Arce, que el sábado votó contra le exención, ayer se abstuvo. Cinco días antes, 18 senadores perredistas formaron parte del bloque contra la exención. Ayer fueron solamente 13. Hubo, de una manera u otra, quienes se abstuvieron de abstenerse.

Por otra parte dos senadores del PAN que inicialmente respaldaron la exención fiscal, ayer votaron contra ella. Se trata de Jaime Rafael Díaz Ochoa y Eduardo Nava Bolaños.

En total, 66 senadores avalaron la dispensa fiscal, 38 se opusieron a ella y 3 se abstuvieron.

Quienes respaldaron la exención, no adujeron una sola razón para ello. Sí presentaron argumentos, en cambio, el ya mencionado Gómez Álvarez y el senador panista Ricardo García Cervantes, opuestos ambos al obsequio de 5726 millones de pesos.

No hay justificación alguna para que Televisa –y/o las empresas que ganen la licitación para las nuevas bandas de radiocomunicación– dejen de pagar los derechos que establece la ley cuando, al mismo tiempo, decenas de millones de mexicanos tendremos que pagar más impuestos. Rajón, se le dice “a una persona que incumple lo prometido”, precisa el indispensable Diccionario de la RAE. Así que se puede hablar de rajones, no por haber modificado una posición lo cual es de lo más legítimo en cualquier parlamento, sino por hacerlo sin explicar sus motivos y a favor de una posición inicua, que se contradice con el interés popular que esos legisladores presumen representar.

Publicado en eje central

Villanía de Rosario Ibarra

En medio de la pobreza que con motivo de la discusión en torno a los ingresos del Estado ha venido mostrando gran parte de la llamada clase política mexicana, la presencia de excelentes aspirantes para presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendría que ser reconocida como una buena noticia.

Emilio Álvarez Icaza, con un desempeño exitoso como ombudsman en el DF, Luis Raúl González Pérez que desarrolló una esmerada investigación acerca del asesinato de Luis Donaldo Colosio y que ahora es Abogado General de la UNAM y Luis de la Barreda Solórzano, de sabiduría y respetabilidad a toda prueba, destacan en una nómina de candidatos en donde hay trayectorias y experiencias plausibles.

Lamentablemente el proceso para seleccionar al nuevo ombudsman nacional no ha sido tan escrupuloso como la sociedad tendría derecho a exigir. En las audiencias a las que convocó el Senado a los aspirantes admitidos para ese cargo, se han manifestado descalificaciones personales que resultan inaceptables.

Así ocurrió el lunes 19 de octubre, cuando las Comisiones Unidas de Derechos Humanos, Justicia y Primera de Estudios Legislativos del Senado entrevistaron a 9 de los aspirantes a encabezar la CNDH. Cuando llegó el turno del doctor Luis de la Barreda, la senadora Rosario Ibarra de Piedra presentó una intervención repleta de invectivas y provocaciones.

El doctor De la Barreda, que  actualmente dirige el Instituto de Estudios Ciudadanos sobre la Inseguridad, fue presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF de 1993 a 2001. En esa responsabilidad se enfrentó a numerosas y en ocasiones escandalosas ilegalidades de funcionarios públicos en la ciudad de México. Esa actitud de compromiso con la justicia, aunque tuviera que incurrir en denuncias que algunos consideraban políticamente incorrectas, muy posiblemente influyó en las acusaciones contra su padre, el capitán Luis de la Barreda Moreno, que en los años setenta fue titular de la Dirección Federal de Seguridad.

Hace pocos años, la llamada “Fiscalía Especial para Movimientos Políticos y Sociales del Pasado” acusó al capitán De la Barreda por delitos que nunca se comprobaron. Su hijo, el doctor De la Barreda Solórzano, participó de manera activa en su defensa. Para quienes quisieron entender, quedó claro que el capitán De la Barreda había sido convertido en chivo expiatorio ante la ineptitud de esa Fiscalía para hacer una indagación en forma sobre delitos como los que se cometieron contra los estudiantes de 1968 y, más tarde, en la llamada guerra sucia entre el gobierno mexicano y la guerrilla urbana en los años 70. El capitán De la Barreda falleció en junio del año pasado, después de haber sido exonerado de todas aquellas acusaciones.

El compromiso del doctor De la Barreda Solórzano en la defensa de su padre, pero además en la reivindicación de la verdad, le fue recriminado por la senadora Ibarra de Piedra. Como es sabido, la señora Ibarra ha exigido que se esclarezca la desaparición en 1975 de su hijo Jesús Piedra, que era miembro de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

El 19 de octubre, la audiencia para escuchar a los aspirantes a la CNDH había transcurrido casi con regularidad. Seis candidatos habían presentado sus propuestas. En su turno, el doctor De la Barreda explicó qué haría como presidente de la Comisión Nacional y antepuso su experiencia en la responsabilidad homólóga en el DF como evidencia de sus capacidades. Escuchó, y respondió, preguntas de varios senadores: el priista Pedro Joaquín Coldwell, la panista Adriana González Carrillo, Dante Delgado y Francisco Xavier Berganza de Convergencia, Tomás Torres Mercado del PRD. Todas esas intervenciones fueron respetuosas como tendría que ocurrir con cualquier aspirante invitado por el Senado a presentar sus puntos de vista y como suele imponer, además, la bonhomía de Luis de la Barreda Solórzano.

