La Crónica, junio 15 de 2003
La difusión de propaganda de los gobiernos federal y estatal ha desatado protestas, peticiones, justificaciones y suspicacias muy variadas. El sentido común sugeriría que la proliferación de anuncios, significativamente abundantes justo en estas semanas previas a las elecciones federales, puede influir en la opinión de los ciudadanos. Sin embargo no existen evaluaciones capaces de indicar en qué medida esa propaganda modifica, o no, la intención de voto. También está a discusión el derecho que un gobierno tiene a promoverse, mostrando las acciones que ha realizado, como una manera de mejorar su imagen ante los ciudadanos.
De cualquier forma todos los consejeros del Instituto Federal Electoral se dirigieron al presidente de la República, así como a los gobernadores de 25 estados, para solicitarles que suspendan sus campañas de comunicación –excepto aquellas que se consideren impostergables– a partir de mañana, 16 de junio, y hasta que se realicen las elecciones.
Inicialmente reacio a cancelar los anuncios que con tan evidente entusiasmo ha grabado el presidente Vicente Fox, en un primer momento el gobierno rechazó la suspensión de esas campañas publicitarias. Luego, el secretario de Gobernación dijo que podría haber una respuesta favorable si los gobiernos de los estados acordaban, conjuntamente, la posposición de sus respectivos anuncios.
Engaño del PRD
La petición del IFE, que es respaldada por los partidos ahora en la oposición, no fue dirigida a los gobernadores de seis entidades en donde, además de los comicios federales, habrá elecciones locales regidas por leyes que obligan a la suspensión de campañas de propaganda oficiales. Se trata de Campeche, Colima, Morelos, Nuevo León, Querétaro y el Distrito Federal. En Guerrero, el gobernador suscribió con el IFE un convenio que lo compromete a suspender su propaganda 20 días antes de las elecciones.
En la ciudad de México el diferendo ha sido otro, entre el jefe de Gobierno y su partido que, mañosamente, desempolvó un antiguo anuncio que Andrés Manuel López Obrador había grabado hace tres años. El PRD, que presentó ese mensaje como un llamado a las próximas elecciones, ya se comprometió a retirarlo después de varios días de insistencia del jefe de Gobierno.
Los dirigentes de ese partido sostenían que tenían derecho a explotar la imagen de López Obrador cuando fue presidente nacional del PRD. Ese argumento era muy discutible pero, sobre todo, resultó más vulnerable la transmisión de un anuncio engañoso.
Con similares razones, el Partido Revolucionario Institucional podría difundir hoy alguna declaración de Cuauhtémoc Cárdenas, o del mismo López Obrador, cuando eran convencidos priistas.
Costumbre o abuso
La solicitud de los consejeros del IFE es precisamente eso. No se trata de un mandato de consecuencias legales porque quienes lo formulan no tienen atribuciones para ello sino de una exhortación política y, también, de carácter ético. La autoridad electoral ha considerado que la suspensión de la publicidad oficial “contribuiría a construir un ambiente que propicie las mejores condiciones de competencia electoral, al evitar que la legitimidad pública sobre las obras y programas gubernamentales tienda a confundirse con la propaganda electoral que realizan los partidos y sus candidatos durante los días previos a la jornada electoral”.
En todo el mundo los gobernantes exhiben sus logros con el propósito de que los ciudadanos voten por ellos o por sus partidos. La exposición de obras e inauguraciones así como la difusión del dinero que han gastado es un recurso frecuente que forma parte, aunque informal y tamizado por la simplificación publicitaria, de la rendición de cuentas propia de toda democracia.
En México, como todos sabemos, el PRI abusó durante tanto tiempo y de manera tan inmoderada de la publicidad acerca de las obras de sus gobiernos que, desde hace algunos años, la suspensión de esa propaganda ha sido preocupación de quienes abogan por una competencia electoral equitativa.
No hay, en nuestro país, estudios que muestren claramente la auténtica influencia de esa publicidad en la decisión electoral de los ciudadanos. Además podría considerarse que el votante tiene derecho a sufragar tomando en cuenta la información que recibe acerca de las obras de los gobiernos local y federal.
Esa será una discusión que acompañe los siguientes tramos del desarrollo político mexicano. En todo caso, una expresión de la debilidad así como de las regresiones en ese desarrollo es la modificación en los puntos de vista de las fuerzas políticas y sus dirigentes.
Cuando estaba en el poder, el PRI consideraba que el gobierno tenía derecho a anunciar sus obras en periodos pre electorales. Ahora ese partido dice lo contrario.
