La Crónica, agosto 28 de 2003
La publicación de las conversaciones telefónicas de la profesora Elba Esther Gordillo abre una singular ocasión para que el gobierno federal demuestre su compromiso con la legalidad. Si la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República emprenden una investigación capaz de identificar y sancionar a los responsables de las intercepciones telefónicas y de la publicación del libelo contra la secretaria general del PRI, habrán dado un enorme paso para evitar esas prácticas.
En otros tiempos la presunción de que las conversaciones telefónicas eran escuchadas por agentes policiacos propició un comportamiento resignado e incluso, cínico. Esa suposición llevaba a dirigentes políticos, legisladores, empresarios, periodistas y a no pocos ciudadanos sin responsabilidades públicas a fingir, impostar o codificar sus conversaciones para que los hipotéticos o auténticos espías escucharan únicamente lo que se quería que supieran.
Al espionaje telefónico se le asumía como una práctica incómoda, pero inevitable. Aunque se trataba de una acción ilegal, pues no existían resoluciones judiciales que la autorizaran, se suponía que formaba parte de la cotidianeidad de un sistema político fincado, entre otros sustentos, en la omnipresencia de los organismos de inteligencia gubernamentales.
Hoy en día la situación del país es distinta –o eso se dice, o eso queremos–. Por eso estamos en condiciones de propinar un golpe histórico a esa intervención ilegal en los asuntos privados de la gente. Condescender con el espionaje telefónico implicaría una involución de nuestra vida política.
Ayer en conferencia de prensa la profesora Gordillo admitió que sí fue víctima de intercepción telefónica, aunque dice que la transcripción de sus conversaciones fue editada para causarle mayor descrédito. Esas grabaciones deben haber requerido de una capacidad tecnológica que no cualquier ciudadano está en condiciones de poner en práctica. Aunque los dispositivos para intervenir un teléfono pueden adquirirse con facilidad, mantener el espionaje durante varias semanas o meses exige de un adiestramiento que solo tienen las personas expertas en tales menesteres. Además los espías actuaron con notable disimulo o, acaso, con ilegítima impunidad.
Luego, la publicación de un libro cuyos ejemplares originales o copias han circulado profusamente en el mundo político y entre periodistas, ha requerido de un aparato de distribución que sería difícil enmascarar si se le investiga con seriedad.
Ahora las autoridades no tienen las limitaciones políticas que, en otros tiempos, impedían la persecución de quienes intervenían teléfonos y que, en ocasiones, filtraban a la prensa transcripciones de charlas ilegalmente grabadas.
Esta vez la principal afectada por esa intercepción es miembro de un partido político distinto al que se encuentra en el gobierno. Incluso es posible que los culpables de la intercepción telefónica sean integrantes del mismo partido.
El espionaje telefónico existe porque se le ha tolerado. Durante largo tiempo lo realizó el gobierno, de manera ilegal. Ahora aparentemente lo practican empresas o grupos privados, algunos de ellos con asesoría de ex agentes policiacos que antaño desempeñaban tales tareas de manera oficial, u oficiosa.
Una indagación exitosa de este episodio puede permitirle al actual gobierno avanzar en el desmantelamiento de las redes de intereses que todavía apuestan a la guerra sucia.
Por lo pronto, resulta muy significativa la unanimidad en la condena al espionaje telefónico y al libelo elaborado con tales transcripciones. Líderes de todos los segmentos del PRI, además del secretario de Gobernación, se encuentran entre quienes han condenado tales prácticas.
Esa reacción ha tenido un resultado político muy distinto al que pudieron haber buscado los causantes del espionaje y el panfleto contra Elba Esther Gordillo. Hoy en día, aunque sea de manera declarativa y coyuntural, la profesora parece tener más amigos que nunca.
Todo pareciera indicar que, así como emplearon instrumentos de la vieja política, los promotores de esa acometida contra la dirigente magisterial hicieron un diagnóstico que no tomó en cuenta algunos cambios importantes en el escenario nacional. Aparentemente supusieron que la curiosidad por el contenido de las transcripciones disculparía la utilización de procedimientos oscuros para obtenerlas.
No está ocurriendo así. La muy extendida condena que ha suscitado ese incidente constituye un contexto favorable para que la autoridad actúe con eficiencia y sin dilaciones.
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Sociedad y poder 