Pero la senadora Ibarra de Piedra rompió esa cortesía e impuso sus prejuicios sobre cualquier argumento. En una intervención tramposa, pretendió marcar al aspirante a la CNDH con la presunta culpabilidad de su padre. Como hemos señalado, el capitán De la Barreda fue declarado inocente después de un tortuoso proceso judicial. Pero aunque no hubiera sido así, mencionar las acusaciones que se le hicieron para empañar la comparecencia de su hijo fue una villanía de la senadora Ibarra.

En la información que ofrece el Senado en Internet no hay transcripción de las audiencias para la CNDH pero se encuentran las intervenciones en video. De allí hemos transcrito la alocución de Ibarra de Piedra:

“Usted defendió a su padre –que bien que lo hizo, porque era su padre– como el doctor Nassar Daw defendió a su padre Miguel Nassar Haro [en referencia al ex subdirector de la DFS]. Y como 557 mujeres defendemos a nuestros hijos del saldo doloroso de las desapariciones. Usted habla aquí de que no habrá negligencia, ni nada de eso. Yo le quisiera preguntar qué opina usted, como entiende tan bien el problema de las desapariciones forzadas en este país, ¿qué haría usted en caso de que le llevaran a que supiera, se enterara, de una desaparición forzada, que haría?. Pregunto a nombre de todas mis compañeras qué haría usted para que eso se resolviera y para evitar que se resolvieran las cosas del pasado, que no se fueran a disfrazar las desapariciones de levantones y de culpar al crimen organizado. El Ejército, la policía y la antigua tristemente célebre Dirección Federal de Seguridad que en algún momento su señor padre fue el que era el jefe de la Dirección Federal de Seguridad lo mismo que el señor Nassar Haro”.

Anticipando el reproche que se le podría formular por una intervención tan pícaramente descalificatoria, la senadora Ibarra dijo, incurriendo de paso en una indiscreción al decir que no votaría por el doctor De la Barreda:

“No le estoy culpando a usted de lo que pasó en aquel tiempo. Su padre era una persona y usted es otra. Pero sí me interesa saber en caso de que usted resultara electo por alguna razón de mayoría, qué haría usted para evitar que hubiera desapariciones forzadas y qué haría usted para tratar de hacer justicia sin reparación del daño. Nosotras, las madres de los desaparecidos,  no aceptaremos nunca jamás reparación del daño porque es dar permiso para matar y es dar permiso para torturar”.

El doctor De la Barreda respondió con energía y de manera clara:

“Le agradezco la pregunta, señora senadora. Primero, quiero decir que estoy muy orgulloso de haber servido a mi padre. Lo volvería a hacer. Él fue blanco de diez acusaciones, todas las cuales fueron echadas abajo por resoluciones judiciales. Desde luego, estoy absolutamente convencido de que los autores de crímenes de Estado durante la década de los 70 debieron ser castigados, al igual que estoy convencido de que los autores de secuestros y ametrallamientos de policías o soldados también debieron ser castigados.

“En el caso de cualquier desaparición que ocurriera siendo yo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, haría exactamente lo que hice cuando desapareció el hijo del importantísimo investigador del Colegio de la Frontera Norte, Jorge Bustamante.

“Jorge Bustamante estuvo desaparecido. Y nosotros descubrimos, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal descubrió, que había sido levantado –para usar esta jerga tan en boga hoy– por un automóvil militar. Era competencia de la Comisión Nacional porque el Ejército es una autoridad federal. Pero fue la Comisión  del DF la que descubrió esto, lo dijo públicamente y eso permitió que Jorge Bustamante hijo y un amigo suyo, que había desparecido con él, aparecieran sanos y salvos y entonces el asunto se turnó a la Comisión Nacional. Pero haría exactamente lo que hice con el caso de Jorge Bustamante hijo. Es decir, lucharía por encontrar al desaparecido y pediría que se iniciara el procedimiento contra los presuntos responsables”.

La senadora Ibarra no quedó conforme. Quizá entendió que su intervención le había permitido a De la Barreda mostrar su moderación y además, le llevó a mencionar un caso exitoso cuando encabezó la CDHDF. Entonces, la senadora optó por la insidia:

“Voy a decir solamente gran cosa. Solamente que tuve en mi poder, está por ahí archivado en algún lado, el parte que rindió su señor padre a  Moya Palencia cuando era  Secretario de Gobernación y tengo también entendido que la Dirección Federal de Seguridad era un organismo totalmente ilegal y se cometieron muchos crímenes y torturas en su local de Morelia número 8. Esperaría yo que se corrigiera todo eso, que aun lo seguimos padeciendo”.

Inmediatamente después, el senador Pablo Gómez le arrebató la palabra al senador que conducía la sesión para gritar “¡…se cometieron acciones ilegales contra los derechos humanos, contra la vida y la libertad. De miles de personas, por eso fue disuelta la Dirección Federal de Seguridad!”.

Los crímenes cometidos por el Estado, inadmisibles siempre, fueron y siguen siendo condenables. Pero no es con acusaciones infundadas, ni con improperios, como se podrían esclarecer y castigar.