Con similar inconsecuencia el PAN, que hace apenas tres años encabezaba el reclamo para que el gobierno –entonces priista– suspendiera esa publicidad, ahora no recuerda aquellas posiciones.
Hace tres años
Por fortuna hay hemerotecas y, en el caso de la institución electoral, actas de las discusiones en su Consejo General. Gracias a ello puede recordarse que el 30 de mayo de 2000 los consejeros del IFE, igual que ahora, habían solicitado a los gobiernos estatales y al gobierno federal la suspensión durante un mes de la propaganda acerca de obras públicas y programas oficiales.
Igual que ahora, el IFE no contaba con mecanismos legales para obligar a las autoridades a suspender la publicidad de sus obras de gobierno. Se trataba de una exhortación que los consejeros electorales hacían en ejercicio de su facultad para sugerir medidas en beneficio de la equidad en la competencia entre los partidos.
La respuesta del gobierno del presidente Ernesto Zedillo fue negativa. Una semana más tarde, el 6 de junio, el Consejo General del organismo electoral examinó esa situación en una sesión que duró demasiadas horas.
En aquella ocasión el representante de la coalición Alianza por el Cambio, que como se recordará estaba formada por el PAN y el Partido Verde, abrió las hostilidades contra la actitud del gobierno federal. A nombre de esa coalición el diputado michoacano Germán Martínez Cázares dijo que el presidente de la República, “como lo dice alguno de sus anuncios, se puso las pilas en los últimos días y entregó en los dos meses anteriores más de 4 mil millones de pesos en 20 entidades federativas… Esto, sin duda, altera las condiciones de equidad de la contienda, y subraya la bondad de la invitación que hicieron los consejeros electorales”.
Continuó el entonces diputado Martínez Cázares, que ahora dirige la fundación panista Rafael Preciado: “Si un jefe de Estado conduce su gobierno y busca legítimamente el refrendo para su partido político entregando despensas y regalos personales y amparado en la multimillonaria campaña de radio y televisión, en lugar de diseñar y ejecutar con la sociedad los grandes trazos del horizonte del país, el vacío y la oquedad sellarán las relaciones de gobierno con sus gobernados. Todos los mexicanos, parece decir el doctor Ernesto Zedillo, con su silencio a esta invitación, tendremos a salvo nuestro derecho a la servidumbre, mientras que el presidente mantendrá su obligación al favor gracioso”.
Y concluyó: “Los anuncios de radio y televisión, el reparto de subvenciones, propinas o caridad, prostituye la relación democrática, porque producirá en el muy corto plazo, una dependencia frente al gobierno benefactor”.
“Elemento de inequidad”
Aquella sesión del Consejo General del IFE se avivaba. La denegada petición para que el gobierno federal y los gobiernos de los estados suspendieran la publicidad de sus obras y logros se convertía en ocasión para discutir el desempeño del Ejecutivo Federal. El consejero Juan Molinar Horcasitas llevó el debate al tema central, que era la pertinencia de crear condiciones de equidad a cuatro semanas de las elecciones presidenciales.
Molinar hizo un balance de las respuestas que el IFE había recibido a partir de aquella solicitud. Los gobernadores de Querétaro, Jalisco y Aguascalientes aceptaban suspender su propaganda de inmediato y el de Guanajuato decía que respondería en diez días. Los cuatro eran gobernadores panistas.
A nombre del gobierno federal el subsecretario de Gobernación, Dionisio Pérez Jácome –que hace un mes renunció como delegado del PRI en el Estado de México– había respondido que el IFE no contaba con atribuciones legales para ordenar la suspensión de la publicidad de programas y obras de gobierno. Tenía razón pero con esa respuesta no resolvía la petición de la autoridad electoral. Por eso sus declaraciones fueron motivo de intensos cuestionamientos en la sesión del organismo electoral.
Al consejero Molinar las explicaciones del subsecretario Pérez Jácome no le parecían razonables porque exigían “demasiada ingenuidad”. Y explicó: “Todos vemos y oímos la publicidad gubernamental y entendemos que en algunos casos se trata de la divulgación necesaria para la correcta ejecución de los programas públicos. Pero también entendemos que la mayor parte de esa publicidad no es otra cosa que propaganda favorable al partido político al que pertenecen los ejecutivos del estado y de la República. Esa propaganda, sufragada en el caso del Ejecutivo Federal con recursos públicos y tiempos estatales que al Instituto Federal Electoral le fueron en un tiempo regateados, es un elemento de inequidad”.
Los gobernadores y el presidente no estaban obligados a suspender su propaganda, recordaba el consejero, pero “su compromiso con la democracia, con la equidad en la competencia, y con la legitimidad del proceso debería obligarlos a realizar de buen grado esta importante contribución a la legitimidad de las elecciones del año 2000”.