Las reglas de la comparecencia le impidieron replicar al doctor De la Barreda. La versión del informe que rindió su padre acerca de la detención de Jesús Piedra Ibarra en 1975 ha sido aclarada en distintas ocasiones. En las páginas 49 y 50 del libro El pequeño inquisidor. Crónica de una infamia (Océano, México, 2008) el mismo Luis de la Barreda demuestra que ese documento no prueba responsabilidad alguna de su padre en la desaparición del hijo de la señora Ibarra. Ella cree lo contrario. Pero es discutible que utilice la investidura senatorial para manifestar sus prejuicios que, por añadidura, en esta ocasión han sido calumniosos.

Publicado en eje central

Impuesto Televisa: la prebenda está en el aire

Con un día de diferencia, Televisa tropezó y se repuso en el Congreso. La exención por 5726 millones de pesos establecida en la Ley Federal de Derechos para las empresas que reciban la concesión de dos nuevas bandas de telefonía celular, fue rechazada en las primeras horas del sábado por 58 votos a 50 en el Senado. La Cámara de Diputados, en la madrugada del domingo, enmendó esa decisión por 252 a 143 votos.

La moneda o, mejor dicho, la prebenda, está en el aire. El Senado tendrá que revisar nuevamente esa dispensa por la cual pugna Televisa. Aunque las bases para licitar las bandas de 1710 y 2110 Megahertz aún no son publicadas, es ampliamente sabido que estarían dedicadas a esa empresa. Los propios ejecutivos de ese consorcio reconocieron que están muy interesados en tales frecuencias que les permitirían incursionar en la telefonía inalámbrica de banda ancha.

Los lectores de esta columna conocieron la semana pasada la conformación y utilidad de las frecuencias por cuya explotación la Ley Federal de Derechos establece, en su artículo 244 – E, un pago de 5 mil 726 millones de pesos. El interés por asegurar la exención de ese pago, señalada en el multicitado artículo transitorio, desató en los días recientes una de las campañas de presiones más intensas que haya desplegado Televisa sobre la clase política mexicana.

A juzgar por los resultados, hasta ahora, el PRI se doblegó y se hizo partícipe de los intereses del consorcio mediático. El PAN, se dividió ante ellos y en la Cámara de Diputados la mayoría de los legisladores de ese partido votó contra la exención fiscal. El PRD ha mantenido un homogéneo rechazo a tales privilegios.

A los amagos que Televisa ejerce respecto de los legisladores, se les podría llamar cabildeo pero también chantaje. Esa empresa tiene derecho a pugnar por sus intereses, así sean tan contrarios al interés de la sociedad como cuando pretende que se le exima del pago de varios miles de millones de pesos mientras la mayoría de los contribuyentes en este país tendrá que destinar más recursos al pago de sus impuestos.

Sin embargo cuando, en busca del voto de senadores y diputados, Televisa ofrece tratamientos mediáticos preferenciales a quienes colaboren con ella, está lucrando doblemente con el espectro radioeléctrico que tiene concesionado para difundir señales de televisión pero que además aprovecha para gestionar favores políticos.

La columna de información política de eje central, en un recuento del tira y afloja en el Senado, reseñó el sábado: “Varios senadores, como Santiago Creel, recibieron amenazas políticas si rechazaba el transitorio del 244. Pero la presión más fuerte se dio una hora antes de que pasara a votación. Por una decisión del pleno de los senadores panistas, se había decidido que votarían en bloque en contra de ese transitorio, pero durante la intensidad del cabildeo, cuando menos un senador habló directamente con el vicepresidente de Televisa, Bernardo Gómez, quien le pidió que aprobara el dictamen. Al final de la votación se rechazó el transitorio, pero 12 panistas, incluido Ulises Ramírez, que fue coordinador de asesores del ex secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, se replegaron ante Televisa”.

Una presión similar experimentaron los diputados. La cancelación del contenido principal del artículo Primero Transitorio de la Ley Federal de Derechos formó parte de las enmiendas que, enviadas por el Senado la mañana del sábado 31 de octubre, la Cámara de Diputados tenía que desahogar ese mismo día. Aparentemente la primera decisión de los grupos parlamentarios fue avalar ese cambio. En el dictamen que elaboró y fue publicado el sábado 31 de octubre en la Gaceta Parlamentaria, la Comisión de Hacienda de esa Cámara estaba de acuerdo con la enmienda que hizo el Senado para eliminar la exención establecida en el transitorio. Unas horas después, sus integrantes cambiaron de opinión.

Durante la discusión en el pleno, la madrugada del domingo, se confrontaron la defensa del interés de la sociedad y la defensa de los privilegios para Televisa. Con abundantes argumentos, los opositores a la exención dijeron que no es admisible que a una empresa, cualquiera que sea, se le dispense el pago de derechos y menos aún por varios miles de millones de pesos. Con menos recursos argumentales, pero a la postre con más votos, los promotores de la exención repitieron que sería un recurso para “estimular” la inversión privada en telecomunicaciones.

El cuestionamiento a ese privilegio fiscal fue encabezado por el diputado Javier Corral Jurado, de Acción Nacional. Lo respaldaron José Narro del PRD, Jaime Cárdenas, del PT y Guillermo José Zavaleta, del PAN. La defensa del artículo transitorio, que establece la exención, la hicieron Alberto Cano Vélez y Roberto Gil Zuarth. El primero, es el priista sonorense que propuso el Artículo 244 – E junto con la discutida dispensa fiscal y cuya cercanía con Manlio Fabio Beltrones, el líder de ese partido en el Senado, no ha sido un secreto. Roberto Gil ha defendido notoriamente los puntos de vista empresariales en el grupo parlamentario del PAN.

La votación, realizada pocos minutos antes de las 4 de la mañana, refrendó por mayoría el respaldo que la propia Cámara de Diputados había otorgado días antes a la exención que podrá beneficiar a Televisa. El PRI votó casi en bloque a favor de esa postura: 180 diputados estuvieron contra la reforma del Senado, 4 en contra y 11 se abstuvieron.

Tampoco fue una sorpresa la votación unánime del PRD, el PT y Convergencia a favor de la reforma aprobada por los senadores –es decir, contra la millonaria exención–. Ni el respaldo igualmente homogéneo del Partido Verde y de Nueva Alianza a los intereses del consorcio mediático.

Pero la votación de los diputados del PAN indica el disgusto de muchos legisladores en ese partido en contra de las adhesiones forzosas y las decisiones incómodas que sus dirigentes les han apremiado para que compartan. 68 legisladores panistas votaron por la reforma senatorial (es decir, contra la franquicia fiscal), 14 se abstuvieron y 47, entre ellos la coordinadora Josefina Vázquez y el dirigente nacional César Nava­, respaldaron el artículo transitorio que con tanto ahínco, y esa madrugada con éxito, defendió Televisa.

Publicado en eje central

Revistas en riesgo

Ha sido sorprendente, e incluso inexplicable, el silencio de las revistas ante la posibilidad de que sea cancelada la publicidad del gobierno federal para esos medios de comunicación. Pareciera que no lo quieren creer y que sus editores reaccionan negando un hecho tan avasallador que prefieren ignorar. O quizá muchos de ellos confían negociar, cada uno por su parte, condiciones de excepción que les permitan sortear el brete en el que las coloca la decisión de la oficina de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

También podría ocurrir que esa decisión no sea del todo firme y que la versión publicada por la revista etcétera en su edición de octubre, no fuese más que un buscapiés de Los Pinos para evaluar la reacción de editores y lectores. Esa versión dio cuenta de las instrucciones recibidas por varios jefes de prensa, en al menos ocho secretarías de Estado, para cancelar la contratación de publicidad en revistas.

La suspensión de la presencia pagada del gobierno en las revistas se debe, aparentemente, a los apremios financieros de la administración pública. Sin embargo la Presidencia, desde donde se organiza el gasto publicitario de las dependencias gubernamentales, estaría emprendiendo ahorros en el extremo más débil, y financieramente menos significativo, del ciertamente cuantioso desembolso que hace en medios de comunicación de toda índole.

De acuerdo con datos de la misma etcétera, para 2009 el gobierno federal presupuestó una erogación publicitaria de 3 mil 704 millones de pesos. Solamente 89 de esos millones de pesos estaban previstos para ser gastados en revistas. Pero la mitad de esos más de 3700 millones de pesos, fue destinada a la televisión y la radio privadas, especialmente a Televisa y Televisión Azteca.

La contratación de publicidad ha sido un instrumento de doble filo en la perversa relación entre el gobierno y los medios en este país. Con las inserciones que paga en ellos, el poder político busca la complacencia de medios tanto impresos como electrónicos.

Centenares de diarios y revistas, en todo el país, dependen mucho más de la publicidad de origen estatal que de inserciones comerciales o de la venta de ejemplares. En muchos casos se trata de una prensa sin lectores, a la que no le interesa llegar al público porque su única motivación radica en facturar publicidad que será pagada con recursos fiscales.

El gobierno federal pero también los gobiernos de los estados, los municipios más importantes, los poderes Legislativo y Judicial, así como organismos como las comisiones de derechos humanos y las principales universidades públicas, gastan recursos anunciándose en medios de todo tipo. Los funcionarios a cargo de esas dependencias e instituciones, suelen dilapidar recursos públicos para comunicarle a la sociedad que están cumpliendo el trabajo para el cual fueron designados.

Pero la publicidad oficial también sirve para sostener publicaciones que de otra manera no existirían, o que lo harían en condiciones mucho más precarias. Prácticamente no hay revista de contenido político y/o cultural que pudiera subsistir si no fuese por la publicidad oficial.

Hace un par de semanas, el 63% de las inserciones publicitarias que aparecieron en Proceso era de origen estatal. En esa estimación incluimos anuncios de gobiernos federal, estatales y de diversos organismos e instituciones públicas.

En sus ediciones de octubre, la revista Nexos tenía un 70% de publicidad estatal y Letras Libres, el 49%.

Si el gobierno quiere ahorrar, podría comenzar por cancelar la publicidad en televisión y radio, medios en los cuales dispone de varios minutos al día para difundir sus mensajes. Y si quisiera modificar en serio el tráfico de intereses y la relación malévola con los medios propiciados por el gasto publicitario, podría cancelar toda compra de espacios de promoción oficial en todos los medios de comunicación.

Para que esa decisión no implicara la desaparición de medios social, periodística y culturalmente necesarios como las revistas mencionadas y otras más, podría haber una política de ayudas a la prensa similar a la que existe en varios países europeos. Una comisión independiente podría asignar recursos públicos no para comprar publicidad sino para que, apoyando al periodismo de calidad, el Estado cumpliera su responsabilidad de auspiciar la difusión de contenidos útiles a la información y la educación de la sociedad.