Juan Molinar renunció poco después a mantenerse como consejero en el IFE y fue subsecretario en Gobernación. Ahora es vocero del PAN y candidato a diputado por ese partido. El compromiso democrático que como autoridad electoral le exigía hace tres años al gobierno ahora no le parece reivindicable. El país ha cambiado. Algunos de sus personajes políticos también.
Obras y deberes del gobierno
Volvamos a esa sesión del 6 de junio de 2000. En otro momento de aquella sesión el representante del PRI, Morelos Canseco –que actualmente trabaja en el Congreso de Tamaulipas– negó que las campañas acerca de la obra pública de cualquier gobierno beneficiaran a algún partido. Esa es, dijo, “una inferencia personal… una exageración”. Luego hizo un detallado elogio del gobierno del presidente Zedillo.
A continuación Adolfo Sánchez Rebolledo, representante del partido Democracia Social –que pocas semanas más tarde perdería su registro debido a que no reunió suficientes votos en aquellas elecciones– advirtió que la discusión no era en torno a la capacidad del IFE para obligar a los gobiernos a suspender su publicidad sino acerca del compromiso moral, o ético, que se exhortaba a asumir.
“Me parece importante que en este debate seamos capaces de distinguir con claridad qué es lo que estamos pidiendo, distinguir entre lo que son las obras de gobierno y la propaganda sobre esas obras de gobierno. De la misma manera hay que distinguir entre las obras de gobierno y aquellas acciones gubernamentales que pudieran inducir ilegalmente el voto. No todo es lo mismo. De manera que no podemos lanzar un estigma genérico sobre todas las acciones de gobierno en época electoral. Porque entonces estaríamos dando pie a un contrasentido democrático” dijo Sánchez Rebolledo, conocido además por sus colaboraciones en La Jornada.
“Presidente en campaña”
Más tarde fue el turno de uno de los representantes del Poder Legislativo ante el IFE, el panista Juan de Dios Castro. Ese senador por Durango cuestionó el diagnóstico del representante del PRI que “nos ha hecho un recuento que me parece que vivimos en un país de hadas” y al presidente Zedillo por no aceptar la exhortación del IFE.
Castro consideró que la pregunta central, en vista de esa negativa a suspender la propaganda oficial, era: “¿tenemos un gobierno nacional o tenemos un gobierno de facción?” y consideró que la Presidencia estaba comportándose de acuerdo con intereses de partido y no según el interés del país.
“Perdónenme, no somos ingenuos. Sabemos que el Presidente de la Republica está en campaña y hace todo lo posible porque gane su candidato, no solo de su partido político, sino su candidato antes de que su partido político lo nombrara”. Eso dijo el licenciado Juan de Dios Castro. Meses más tarde sería designado Consejero Jurídico del presidente Vicente Fox, cargo al que renunció hace un par de meses para ser candidato del PAN a diputado federal.
Legalidad y legitimidad
En la deliberación de aquel 6 de junio de hace tres años participó el consejero electoral Alonso Lujambio que cuestionó la inconsecuencia del presidente Zedillo al haber propiciado condiciones favorables a la legitimidad del sistema político y más tarde oponerse a una medida en el mismo sentido. Luego Jesús Ortega, representante de la Alianza por México y ahora senador por el PRD, consideró que el empleo de programas de gobierno para favorecer al entonces partido oficial era abusivo y grosero y “obviamente se convierte en un elemento de una equidad y de distorsión del proceso electoral federal”.
Mauricio Merino, otro de los nueve consejeros electorales, pidió la palabra para distinguir entre legalidad y la legitimidad. “La legalidad supone apego a la norma escrita, a la regla formal, a los procedimientos fijados por el legislador. La legitimidad, en cambio, pertenece al ámbito mucho mas frágil de las creencias y de las percepciones políticas pero, precisamente por eso, los procesos electorales no solo exigen estricto apego a la ley sino otros valores complementarios, valores como el de la imparcialidad, al que también están obligados los servidores públicos del país como señala el artículo 109 de la Constitución Política”.
Inconsistencia panista
No se trata, como apuntaba Merino, de un asunto de legalidad sino de legitimidad. Pero la legitimidad también se construye a partir de la congruencia. Los panistas y el gobierno de ese partido que ahora se han opuesto a que el presidente Fox retire sus insistentes anuncios en radio y televisión, no tienen un solo argumento sólido para demostrar que sus requerimientos de hace tres años han dejado de tener vigencia.
Correo electrónico: rtrejod@infosel.net.mx
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Sociedad y poder 