Publicado en emeequis

Inevitables medios

Indispensables, ineludibles, irreemplazables, los medios de comunicación se han convertido en instrumentos pero también protagonistas necesarios en las democracias contemporáneas. Hoy en día la construcción de consensos no se puede emprender, ni mantener, sin la propagación de mensajes a través de los medios de comunicación de masas. Y a la vez que espacios en donde circulan informaciones y opiniones, los medios son hoy por hoy factores de poder que incorporan sus propios intereses a la agenda e incluso a la definición de los asuntos públicos.

Los medios irradian, socializan y difunden los asuntos públicos. Pero también los acotan, tamizan y en no pocas ocasiones los simplifican o distorsionan. Constituyen recursos formidables para solidificar la democracia y extender las convicciones cívicas. Pero también llegan a erigirse como uno de los impedimentos más importantes que experimenta el desarrollo de las democracias. Los medios de comunicación son, de esa manera, imprescindibles tanto para alcanzar y sostener como para debilitar e incluso amenazar la gobernabilidad.

En la construcción de la gobernabilidad es posible identificar, de inicio, tres acciones o procesos en los que resulta inevitable el concurso de los medios de comunicación. Cualquier comunidad de ciudadanos, en el ámbito de una ciudad o un país, requiere de medios como la televisión, la radio y/o la prensa tanto para enterarse del desempeño de sus instituciones de gobierno como para evaluarlo. Desde luego, el recurso esencial que tienen los ciudadanos para juzgar a sus gobernantes se encuentra en el sufragio. Pero antes y después de él e incluso para definir por quién habrá de votar en las elecciones, los ciudadanos se apoyan en los hechos y dichos que propagan los medios de comunicación acerca de las acciones y omisiones de la clase política y de quienes aspiran a formar parte de ella.

Los medios también son indispensables para propiciar la aceptación de los ciudadanos a las decisiones de sus gobernantes o, en términos más actuales, para crear los consensos sin los cuales la democracia y la gobernabilidad resultan imposibles. Los medios de comunicación no se bastan a sí solos para definir las preferencias y las opiniones de los ciudadanos acerca de los asuntos públicos. Tanto en la creación de la agenda de esos asuntos, como en la definición del imaginario social que se establece alrededor de ella, los medios tienen fuerte influencia. Pero ese ascendiente se conjuga con el que pueden ejercer otras fuentes de información, persuasión y socialización –los entornos familiar, escolar y laboral, la discusión y el intercambio en reuniones de la más diversa índole, la experiencia de los ciudadanos y desde luego su aptitud de raciocinio, etcétera–. En otras oportunidades hemos demostrado, por ejemplo, que no hay correlación directa entre la cantidad de espacios que la televisión y la radio asignan a los candidatos en las campañas electorales por la Presidencia y los resultados de las votaciones en las urnas.

Los medios, de tal forma, son necesarios pero no omnipotentes. La suposición de que la televisión y la radio –o, con otras modalidades, la prensa- determinan mecánicamente el comportamiento de sus audiencias como si inyectaran convicciones y persuasiones a la manera de una aguja hipodérmica, quedó superada hace largo rato en la investigación sobre comunicación de masas. Aquellas apreciaciones, de las cuales se propalaron versiones un tanto exageradas, suponían que los individuos, en la sociedad de masas, pueden ser tan idénticos entre sí que reaccionarán de la misma manera ante los mensajes de los medios de amplia difusión. Pero como cada persona tiene contextos, escolaridad, creencias, personalidad, juicios y prejuicios distintos, entre otros muchos rasgos y condiciones, los mensajes mediáticos son recibidos de muy variadas formas. Ello no significa que los medios no tienen efecto entre las personas. Simplemente, el reconocimiento de esos entornos y situaciones diversas permite admitir que los medios no lo definen todo y que sus efectos se encuentran tamizados –mediados, en sentido estricto– por variadas eventualidades.

Sin embargo, con frecuencia los gobernantes y quienes aspiran a serlo les atribuyen a los medios de comunicación una capacidad movilizadora y de manipulación prácticamente inexorables. La proclividad de no pocos operadores mediáticos –locutores, periodistas, presentadores, empresarios de ese ramo, etcétera– para mostrarse a sí mismos como indefectibles constructores de las convicciones e incluso los caprichos que predominan en las sociedades contemporáneas, contribuye a extender esa imagen de predominio comunicacional. Al ostentarse como detentadores e incluso suplantadores de la opinión pública –como si en las sociedades de hoy en día no hubiera muchas opiniones acerca de cualquier acontecimiento o tema de interés públicos– los medios y quienes los manejan acentúan las creencias en torno a su capacidad para moldear los juicios de los ciudadanos y, así, la resignación que los políticos llegan a tener delante de los medios mismos.

 

El texto anterior forma parte de un ensayo sobre medios de comunicación y gobernabilidad en México incluido en un libro, coordinado por el profesor Manuel Alcántara, sobre la situación mexicana reciente. El volumen, fue presentado esta semana dentro del Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales en Salamanca, España.

 

Necesaria Internet

Anoche, varios miles de usuarios mexicanos de Internet comenzaban a festejar el posible rechazo del Senado al impuesto del 3% a las telecomunicaciones. Se trataba apenas de las posiciones manifestadas por PRD y PRI en las comisiones que revisan los documentos de política fiscal que les envió la Cámara de Diputados. Pero esas declaraciones iniciales, la necesidad que tienen los senadores para modificar aunque sea parcialmente los impopulares nuevos impuestos y la simpatía que despertó el movimiento de usuarios de Internet, permitían sostener tal conjetura.

El impuesto a las telecomunicaciones no movilizó a los usuarios de telefonía fija o celular, ni a los suscriptores de televisión por cable a quienes, de ser aprobado, ese impuesto afectará con el mismo porcentaje. Fue en la Red de redes –específicamente en Twitter, ese sitio habilitado para el intercambio de mensajes cortos y contundentes que se ha puesto de moda desde hace un par de años– en donde rápidamente prendió el descontento contra ese gravamen. Quizá por ello el impuesto sea cancelado para Internet, aunque podría mantenerse en otros servicios de telecomunicaciones.

Los seguidores del movimiento #internetnecesario se expresaron con eficacia, claridad y contundencia, aunque varias de sus premisas resultaran equívocas. El impuesto, previsto en la iniciativa del gobierno para ser del 4%, no hubiera detenido significativamente el desarrollo de Internet, ni habría desalentado a quienes hoy en día pagan por conectarse a la Red.

Pero no fue en las matemáticas, sino el corazón, en donde estuvo el motor de ese movimiento ciudadano.

En el ánimo de esos internautas enojados influyeron tres factores. En primer lugar, la sensación de que además de muchas otras e injustas cargas fiscales, el poder político se entremetía para encarecer un territorio libre, abierto y en muchos sentidos noble como es el de la Red de redes.

En segundo término, la defensa de Internet fue el catalizador para el descontento que, por otros y muy variados motivos, tienen muchos de esos internautas en contra del poder y las instituciones políticas. Los improperios a los legisladores con los que fueron aderezados muchos de sus mensajes dan cuenta de ese ánimo contestatario, de clara desafección respecto de la política.

En tercer lugar, la molestia contra el impuesto fue alimentada por las empresas de telecomunicaciones que, más por motivos ideológicos que financieros, alegaron que dicha industria quedaría paralizada, o casi, debido a la nueva carga fiscal.

En todo caso la convicción que desplegaron en defensa de un instrumento que consideran suyo y del cual, en efecto, se han apropiado con provecho cívico; la eficaz promoción de sus inquietudes que llegó en decenas de miles de mensajes y luego presencialmente hasta las oficinas de los legisladores; la originalidad y el carácter desinteresado de su protesta, les permitió a impulsores y seguidores de ese movimiento obtener un triunfo al menos inicial.

Sea cual sea el desenlace de este episodio, lo más importante ha sido la reivindicación de Internet como un bien público. Para que lograr y afianzar esa cualidad, sería pertinente que #internetnecesario se preocupara por algo más que los impuestos.

El problema esencial que mantiene estancado al servicio de Internet en México, es la ausencia de una política pública para respaldar, extender y garantizar lo mismo conexiones de calidad, que la dotación de equipos y la capacitación suficientes. En este país, el Estado ha dejado el desarrollo de Internet al garete del interés empresarial.

En México, como hemos insistido hace ya buen rato, las tarifas de conexión a Internet son de las más altas y la velocidad de los enlaces de las más lentas, tanto entre los países de la OCDE como en América Latina. Padecemos precios caros y enlaces malos, debido a la falta de competencia para proveernos de ese servicio pero, antes que nada, a causa de la intencional omisión del Estado para ocuparse de tales asuntos.

La semana pasada, el gobierno de Brasil anunció que invertirá 5740 millones de dólares para, en asociación con varias empresas, llevar Internet de banda ancha a todo ese país. En plena crisis global, los brasileños se dan espacio y recursos para ofrecer Internet rápida y para todos.

En México, lejos de fomentar telecomunicaciones para la sociedad se favorece el negocio de las grandes corporaciones. Entre las disposiciones a consideración del Senado se encuentra la exención por 5726 millones de pesos a la o las empresas que serán beneficiadas con la licitación de nuevos segmentos del espectro radioeléctrico en los cuales se transmitirán señales de telefonía celular e Internet.

Esos son asuntos que podrían interesar a quienes han desplegado un creativo entusiasmo al destacar a Internet como un recurso necesario.

Publicado en eje central

Centralidad de la Universidad

La satisfacción por el Premio Príncipe de Asturias va más allá de la Universidad Nacional. La vocación por el conocimiento, sus responsabilidades docentes, los hitos científicos, la independencia política así como el compromiso social, forman parte de los valores que hacen a la UNAM reconocible y apreciable en todo el país.

Desde luego no todo es irreprochable en la Universidad. Cualquier institución con las dimensiones de la UNAM tiene que experimentar conflictos y rezagos. La Universidad Nacional tiene contrastes tanto en su desempeño interno como en su imagen hacia el exterior.

Junto con esa heterogeneidad, a la UNAM se le reconoce como una institución útil, noble incluso, y sobre todo necesaria.

Por eso el premio en Comunicación y Humanidades que recogió el Rector José Narro el viernes pasado en Oviedo, ha permitido que se reitere la relevancia social de la UNAM en un momento de definiciones importantes. En todo el mundo, la crisis económica ha obligado a redefinir prioridades del Estado y no hay institución pública que no resienta nuevas restricciones financieras. Pero los criterios para apretarse el cinturón son distintos, de acuerdo con las decisiones de cada estado nacional. Hay países que, precisamente debido a la crisis económica, consideran indispensable estimular el desarrollo de la ciencia, así como la formación profesional de sus jóvenes, aunque para ello tengan que limitar otras áreas del gasto público. En otras experiencias, a los gobiernos les parece que el recorte debe afectar todos los rubros, inclusive aquellos con los cuales cada país construye su futuro.

Ese es el dilema que se mantiene hoy en México, cuando estamos a punto de entrar a la deliberación legislativa acerca del Presupuesto de Egresos para 2010. La tentación para sacrificar el desarrollo de la educación superior no solamente obedece a consideraciones financieras, sino a un no del todo enfático pero subyacente discurso contra las instituciones públicas.

La acometida del gobierno federal contra el SME, aunque se trata de un asunto muy distinto, obliga al recelo respecto de la apreciación que el poder político tiene acerca de las universidades públicas. Más allá de las circunstancias que han acotado el litigio en torno a la industria eléctrica, se ha desarrollado una conservadora ideología del prejuicio contra instituciones y bienes de carácter público.

Por eso, aunque parco, el discurso del rector José Narro Robles el viernes pasado, 23 de octubre, en Oviedo, España, ofrece precisiones pertinentes. Después de recordar la historia, los compromisos y las dimensiones de la UNAM, el doctor Narro defendió la tarea esencial de la Universidad:

“No hay campo de la vida en el que no influya el saber. Por esto preocupa tanto el desinterés de algunos en la materia, como que en muchos sitios no sea una prioridad o que se le escamoteen los recursos para su generación y transmisión. Sin ciencia propia, sin un sistema de educación superior vigoroso y de calidad, una sociedad se condena a la maquila, a la medianía en el desarrollo”.

El país que queramos tener, depende en buena medida del sistema educativo que sepamos construir. Ese, como todos sabemos, en el caso de México es un campo de desastre. La Universidad Nacional misma, no funciona en todas sus áreas con la eficiencia ni la excelencia que el país tiene derecho a exigirle. Pero en el contexto de atrasos y dificultades que padecemos actualmente, el desempeño académico de la UNAM alcanza parámetros altamente satisfactorios.

El rector Narro, reivindicó el derecho a la educación: “Es necesario insistir y volverlo a hacer. La educación es vía de la superación humana, de la individual y la colectiva. Concebirla como un derecho fundamental es uno de los mayores avances éticos de la historia. Como bien público y social, la educación superior debe ser accesible a todos bajo criterios de calidad y equidad. Por eso duele que en el mundo de hoy, con sus grandes desarrollos, vivan cerca de 900 millones de personas que no saben siquiera leer y escribir”.

El reconocimiento le fue otorgado a la UNAM en las áreas de Comunicación y Humanidades. El Jurado del Premio Príncipe de Asturias subrayó que la UNAM, “ha sido el modelo académico y formativo para muchas generaciones de estudiantes de diversos países y ha nutrido el ámbito iberoamericano de valiosísimos intelectuales y científicos”. En atención a esa peculiaridad del Premio, el rector Narro precisó: “A algunos les puede parecer que hablar de valores o de humanismo es asunto del pasado, del Renacimiento o del siglo XIX. Se equivocan. También lo es de ahora y del futuro. Frente al éxito quimérico, el egoísmo, la corrupción o la indiferencia, el mejor antídoto son los valores laicos de ayer y siempre”.

Constantemente sometidos a prueba, esos valores tendrían que orientar no solamente la enseñanza, sino cualquier otra vertiente desde la cual se construye el espacio público contemporáneo. Gobierno, parlamento, medios de comunicación, tendrían que ser territorios en y desde donde se pusiera en práctica la exigencia señalada por Narro: “La modernidad debe traducirse en mejores condiciones para los excluidos de siempre. El verdadero saber no es neutro, debe estar impregnado de compromiso social. Aprovechemos la oportunidad que nos ofrece el fracaso del sistema financiero, para proponer nuevos esquemas de desarrollo que permitan a los jóvenes recuperar la esperanza en un futuro más alentador. El gran reto consiste en alcanzar un progreso donde lo humano y lo social sean lo importante”.

A una institución con las tareas cotidianas que debe cumplir la UNAM no le hacen falta premios para que se conozca y aprecie lo que hace. Pero el Príncipe de Asturias es un premio que permite acentuar bondades de nuestras universidades públicas en la crucial hora de la definición presupuestal. Ojalá que los diputados, que revisarán y ajustarán partidas financieras, no solamente quieran ensamblar estados contables sino, antes que nada, sepan y quieran diseñar un país que no sea solamente maquilador.

Publicado en eje central

La Cámara se dividió contra Televisa

La casi monolítica unidad de la Cámara de Diputados para aprobar las nuevas disposiciones fiscales, se rompió cuando varias docenas de legisladores del PRI y el PAN se opusieron a una disposición que presuntamente beneficiará a Televisa.

17 diputados del PRI y 33 del PAN votaron en contra del artículo 244 – E, así como del primer transitorio de la Ley Federal de Derechos que permitirá que la empresa que resulte beneficiaria de una nueva concesión para servicios digitales inalámbricos difiera por varios años el pago de los derechos por esa licencia.

Cuando esa disposición fue votada, ya avanzada la madrugada del miércoles 21 de octubre, otros 10 diputados del PRI y 14 del PAN se abstuvieron. De esa manera, se sumaron al desacuerdo con esos artículos.

El resto de los votos en contra fueron 62 del PRD, 1 del PVEM, 8 del PT, 5 de Nueva Alianza y 3 de Convergencia, para sumar 129. Una decena de diputados más, que había estado presente en la votación anterior pocos minutos antes, se ausentó del salón de sesiones. Con esos datos se puede decir que al menos la cuarta parte de los legisladores, en una infrecuente coincidencia multipartidaria, tuvo una posición adversa a la reforma al 244 – E. Vale la pena revisar de qué se trata esa dispensa fiscal.

Dentro de pocas semanas, la Comisión Federal de Telecomunicaciones pondrá a licitación dos segmentos del espectro radioeléctrico en los que podrán difundirse señales de telefonía celular. Se trata de las frecuencias que van de los 1710 a los 1770 Megahertz (o, en otros términos, de 1.7 Gigahertz) y de los 2110 (o 2.1 Ghz) a los 2170 Megahertz.

La importancia de esas bandas es tal que en mayo pasado, cuando anunció su licitación, la Cofetel estimó: “En el caso específico de la banda 1.7 GHz, los concursos se diseñaron para promover la entrada de al menos un nuevo competidor a nivel nacional en el mercado, ofertando para tal efecto un ancho de banda suficiente (40 MHz) para desplegar una red técnica y económicamente competitiva”.

Esas frecuencias servirán para crear una nueva red nacional de telefonía celular en la cual podrán propagarse, además, señales de otros servicios digitales. Se trata, en otras palabras, de crear un competidor de las dimensiones de Telcel.

La capacidad para crear una red telefónica celular de alcance nacional no está en las manos de cualquier firma. Por eso diversos comentaristas han estimado que la única empresa interesada en esas frecuencias es Televisa. En julio pasado el profesor Gabriel Sosa Plata, especialista en telecomunicaciones, consideró:

“Este nuevo competidor será, por lo visto, Televisa. No hay que tener una gran imaginación para llegar a esa conclusión. De hecho, hay quienes aseguran que las bases fueron preparadas ex profeso para ese ‘concursante’ y el ‘convidado’, obvio, ya se prepara para el reparto del apetitoso pastel. Una nota difundida por Reuters el 11 de junio lo confirma: ‘Televisa podría lanzar su propia red de telefonía inalámbrica en México’ y se encuentra lista para participar en la licitación de espectro, así como de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad”.

Si Televisa es beneficiaria o no de esa concesión, dependerá de las bases para esa licitación y de la decisión de la Cofetel y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero independientemente de a qué empresa le sea adjudicada la prerrogativa de usufructuar esas bandas, resulta desmedido el favor anticipado que le hicieron los diputados.

La utilización de tales frecuencias requiere del pago de derechos, que no son pocos porque se trata de segmentos del espacio radioeléctrico que son muy disputados. El multialudido artículo 244-E establece el mecanismo para calcular el monto de esos derechos. Por cada una de las bandas mencionadas, el beneficiario de la licitación tendría que pagar, utilizándolas en todo el país, 1909 millones de pesos anuales.

La cifra es, exactamente, 1908 millones 877 mil 800 pesos.

Y allí se encuentra la cuantiosa facilidad que acordaron los diputados. El Transitorio Primero de la Ley Federal de Derechos indica que la obligación para hacer esos pagos tendrá vigencia a partir de 2012 o  de 2013, dependiendo de la fecha en que sean otorgadas. El mismo artículo estima que eso ocurrirá a fines de 2010.

Es decir, el mencionado artículo transitorio dispensa entre uno y dos años el pago de 1909 millones de pesos anuales por cada uno de los dos paquetes de 60 megahertz que serán licitados.

Esa decisión, significa para la o las empresas beneficiarias de tales licitaciones un ahorro de entre 3 mil 818 y 7636 millones de pesos, dependiendo del momento en que sean asignadas las frecuencias.

Durante la atormentada sesión la madrugada del miércoles, los diputados José Narro Céspedes del PRD y Javier Corral Jurado de Acción Nacional, se manifestaron contra esa escandalosa exención. Se trata “prácticamente es un robo a la nación, porque éste es un bien de los mexicanos”, dijo Narro. “Nadie se engañe, este artículo tiene un destinatario que es la empresa de televisión Televisa, la única empresa que hasta ahora ha mostrado interés por la licitación de dos redes nacionales de 30 megahertz cada una en el espectro radioeléctrico para servicios móviles incluida la telefonía”, precisó Corral.

La oposición de esos legisladores a la dispensa fiscal multi millonaria no fue sorpresiva. Pero quizá sí lo fue el respaldo que encontró en legisladores de todos los partidos.

A favor de la Ley Federal de Derechos habían votado 403 diputados a favor, 39 en contra y 15 se abstuvieron.

Pero los artículos impugnados por Corral y Narro tuvieron únicamente 294 votos a favor, 129 en contra y hubo 24 abstenciones.

Entre 17 los diputados del PRI que rechazaron con su voto esa excepción tributaria se encuentran Miguel Ángel García Granados, Héctor Ramírez Puga, César Augusto Santiago y José Francisco Yunes. Entre los 33 panistas, además del mencionado Corral votaron en contra Pablo Escobar, Laura Elena Estrada, Gastón Luken, Marcos Pérez Esquer y Marcela Torres Peimbert.

Otra legisladora que se manifestó en contra, solitaria en ese voto dentro del Partido Verde, fue la diputada Ninfa Clara Salinas Sada, cuya identificación con TV Azteca la llevó a considerar que no se vale un favorcito tan multi millonario que puede beneficiar a Televisa.

Publicado en eje central.